Reforma laboral
La reforma laboral llega sin voluntad de dialogar al Congreso y sin mayoría que la respalde

Nadie votó a la patronal, pero tanto la CEOE como Cepyme han participado durante nueve meses en las negociaciones llevadas a cabo en la mesa de Diálogo Social, compuesta por miembros del Gobierno de coalición, encabezados por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de los sindicatos CC OO y UGT, Unai Sordo y Josep Maria Álvarez. La patronal no quiere que se toque “ni una coma” del texto de la reforma laboral publicado como real decreto de medias urgentes el 30 de diciembre en el BOE, que previsiblemente se tramitará el próximo 3 de febrero como decreto ley en el Congreso de los Diputados. En esta institución sí están representados democráticamente los parlamentarios surgidos tras las últimas elecciones generales. Y ahí, las comas no tienen mayoría. 

El Gobierno de Pedro Sánchez —con Nadia Calviño a la sombra de la reforma laboral— pretende tramitar el decreto sin debate parlamentario. Desea obtener un sí de mínimos en el Congreso el 3 de febrero, a cambio de someterlo a enmiendas pactadas previamente, siempre que estas sean de poco calado. Las negociaciones parlamentarias entre el Ministerio de Trabajo y las formaciones políticas se iniciaron la semana pasada. Las negociaciones con el Gobierno, lideradas por Félix Bolaños (PSOE), aún no han comenzado.

“EH Bildu quiere aprovechar la coyuntura histórica que existe en el Congreso de los Diputados para realizar una revisión profunda de las relaciones laborales que otorgue una mayor protección a los trabajadores y una mayor garantía de negociación para sus sindicatos”, resume el diputado de la coalición soberanista Oskar Matute. Votarán que no si el Gobierno de coalición no se compromete previamente a eliminar los elementos “nucleares” de la reforma de 2012 del Partido Popular. 

Los partidos críticos con el texto publicado como un real decreto con medidas de urgencia en el BOE del 30 de diciembre pretenden que la norma se tramite como un proyecto de ley para poder modificarlo mediante enmiendas

“Actuamos con perspectiva nacional y de clase. Por una parte, que se respete  la desestatalización de los convenios. Es decir, que los convenios autonómicos y provinciales tengan prioridad aplicativa. Pero hay otra dimensión que es la clase. Afecta a la causalidad del empleo y los despidos. No quiero entrar en descalificaciones, pero nosotros somos coherentes con la posición de EH Bildu. Son otros los que tendrán que explicar porqué todo lo que se había de conseguir no se consigue y, aún así, se considera bueno”, añade Matute. Su partido aporta cinco votos. También desde el País Vasco, el PNV indica que, “por el momento, nuestro voto es no”, explican fuentes del partido nacionalista. Suman seis escaños, pero más volubles.

Aitor Esteban ha asegurado que su formación plantea “algunas pequeñas modificaciones perfectamente asumibles” y que, “con esos pequeños retoques no se cae el mundo, ni para los empresarios, ni para los sindicatos”, y tampoco, considera, para los criterios exigidos por la Unión Europea a España para recibir los fondos Next Generation. Para Esteban, la prevalencia de los contratos autonómicos y provinciales es irrenunciable.

“No quiero entrar en descalificaciones, pero nosotros somos coherentes. Son otros los que tendrán que explicar porqué todo lo que se había de conseguir no se consigue y, aún así, se considera bueno”, explica Oskar Matute (EH Bildu)

Desde el gabinete de prensa de ERC remiten la postura explicitada en dos artículos de prensa, uno de ellos firmado por Oriol Junqueras y Jordi Salvador en Público. De forma menos beligerante, pero con el mismo contenido que el de sus compañeros vascos del acuerdo de la Llotja del Mar —EH Bildu—, los republicanos son contrarios a la reforma laboral publicada en el BOE. “[El Gobierno] ¿Quiere iniciar el curso político del 2022 negociando y buscando un mejor acuerdo para los trabajadores? ¿Quiere buscar el apoyo en la izquierda o en la derecha?”, preguntan. ERC son clave; son 13 parlamentarios. 

No hay dudas tampoco al respecto del voto de Néstor Rego, único diputado por el BNG en el Congreso. “El Gobierno español debe avanzar en la derogación de la reforma del PP y existe mayoría parlamentaria para que esa derogación sea total, tal y como se comprometieron los dos socios de Gobierno”, explican desde la formación gallega. Reclaman que el decreto sea tramitado como proyecto de ley “para que se puedan hacer todos los cambios necesarios para la clase trabajadora y nos fijamos objetivos de mínimos —indemnización de 45 días, autorización administrativa de los ERE y desestatalización de los convenios—”.

Fuentes de Más País explican que aún no han comunicado, “ni decidido”, el sentido del voto de sus dos diputados, pero que se muestran “favorables” a tramitar el proyecto de ley para que la reforma “salga adelante, pero mejorándola con los socios de Gobierno”. Se han reunido con el Ministerio de Trabajo, como todas las formaciones, pero aún no con Félix Bolaños, el responsable formal del PSOE en las negociaciones de la reforma laboral. 

Con la izquierda o con la derecha

El Gobierno ha acusado a los partidos de la investidura de votar lo mismo que la derecha. “Votar que no es votar a favor de la reforma de 2012”, ha afirmado Bolaños. Sin embargo, es la derecha quien ha ofrecido al Gobierno su voto: Ciudadanos ha insistido en varias ocasiones que está dispuesto a respaldar la reforma laboral, pero los liberales solo suman nueve escaños. Junto con el PNV (6) y Más País (2) llegarían a 17. Faltan cuatro para la mayoría (176), que otros grupos de derechas podrían otorgar: Unión del Pueblo Navarro (2), Partido Regionalista de Cantabria (1) y Coalición Canaria (1).

Dos aspectos empeoran y lastran la vida laboral —y personal— de las trabajadoras del Estado español: la elevada tasa de temporalidad (25% en la empresa privada; 32% en la administración pública, en el tercer trimestre de 2021, según la EPA) y los salarios que no permiten pagar facturas, alquilar una vivienda y ahorrar (4,8 millones de trabajadores no llegan a cobrar 1.500 euros mensuales).  

El Estado arrastra una elevada tasa de temporalidad desde los años 80. En los 2000, la burbuja inmobiliaria disparó el precio de la vivienda, la crisis económica de 2008 hundió la capacidad salarial de la clase trabajadora. La reforma laboral acordada en la mesa del Diálogo Social pretende atajar la temporalidad menguando el número de tipo de contratos disponibles, para priorizar el indefinido, y confía en la capacidad de los sindicatos CC OO y UGT para bregar por unos salarios más dignos, a pesar de que la realidad sindical es plural y más combativa.

Esta reforma es una exigencia de la Unión Europea para el cobro del segundo tramo de los fondos Next Generation (12.000 millones de euros), los cuales serán gestionados en buena parte por grandes empresas, representadas en las patronales CEOE y Cepyme.