Madrid
Los vecinos de Valverde, 42 se constituyen como bloque en lucha y se plantan contra el buitre Vencar Capital

Se calcula que en Madrid existen actualmente cerca de 30.000 bloques de propiedad vertical, es decir, adquiridos por un único casero, según la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Cada vez son más los edificios -ubicados tanto en la almendra central como en las periferias de la ciudad- que son comprados enteramente por fondos de inversión para construir pisos de alquiler vacacional, acelerando procesos de expulsión y gentrificación en los barrios. Es la realidad que se esconde detrás de miles de desahucios invisibles en la capital, que a su vez impulsan dinámicas de sustitución poblacional.

En Malasaña, uno de los más adolecidos por la compra especulativa de inmuebles en los últimos años, las vecinas de Valverde, 42 han dado un golpe sobre la mesa esta última semana constituyéndose como bloque en lucha después de que el buitre Vencar Capital se hiciera con la totalidad de las viviendas. Este pasado sábado se han dado a conocer oficialmente a través de un acto público en el que han desplegado pancartas reivindicando su derecho a la vivienda y al que han asistido cerca de 200 personas. El fondo de inversión pretende vaciar al completo el edificio para aumentar la rentabilidad del inmueble donde desde hace décadas habitan 18 vecinas.

El origen de su conflicto se remonta al pasado 6 de noviembre, fecha en la que Vencar Capital adquiere oficialmente la propiedad al completo. No fue hasta el día siguiente que se comunicó al vecindario el cambio de casero y la intención de no renovar los contratos una vez finalicen: “Nos dijeron que el edificio se había vendido, pero no nos dieron más información y el propietario no contestaba el teléfono. Como el burofax que recibimos con la comunicación era individual, nos avisaban de cuál era la fecha de nuestro fin de contrato y su intención de desalojar todas las viviendas según éstos fueran venciendo”, cuenta Marcos a El Salto.

Este vecino, uno de los más veteranos, lleva residiendo en Valverde desde hace 21 años. Sostiene que el antiguo dueño del inmueble priorizaba la estabilidad de las vecinas y los contratos de larga duración. Su contrato no vence hasta el próximo 30 de abril, no obstante, el fondo le ofreció el equivalente a 4 mensualidades (cerca de 3.200 euros) si accedía a irse antes del 1 de enero. Como a Marcos, a Sara (cuyo contrato finaliza en enero de 2027) le ofrecieron 10.000 euros también por dejar el piso antes del fin de contrato.

Es habitual que los grandes tenedores presionen a los inquilinos ofreciéndoles cantidades de dinero, a la larga insignificantes, para conseguir que cedan ante sus demandas con rapidez. Pero lejos de claudicar, las vecinas decidieron organizarse para plantar cara al gigante inmobiliario. A finales de 2025 acudieron al Sindicato de Inquilinas de Madrid y hoy, con el apoyo de esta organización, de la Asociación Vecinal Maravillas-Malasaña y la FRAVM, 16 de las 18 vecinas planean permanecer siguiendo la estrategia sindical #NosQuedamos una vez venzan sus contratos llegado el verano.

Con esto estamos desobedeciendo una ley injusta y afirmando que es más importante nuestro derecho a un hogar que su derecho a extraer beneficios”, afirma el Sindicato de Inquilinas

“Con esta herramienta estamos diciendo que no aceptamos que nos echen injustificadamente de nuestra casa, pero también estamos diciendo que no aceptamos que los especuladores estén haciendo de la ciudad, de la vivienda y de nuestras vidas una mercancía. Con esto estamos desobedeciendo una ley injusta y afirmando que es más importante nuestro derecho a un hogar que su derecho a extraer beneficios”, afirma el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado. El objetivo de las afectadas es conseguir una renovación a precio justo de sus contratos por medio de la negociación colectiva. Sin embargo, la interlocución con Vencar Capital es prácticamente inexistente.

“Desde el primer momento, como sucede con cualquier otro bloque en lucha, se envía una comunicación colectiva al fondo a través del email del bloque. Es cierto que Vengar Capital, como cualquier otro fondo buitre, siempre va a intentar boicotear esa comunicación colectiva porque su objetivo va a ser que la comunicación siempre sea individual, para separar a las vecinas. Hasta ahora no han dado muchas señales de vida, veremos a ver después de que pasen los meses y su rentabilidad vaya bajando, si deciden asentarse a negociar”, infiere a este medio Gonzalo Álvarez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Hostigamiento y acoso inmobiliario por parte de empresas desokupas

Detrás de esta gran compra especulativa figuran Carlos Ledo Angulo y Venancio Alberca Gómez-Galán, ambos administradores únicos de varias empresas y constructoras de vivienda. Ledo Angulo ha vendido más de 1.000 pisos y actualmente administra, además de Vencar Capital, la socimi Wilson Consulting SL, creada para la compraventa de bienes inmobiliarios. También posee, desde diciembre de 2023, Rumah Corporate Homes SL, un “servicio de gestión inmobiliaria para grandes inversores de vivienda” en Madrid. Por su parte, Alberca Gómez-Galán es administrador único de Defi Construcciones La Mancha, una socimi de Ciudad real dedicada a la promoción de solares, así como de Glanama SL, dedicada al arrendamiento de inmuebles.

Hasta la fecha, estos rentistas han utilizado todo tipo de medidas de presión para forzar las expulsiones, como la contratación de una empresa fantasma e ilegal de desokupación -Desokupa KGB- para amedrentar a las vecinas. Dos empleados de este grupo parapolicial recorren los pisos día y noche, incluso han llegado a instalar alarmas y puertas antiokupación esta última semana desde que la lucha de las vecinas comenzó a adquirir resonancia. Una estrategia de acoso y derribo que ha ido in crescendo con el paso de las semanas.

“Uno de de los desokupas escupe en el suelo muchas veces cuando nosotros pasamos, en el edificio, desde que despidieron al antiguo conserje el día 31 de diciembre, las escaleras no se limpian y han empezado a no sacar los cubos de basura”, cuenta Carlos, otro vecino organizado. El Sindicato de Inquilinas insiste en la que se ha convertido en una de sus demandas estrella hacia las administraciones públicas: la ilegalización de este tipo de empresas que “se dedican a amedrentar, a coaccionar y a amenazar a grupos de vecinas”, recalca Álvarez. 

Con relativa frecuencia los fondos recurren a distintas formas de desgaste como hacer inhabitable el interior de los inmuebles cuando las vecinas no se resignan, como atestigua la experiencia de las vecinas de Martín Muñoz de las Posadas, en Villa de Vallecas. La gestora Nestar-Azora, el tercer fondo más grande de España, se había hecho con el inmueble imponiéndoles cláusulas abusivas en los nuevos contratos. Durante meses tuvieron que hacer frente a goteras, suciedad, escombros y restos de basura que hacían insalubre el edificio para forzarlas a abandonar cuando antes sus viviendas.

Prácticas de acoso inmobiliario que también sufrieron las inquilinas de bloque de Tribulete, 7 en Lavapiés contra la socimi Élix Rental Housing II, que compró el edificio en marzo de 2024. El pasado diciembre, el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid determinó que existían indicios para entender que existía hostigamiento, coacciones, amenazas y daño sobre los bienes de las vecinas después de que el fondo iniciara obras de remodelación en el edificio con el fin de expulsarlas de sus hogares.

Este bloque está hoy acompañando a las vecinas de Valverde en su lucha contra Vencar: “Esto que está sucediendo responde a un problema estructural, lo vemos en las decenas de bloques en lucha que hay, ahí tenemos a Tribulete 7, a San Ildefonso 20, que llevan meses y algunos incluso años fuera de contrato en sus casas, siguen luchando contra esa lógica de mercado a las que nos quieren sumir los fondos buitre. Con lo cual, en Valverde tienen muchos ejemplos de dónde mirarse”, destaca Álvarez.

El Plan Reside de Almeida, un “caramelo” para los fondos de inversión

En el Sindicato de Inquilinas, así como la FRAVM, apuntan a los estragos que está causando en la capital el Plan Reside de José Luis Rodríguez-Almeida (Partido Popular), que actualmente permite la compra-venta de vivienda vertical para uso vacacional y que en la práctica se traduce en miles de viviendas de uso turístico (VUT) que operan sin licencia. El pasado mes de marzo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 registró 16.335 anuncios de pisos turísticos activos en la capital, frente a las 1.131 licencias concedidas por el Ayuntamiento.

Recientemente, Más Madrid presentaba alegaciones al plan aludiendo a que el mismo “profundiza en el modelo de ciudad para inversores y turistas y no hay realmente ninguna medida para cerrar las viviendas turísticas ilegales”. Además, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula los alquileres, permite a los caseros -incluidos grandes rentistas- expulsar a las inquilinas una vez finalizado su contrato sin que deba tenerse en consideración el arraigo de las inquilinas en el inmueble.

El resultado de este escenario es la reconversión de los centros urbanos en parques temáticos que responden únicamente a las demandas del capital financiero, especialmente desde el fin de la pandemia. “Esto se materializa en precios abusivos, maletas constantemente, fiestas, bares y librerías que eran míticas y que han desaparecido por la gentrificación. Tengo amistades que se han tenido que ir del barrio a San Sebastián de los Reyes porque las han ido expulsando”, incide Lucía.

“No es solo dejar una vivienda en la que llevo ocho años, es dejar todo lo que es ahora mismo mi vida”, explica Lucía mientras Marcos contempla volver a Tenerife, su isla natal, por los mismos motivos

En el último mapeo del barrio que realizaron las vecinas de Valverde registraron un 70% de propiedades verticales en Malasaña. Varios vecinos del bloque confiesan su intención de abandonar Madrid si el fondo lograra finalmente expulsarles, debido al auge desorbitado de los precios en la comunidad. “Es imposible alquilar algo en Madrid, creo que todos nos hemos planteado buscar otra alternativa, pero por todas las condiciones que piden a la hora de alquilar un piso y con los salarios que tenemos es algo inviable. Me planteo irme a Ciudad Real, a consecuencia tengo que dejar mi trabajo, en el cual estoy indefinida, y empezar otra vez. No es solo dejar una vivienda en la que llevo ocho años, es dejar todo lo que es ahora mismo mi vida”, explica Lucía. Marcos contempla volver a Tenerife, su isla natal, por los mismos motivos también ligados a la precariedad laboral y la falta de acceso a la vivienda digna.