Madrid
De trasteros a Airbnb: ocho familias afrontan un desahucio en Vallecas

Los bajos de un edificio de la calle Pico Cejo, en la zona de Puente de Vallecas, se encuentran físicamente separados del resto del bloque por una puerta individual. Las ocho “viviendas” bajo el nivel del suelo tienen menos de diez metros cuadrados y algunas no cuentan con ventanas. En una, incluso, han tenido que hacer un boquete en la pared para que corra el aire.

Aunque por sus pequeñas dimensiones y la ubicación en el edificio parecería que su origen era el de trasteros, hoy cumplen la función de viviendas. Desde 2015, residen en ellas ocho familias de ingresos precarios, en condiciones muy malas, hacinadas y con graves problemas de humedad y ventilación. El anterior propietario de estas infraviviendas, Antonio Samprimo Hernández, de Inversiones y negocios A&P 2013 SL., las alquilaba por 270 euros mensuales.

En 2022, los adquirió un nuevo propietario particular, José Miguel Herrero Ramón, que no quiso seguir con el negocio del alquiler. Se negó a hacer contratos a los inquilinos y les avisó de que tendrían que abandonar sus casas. Ahora, las ocho familias se enfrentan al desahucio el próximo martes 7 de abril, sin alternativa habitacional.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas, que acompaña a tres familias afectadas, se teme que la intención del nuevo dueño sea crear pisos turísticos ya que en el auto de lanzamiento del desahucio de una de las vecinas pone que el cuarto tiene función de “local de hospedaje”. Puente de Vallecas está entre los cuatro distritos donde más han proliferado los pisos turísticos y que han perdido más de 3.000 hogares por estos negocios en 10 años.

“Una habitación son 400 euros, no tenemos tanto dinero”

Pedro (nombre falso), residente en uno de los bajos, lleva varios días sin dormir pensando qué sucederá este martes 7 de abril, día en que está emplazado el desahucio. Como el resto de sus vecinos, no tiene alternativa habitacional en caso de perder su pequeña “vivienda”, donde vive solo desde la marcha del anterior inquilino, un paisano suyo. Su cuarto tiene 2,60 metros de ancho en la zona más amplia, alguno más de largo, en total menos de 10 metros cuadrados que aglutinan cama, cocina y baño con ducha. “No te mueves muy bien dentro”, reconoce. Las humedades “molestan mucho”: muestra que hay una encima de su cama, a un palmo de la almohada, y otras por las paredes. Pero insiste en que su habitación es “de las buenas” porque es algo más grande y, al menos, tiene ventana.

“Antiguamente no teníamos ningún problema, pagábamos en cuenta cada mes”, cuenta Pedro a El Salto. Cuando había algún desperfecto, “llamábamos y venía a arreglarlo. Ahora el nuevo dueño no quiere saber nada. Le dijimos que queremos negociar, dinos lo que quieres, pero él nos dijo que no quiere negociar más. Desde diciembre, cuando le escribo él no contesta. Quiere que nos vayamos. Puede ser que quiera hacer reforma para hacer otro tipo de negocio. Dice que tenemos que salir”.

“Tengo mucho estrés por esto. Hace mucho tiempo que vivo en esta casa, ahora tengo que buscar una habitación y no encuentro nada”, cuenta Pedro

Desde que la policía y el juzgado le anunciaron que tendría que marcharse el pasado 7 de marzo, y amenazaron con tirar las cosas de dentro de la casa, este inquilino ha sacado las más valiosas, como la televisión o la lavadora. Pedro cobra ingreso mínimo vital y no puede acceder a un alquiler. “Estamos aquí porque no hay otra cosa mejor. La gente prefiere vivir aquí si las condiciones están bien, estamos tranquilos”, explica. “La cosa está muy difícil para acceder a una habitación. Hablo de 400 euros una habitación. La gente no tiene tanto dinero. Si él [el propietario] hubiera subido el alquiler podemos entenderlo, pero no quiere”. Asegura que todos los vecinos tienen miedo. “Yo no puedo dormir bien. Tengo mucho estrés por esto. Hace mucho tiempo que vivo en esta casa, ahora tengo que buscar una habitación y no encuentro nada”.

Humedades, subarriendos y falta de alternativas

En otro de los bajos vive Azziz, trabajador que se encuentra de baja y que lleva allí desde 2017. En su caso, el anterior inquilino de ese cuarto aprovechó la situación de irregularidad para subarrendárselo por 500 euros. Después pagó al anterior dueño, a quien “he dado el dinero unas partes en el banco, otras en la mano”. Su habitación tiene una ventana alta, pero “si están las puertas y ventanas cerradas salen muchas humedades. Cada cuatro o seis meses tenemos que pintar”.

“Una habitación ahora está muy cara. No se puede, piden un mes de fianza. Aguanto aquí, al menos tengo cocina y ducha”, añade María, inquilina de otro de los bajos desde 2015

Algunos de sus vecinos ya se han marchado para no enfrentarse al desahucio. “Antes había otras personas. Cambian, se van, con la humedad no aguantan y se van. Cambian muchísimo”, dice María (nombre falso), que vive en otro bajo desde 2015. Es de las inquilinas más antiguas, y sufre mucho el problema de humedades. “Cuando está lloviendo mucho sale toda el agua del suelo, hasta julio, cuando hace calor, que se seca. Se estropea la ropa, no puedo ponerla en el armario abajo, he tirado un montón de cosas porque se mojan u olían fatal. El suelo, siempre lo tengo que fregar con lejía”, dice. Su cuarto es largo, “al menos tengo una ventana grande. Siempre tengo que abrir la ventana, no aguanto el olor. Aquí todo está fatal”.

No obstante, dice no tener alternativas. Vive con su hijo de 31 años, ninguno tiene empleo y no les han concedido el certificado de vulnerabilidad. “Una habitación ahora está muy cara. No se puede, piden un mes de fianza. Aguanto aquí, al menos tengo cocina y ducha”.

Frenar el negocio de los pisos turísticos

Ella fue la primera vecina que, a través de conocidos en el barrio, se acercó a la asamblea de la PAH de Vallecas. Para los miembros de esta plataforma, estas viviendas “son trasteros, nos negamos a llamarlo una casa. Sabemos por la gente que vive aquí que esto conlleva problemas de salud mental y física”, apunta uno de los miembros de la PAH. Pretenden parar el desahucio del martes 7 a las 8h para que los inquilinos puedan negociar o ganar tiempo en la búsqueda de una alternativa habitacional digna.

Otra de sus acciones ha sido hablar con el resto de los vecinos del edificio, quienes no viven en los bajos: “Les propusimos que prohibieran los pisos turísticos en su bloque. Si tres quintos de los propietarios votan que sí, se prohíben. Hay muchas comunidades que ya lo están haciendo”, argumenta. “Es algo que nos apela a todos, que mañana te puedan poner un piso turístico al lado, el ruido que genera, que te suban el alquiler, que nos echen de nuestras casas”. La medida aún no ha sido aprobada, y el presidente de la comunidad de vecinos, a quien se consultó, no ha querido dar su opinión.

Según la PAH en un comunicado, el caso de estas ocho familias muestra cómo el lucro inmobiliario va buscando las oportunidades de negocio en cada etapa: primero, la reconversión de trasteros para vivienda habitual (en este caso, infravivienda), ahora, la reconversión de esas casas-trastero en pequeños apartamentos turísticos. “Aupados en los altísimos precios de alquiler, muchas empresas y particulares se han lanzado a la compra de viviendas para alquiler vacacional, lo que deja cada vez menos viviendas para los habitantes del distrito y la ciudad”, denuncian.