Melilla
“No pasa nada, estoy acostumbrado a que me peguen”: dos años de violencia en Melilla

Llegaron en febrero de 2020 a la ciudad de Melilla, sin sospechar todo lo que iba a desencadenarse después. La organización Solidary Wheels, íntegramente compuesta por activistas, tenía como hoja de ruta entender cómo vivían las personas en movimiento su día a día, escuchar a los niños y jóvenes que vivían en la calle, y analizar de qué manera y a través de qué lugares y actores se ejerce la violencia en esta ciudad Frontera. Tres años después, presentan Marhaba: Violencia policial producto de la violencia sistémica en Melilla (2020-2022), un balance de todo lo que han escuchado y visto en la ciudad.

La mayoría de las jóvenes con los que las voluntarias de Solidary Wheels han hablado son de origen norteafricano, y tienen entre 15 y 30 años. Melilla es solo una fase de su itinerario migratorio, una fase que puede durar desde un mes y medio a alargarse durante tres o cuatro años. Nada depende de ellos, sino de las condiciones socio-administrativas propias y de la coyuntura, que tanto ha variado en los últimos tres años y que incluye la emergencia sanitaria y el cierre de fronteras. Oujda, Casablanca, Rabat, Marrakech y Agadir, son mayoritariamente sus ciudades de origen, pues la mayoría son marroquíes. En total, fueron 27 entrevistas las realizadas, 23 de ellas de manera individual y cuatro grupales.

“Los dos primeros años en los que estuvimos todos estos chavales estaban en la calle, ahora ha cambiado un poco, van consiguiendo salir al acceder al asilo. Pero al principio todas nuestras entrevistas las hicimos con estos chicos a los que acompañábamos”, explica Elena Manjón, integrante de la organización, que complementa la investigación y la denuncia con el acompañamiento psicosocial  y legal de los chicos. La frontera que gobierna en la ciudad no es la misma que cuando llegaron. El 13 de marzo de 2020, fue cerrada por decisión de Marruecos, y volvió a abrir el 18 de mayo de 2022, después de mucha expectación. Para entonces, la frontera había perdido mucha de la permeabilidad con la que contaba antes de su cierre, alterando la vida y la economía de la ciudad.

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El balance de Solidary Wheels supone un ejercicio de memoria reciente de unos tiempos extraordinarios y que parecen quedar ya lejanos: “La criminalización de la pobreza, el racismo presente en las instituciones sumado a un contexto de pandemia, que legitimó mucha de la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad hacia las personas más vulnerables, convirtió la ciudad de Melilla en un territorio hostil, de no derechos y de violencia hacia todas las que se encontraban en tránsito por la ciudad”. 

Para las activistas de Solidary Wheels si hay algo reseñable en la ciudad  autónoma es la omnipresencia de las fuerzas de seguridad, como señala Manjón: “Melilla en realidad es una ciudad pequeña, y el número de policías, guardias civiles, guardias de seguridad es muy elevado, exagerado. Al final son los la mayoría de los entrevistados los que ponen esto en el centro, el miedo a la policía y la sensación de que son tratados como delincuentes”.

“Mis amigos me habían dicho que tenía que nadar una hora para dentro del mar, después dos horas para la izquierda, que sobre todo no perdiera de vista las luces de la costa, y después otra hora para salir del mar”

El documento ofrece tanto una mirada a las violencias que sufren estos jóvenes en su recorrido migratorio, desde que entran en la ciudad hasta que salen de ella, como un mapa de los lugares donde se da la violencia en la ciudad. “Nos parecía muy interesante, no solo destacar la violencia que recibían a la hora de ser risky —abandonar la ciudad escondidos en los camiones que van hacia la península en los ferries—, sino también visibilizar lugares como los asentamientos, pues a medida que las compañeras conversaban con los chicos iban surgiendo otros espacios de violencia más invisibilizados”, explica Manjón.

La violencia y el camino

Como explican los chicos entrevistados, la persecución, el maltrato y los golpes comienzan ya del lado marroquí, en Beni Ansar, donde los jóvenes pueden pasar semanas aguardando para cruzar al lado español, mientras están en riesgo de ser detenidos y trasladados lejos de la frontera, al Sur o incurso encarcelados.  A través de las entrevistas realizadas, Solidary Wheels, reconstruye un relato unificador que narra cada etapa del trayecto que empieza con la vigilancia del puerto para esperar una oportunidad y echarse al mar, como mucho, con un bidón atado al cuerpo como toda seguridad. “Mis amigos me habían dicho que tenía que nadar una hora para dentro del mar, después dos horas para la izquierda, que sobre todo no perdiera de vista las luces de la costa, y después otra hora para salir del mar”, reproduce el informe, que apunta a una media de seis horas de nado.

El tránsito a nado, que se hace normalmente en pequeños grupos, es un momento de vulnerabilidad: lanchas de la Guardia Civil y de la Gendarmería marroquí (que acude avisada por los primeros) pueden aparecer en el camino de estos jóvenes, con el objetivo de obligarlos a volver, sometiéndoles a vejaciones, insultos y agresiones, lo que incrementa la peligrosidad de la ruta. “A lo largo del año 2021 se encontraron, según medios locales, 10 cadáveres en las costas melillenses, y a lo largo del 2022 se contabilizaron 7.  Sin embargo, estos datos publicados por la prensa local son poco ajustados a la realidad, pues en base a los testimonios de los jóvenes con los que nos encontramos, el número de muertos y desaparecidos podría ser mucho mayor”, se asegura en el informe.

En el informe se documenta también el uso del sistema de alcantarillado para cruzar, una ruta no menos arriesgada: seis horas por túneles pequeños donde los jóvenes deben caminar agachados y pueden perderse, y están expuestos a vapores tóxicos procedentes de productos químicos. Los testimonios de los pocos chicos que han optado por esta vía, o los rescates del lado marroquí, dan cuenta de que la ruta es mortal para algunos chicos, si bien no hay cifras.

Una vez llegados a Melilla, muchos de estos jóvenes pasan a estar en la calle. Quienes piden asilo deberían acceder al sistema de acogida en el CETI; algo que no sucede en el caso de los marroquíes, dándose una discriminación por razones de nacionalidad. “Debido a la excepcionalidad Schengen de Melilla, una vez realizada la solicitud de protección internacional, los solicitantes no pueden ejercer el derecho a la libre circulación hasta pasado un mes y un día desde la solicitud (cuando es admitida a trámite por silencio administrativo)”, apunta el informe.

“La calle es un espacio de violencia donde los chicos son dañados física y mentalmente: “Casi en su totalidad afirman haber recibido agresiones físicas y verbales por parte de la Guardia Civil, Policía Nacional y otros cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado”

También los menores acaban muchas veces en situación de calle, como consecuencia de las condiciones inadecuadas de los Centros de menores, que implican desatención, maltrato, o el temor de salir de allí sin documentación, irregularidad común hasta la reforma del reglamento de extranjería de octubre de 2021. Desde entonces la mayoría de los jóvenes salen documentados del CETI. Si bien, siguen siendo muchos los derechos vulnerados, enumeran desde Solidary Wheels, entre ellos: “El interés superior del menor, el derecho a ser informado, el derecho a la escolarización, al empadronamiento efectivo o el de acceso a la nacionalidad para aquellos menores que lleven más de dos años tutelados”.  Otra razón por la que muchos permanecen en la calle, estiman en Solidary Wheels, es el consumo cronificado de sustancias piscoactivas. Muchos se inician ya desde Beni Ansar para sobrellevar la situación de persecución y violencia. La ausencia de un centro especializado en adicciones en Melilla dificulta abordar estas problemáticas.

La calle es un espacio de violencia donde los chicos son dañados física y mentalmente: “Casi en su totalidad afirman haber recibido agresiones físicas y verbales por parte de la Guardia Civil, Policía Nacional y otros cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado. Las redadas en zonas que suelen habitar son frecuentes, como en los parques o la escollera”. Humillaciones, palizas, el uso habitual de la porra, figuran entre las denuncias recogidas en las entrevistas.

Los asentamientos fuera de la ciudad, donde grupos de jóvenes crean espacios comunes en los que pasar el rato, guardar sus cosas o descansar, son también espacios contra los que se ejerce violencia, utilizando el acoso como medida de dispersión. “Lo más común es que las actuaciones empiecen a primera hora de la mañana y que se haga uso de la violencia para despertar y expulsar a las personas de sus lugares de pernocta, llevándolas detenidas como método de coacción”. Sus pertenencias son en muchas ocasiones destruidas. Cuando se actúa contra los asentamientos no hay ningún dispositivo habitacional previsto y en muchas ocasiones los menores no son trasladados a alguno de los tres centros para ellos que existen en la ciudad.

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El informe recoge el testimonio de un chico que define así su relación con la policía: “Es mala relación porque hay 50% policía que son buenos y te tratan bien y cuando andas por la calle te saludan. Pero los otros son racistas, no tratan bien a los migrantes, aunque tengan los papeles bien”. El joven narra un incidente cuando un policía le para pidiéndole la documentación, en el que acaba siendo golpeado tras recibir insultos. Cuando al entrevistadora le dice que siente lo sucedido el chico responde entre risas: “No pasa nada. Estoy acostumbrado a que me peguen”.

Junto a las paradas arbitrarias en la calle y los registros, estas personas a veces se ven obligadas a firmar documentos sin explicación, en algunas ocasiones órdenes de expulsión, alegan. Este tipo de prácticas, junto a la presencia policial constante, genera, explican en el informe, una sensación de inseguridad continua, agravada por la experiencia de violencia. En un testimonio recogido en marzo de 2021 sobre un chico agredido por la guardia civil, que padece dolor de cabeza e insomnio, se dice: “Le tiene mucho miedo a la Guardia Civil. Dice que si hubiese hecho algo lo entendería, pero así no puede entenderlo.”

Las autoras del informe preguntaron al Secretario General del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Melilla sobre malas prácticas policiales, quien señaló que es su mandato identificar a las personas a su llegada al territorio por motivos de seguridad, y que si la persona carece de documentación, han de abrir una orden de expulsión. Orden de expulsión, matiza desde la organización que en Melilla no se suele ejecutar y que solo sirve para alarmar y atemorizar a las personas migrantes. El agente “sostuvo no tener constancia de agresiones en Comisaría, y recomendó, en caso de malas prácticas, poner una denuncia, porque de lo contrario es muy difícil tomar medidas”. Desde Solidary Wheels destacan la dificultad para estas personas para poner una denuncia, en especial cuando quien recibe esta denuncia es la misma institución causante de la agresión.

Salir de la ciudad

Ante la situación en la que viven muchos menores de edad, que no quieren pasar años en un centro de menores en la Ciudad Autónoma,  deciden optar por llegar a la península por su cuenta, donde piensan que contarán con más posibilidades. Además, aún cuando la mayoría ya accede a la documentación en los centros, circula la desinformación y hay quienes no quieren arriesgarse. También mayores de edad solicitantes de asilo, que han visto sus objetivos frustrados por falta de información, violencia administrativa u otros obstáculos en la tramitación, acaban haciendo risky.

Desde la organización han querido centrar la atención en los espacios de apoyo mutuo y resistencia que permiten a los niños y adolescentes sobrevivir y velar por la seguridad de grupo

Es mientras que los chicos esperan en los alrededores del puerto para esconderse en los camiones que sufren las mayores violencias. “Nos pegan mucho mucho, no tienen corazón, cuando te ven en el puerto, nos ven como animales”, denuncia un adolescente en esta entrevista de noviembre de 2020, donde narra como reciben golpes en las rodillas para imposibilitarles que se muevan, o cómo les tiran los zapatos o la ropa al agua, o usan porras extensibles contra ellos.

Mientras los testimonios recogidos señalan principalmente a la Guardia Civil como principales autores de la violencia dentro del puerto, en conversación con las investigadoras, el Secretario General de la Asociación Unificada de Guardias Civiles aseguraba no haber visto ninguna agresión en este espacio, y que en caso de presenciar estas malas praxis, la respuesta son los partes disciplinarios.

Espacios de resistencia

En su trabajo con los chicos, las activistas de Solidary Wheels detectan múltiples consecuencias emocionales y sociales de la violencia derivadas de la violencia y la vida en las calles. Se tratan de circunstancias que hacen mella en su autoestima, que les provoca sentimientos de inutilidad o de abandono, desconfianza. Emociones que pueden limitar su capacidad de resolver conflictos, derivándose en agresividad y problemas entre iguales.

Ante la adversidad, desde la organización han querido centrar la atención en los espacios de apoyo mutuo y resistencia que permiten a los niños y adolescentes sobrevivir y velar por la seguridad de grupo. “La creación de estas comunidades de apoyo supone muchas veces el mayor sistema de protección real del que disponen, tanto frente a la violencia y persecución que ejercen los cuerpos de seguridad del Estado, como frente a la misma sociedad que los excluye, explota y que legitima las condiciones de vida indignas a las que tienen que enfrentarse”, se explica en el informe.

Sin embargo, estar en grupo puede suponer para las personas una mayor exposición a la violencia, pues les hace más identificables para la policía, lo que les presiona a ir solos por la ciudad. Existen otras formas de apoyo, como el intercambio de información, pues esta no es accesible ni está garantizada por las instituciones responsables. Esto entraña el riesgo de que la información que se difunda sea falsa, careciendo las personas de herramientas para identificar qué es verdadero y qué no.

Las resistencias, de hecho, es algo que desde el principio quiere visibilizar el informe, cuya portada muestra una ilustración de Issam Miri, joven artista que pasó por Melilla. Miri, explican, ha querido reflejar tantos las redes de apoyo, como espacio de abrigo y contención, como la violencia policial, a través de una imagen de un agente con un ojo abierto y otro cerrado.

“Para nosotras era fundamental mostrar estas resistencias, se les señala como Menas, menores que viajan solos, pero en realidad no están solos, tienen su grupo, sus propias estrategias para poder defenderse”; explica Manjón, que recuerda cómo se encargan de cooperar vigilando cuando hacen risky o cómo festejan cuando alguno de ellos consigue llegar a la península.

Una llegada a la península, recuerda Manjón, que no implica para muchos el final del maltrato y la violencia. “El maltrato lo vemos aquí también, en Barcelona, donde siguen recibiendo violencia cuando están en la calle, ya sea porque no han podido acceder a ningún recurso, o porque están sin hogar”.