Música
Las 13 palabras que cambiaron todo en la cultura (para no cambiar nada) durante 2025

Condensar un año entero en una sola frase suena a un juego apetecible, aunque también a sobado recurso periodístico con el que cumplir expediente en los últimos días de diciembre o a eslogan publicitario para incitar a renovar, por ejemplo, la suscripción a un medio digital. Es muy difícil alcanzar esa precisión y, en todo caso, nunca será una selección neutra ni aséptica. Pero juguemos, por qué no. En el ámbito de la cultura, el año 2025 se recordará por 13 palabras: el fondo proisraelí KKR se hace con los grandes festivales españoles de música.

Esa frase fue el titular de un artículo firmado el 13 de mayo por Pablo Elorduy y Javier H. Rodríguez en El Salto. La publicación causó una sacudida pocas veces vista —y nunca antes originada por un contenido de este medio— y reacciones que permitían pronosticar cambios mayúsculos en la esfera cultural española, si bien está por ver que se lleguen a producir. La tempestad amainó posteriormente, pero sigue resonando y puede provocar réplicas en 2026, aunque sin duda serán de menor intensidad. 

La información publicada resumía cómo, tras invertir en firmas israelíes de ciberseguridad, aportar capital para centros de datos y poseer la propiedad mayoritaria del conglomerado mediático que ofrece viviendas en territorios palestinos, el fondo de inversión Kohlberg Kravis Roberts, más conocido por las siglas KKR, se convirtió en 2024 en uno de los principales proveedores de ocio y espectáculos musicales a nivel mundial al adquirir Superstruct Entertainment, una empresa propietaria de unos 80 festivales de música. En España, la red de festivales bajo control de Superstruct incluye Sónar, Brunch Electronik, Elrow Ibiza Amnesia, Elrow Town, Monegros, Arenal Sound, Viña Rock, FIB, Interestelar, Granada Sound, Festival de Les Arts, I Love Reggaeton, Love The Twenties, Love The 90s, Madrid Salvaje, Brava Madrid, Resurrection Fest, O Son do Camiño, Morriña Fest, Tsunami Xixón, Sonórica Festival y Caudal Fest. Además del capital procedente del fondo y de diversos patrocinadores, gran parte de la financiación de estos festivales sale de los presupuestos públicos. 

La noticia no era solo el cambio de titularidad en la propiedad de los festivales, sino quién es el nuevo dueño y a qué se dedica. Entre otras actividades, que también incluyen impulsar la privatización de la Formación Profesional en Andalucía, KKR participa en la promoción inmobiliaria en los territorios ocupados ilegalmente por Israel en Palestina. Lo hace a través de otro conocido holding, el grupo alemán Axel Springer, del que KKR es el principal inversor desde 2019. Este consorcio mediático —en su cartera figuran cabeceras como Bild, Die Welt, Business Insider, Politico o Upday— tiene también una línea inmobiliaria similar a la española Idealista, llamada Yad2, que oferta promociones de viviendas en territorios palestinos ocupados. “Yad2 te ayuda a mirar hacia adelante y construir un futuro en tu próximo hogar en Israel”, indicaba un anuncio publicado en la prensa israelí en diciembre de 2024. 

Las reacciones al artículo no se hicieron esperar. Apenas un día después, varios grupos anunciaron su salida del cartel de esos festivales dada la situación en Palestina, donde las Fuerzas Armadas de Israel han matado a más de 60.000 personas en los dos últimos años. Otros manifestaron que lo estaban discutiendo porque renunciar a un contrato con uno de estos eventos no es fácil. Y muchos callaron.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró que KKR “no es bienvenido en la cultura española” y señaló que, desde hace muchos años, se está trabajando para que “todas aquellas empresas que tienen actividad económica en los asentamientos ilegales en Palestina no puedan tener una actividad normalizada dentro del mercado único de la Unión Europea”.

¿Y los festivales? En muchos casos, su respuesta mostró desconcierto, temor por la repercusión sobre su marca y una cierta incomprensión ante lo que estaba sucediendo. Algunos emitieron comunicados en los que intentaban desmarcarse de KKR afirmando que estaban en contra de la violencia en Palestina y que el fondo de inversión no les imponía nada en su funcionamiento. Pero el elefante seguía en medio de la habitación: si tu patrón hace negocio aprovechando la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel, eso se debe contar por mucho que te moleste o que pueda afectar a tu cuenta de resultados. Y una vez eso se conoce, los artistas y el público que sostiene tu proyecto empresarial obrarán en consecuencia. 

El goteo de cancelaciones y músicos que se bajaban de los festivales no paró durante el verano. Tal vez las renuncias más sonadas fueron las de Residente y Judeline en el FIB o el anuncio de la banda Love of Lesbian de que no volvería a actuar en festivales pertenecientes a KKR. El 10 de octubre, los tres directores fundadores del Sónar anunciaron su adiós al festival tras la retirada de una treintena de los artistas programados en su cartel. Este festival fue el único que ofreció la posibilidad de devolución por motivos éticos de las entradas compradas con antelación. En noviembre, un alto directivo de Superstruct concedió una entrevista a El Mundo en la que, bajo anonimato, opinó que el boicot a los festivales de este verano se basó en “pseudoinvestigaciones que no se han podido demostrar” [insertar aquí el emoji de la flamenca bailando sevillanas].

Según los departamentos de comunicación de algunos festivales, afanados en achicar agua, este verano anómalo no ha afectado a la asistencia de público y varios aseguran haber celebrado en 2025 sus ediciones más exitosas. Pase lo que pase, el espectáculo debe continuar.

El derecho de vivir en paz

Los macrofestivales de música —recordemos algunos grandes nombres: FIB en Benicàssim, Primavera Sound en Barcelona, Sónar también en Barcelona, Doctor Music en los Pirineos, Arenal Sound en Burriana, Mad Cool en Madrid, Viña Rock en Villarrobledo o BBK Live en Bilbao— se han convertido de manera prácticamente irreversible en la única forma de consumir música en directo, aunque en ellos la música sea poco más que un adorno que suena de fondo.

En apenas 25 años, algunas iniciativas surgidas como opciones de ocio al margen, para disfrutar de la música y de un cierto sentido de comunidad, han desarrollado un fuerte músculo empresarial y adquirido experiencia para transformarse en gigantes que asfixian el circuito musical de la ciudad donde se celebran, chantajean a los gobiernos municipales y autonómicos para que les inyecten cada vez más fondos públicos, no se preocupan por la comodidad de sus clientes y tampoco generan un público interesado por la música sino uno adepto a los festivales. Dicho de otra manera: en estos grandes eventos se encuentran algunas de las cosas que hacen del mundo un lugar peor —impacto en el territorio, implantación de un monopolio que arrasa con el tejido cultural existente, explotación laboral, indefensión del cliente frente a la empresa, utilización de recursos públicos para eventos privados de empresas con beneficios—, a las que, por si fuera poco, hay que añadir la entrada en el negocio de los fondos de inversión que detectaron que festivales y promotoras son activos rentables. Olieron la sangre y se lanzaron a por ella. En 2018, un fondo estadounidense compró el 29% de las acciones del Primavera Sound y Superstruct se hizo con la participación mayoritaria en la propiedad de la empresa organizadora del Sónar. En 2024, la facturación de conciertos y festivales en España batió su récord al aumentar hasta los 725 millones de euros, con un crecimiento del 25% en solo un año, según el Anuario de la música en vivo que elabora la Asociación de Promotores de Música de España (APM).

Pero la implantación de este modelo de ocio también ha suscitado la contestación ciudadana. El festival Mad Cool —del que la entonces vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís llegó a decir en 2022 que “Mad Cool es Madrid y viceversa”— irá a juicio por un delito contra el medio ambiente cometido en la edición de 2023, la primera celebrada en un nuevo emplazamiento, denominado Nuevo Recinto de Festivales de Madrid y ubicado en el distrito de Villaverde, entre la carretera M-45 y la calle Laguna Dalga, en la Colonia Marconi. El nivel de ruido superó los límites permitidos y, en septiembre de este año, la jueza de Instrucción número 34 de Madrid abrió juicio oral contra el administrador único del festival y la propia empresa mercantil Mad Cool Festival S.L. “Estamos satisfechos con el auto, el proceso sigue y nos da esperanza de que esto se pueda acabar algún día, aunque lo que se juzga es solo la edición de 2023”, afirmaban al conocer la noticia desde la plataforma vecinal Stop Madcool, creada en octubre de 2022 y que agrupa a varias asociaciones de Villaverde y Getafe Norte.

En 2005, la edición número 12 de Festimad, la primera que tuvo lugar en el Parque de la Cantueña, en Fuenlabrada (Madrid), dejó un coche de uno de sus patrocinadores apedreado y volcado y otro quemado. Una barra fue asaltada por el público durante la suspensión de cuatro horas en la segunda jornada, ocasionada por el cierre de un escenario mal montado cuyo techo se había levantado por los aires tras una racha de fuerte viento. El descontento de los asistentes con la organización del festival se manifestó sin maquillaje. Festimad fue uno de los pioneros de los grandes festivales musicales en España desde mediados de los años 90 y su historia anticipó lo que ha sucedido posteriormente en la evolución de estos eventos. También fue pionero en recibir cierta crítica y resistencia a los comportamientos de los festivales y su modelo de ocio. Desde 1997, en el Centro Social Okupado La Casika, en Móstoles, se celebró Festikmaf, una feria autogestionada con grupos locales y discurso antiautoritario y antifascista, que coincidía con la fecha en la que en el parque de El Soto de la misma localidad tenía lugar el Festimad.

Israel, zero points

Relacionado con la música y con lo que el Estado de Israel lleva haciendo en Palestina durante casi ocho décadas, en 2025 se ha vivido algo novedoso: el rechazo de varias televisiones públicas europeas a participar en el Festival de Eurovisión si lo hace la KAN israelí. Así se confirmó el 4 de diciembre, cuando RTVE anunció la retirada de España tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), ente de las televisiones públicas europeas que organiza el certamen, en la que se confirmó la permanencia de Israel en el certamen musical. Países Bajos, Eslovenia e Irlanda tampoco participarán en Eurovisión 2026.

El Consejo de Administración de RTVE ya había acordado en septiembre que España abandonaría la competición si Israel continuaba formando parte de ella. La salida implica que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, prevista para el 16 de mayo en Viena (Austria), ni las semifinales programadas para los días 12 y 14.

La participación de Israel en Eurovisión ha resultado muy conflictiva durante las últimas dos ediciones, celebradas mientras su ejército arrasaba Gaza. En 2025, la cantante israelí Yuval Raphael quedó segunda con su interpretación del tema “New day will rise”. Pero la inclusión de Israel en el certamen de Eurovisión ha sido controvertida desde que lo hiciera por primera vez en 1973, cuando se convirtió en el primer país no europeo en participar. La UER lo justificó entonces porque la emisora de radiodifusión pública israelí ya era uno de sus miembros.