Migración
La vendimia, la vivienda y el Covid en la Barriada de San José en Almendralejo

Cuando estamos en el inicio de la campaña de la vendimia se suceden las reuniones, videoconferencias, explicaciones y llamamientos de las autoridades regionales y municipales acerca de la aplicación de las medidas preventivas para evitar que los contagios del coronavirus ataquen a los trabajadores y trabajadoras agrícolas. No dejamos de escuchar las instrucciones a los empresarios agrícolas para que la clase obrera, en los desplazamientos al lugar del trabajo y durante las faenas en los tajos cumpla las normas sobre el uso de mascarillas, las distancias físicas entre unos y otros, no fumar a distancias determinadas de los demás, etc.

Nadie pone en duda la relevancia que adquiere que los jornaleros y jornaleras cumplan los protocolos sanitarios, no se infecten y se encuentren en unas perfectas condiciones físicas para realizar trabajos esenciales para la sociedad como los relacionados con la alimentación. Sin embargo, nuestros representantes institucionales parece que no tienen en cuenta otros aspectos diferentes al uso de mascarillas o el mantenimiento de las distancias físicas, que también influyen en los contagios y en su transmisión, como son las condiciones materiales en las que tiene lugar la vida social y familiar de las clases trabajadoras.

Desde hace muchos años esta barriada de Almendralejo aparece estigmatizada por la abundante presencia de familias rumanas y marroquíes. Cientos de ellas habitan en bloques de pisos, algunos de ellos conocidos vulgarmente como “los pisos del Marques”, de no más de 50 o 60 metros cuadrados...

Aún no hemos escuchado a la consejera de Vivienda, ni a la de Agricultura, ni a otras autoridades municipales o regionales referirse a la influencia en la salud, en una vida sana alejada de los contagios del virus, la limpieza y el buen estado de los barrios y las condiciones físicas y de bienestar de las viviendas en las que se alojan las familias que se desplazan a la recogida de la cosecha de uva.

Por tanto, recomendamos que las consejeras y sus asesores se adentren en ciertos barrios de las localidades extremeñas en donde viven un gran número de trabajadores y trabajadoras extranjeros/as para entender cómo hay cuestiones relevantes en las vidas de los seres humanos que tienen que ser consideradas junto a las formalidades sanitarias, por supuesto de obligado cumplimiento. Un buen ejemplo para el aprendizaje puede ser el barrio de San José, en Almendralejo.

Desde hace muchos años esta barriada de Almendralejo aparece estigmatizada por la abundante presencia de familias rumanas y marroquíes. Cientos de ellas habitan en bloques de pisos, algunos de ellos conocidos vulgarmente como “los pisos del Marques”, de no más de 50 o 60 metros cuadrados, viviendas de dimensiones excesivamente reducidas que suelen estar compartidas por varias unidades familiares; las infraestructuras físicas y las estancias internas y externas sufren un deterioro de años de abandono, por lo que en muchos casos las condiciones habitacionales presentan peculiaridades infrahumanas.

En horarios no laborales de tarde y noche, mujeres, niños y hombres tienen que salir a la calle por la imposibilidad de convivir en esos espacios tan limitados y mal dotados. A su vez, las altas temperaturas veraniegas crean un ambiente asfixiante, insoportable para una adecuada cohabitación en las estancias y para el disfrute de un mínimo confort. De este modo, las personas se ven arrojadas a unas relaciones sociales que se desarrollan en las vías urbanas y en sus aceras, lo que a su vez provoca el rechazo del vecindario, dadas las circunstancias que en ocasiones envuelven a una convivencia que presenta características marginales con corros charlando, bebiendo cervezas, comiendo pipas, etc.

La mayoría de las personas que vienen a los trabajos de la vendimia son rumanas, algunas marroquíes, una mayoría importante de ellas se alojan en bloques de pisos del barrio de San José que en muchos casos se encuentran en un avanzado estado de deterioro, siendo su derribo la única solución reparadora

Las soluciones tan poco comprometedoras que las administraciones públicas adoptan no pasan de apreciar y actuar sobre los hechos más superficiales dejando de lado e ignorando las verdaderas raíces que los producen. Así, la Junta de Extremadura procede a la concesión de una subvención de unos pocos miles de euros al Ayuntamiento para la contratación de personal especializado en la atención “social e informativa”, y la Delegación del Gobierno muestra su disposición y colaboración con él Ayuntamiento para incrementar la dotación policial que permita una mayor vigilancia en el barrio a fin de evitar las situaciones anómalas y conflictivas que se puedan producir en las relaciones vecinales.

Todo esto sucede desde muchos años, no es nada nuevo, es algo de sobra conocido por la población, y especialmente por quienes dirigen las entidades políticas municipales y regionales. Año tras año, se repite la película de los actos que se van a suceder en los despachos municipales, regionales y provinciales. Los fotogramas acontecen en el mismo orden secuencial. En todos los inicios de la vendimia las declaraciones y ceremonias estereotipadas de nuestros dirigentes se reproducen sin pena ni gloria. El covid-19 no ha cambiado nada; en todo caso, añade una foto más a las presencias públicas de nuestros dirigentes recordando que los jornaleros y jornaleras no se pueden contagiar en los desplazamientos ni en los trabajos.

La población tiene constancia de que las hemorragias de declaraciones de las autoridades persiguen una función propagandística para vender un mensaje vacío y sin soluciones. Sin embargo, los problemas reales tienen una naturaleza y unas características diferentes a las que consideran y analizan nuestros dirigentes institucionales, y por eso, se reproducen sin modificaciones, recolección tras recolección.

La cuestión de fondo es que la realización de la vendimia necesita de fuerza de trabajo y, por tanto, lo sustancial y lo que conviene es que haya un número más que suficiente de trabajadores y trabajadoras. Todo lo demás es secundario. No importa dónde vivan, ya sea en tiendas de campaña, chozas, naves o pisos de espacios de más o menos metros cuadrados. No importa que las viviendas tengan acceso oficial o extraoficial al agua, ni a la luz, ni que sea un problema para ninguna institución el derrumbe de las fachadas exteriores de los bloques de pisos. Lo que necesita el Capital es mano de obra, los problemas vecinales y los comportamientos marginales son cuestiones colaterales. Lo significativo es la reproducción del Capital y la producción de plusvalía.

Si la Consejería y el Ayuntamiento “pasan” del estado de las viviendas, y las posibles soluciones que remedien el deterioro de la Barriada San José, al menos las desconocemos, en el caso de la Consejería de Agricultura recibimos continuas muestras de su preocupación para que la clase obrera agrícola no se contagie del virus...

Las administraciones públicas no pueden interferir y tienen que facilitar que haya toda la mano de obra posible. Por encima de todo está la ley de la oferta y la demanda, mientras mayor sea el número de trabajadores y trabajadoras disponibles para vendimiar más facilidades tendrán los patronos agrarios para la contratación, menores salarios, más horas de trabajo, en definitiva, mayores oportunidades para la explotación laboral.

La mayoría de las personas que vienen a los trabajos de la vendimia son rumanas, algunas marroquíes, una mayoría importante de ellas se alojan en bloques de pisos del barrio de San José que en muchos casos se encuentran en un avanzado estado de deterioro, siendo su derribo la única solución reparadora de sus defectos constructivos; son edificaciones de muchos años, de dimensiones reducidas y en mal estado interior y exterior que no resisten una cédula de habitabilidad.

Por tanto, es inconcebible que unas administraciones públicas como el Ayuntamiento y la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda no hayan declarado esos pisos inhabitables por cualquier ser humano, estando algunos de ellos en estado ruinoso. No entendemos la dificultad para llevar a cabo una revisión y declarar la inhabitabilidad de los mismos. No es lógico que las administraciones públicas den vía libre a que esos pisos sean alquilados y habitados. Pero claro, lo principal es la producción de plusvalía que está al resguardo de las condiciones en las que viven los seres humanos.

Si la Consejería y el Ayuntamiento “pasan” del estado de las viviendas, y las posibles soluciones que remedien el deterioro de la Barriada San José, al menos las desconocemos, en el caso de la Consejería de Agricultura recibimos continuas muestras de su preocupación para que la clase obrera agrícola no se contagie del virus. Recomienda a los empleadores agrarios que sus trabajadores y trabajadoras sigan el cumplimiento de las medidas preventivas, recomienda el uso del ritual sanitario para que los jornaleros y jornaleras no se infecten, afán que es muy loable.

Sin embargo, no tenemos constancia de que haya salido de su boca frase o mención alguna exigiendo a los Propietarios Agrícolas colaboración y participación económica para que los trabajadores y trabajadoras puedan tener dotaciones habitacionales decentes y adecuadas. La verdad es que tampoco la hemos escuchado nada referente al cumplimiento de salarios y horarios en las tareas agrícolas. No la conocemos petición expresa para que los Patronos Agrarios satisfagan las condiciones laborales establecidas en los convenios colectivos.

La Junta de Extremadura, el Ayuntamiento y la Patronal Agraria deben tomar las medidas precisas para que las personas que vengan a la realización de trabajos agrícolas de temporada dispongan de los servicios públicos adecuados y de viviendas en condiciones habitacionales decentes.

La Junta de Extremadura, el Ayuntamiento y la Patronal Agraria deben tomar las medidas precisas para que las personas que vengan a la realización de trabajos agrícolas de temporada dispongan de los servicios públicos adecuados y de viviendas en condiciones habitacionales decentes. La situación resulta potencialmente explosiva en el conjunto de la barriada en el caso de que alguien se contagie del covid-19. Por eso es necesario que, desde las diferentes administraciones públicas, se tomen todas las medidas preventivas enviando personal especializado a esta barriada para controlar mediante PCRs el estado de las personas, incrementar el personal sanitario para la atención primaria y una estricta vigilancia mediante personal especializado del cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Otras cuestiones que se deben afrontar de manera urgente por las Administraciones Públicas, si se quiere evitar la agudización de los problemas mencionados relacionados con la vivienda y la barriada de San José en los próximos años, es el derribo de todos los bloques de pisos en mal estado y la regeneración de otras viviendas.

La Junta de Extremadura, el Ayuntamiento y la Patronal Agraria deben tomar las medidas precisas para que las personas que vengan a la realización de trabajos agrícolas de temporada dispongan de los servicios públicos adecuados, y de viviendas en condiciones habitacionales decentes lo que evitaría muchos de los problemas que hoy nos encontramos en esta barriada de Almendralejo.

En todo caso, de seguir con la misma dinámica, anteponiendo los intereses de la producción y el beneficio del capital a las necesidades de los seres humanos, sin cambiar el rumbo que favorece y alienta el enfrentamiento civil y el repudio del otro, seguirá creciendo el rechazo a la población de trabajadores y trabajadoras de otros países, y el fascismo envalentonado encontrará una tierra abundante y fértil para sembrar sus valores del odio, el racismo y la xenofobia.

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Para la entidad médica las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento y la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha “no garantizan la seguridad sanitaria” promulgada por el Ministerio de Sanidad.