Palestina
Delegación del Gobierno amenaza con sanciones por apoyar la huelga por Palestina en la Universidad Complutense

Mientras en numerosos puntos del país el 15 de octubre del pasado año se realizaban piquetes, puntos de información y movilizaciones para solidarizarse con el pueblo palestino, en el campus de la Universidad Complutense de Madrid se vivirían momentos de tensión al no dejar la policía avanzar a los manifestantes. Cinco meses después, los sindicatos convocantes de la huelga y las manifestaciones han recibido cuatro notificaciones con propuestas de multas de 600 euros por una supuesta infracción por “concentración no convocada”.

“Los piquetes informativos se desarrollaron con plena normalidad desde por la mañana y sobre las 10:30 nos concentramos en la plaza central de Ciudad Universitaria para ir hacia el rectorado de la UCM”, explican desde CCOO y CGT, recordando la jornada de huelga, donde se desarrollaron “actividades propias de unos piquetes de huelga dentro de nuestro propio centro de trabajo” como en otras ocasiones. “De manera completamente injustificada, la policía nacional bloqueó a los piquetes de la plaza de Ciudad Universitaria y nos retuvo durante aproximadamente una hora”, detalla del día en su denuncia. Ahí fue cuando los agentes identificaron a los responsables sindicales de CGT-UCM y CCOO-UCM, así como a miembros del equipo jurídico que intentaron dialogar con la Policía para proseguir la protesta. 

“Las movilizaciones en la Complutense han sido especialmente significativas y creemos que la Delegación del Gobierno busca castigar estas protestas”, denuncian desde CGT

“Tras una hora de bloqueo, acordamos una manifestación hacia el rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, que se realizó con total normalidad. Hay que destacar que en todo momento hubo un diálogo constante con las fuerzas policiales, con el objetivo de que no hubiese ninguna incidencia en una movilización tan importante”, explican ante la sorpresa de estas propuestas de sanción que han recibido esta semana. 

“Ha sido una sorpresa estas propuestas de sanciones porque estas multas no tienen fundamento alguno, no solo son un ataque al derecho a la protesta en la línea de la Ley Mordaza, sino también un ataque al ejercicio del derecho de huelga, libertad sindical y autonomía universitaria”, explica a El Salto Álvaro Briales, profesor de Sociología en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que prosigue destacando que “las movilizaciones en la Universidad Complutense han sido especialmente significativas desde las Acampadas por Palestina y creemos que la Delegación del Gobierno busca castigar estas protestas”. 

Para estos sindicatos, todo responde a un momento de represión en el movimientos de solidaridad con Palestina, ya que recuerdan que hasta cuatro personas podría acabar en la cárcel por las protestas en la Vuelta Ciclista y son numerosas las sanciones económicas por actos parecidos. “Frente a la realidad, el propio Pedro Sánchez dijo el pasado 25 de marzo  en el Congreso que ‘no hubo represión el año pasado durante las protestas en favor del pueblo palestino’ y solo hasta 2024, la  Ley Mordaza realizó al  menos 2.5 millones de sanciones y recaudó 1.500 millones de euros a las arcas del Estado”, denuncian. 

Por eso explican que “desde CCOO-UCM y CGT-UCM hemos consensuado oponernos y no pagar estas injustificadas amenazas de sanción y anunciamos que recurriremos por vía administrativa y judicial para que se repare este atropello”. Señalan al delegado de Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, como responsable y le exigen que “no solo archive inmediatamente los expedientes sancionadores, sino que dé una explicación política inmediata, dirigida tanto a la ciudadanía como a sus superiores, acerca de estas prácticas antisindicales e ilegales”. 

También señalan como responsable al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, que le exigen saber si solicitó la intervención policial contra los piquetes el día de la huelga ese día y “que se pronuncie sobre si le parece compatible con la legalidad y con su idea de la autonomía universitaria que se coarte y multe a representantes sindicales de la UCM cuando ejercen su derecho al conflicto colectivo”. Para CGT y CCOO ambas autoridades deberían asumir “el derecho a la huelga, de manifestación y de autonomía universitaria como mecanismo institucional de defensa frente a los ataques a la universidad pública”.