Salud
La Junta prepara una normativa para que las empresas sanitarias privadas utilicen los hospitales públicos

En plena ebullición del movimiento por la sanidad pública que sacude todo el Estado español y Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno Bonilla está ultimando una orden que supondrá un paso crucial para la privatización de la sanidad en la comunidad.

El texto, elaborado por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Familia, lleva fraguándose desde principios de 2022. El documento al que ha tenido acceso El Salto expone que su objetivo es: “La tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria en centros sanitarios”. Es decir, por primera vez se abre la puerta a las empresas privadas para que hagan uso de las instalaciones de sanidad pública para aplicar sus tratamientos.

En la orden aparecen los servicios que son “objeto de contratación” por parte de las empresas privadas: desde estancias médicas y curas hasta “la asistencia por equipo médico especializado, enfermería y personal auxiliar sanitario”.

En el documento, en su artículo 4, también aparece la fijación del precio de los servicios por parte de la empresa privada: “El presupuesto se establecerá por un precio global al objeto de proveer de atención sanitaria a la población de referencia adjudicada a dicho centro concertado y conforme a la cartera de servicios contratada”.

En la orden elaborada por la Consejería de Salud y Familia se establece una liquidación anual con las empresas privadas que utilicen estos espacios, además de la habilitación de Junta para fijar las tarifas que abonará a las empresas privadas por realizar procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la administración: “La Consejería con competencias en materia de salud podrá determinar las tarifas para la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la administración”.

La portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha calificado de “completo escándalo” las intenciones del gobierno de Moreno: “Aprobar esta norma supondría un golpe durísimo al Servicio Andaluz de Salud y sus profesionales y a toda la ciudadanía. Nieto denuncia que Moreno “está engañando al personal sanitario, especialmente al de Atención Primaria: mientras les prometía mejoras para evitar huelgas y movilizaciones, estaba preparando la entrada de empresas privadas a hacer su trabajo”.

Queda en evidencia, según Por Andalucía “la verdadera hoja de ruta del PP andaluz, que sigue los pasos de desmantelamiento de la sanidad pública ya andados por este partido en otras comunidades autónomas y especialmente en Madrid”.

La orden comenzó la última fase de su tramitación el 8 de julio de 2022, apenas dos semanas después de las elecciones autonómicas en las que el PP obtuvo la mayoría absoluta y se encuentra cercana a su publicación en el BOJA. Una vez publicada, su puesta en funcionamiento será de carácter inmediato. Desde Por Andalucía han solicitado la comparecencia de la consejera de Salud tras conocerse el proyecto: “Vamos a pedir al Gobierno andaluz que rectifique en su intención de privatizar la Atención Primaria“, comenta Nieto.

La puesta en marcha de esta normativa se une a la actitud de desprecio que ha mostrado la Junta de Andalucía ante la situación de la sanidad pública y las movilizaciones ciudadanas y profesionales en defensa de esta. El pasado 12 de enero, el viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, atribuía la convocatoria de huelga de médicas en Andalucía a un “contagio de otras comunidades” e insistía en que en Andalucía huelgas como esta “no tienen sentido”. Mientras tanto, la atención primaria en la comunidad sigue colapsada y la pérdida de servicios en el ámbito rural se hace día a día más palpable.