Operaciones urbanísticas
Más dudas que certezas con el futuro soterramiento de la A-5 y la Operación Campamento

Ecologistas, urbanistas y vecinos critican la doble operación, que ni satisface las quejas por el tráfico de los barrios de Aluche o Campamento ni creen que vaya a solucionar los problemas de falta de vivienda pública en la zona o en la ciudad.
Operación campamento
Vista satélite de la zona de Campamento, Madrid.
7 feb 2024 06:00

Este 2024 ha visto el desbloqueo de dos grandes proyectos urbanísticos para Madrid, dos problemas “unidos” en un mismo plan que ha puesto de acuerdo a Ayuntamiento de la capital y Gobierno central. La Operación Campamento, que presuntamente dotará de nuevas viviendas públicas a la ciudad, al menos un 60% de las 10.700 viviendas proyectadas, y resolverá un proyecto enquistado desde 1986, y el soterramiento de la A5, reclamación histórica de los vecinos del Distrito Latina por la contaminación y el ruido del tráfico y promesa electoral del alcalde José Luis Martínez Almeida. Una obra que el gobierno municipal ha bautizado Paseo Verde del Suroeste y cuya licitación este mismo febrero ha dado comienzo a todo el proceso que se alargará, en el mejor de los casos, mucho más allá de 2026.

Las críticas recibidas por este plan, en gran parte por concretar ya que de Campamento los detalles que se conocen aún son escasos, han llegado desde todos los frentes. Por una parte, de las organizaciones vecinales que creen que las previsiones incumplen las promesas sobre la disminución del tráfico en el triángulo del actual Barrio de Campamento, que limita tanto con Aluche como con los términos municipales de Alcorcón y Pozuelo de Alarcón. Por otro, en lo que compete al modelo de ciudad que urbanistas, ecologistas y las propias organizaciones vecinales creen que ese futuro desarrollo de 10.700 viviendas no solo no mejora, sino que empeora los problemas ya existentes.

700 metros de A5 que nadie planea soterrar

El conflicto más inmediato y evidente se encuentra en el actual Barrio de Campamento, en concreto aproximadamente 700 metros de recorrido de la Autovía del Sudoeste o A-5, también conocida como Paseo de Extremadura que, según desveló el proyecto presentado a licitación el pasado 1 de febrero, no se soterrarán.

El pacto entre Ayuntamiento y Ministerio de Vivienda es que el segundo se haría cargo de la segunda fase soterramiento de la vía, por la que se calcula que pasan más de 130.000 vehículos diariamente, a partir de la Avenida de los Poblados. En total afecta a 3,7 kilómetros y el Consistorio prevé un valor inicial de 347 millones de euros. Más tarde el Gobierno estatal aportaría otros 150 millones más.

“Este proyecto tal y como está nos fastidia más de lo que ya estábamos, solo tapa 200 metros en nuestro barrio”

El plan, sin embargo, deja un tramo, entre la calle Illescas, ya en la zona que de la A-5 que separa los barrios de Campamento y Aluche, hasta la mencionada Avenida de los Poblados que permanecerá al descubierto. Andrés Piñeiro, de la Asociación de Vecinos de Campamento, lo tiene claro: “este proyecto tal y como está nos fastidia más de lo que ya estábamos, solo tapa 200 metros en nuestro barrio”.

Temen que no solo se mantengan los problemas de ruido y contaminación actuales, sino que empeoren por el “efecto chimenea” en una zona que tiene cerca la mayor parte de equipamientos del barrio, como el centro cultural o el de mayores. Además se mantienen los pasos subterráneos para cruzar hacia Aluche o en dirección a Metro Campamento.

Aunque es una reclamación histórica de las asociaciones del barrio, reunidas en la Coordinadora Vecinal de Latina (Covela), las actuales movilizaciones se remontan a 2018 y 2019. El gobierno de Martínez Almeida ha pasado de prometerlo en varias ocasiones a considerar la obra “inviable” en 2022 y finalmente asumirla en la campaña de 2023 tras pedir disculpas el alcalde a los vecinos. El plan, sostiene el Ayuntamiento, mejorará las vidas de más de 50.000 personas entre los barrios de Aluche, Batán, Campamento, Cuatro Vientos o Lucero.

Las asociaciones “pensábamos que el soterramiento no era necesario, pedíamos calmar el tráfico e integrar el Paseo de Extremadura como una vía urbana más en el distrito. Pero hay muchos vecinos pasándolo mal con el tráfico...”

Javier Poveda, presidente de la AAVV Lucero y portavoz de Covela, recuerda que las asociaciones “pensábamos que el soterramiento no era necesario, pedíamos calmar el tráfico e integrar el Paseo de Extremadura como una vía urbana más en el distrito. Pero hay muchos vecinos pasándolo mal con el tráfico y si la solución es esa, mejor eso que nada. El problema es que se dijo una cosa y ahora se anuncia otra”.

Para Campamento, además, la condena es doble. Se pedía también calmar el tráfico en la carretera de Boadilla del Monte, que cierra el barrio por su otro extremo. Ésta pasará a tener los dos carriles en la misma dirección, como salida de Madrid, cuestión que Poveda y Piñeiro consideran negativa para el barrio: “la limitación subirá de 50 a 70km/h, con lo que eso implica: más velocidad, más peligros, más dificultades para cruzar…”.

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Desde 1989 a vueltas con “Campamento”

Los terrenos de la futura Operación Campamento suman casi 9 millones de metros cuadrados cuyo primer intento de ceder del Ministerio de Defensa a la Comunidad de Madrid data de 1986, con Joaquín Leguina (PSOE) aún presidiendo el gobierno de la región, y un anuncio inicial de 15.000 viviendas. Luego vio dos intentos más, uno en 1996 con el Ayuntamiento sumándose y el PP en las tres administraciones, y otro entre 2004 y 2009, con el PSOE en el Gobierno central. Entre medias, los antiguos cuarteles, sin uso desde el 96, empezaron a demolerse, finalizando en 2021.

La resurrección del proyecto viene con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno central y la de Almeida a la alcaldía, en 2019, aunque a iniciativa del Ministerio de Fomento, en ese momento con José Luis Ábalos al frente. Los complicados flecos administrativos para desbloquear la operación llegaron hasta el Debate del Estado de la Nación de 2022, con Sánchez comprometiendo su palabra.

Isabel Rodríguez, sucesora de Ábalos en las competencias del actual Ministerio de Vivienda, ha sido quien finalmente ha desbloqueado la parte administrativa. El pasado octubre su departamento y Defensa llegaron a un acuerdo para que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), perteneciente a Vivienda, adquiera a la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, perteneciente a Defensa, el 51% del suelo de la Operación Campamento, por 150 millones de euros.

A partir de 2025 se empezarán a construir las 10.700 viviendas de las cuales, entre el 60 y el 70% -se han dado cifras diferentes según la ocasión- serán protegidas en régimen de alquiler

Las reuniones posteriores con el Ayuntamiento ya en enero de este año despejaron el panorama, con el polémico “reparto” del soterramiento. La Operación Campamento al ser una gran intervención urbanística sobre más de 200 hectáreas sobre la que a partir de 2025 se empezarán a construir las 10.700 viviendas de las cuales, entre el 60 y el 70% -se han dado cifras diferentes según la ocasión-, serán protegidas en régimen de alquiler. La inversión anunciada, aparte del coste de la compra de suelo, superaría los 450 millones de euros.

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Por cierto que la reunión de Rodríguez con Almeida el pasado lunes 15 de enero tuvo su contraparte en una marcha el Corredor Ecológico del Suroeste, convocada por Ecologistas en Acción de Madrid y el colectivo Entorno Meaques Retamares bajo el lema ‘Operación Campamento ¿Sostenible?’.

En ese sentido, Iván Pérez, co-coordinador de Alianza Verde Madrid y vecino de la zona, explica a El Salto que lo poco anunciado hasta ahora “implica la destrucción de zonas naturales, de la zona del Arroyo Meaques y los Retamares”. Se trata “de un elemento clave que conecta el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama con la Casa de Campo, constituyendo una de las pocas zonas naturales en las inmediaciones de la ciudad de Madrid”. Una zona que piden defender por sus especies endémicas y como pulmón verde de la ciudad.

“Todavía estamos a tiempo de que todo esto no sea, o sea de forma completamente diferente”, advierte Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). A la organización no le suena mal el anuncio de vivienda protegida “a diferencia de la Operación Chamartín, estamos hablando del 70%, una cifra importante, aunque ya que el 100% del suelo es público, podría ser toda”.

Falta saber “qué tipo de alquiler, quiénes van a ser los promotores. No está mal, pero podría ser mucho mejor. Nuestra petición es que las administraciones tengan un parque de viviendas protegidas propio, no a través de terceros, pero también que cedan suelo a cooperativas o entidades sin ánimo de lucro, para paliar la actual situación”, comenta Pérez Quintana. Aún así, remata escéptico: “esto se ha retrasado años y probablemente se retrase aún más, creo que queda mucho para que se vean viviendas ahí”.

“Oportunidad perdida” en el desarrollo urbanístico

Claro que las críticas no tienen por qué referirse al tipo de futura vivienda protegida, sino a su existencia en sí. Para Julio Vinuesa, Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Demografía aplicada a la Planificación Urbanística y Territorial, operaciones como esta son “continuar con un modelo de desarrollo urbano propio de otras épocas”.

Para Julio Vinuesa, urbanista, 'Campamento' “propone construir un gran número de vivienda sin saber muy bien para qué necesidades concretas, para qué tipos de hogares. El objetivo es construir”

Para el urbanista 'Campamento' “propone construir un gran número de vivienda sin saber muy bien para qué necesidades concretas, para qué tipos de hogares. El objetivo es construir”. En su opinión, solo sirve para perpetuar “un modelo expansionista y segregador, que posterga la regeneración de la ciudad existente, que ignora la nueva realidad sociodemográfica y tecnológica, contrario a la necesidad del cambio de modelo de movilidad”.

En sus artículos, Vinuesa ha criticado la transferencia de suelo púbico a manos privadas que suelen suponer este tipo de desarrollos. Explica a El Salto que “aunque hay estimaciones que hablan de una cifra mayor, en el Preámbulo de la Ley 12/23 por el Derecho a la vivienda se dice que desde 1960 se han construido 5,7 millones de viviendas con algún tipo de protección, con ayudas de dinero público, que han ido quedado descalificadas y han pasado al mercado libre”.

Y concluye: “todo lo que no sea promover vivienda protegida en alquiler a precios regulados y blindadas ante futuros intentos de descalificación, supondrá continuar con un modelo que impide que exista una permanente oferta suficiente de vivienda asequible”.

Desde Alianza Verde proponen como alternativa a la Operación Campamento “poner a disposición de la ciudadanía la considerable cantidad de vivienda vacía existente en el distrito de Latina y en todo el suroeste de Madrid”

Por su parte Iván Pérez, de Alianza Verde, lo analiza como vecino: “Nos van a implantar una pequeña ciudad adosada a la ya existente, lo que supondrá un aumento considerable de la población sin que tengan ni los servicios ni los equipamientos necesarios, los cuales por otra parte ya son escasos en Campamento, Aluche, Las Águilas, Parque Europa…”.

La alternativa que proponen es “poner a disposición de la ciudadanía la considerable cantidad de vivienda vacía existente en el distrito de Latina y en todo el suroeste de Madrid”. Según un estudio publicado por la Junta Municipal del Distrito de Latina “en 2019 en torno a un 10% de la vivienda total está vacía”, apunta. “La solución no pasa por seguir la lógica del mercado inmobiliario”.

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