Privatizaciones
Osakidetza adjudica 5 millones a una consultora sancionada por prácticas colusorias contra el servicio público

Según el Gobierno Vasco, “no se dispone de personal suficiente” y solamente Deloitte “puede garantizar la experiencia en los servicios solicitados y tiene capacidad para proveer perfiles expertos y con conocimiento para abordar el desarrollo requerido”. Tras una década de externalización, el coste del mantenimiento de las aplicaciones de gestión del Servicio Vasco de Salud asciende a más de 11 millones de euros.

El pasado 14 de mayo, Osakidetza formalizó un contrato valorado en 5.082.000 millones de euros para externalizar otra parte de los “servicios de mantenimiento y evolución de las aplicaciones de gestión”. El procedimiento de la adjudicación fue restringido a una sola empresa, Deloitte, sancionada en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La consultora tuvo que pagar una multa de cerca de 4 millones por prácticas colusorias contra la administración pública, entre ellas el propio servicio público de salud vasco. Según reza la memoria justificativa del contrato, Osakidetza no dispone “de personal cualificado, ni personal suficiente, para llevar a cabo las acciones enmarcadas”.

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Concretamente estos servicios, que finalizarán en mayo del 2026, habían sido prestados durante 10 años por Everis, a su vez sancionada en 2018 por la CNMC con una multa de 800.000 euros por participar en la creación de otro cártel, en este caso para el suministro de servicios de informática y el tratamiento de datos a la Administración Pública. En total, hasta el momento se han gastado cerca de 6,5 millones en dicha consultora.

Según un documento oficial al que ha tenido acceso esta revista, la previsiones oficiales del Servicio Vasco de Salud en materia de concertaciones de servicios de Osakidetza con entidades privadas para el cierre del 2023 ascendían a 143,5 millones en Gipuzkoa, 100 millones en Bizkaia y 25,7 en Araba, es decir, un total de 269, 2 millones de euros.

Las previsiones oficiales del Servicio Vasco de Salud en materia de concertaciones de servicios de Osakidetza con entidades privadas para el cierre del 2023 ascendían a 143,5 millones en Gipuzkoa, 100 millones en Bizkaia y 25,7 en Araba, es decir, un total de 269, 2 millones de euros

El expediente sancionador de la CNMC contra el cártel de consultoras de la zona norte, fechado en 2021, mencionaba que Deloitte solicitó en 2013 a dos firmas, ambas fundadas por los empresarios jeltzales Pedro Altamira y Sabin Azua, unas ofertas de cobertura para hacerse con el contrato de “asistencia para la elaboración de la estrategia de conciertos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco”. Dos años más tarde, Deloitte prestó una oferta de cobertura a Sabin Azua para que la consultora del empresario jeltzale se hiciera con el “servicio de apoyo a la elaboración del VII Plan de Adicciones de la CAE”. 

La propia Deloitte alegó “connivencia de las entidades públicas licitantes con las empresas adjudicatarias” ya que “eran las propias entidades públicas licitantes las que solicitaban a la futura empresa adjudicataria el nombre de dos empresas a invitar para cumplir con las condiciones que impone la ley”. Esta consultora llegó a afirmar que “eran las entidades públicas licitantes las causantes de las conductas investigadas”, y que “cada empresa consultora adjudicataria ofrecía por petición de las entidades públicas el nombre de empresas competidoras”.

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Insuficiencia de medios como subterfugio para la privatización

Esta nueva externalización se produce después de que el sindicato LAB haya paralizado diez intentos de privatizaciones de Osakidetza que ascendían a 160 millones y afectaban a áreas como mantenimiento, lavandería y evaluación de las máquinas de radiodiagnósticos. Asimismo, recientemente se dio a conocer el décimo informe sobre “La Privatización Sanitaria en las CCAA” elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), donde se menciona a Osakidetza en el marco de “los movimientos más llamativos en cuanto a mayor privatización entre los dos últimos informes”.

Como concluyen este y otros informes, como subterfugio para privatizar siempre se alude a la insuficiencia de medios y a las empresas privadas como únicas proveedoras posibles. En opinión de Osakidetza, solamente Deloitte “puede garantizar la experiencia en los servicios solicitados y tiene capacidad para proveer perfiles expertos y con conocimiento para abordar el desarrollo requerido”.

Osakidetza dispone de un total de 14 efectivos técnicos (13 Informático Superior + 1 FP Informático), aunque solo cinco tienen plaza fija. De estos, cinco se han incorporado el pasado mes de enero

También argumenta que “dada la complejidad y el nivel de especialización requerida, se hace imposible que Osakidetza asuma los trabajos objeto de este expediente de contratación, de forma interna con medios propios”. Y señala que “el personal al servicio de las Organizaciones Públicas tiene ya funciones y tareas asignadas, por lo que las tareas requeridas para este proyecto, no pueden ser ejecutadas con medios propios por escasez de recursos, aun habiendo crecido el equipo en efectivos”. 

Al respecto, cabe señalar que la Subdirección de Informática y Sistemas de Información de Osakidetza dispone en el servicio de Aplicaciones de Negocio del área de Sistemas de Información de Gestión de un total de 14 efectivos (13 de Informático Superior + 1 de FP Informático), aunque solo cinco tienen plaza fija. De los 14 efectivos mencionados, cinco se han incorporado el pasado mes de enero, y además Osakidetza alega que hay cuatro efectivos que carecen de conocimientos y experiencia en los servicios licitados. 

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