Pobreza
Pasan los gobiernos, permanece la pobreza: una de cada cuatro personas se encuentra en riesgo de exclusión

En 2025 un 25,7% de la población residente en España —12,6 millones de personas— estaba en situación de riesgo de pobreza y exclusión social: la diferencia territorial es enorme, mientras que en Euskadi esta cifra se reduce al 14,7% en la Ciudad Autónoma de Melilla, la tasa asciende a 43,7%, son los puntos extremos de unas coordenadas que dibujan, de nuevo, una profunda desigualdad Norte-Sur. Estos son algunos de los datos registrados en el 16º Informe del Estado de la Pobreza, llamada Pobreza y territorio: Comunidades Autónomas y Unión Europea, publicado el pasado 15 de octubre y que viene a completar el Capítulo General, presentado el pasado junio. 

En realidad, la información que recaba cada año la Red Europa de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-es), entidad que agrupa a distintas organizaciones del sector en todo el estado español, no es particularmente novedosa. A pesar de ligeras fluctuaciones, la tasa AROPE, indicador europeo con el que los estados miembros evalúan de manera uniforme el riesgo de pobreza y exclusión, no ha descendido del 25% en los últimos quince años en el Estado, lo que revela un problema estructural.

Estructural y desigual es también la tasa de pobreza infantil, que aún se mantiene por encima de la media europea, situándose en un 28,7%, con enormes diferencias entre territorios: mientras en Euskadi es de un 13,4%, en Murcia se dispara hasta un 40,2%.  El informe pone de manifiesto, además, cómo una mejora de la renta per cápita, o de los índices de empleo, no se traduce proporcionalmente en términos de disminución del riesgo de pobreza y exclusión, una conclusión que tampoco es una noticia: la desconexión entre datos macroeconómicos y condiciones de vida ya ha sido puesta de manifiesto en el histórico de informes de la organización.

El documento pone en relieve otra continuidad: la disparidad territorial. Aunque la tasa de AROPE ha descendido en el sur del país en los últimos diez años, de un 38,9% a un 32’9%, aún sigue muy distante de la del norte, que ha descendido solo unas décimas, de un 20’8 a un 20’1 %.  La disparidad también se halla en la eficacia de las medidas contra la pobreza que se implementan. Este factor comparativo adquiere importancia central a la hora de mirar a Europa para entender qué políticas contra la pobreza están siendo eficaces o no respecto a las prácticas del resto de países europeos. 

El hecho de que España adelante en términos de crecimiento económico a la Eurozona y cuente al mismo tiempo con el peor dato en materia de infancia en riesgo de pobreza y exclusión social, con un tasa de 33,8% de niñas, niños y adolescentes en AROPE, o se encuentre entre las peores posiciones en cuanto a población en situación de pobreza, con un 19,5 %,  habla de un déficit en políticas de protección social que EAPN-es, pero también otros colectivos y plataformas, ponen en cuestión, muy a menudo lejos de los focos y las prioridades informativas.

Grandes enunciados, insuficientes recursos

Ruth Caravantes, responsable de incidencia de EAPN-es y una de las autoras del informe presentado esta semana, explica cómo la distancia entre lo que se plantea y los recursos que se ponen al servicio de estos objetivos, constituye uno de los principales escollos para que se concreten mejoras suficientes: “Ahora se acaba de publicar la primera estrategia europea de lucha por la erradicación de la pobreza. Estas iniciativas son importantes. Lo que pasa es que luego no se dotan de presupuesto”.

Caravantes apunta que desde su organización —que aglutina a numerosas entidades de lucha contra la pobreza y del sector social— consideran que hojas de ruta como la recientemente presentadas son útiles porque marcan hitos, pero que el carácter multidimensional de la pobreza requiere que todas las administraciones con competencias participen y que se respeten compromisos a largo plazo, que trasciendan las legislaturas. Sin estos dos elementos: “la pobreza va a seguir subiendo”, lamenta. Por ello, en el caso español, proponen un Pacto de Estado contra la Pobreza, partiendo de que en EAPN sí que piensan que existe un consenso sobre la necesidad de combatirla. 

Y para ello, insiste Caravantes, hay mecanismos, como las prestaciones sociales, pero su eficacia es desigual: “Por ejemplo, con la subida de salarios mínimos y de pensiones mínimas, se ha visto cómo no se ha reducido el riesgo de pobreza y exclusión social, pero sí la pobreza severa, es decir, la intensidad con la que tú vives la pobreza”. La responsable de incidencia de EAPN, lamenta que, en términos de AROPE, el porcentaje no haya descendido de 25% en los últimos 15 años. 

“Más del 43% de la población que está en alquiler está en riesgo de pobreza y exclusión social”

Un elemento central, insiste, es la vivienda: En ciudades con rentas per cápita por encima de la media —como Madrid, que destaca por su gran desigualdad— “hay muchísimas dificultades para que la vivienda no se coma una parte importante de tu salario”. En este ámbito el incremento de las personas que viven en régimen de alquiler aumenta la vulnerabilidad: “Más del 43% de la población que está en alquiler está en riesgo de pobreza y exclusión social. También vemos que las personas en mayor situación de vulnerabilidad están más de alquiler que en régimen de propiedad”.

Y es que la propiedad se ha hecho cada vez más inaccesible, en el informe se recoge cómo entre 2015 y 2025 el precio de la vivienda se incrementó en España un 80,6 %, más de 18 puntos por encima de la media europea, pero no tanto como en casos como el húngaro donde se ha registrado un 266,6% de incremento, encabezando con marcada distancia un ranking de doce países que han visto el precio de la vivienda más que duplicarse en la última década.

Otro elemento que Caravantes destaca, y que quedó reflejado en el informe que publicaron en junio, es el lugar determinante del patrimonio (más allá de los ingresos) para estar o no riesgo de pobreza y exclusión, algo que acaba siendo determinante en la desigualdad social.  Desde EAPN consideran que las políticas sociales de los últimos años, provenientes del escudo social, ha surtido efectos positivos sobre las estadísticas de la pobreza: “lo que pasa es que han llegado a un punto, muy tempranamente, más de sostén de la pobreza que de seguir reduciéndola”. Para evitar este estancamiento, su organización defiende que las medidas sigan siendo estructurales y que su alcance aumente.

Por otro lado, Caravantes destaca la necesidad de medidas mucho más focalizadas en la pobreza infantil, un problema que el país lleva años arrastrando. En este sentido, reivindican la necesidad de un sistema de garantía de rentas propias para la infancia y la juventud: “vemos que hay una diferencia muy grande con el resto de Europa y que aquellos países donde han implementado políticas directamente hacia las infancias, han mejorado mucho sus tasas de pobreza infantil”. 

La comparación entre territorios y países también permite captar importantes diferencias en cuanto al impacto de estas políticas: “Cualquier tipo de prestación social impacta en la prevención de la pobreza, pero vemos cómo un gasto público parecido impacta de forma diferente”. Esta es la conclusión a la que se llega mediante la comparación con países como Irlanda: “si no tuviéramos prestaciones sociales estaríamos en el mismo nivel de pobreza que Irlanda. Pero en cambio, una vez que se aplican los derechos sociales, se aplican las prestaciones que tenemos, Irlanda consigue reducir la pobreza mucho más que España”, ejemplifica.

Las diferencias en cuanto a eficacia también se ven si se compara entre comunidades autónomas en España, un hecho que ayuda a discernir qué funciona mejor en la lucha contra la pobreza y la exclusión, a la hora de concretar un hipotético Pacto de Estado. “Las prioridades sabemos que son vivienda, garantía de renta y empleo, no solo eso, pero por lo menos eso. Ahí habría que estudiar qué medidas están siendo eficaces y por qué lo están siendo”. Desde EAPN reivindican que la lucha contra la pobreza esté en el centro de la agenda política, pues piensan que sí que puede haber un consenso en que hay que terminar con ella, aunque se parta de propuestas políticas distintas. 

Cuando las prestaciones traen más problemas

A algo parecido al consenso se llegó el pasado junio en una comisión del Senado destinada a valorar el informe de fiscalización del IMV del Tribunal de Cuentas, para los ejercicios 2022-2023, y que señalaba la urgencia de abordar el endeudamiento que las tardías actualizaciones de esta prestación junto a otros errores por parte de la administración, están generando en miles de beneficiarios y beneficiarias, muchas de ellas tras haber sido designadas como receptoras del ingreso mínimo vital de oficio, al estar percibiendo en el momento de su creación la extinta ayuda por hijo a cargo.

Que en una comisión con presencia de los distintos partidos se abordara finalmente el problema de los llamados “cobros indebidos” sorprendió positivamente a Hontanares Arranz, de ATD Cuarto Mundo, colectivo que viene batallando para señalar los límites de las prestaciones sociales y en particular de esta ayuda de la seguridad social, y que llevan años denunciando uno de sus efectos más perniciosos, la generación de deudas impagables a las personas beneficiarias, una problemática que genera gran angustia y que, junto al Colectivo de Afectados por el IMV, llevaron ante el Comité Europeo de Derechos Sociales hace ya más de dos años.

Tras una ida y vuelta de denuncias y respuesta de la administración, en el pasado agosto se dio el último intercambio de comunicaciones bajo el arbitrio de la institución europea. El gobierno admitía la necesidad de tomar medidas para evitar los cobros indebidos, anunciando que se trabajará a partir de ahora en una reforma, pero dejando fuera a las personas afectadas hasta 2024, desoyendo una vez más la llamada a detener de manera inmediata la reclamación de deuda a las personas beneficiarias del IMV. Después, llegó el adelanto de elecciones.  

La disolución de las Cortes también deja en el aire los efectos del trabajo de la Comisión del Senado que “incluye una serie de recomendaciones muy firmes que hablan bastante de los cobros indebidos”, explica Arranz. “Me pareció que por fin se habían enterado de qué iba el tema”, explica, aunque también encontró chocante que al principio del documento se incorporasen puntos refiriéndose a “las ONGs que trafican con inmigrantes”, e imagina que pudo ser una concesión para contar con la aprobación del documento por parte de Vox y en todo caso, una alerta preocupante para el futuro. 

Para Arranz, que la erradicación de la pobreza esté aparentemente fuera del debate público —aunque sí se halle presente a través de cuestiones como la vivienda, o los reclamos respecto a salarios mínimos o pensiones— tiene que ver con la estigmatización de quienes se encuentran en las situaciones más difíciles: “La gente pobre no es tomada en serio ni como sujeto político ni como sujeto de ningún tipo. Yo creo que la pobreza material lo que hace es justamente eso, anular a las personas como sujetos de derecho”. Una muestra dolorosa de ello es, apunta, “la denuncia de la PAH de Vallecas acerca de los desahucios de vivienda pública por impago y por ocupación. Esa es otra violencia más”.

“La gente pobre no es tomada en serio ni como sujeto político, ni como sujeto de ningún tipo. La pobreza material anula a las personas como sujetos de derecho”

ATD Cuarto Mundo siempre ha sido muy crítica con el IMV, una medida que, sostiene Arranz, tuvo que ver con las presiones de Europa para que España mejorara en materia de prestaciones no contributivas en un momento en el que los estados miembros se jugaban el acceso a los fondos Next Generation. Desde entonces arrastra fallas que no se han querido subsanar, considera la activista: informes del AIRef, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, lo pondrían de manifiesto. Que medidas como el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), no hayan evitado las sombrías estadísticas en cuanto a pobreza infantil supondría otra muestra cara de este fracaso en conseguir que las políticas de protección transformen la realidad del país. 

Arranz considera que si este tema no está en el centro de la agenda, es, sencillamente, porque quienes están en esta situación no votan en muchos casos: por cuestiones de padrón, porque “no tienen la cabeza para esas cosas, o porque no consideran que ninguna opción les defienda. Entonces, al final hay un tercio de población que vive con estas políticas y no tiene derecho a réplica ni posibilidad material para hacerlo”. 

Un sector social precario

Otra de las cuestiones en torno a cómo se ejecutan las políticas que tiene que ver con la pobreza, es el maltrato del Sector Social que aborda de manera multidimensional esta cuestión. La Plataforma del Sector Social de Madrid viene denunciando la precarización en este ámbito, y con ella, la precarización de la respuesta que se da ante situaciones de vulnerabilidad. Álvaro, trabajador en este ámbito e integrante de la Plataforma, considera que después de todo, su sector “es un canal de parchear las consecuencias del sistema capitalista y sus crisis”. 

Este trabajador destaca un factor añadido: “la administraciones siguen externalizando y privatizando un sistema público de servicios sociales, creando así un nicho de mercado perfecto sufragado con dinero público”. La necesidad de lucro aparece en consecuencia: “se consiguen ganancias que se obtienen a través de reducir la calidad de la atención y reducir las condiciones laborales de los trabajadores, donde hay un mercado asegurado, porque las personas en el sistema y en las crisis capitalistas van a necesitar un sistema de bienestar, un sistema de protección social que les pueda acoger”. 

“Deciden gastar dinero en el rearme mientras recortan en servicios públicos, servicios sociales, educación, vivienda”

Así, su perspectiva como trabajador es que, en demasiados casos, la prioridad no es combatir la pobreza sino gestionarla. La priorización de criterios de ahorro frente a criterios de calidad redundan en un deterioro del acompañamiento, y mantienen a los profesionales del sector en una situación de “precariedad y falta de medios para el trabajo” que les obliga a sustentar los servicios en base al sobreesfuerzo, y a dar más de lo que pueden: “de ahí las bajas de ansiedad, las bajas de depresión, la alta rotabilidad que tenemos en el sector”. 

Álvaro recuerda que parte de las reivindicaciones de la plataforma a la que pertenece tiene que ver con los riesgos psicosociales de una profesión que parece implicar desde el principio la sobrecarga, más en un contexto de externalización, problemática que de alguna forma impregna la misma formación que se recibe, “se nos enseña que el recurso somos nosotras, nuestra persona. Y esto nos lleva a tener unas prácticas que en algunos casos tenemos que dar un 300% de nosotras mismas dentro y fuera del horario laboral, sin ninguna desconexión una vez sales del trabajo, sin remuneración económica, sin un reconocimiento de la responsabilidad ni del trabajo realizado”.

Además, la precariedad que se deriva de la externalización se traduce en una situación muy frecuente: Muchas veces las y los trabajadores sufren las problemáticas —en cuanto al acceso a la vivienda o las malas condiciones laborales— que sufren las personas a las que atienden. Lo que falta para reducir estas pobreza estructural, considera Álvaro, es voluntad política, pero no existe: “deciden gastar dinero en el rearme mientras recortan en servicios públicos, servicios sociales, educación, vivienda”.