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Represión
Las leyes rusas antiderechos planean sobre Europa del Este

A partir del 31 de mayo entra en vigor en Georgia, en el Cáucaso sur, una disposición mucho más restrictiva de la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada durante la primavera de 2024 y puesta en marcha en septiembre del mismo año, pero solo sobre el papel. Conocida también como la “ley rusa”, este paquete legislativo, que llegó de la mano del gobierno de Sueño Georgiano, obligaba a que organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación que reciben más del 20% de financiación procedente de fuera del país se registraran como “agentes de influencia extranjera” en el Ministerio de Justicia. Ahora, con la ampliación de la ley, cualquier transacción podrá ser motivo de sanción. Este no es el único cambio: si hasta ahora solo podían ser multadas organizaciones, a partir del 31 de mayo también ciudadanos y ciudadanas particulares podrán ser investigados.
Está previsto que en las próximas semanas entre en vigor una ley parecida en la Hungría gobernada por el ultracoservador Viktor Orbán. Se trata de la “Ley Transparencia de la vida pública”. El proyecto de ley supone un intento sin precedentes de restringir la libertad de expresión y la autoorganización en el país magiar.
Estrangular a las voces disidentes
Hace unos días, en la newsletter de uno de los periódicos más críticos con el Gobierno georgiano, Open Caucasus Media (OC Media), la periodista Arshaluys Barsegyan relataba su experiencia mientras fue retenida durante más de dos horas en la frontera terrestre entre Armenia y Georgia, algo que no le había sucedido nunca antes: “Fue la peor experiencia que he tenido cruzando la frontera, y la primera vez que me sentí directamente perseguida como periodista. A pesar de los repetidos intentos de obtener una explicación, no me la dieron. [...] En medio de la confusión, un hombre vestido de civil me quitó el pasaporte y me invitó a una habitación aparte. No se presentó, pero me interrogó durante unos cinco minutos. Sus preguntas —sobre mi nombre, profesión, motivo del viaje y a quién visitaba— no guardaban relación con el supuesto motivo del retraso. Cuando me preguntó si veía a amigos o colegas, quedó claro que sabía dónde trabajaba, y me pareció obvio que el retraso estaba relacionado con mi trabajo en OC Media”, se podía leer en el texto.
A pesar de la generalizada oposición entre la ciudadanía georgiana, el Gobierno de Sueño Georgiano, en poder desde 2012, ha decidido tirar hacia adelante con la normativa en un guiño definitivo hacia su todopoderoso vecino ruso
En un contexto de represión que ha ido aumentando en los últimos años, el 31 se amplían las disposiciones de la “Ley de Agentes Extranjeros” en este pequeño país del Cáucaso sur y de poco más de tres millones y medio de habitantes. A pesar de la generalizada oposición entre la ciudadanía georgiana, las múltiples manifestaciones y protestas para parar la implementación de este paquete legislativo, así como las numerosas recomendaciones desde Bruselas, el Gobierno de Sueño Georgiano, en poder desde 2012, ha decidido tirar hacia adelante con la normativa en un guiño definitivo hacia su todopoderoso vecino: Rusia, que lleva usando la etiqueta de “agentes extranjeros” para erradicar a la disidencia y que promulgó la ley definitiva al respecto en 2022.
Libertad de expresión
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Este tipo de leyes, que tiene como objetivo estrangular a las voces disidentes desde el ámbito financiero, tiene sus orígenes en Estados Unidos, donde se empezaron a implementar tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años su implementación se ha extendido en varios países del espacio post-soviético y en las próximas semanas entrará en vigor en un país de la UE, Hungría, de la mano de Viktor Orbán.
Ahogo financiero, multas y persecución
“Esta nueva ampliación de la ley en Georgia, muy vaga y restrictiva, afectará a todos los medios de comunicación independientes del país. Dado que la normativa restringe las fuentes de financiación para los medios, en combinación con la ley de subvenciones ya aprobada, esto significa que será prácticamente imposible financiarse, a menos que encontremos soluciones creativas, posiblemente clandestinas, para continuar operando”, explica para el Salto Dominik K Cagara, fundador y director de OC Media.
Si bien el Gobierno de Sueño Georgiano ha ido restringiendo las libertades y los derechos civiles de su ciudadanía en los últimos años, el punto de inflexión en materia de política exterior se dio en 2022, coincidiendo con la invasión rusa en Ucrania. Explica Dominik K Cagara: “Fue entonces cuando el Gobierno empieza a querer erradicar todas las voces de oposición. Se trata de una violencia ejercida de diferentes maneras, y que afecta a las finanzas de los medios o a la seguridad de sus periodistas”.
Si bien el Gobierno de Sueño Georgiano ha ido restringiendo las libertades y los derechos civiles de su ciudadanía en los últimos años, el punto de inflexión en materia de política exterior se dio en 2022, coincidiendo con la invasión rusa en Ucrania
Este caso es el de la cofundadora y actualmente subdirectora de OC Media, Mariam Nikuradze, quien acarrea cuatro multas gubernamentales por valor de unos 2.800 euros tras ser acusada de “bloquear la carretera e impedir el tráfico” mientras ejercía su trabajo como periodista durante las protestas que se han vivido en el país en los últimos meses a causa del presunto fraude electoral en las elecciones de octubre de 2024.
“Mariam solo estaba cubriendo las protestas diarias en Tiflis. Al principio pensamos que las multas eran una herramienta para presionarnos; pensamos que iban a ser canceladas por la justicia, ya que ella solo cumplía con su deber profesional. Ahora sabemos que no: parece ser que tendremos que pagarlas. No es la única periodista a quien se ha multado. Más allá del coste, está la energía y el tiempo que tienes que dedicar a ir a los juicios”, se queja Dominik.
Delante del Parlamento Georgiano, donde desde octubre se suceden las protestas semana tras semana, se han instalado cámaras de vídeo con IA integrada que permiten el reconocimiento facial
La intensificación de la persecución de las voces disidentes en Georgia no solo aplica a los y las periodistas, sino a toda la ciudadanía y movimientos de la sociedad civil. A tal efecto, delante del Parlamento Georgiano, donde desde octubre se suceden las protestas semana tras semana, se han instalado cámaras de vídeo de última generación para identificar a las personas que protestan. Se trata de cámaras con IA integrada que permiten el reconocimiento facial: “Lo hemos visto en el tribunal que ha llevado el caso de Mariam y de otros multados. Las imágenes son muy precisas y de alta calidad”.
"Si la situación continúa escalando, como ha sucedido en otros países, nos enfrentaremos a una extinción masiva de los medios de comunicación georgianos”
Respecto al futuro, en OC Media lo tienen claro: no se van a registrar como agentes extranjeros y los y las periodistas del medio están decididos a continuar con el trabajo. También otros medios del país han tomado esta decisión, apunta Dominik. “Si la situación continúa escalando, como ha sucedido en otros países, nos enfrentaremos a una extinción masiva de los medios de comunicación georgianos”. No descarta, el periodista, reubicarse físicamente en el extranjero o trabajar de manera encubierta, como hacen sus colegas en Azerbaiyán, porque tiene claro que la represión no termina aquí: “El Gobierno quiere realmente erradicar todas las voces críticas y por mi experiencia sé que cuando un Gobierno quiere algo, tarde o temprano, lo consigue”.
Hungría y la “Ley de Transparencia de la vida pública”
Georgia no es el único país en suelo europeo que mira hacia Rusia a este respecto: si nada lo impide, el próximo en adoptar una ley similar en las próximas semanas será Hungría. En el país magiar, el Gobierno ultraconservador de Viktor Orbán ha puesto en marcha una propuesta legislativa similar a la que en unas horas se aplicará en Georgia.
El nuevo paquete legislativo lleva el nombre de “Transparencia de la vida pública” y contempla sanciones económicas y ordenación de cierre para todas aquellas organizaciones, instituciones y medios de comunicación independientes que reciban financiación económica desde el extranjero. Una maniobra más para silenciar a la sociedad civil y a la prensa independiente bajo la excusa de la “transparencia” y el mantenimiento de la “soberanía del país”.
Bruselas ya ha manifestado su inquietud y ha manifestado que este nuevo paquete legislativo en Hungría “viola los principios de la Unión Europea”
La encargada de vigilar a la ciudadanía, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales será la Oficina de Protección de la Soberanía, creada hace una año y medio, dirigida por Tamás Lánczi, íntimo amigo de Orbán; y cuya finalidad será controlar a todos aquellos agentes que supongan una “amenaza” para la soberanía del país.
En un contexto de represión creciente en el país, Bruselas ya ha manifestado su inquietud y ha manifestado que este nuevo paquete legislativo en Hungría “viola los principios de la Unión Europea”. Desde la Comisión Europea se ha instado al Gobierno de Orbán su retirada y casi una treintena de eurodiputados y eurodiputadas han pedido que, de hacerse efectiva la entrada en vigor de la ley, prevista para la segunda semana de junio, se retiren los fondos europeos al país, ya que supone una amenaza al Estado de derecho y a las libertades fundamentales. Casi un centenar de medios de comunicación de países de la UE han firmado un comunicado de protesta contra la ley.
“El borrador es intencionadamente vago y ambiguo para mantener en vilo a las organizaciones, los medios de comunicación, los periodistas y sus simpatizantes, así como para inducir la autocensura y crear un efecto disuasorio”
Tal y como explican los compañeros del medio húngaro 444, partners de El Salto en el proyecto Sphera: “Cualquier organización o medio de comunicación que participe en actividades públicas y acepte financiación, donaciones o incluso regalos de ciudadanos no húngaros: instituciones de la UE, particulares o personas con doble nacionalidad también podrían figurar entre los donantes. Para que se considere que pone en peligro la soberanía de Hungría, basta con expresar una simple opinión política que ‘refleje negativamente el carácter independiente, democrático y constitucional de Hungría’, o que cuestione ‘la primacía del matrimonio, la familia y el sexo biológico’o ‘la identidad constitucional y la cultura cristiana de Hungría“. El borrador es intencionadamente vago y ambiguo para mantener en vilo a las organizaciones, los medios de comunicación, los periodistas y sus simpatizantes, así como para inducir la autocensura y crear un efecto disuasorio. Este tipo de alarmismo existencial es un método de eficacia probada del Fidesz”.
En Bruselas y en el resto de países de la UE hace tiempo que el Gobierno de Orbán, el socio preferido de Putin en Bruselas, está bajo la lupa y es considerado una piedra en el zapato. En estos momentos la UE tiene congelados más de 18.000 millones de euros en fondos a Hungría. a causa de las embestidas del dirigente ultraconservador a las libertades fundamentales en su país.
El intento por controlar financieramente a las voces disidentes no es algo nuevo en Hungría. En 2018, el Gobierno aprobó otra ley muy parecida pero que finalmente no entró en vigor después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la declarase ilegal. Como en esta ocasión, el objetivo era limitar la financiación de entidades procedentes del extranjero, concretamente, terminar con la influencia de las instituciones de Soros en el país, uno de los enemigos declarados de Orbán. De ahí que la ley se conociese como la Ley Stop Soros.
Eslovaquia se suma al carro
Quien tampoco quiere quedarse atrás en materia de represión de las libertades básicas es Eslovaquia. El pasado 16 de abril, el Parlamento que dirige el primer ministro Robert Fico aprobó una ley para endurecer el control sobre las organizaciones no gubernamentales.
La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de junio y que obliga a que las ONG elaboren y presenten informes de transparencia y a que informen sobre sus fuentes de financiación, ha ocasionado, a lo largo de las últimas semanas, numerosas protestas, sobre todo, en las calles de Bratislava.
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También en este caso la Unión Europea ha mostrado su inquietud y ha amenazado con tomar medidas contra el Gobierno de Fico. Por su parte, el primer ministro eslovaco, no esconde sus preferencia y hace tan solo unos meses, en diciembre de 2024 visitó a Vladimir Putin en Moscú, algo que levantó ampollas en el seno de las instituciones europeas.
Siguiendo los pasos de Rusia y los deseos del todopoderoso Bidzina Ivanishvili
Georgia, Hungría o Eslovaquia no son los únicos países que siguen la estela de las políticas rusas para amedrentar las voces disidentes. Otros países con normativas similares son Belorusia, Kirguistán o Azerbaiyán. En este último país “los periodistas independientes deben trabajar de manera encubierta; y prácticamente todos están en prisión. De hecho, hace unos días varios compañeros recibieron sentencias de 12 años por cargos que son falsos”, especifica Dominik de OC Media.
En Georgia, tras el gobierno de Sueño Georgiano está la mano del poderoso Bidzina Ivanishvili, el oligarca más rico del país y ex primer ministro (2012-2013), con fuertes lazos con Rusia. De hecho, cuando llegó al poder en 2012, se tuvo que deshacer de una parte importante de los activos que tenía en el país vecino, ya que el control de Abjasia y Osetia Sur por parte de Rusia no es algo que goce de demasiada aceptación en Georgia.
A causa del giro autoritario que ha dado el país en los últimos meses, se ha pausado el proceso de adhesión a la UE, pospuesto hasta 2028
Es bien conocido que es Ivanishvili quien nombra a los ministros y quien elige al primer ministro. Es él quien tiene la última palabra de todo lo que sucede en este pequeño país y quien ha propiciado este viraje hacia Rusia, a pesar de ser Georgia uno de los países candidatos, junto con Moldavia y Ucrania, a entrar en la Unión Europea.
A causa del giro autoritario que ha dado el país en los últimos meses, se ha pausado el proceso de adhesión a la UE, pospuesto hasta 2028, algo por lo que la ciudadanía georgiana lleva saliendo meses a la calle en señal de protesta. “Creo que influenciado por Rusia, Ivanishvili de veras creyó en el desmorone de Europa y en su supuesta decadencia moral; creo que eso le hizo pensar que era mejor acercarse a Rusia; también porque sabía que Europa no iba a aceptar a un país con semejantes tendencias autocráticas y porque no le convenía”, explica convencido Dominik, que reitera en numerosas ocasiones durante la conversación que las últimas elecciones en el país, celebradas en octubre de 2024 fueron amañadas por el oligarca.
Los argumentos expresados tanto por Georgia como por Hungría o Eslovaquia para poner en marcha estas leyes restrictivas son parecidos: la Unión Europea está infiltrada por el llamado Estado Profundo
Los argumentos expresados tanto por Georgia como por Hungría o Eslovaquia para poner en marcha estas leyes restrictivas son parecidos: la Unión Europea está infiltrada por el llamado Estado Profundo (a pesar de que nunca se ha especificado quién estaría detrás) y por ello, hay que defender la “soberanía del país”. Una manipulación del discurso característico de los regímenes autoritarios que buscan aplastar al disidente a cualquier precio.
Otra de las preocupaciones actuales de Bruselas respecto a Hungría, donde el partido de Orbán, Fidesz, controla el Parlamento, es el acoso al colectivo LGTBIQA+; algo que también sucede en Georgia, donde recientemente se aprobó una nueva ley que criminaliza a las personas del colectivo. También en Rusia este colectivo está en el punto de mira del Kremlin.
A tal efecto, el pasado mes de marzo el Gobierno húngaro pasaba una ley para prohibir el desfile del Orgullo en Budapest y otros eventos organizados por el colectivo, programados para el 28 de junio. Un mes más tarde, el 14 de abril, el Parlamento húngaro aprobaba la 15.ª enmienda a la Ley Fundamental, una enmienda ómnibus que hace referencia a la “protección de la infancia” y al “desarrollo moral” y que tiene como objetivo aplastar al colectivo LGTBIQA+.
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Delegaciones de varios países europeos, entre ellos España, ya han anunciado su presencia en la celebración para mostrar su apoyo al colectivo y en las últimas horas, hasta 20 Estado miembro han firmado una declaración conjunta en la que se pide la actuación de la Comisión Europea ante el atropello de los derechos fundamentales por parte del Ejecutivo de Orbán.
“Estamos profundamente preocupados por las recientes enmiendas legislativas y constitucionales que vulneran los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+ y que fueron adoptadas por el Parlamento húngaro el 18 de marzo y el 14 de abril de 2025, tras otras leyes anti-LGBTIQ+ ya introducidas en años anteriores [...] Estamos profundamente preocupados por las recientes enmiendas legislativas y constitucionales que vulneran los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+ y que fueron adoptadas por el Parlamento húngaro el 18 de marzo y el 14 de abril de 2025, tras otras leyes anti-LGBTIQ+ ya introducidas en años anteriores. [...] Compartimos la preocupación expresada por la Comisión Europea a este respecto y pedimos a la Comisión que haga pleno uso cuanto antes de las herramientas de Estado de Derecho a su disposición en caso de que estas medidas no se revisen en consecuencia”, se puede leer en el comunicado.
La prohibición de las marchas del Orgullo vino acompañada de una enmienda constitucional, por la cual el Gobierno húngaro solo reconoce dos géneros, lo que supone una discriminación a las personas no binarias y al resto de identidades de género.