Migración
Denuncian el intento de desalojo de 111 personas y alertan del auge del racismo institucional en Donostia

El desalojo del antiguo colegio agustino de Martutene, adelantado al 4 de diciembre, dejará sin alternativa habitacional a 111 personas. Varias organizaciones locales (Donostiako Harrera Sarea, Kaleko Afari Solidarioak, Amara Berri Ehuntzen, Martu Harrera Taldea y Donostiako Etxebizitza Sindikatu Sozialista, Saretxe, Herripe Auzo Elkartea y Guztiontzako Egia) exigen un plan de vivienda digno y denuncian que el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno Vasco han optado por la vía policial pese a conocer desde 2024 que estas personas acabarían en la calle. Como ya pasara unas semanas atrás en Bilbao en los polígonos de Zorrotzaurre, los poderes públicos han optado por el silencio institucional.

Los colectivos sociales se han concentrado frente a Martutene este último viernes de noviembre para denunciar la intención de desalojar el edificio el próximo jueves. El desalojo estaba previsto inicialmente para febrero de 2026, pero, según han denunciado, “de un día para otro, lo han adelantado”, dejando a sus habitantes menos de un mes para encontrar un techo en plena entrada del invierno.

Militantes de las organizaciones, que han convocado una movilización para el mismo día del desalojo, han contextualizado que se trata de un caso más dentro de una crisis estructural, pues más de 500 personas viven hoy en situación de calle en Donostia. El recuento de la semana pasada confirmó que 111 personas, cuatro de ellas mujeres, llevan meses —y algunas más de dos años— habitando este espacio.

“Criminalización y desvío del foco mediático”

Los colectivos denunciaron la imagen construida en torno al colegio durante meses: “Los medios de comunicación, redes sociales y parte del debate público han presentado Martutene como un foco de inseguridad. Se ha señalado a quienes viven aquí como un problema que debe ser eliminado con urgencia“. Como han explicado, esta ola ha servido para criminalizar a personas migrantes y desviar la atención de los ”verdaderos responsables y de las causas estructurales“.

Otro punto relevante que han recordado las organizazciones es que el Albergue Municipal La Sirena, con 100 plazas, sigue cerrado, mientras la ciudad mantiene un régimen que solo garantiza cinco noches de albergue cada tres meses a quienes no tienen papeles. “El sinhogarismo no es un problema de recursos, sino de decisiones políticas que perpetúan la crisis de vivienda”.

“Se ha construido un discurso de odio sin hablar con ellos, sin preguntarles por qué están aquí, qué circunstancias los trajeron a esta escuela o qué alternativas tienen”

Las entidades han subrayado el auge del racismo en la ciudad, visible en el trato hacia los jóvenes magrebíes. “Se ha construido un discurso de odio sin hablar con ellos, sin preguntarles por qué están aquí, qué circunstancias los trajeron a esta escuela o qué alternativas tienen“, radiografían.

En la convocatoria de prensa se ha alertado del riesgo añadido que supone el operativo previsto: ”Con la colaboración de las distintas fuerzas policiales, pueden darse requisamientos de documentación, identificaciones masivas y procedimientos de expulsión“. Una dinámica que consideran parte de la violencia sistémica que sufren diariamente. 

La Ley de Extranjería, han manifestado, obliga a las personas recién llegadas a vivir al menos dos años en situación irregular, sin acceso a vivienda, a permiso de trabajo ni a ingresos. Esta precariedad es además reforzada por operativos policiales que “los expulsan sistemáticamente de parques, portales y bajos de edificios”.

El lema con el que buscan agrupar a las vecinas para parar el desalojo es “Nadie a la calle” (Inor ez kale-egoeran!). Para ello, una movilización saldrá de los juzgados de Egia el propio día 4 de diciembre a las 19h.