Madrid
Activistas de Futuro Vegetal imputadas por “organización criminal” lanzan pintura al juzgado antes de declarar

Ha sido la mañana en la que las activistas estaban llamadas a declarar: este 20 de mayo, una hora antes de la apertura al público de los juzgados de Plaza Castilla (Madrid), activistas de Futuro Vegetal han rociado con pintura roja la fachada de la sede judicial. Las participantes en la acción han comparecido la mañana de este martes acusadas de conformar una “organización criminal”.

El objetivo de las activistas ha sido denunciar “la instrumentalización del Poder Judicial para reprimir a los movimientos críticos con el sistema” al mismo tiempo que reivindican las acciones de Futuro Vegetal como “legítimo ejercicio del derecho a la protesta”.

El colectivo ecologista con énfasis en la acción directa lleva meses denunciando una “escalada represiva sin precedentes”. En 2023, saltó a la atención mediática que este colectivo, junto con Rebelión o Extinción, habían sido clasificados dentro del capítulo de “terrorismo“ de la memoria anual de la Fiscalía. Ahora, una veintena de activistas que han participado en acciones de Futuro Vegetal —sigan vinculadas o no al movimiento— están siendo investigadas por el delito de organización criminal y se enfrentan a hasta ocho años de prisión por haber formado parte de acciones en las que se rociaban fachadas de edificios con pintura fácilmente lavable.

Una de las imputadas ve una conexión directa entre las penas de prisión a Futuro Vegetal y las infiltraciones policiales: la acusación de conformar una organización criminal tendría el “claro objetivo” de justificar la entrada de agentes encubiertos en colectivos, como vienen destapando La Directa y El Salto desde hace unos años.

“Es ridículo que, mientras sufrimos el aumento de frecuencia, intensidad y mortalidad de eventos climáticos extremos como las DANA, los gobiernos se dediquen a perseguir y silenciar a quienes damos la voz de alarma”, dice Bilbo Bassaterra, portavoz del colectivo que se encuentra entre quienes han declarado este martes en el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid.

El vocero denuncia las subvenciones a corporaciones “responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero” y califica de “despropósito” de la Fiscalía el hecho de “comparar el acto simbólico de lanzar pintura lavable con organizaciones que se lucran del tráfico de personas”. “El tribunal decidirá hoy si dar continuidad o no a una acusación que vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión y reunión”, ha finiquitado Bassaterra antes de entrar en sede judicial.