Seguridad privada
Génesis del contraespionaje vasco: la consultora de ex altos cargos de la Ertzaintza que protegía a multimillonarios

Si el escritor británico George Orwell levantara la cabeza en Bilbao, ¿qué vería? La respuesta es que los elementos tecnológicos presentes en su distopía del control social, asociada al Estado, han irrumpido salvajemente en la industria, dando lugar incluso a un mercado para el contraespionaje industrial. 

Esta es la historia de la extinta PCI Security Doctors S.L., que emergió en los años previos a la gran crisis de la industria vasca y estaba encabezada por antiguos altos cargos de la Ertzaintza y exprofesionales de diversos cuerpos policiales que desarrollaron su carrera profesional en países avanzados en el ámbito de la seguridad privada, como Israel. Fundada en 2004 para acabar con los robos dentro de las empresas energéticas, entre sus cometidos también se encontraba poner coto a la fuga de información industrial mediante la técnica de contraespionaje y proteger los intereses de los grandes empresarios patrios, tanto en su expansión por el Estado como fuera de sus fronteras. PCI Security Doctors era, por así decirlo, una firma de inteligencia pensada para acompañar la estrategia de internacionalización vasca. Una suerte de Deloitte, pero especializada en el contraespionaje industrial. Esta empresa privada muestra cómo se han dado los primeros experimentos de vigilancia en los cuerpos policiales vascos, así como su conexión con la élite vasca.

Esta empresa privada evidencia la experimentación en contraespionaje de los cuerpos policiales vascos

“Un riesgo habitual en la industria es que los propios trabajadores pueden emplear el conocimiento adquirido en la firma y convencer a sus compañeros para salir de esta y montar otra empresa. Un micrófono puede estar dentro del despacho o en una pared contigua captando conversaciones con información sensible”, alertaba en 2010 Vicente Paunero, director de seguridad en la propia PCI Security Doctors. Aquel año la firma llegó a superar la barrera de los 2,5 millones de euros en ingresos comercializando soluciones contra el supuesto problema del robo industrial y puso en circulación un “mecanismo de vigilancia externo” en forma de micrófono o grabadora de minúsculo tamaño. Es decir, destacados miembros de la Ertzaintza crearon a través de esta consultora una tecnología de vigilancia gracias al conocimiento sobre las actuaciones de los cuerpos policiales del Estado. También gracias al dinero público a través de contratos públicos o de subvenciones directas.

Complejo industrial-policial

Las tecnología de esta empresa recuerda a las que nacieron en los albores de la Guerra Fría, innovaciones en el complejo militar estadounidense que después se trasladaban a la industria. En este caso, la herramienta permite el rastreo minucioso de las oficinas y vigilar la transmisión de comunicaciones en oficios. Cuenta con sensores de presencia que activan el grabado de la estancia analizada, un medidor de cable que “rastrea” las líneas telefónicas para controlar su interceptación y un detector de vídeo, con “un software específico”, que permite “grabar el interior del despacho en el horario elegido, optimizando el tiempo de su vigilancia”, en palabras de Paunero.

Miembros destacados de la Ertzaintza crearon una empresa privada para aplicar el contraespionaje industrial

Cabe entonces preguntarse si los creadores y administradores de PCI Security Doctors han extraído información de la Ertzaintza para –de manera paradójica– ofrecer soluciones de robo de información al sector industrial. Y más cuando entre ellos están Jon Uriarte y Miguel Ángel Guergué, exaltos cargos de la Ertzaintza, quienes contaron con la inestimable ayuda del citado Vicente Paunero, exdirector de seguridad de varios hospitales de Osakidetza. Mientras que el propio Uriarte llegó a ser director de la Ertzaintza y hoyostenta el cargo de director de la Administración de Justicia en el Gobierno Vasco, Guergué fue responsable de la Jefatura Central de Seguridad Institucional en la Ertzaintza y director de seguridad en Osakidetza.

En la actualidad, este último ejerce de socio fundador y director de Osane, otra consultora de “contraespionaje industrial ‘made in Euskadi’”, como cuenta un publirreportaje de El Correo. Como directivo de esta firma de consultoría, Miguel Ángel Guergué imparte cursos y conferencias a unidades policiales de Inteligencia y es responsable de desarrollo de Negocio Internacional en Ecuador, Perú, Marruecos, Mauritania y Guinea Ecuatorial, países que no destacan por el respeto a los derechos humanos de sus cuerpos policiales. También ha tenido diversos grados de responsabilidad en la Unidad de Información y Análisis de la Ertzaintza, en el Grupo Especial de Intervención (Berrozi Berezi Taldea) y en la Unidad de Protección de Personas. Además, Guergué viene ejerciendo de director de seguridad corporativa en Zerolynx, un grupo empresarial español, especializado en ciberseguridad, inteligencia y seguridad patrimonial, que trabaja con el Ministerio de Interior.

Las “huertas solares” de Gamesa

La formación de este complejo tenía como objetivo proteger a los empresarios que habían sobrevivido a la competencia internacional. Uno de ellos fue Joseba Grajales, quien encargó a PCI Security Doctors la protección de sus “huertas solares” varios servicios de contraespionaje industrial. De hecho, si esta consultora echó a andar, fue fruto de “alianzas estratégicas” con Guascor y Gamesa, ambas vinculadas entonces a este hombre de negocios.

Exertzainas vigilaron las huertas solares del multimillonario Joseba Grajales

En menos de siete años, PCI Security Doctors se había hecho con la seguridad de una docena de “huertas solares”. Entre ellas la de Agurain, en Araba, municipio que acogió “el mayor huerto de energía solar” de Euskadi en 2007. La firma también estaba a cargo de la seguridad del “huerto solar” de Villafranca, en Navarra, creado por Guascor, entonces presidida por Joseba Grajales ,y se desplegó asimismo en Bañares, Uruñuela y Treviana, en La Rioja, y en Los Hinojos, Cuenca. En el año 2010, vendiendo problemas de seguridad en para después comerciar las soluciones, esta empresa se convirtió en “líder en la vigilancia de parques fotovoltaicos en España”, según el diario Expansión.

Con una plantilla de 35 personas, PCI Security Doctors había cerrado el año anterior con una cifra de negocio de 5 millones de euros. Aunque los dos siguientes fueron sus años de mayor bonanza, conmás de 2,5 millones en ingresos anuales. A medida que los negocios de Joseba Grajales se fueron expandiendo al exterior, PCI Security Doctors inició un proceso de internacionalización a países como Ecuador, Perú, Alemania, Italia, Chequia, Marruecos, Mauritania y Guinea Ecuatorial. También abrió oficinas en Ecuador y Perú, países en los que iba a operar la compañía Fenix Oil&Gas, dirigida por el millonario Joseba Grajales y el exvicelehendakari Jon Azua, a su vez fundador de la consultora PKF Attest. 

La securitización de Osakidetza

En la actualidad, como se ha descrito ampliamente desde Hordago-El Salto, Grajales dirige la compañía sanitaria Keralty con la inestimable ayuda de Jon Azua, vicelehendakari entre 1991 y 1995, y Jon Darpón, consejero de Salud del Gobierno vasco entre 2012 y 2019. Por su parte, Joseba Alustiza, director de seguridad de PCI Security Doctors, dirige ahora el Departamento de Seguridad de Osakidetza.

Estas son las puertas giratorias y relaciones clientelares que explican por qué PCI Security Doctors intentó liderar la seguridad en el sector de la salud y fue una notable adjudicataria de servicios de seguridad en Osakidetza. Los contratos del servicio público adjudicados entre 2010 y 2015 a PCI Security Doctors para un servicio de control y gestión de seguridad integral en Osakidetza y labores de seguridad en los hospitales de Txagorritxu y Santiago, en Gasteiz, el hospital Alfredo Espinosa, en Urduliz, y el Centro de Salud de Mungia suman más de 500.000 euros. Las ayudas públicas recibidas por PCI ascienden a más de 53.000 euros.

Servicios de seguridad de Osakidetza estuvieron en manos de la empresa privada de seguridad creada por exertzainas

A este respecto, un dato resulta paradigmático. Una de las tareas de PCI consistía en identificar cables, micrófonos y microcámaras de carácter sospechoso, controlar documentos confidenciales a través de dispositivos y vigilar la transmisión de las comunicaciones. También resguardaba los cableados de cobre y los productos tecnológicos de gran valor agrupados solares, alejados de núcleos urbanos y en la diana de grupos de lo que se denomina “delincuencia organizada”. De hecho, este concepto siempre ha estado estrechamente vinculado a la empresa, aunque por distintos motivos.

El hombre que sobrevivió a De Miguel

Entre los clientes de la administración pública con los que trabajaba PCI Security Doctors se encontraban Eusko Trenbide Sarea, el Ayuntamiento de Donostia y el Ayuntamiento de Gasteiz. En esta última sociedad municipal ha ostentado el cargo de concejal del PNV uno de los fundadores de la empresa, el citado Jon Uriarte.

El resultado de las puertas giratorias comenzó a verse cuando el consistorio de la capital alavesa encargó a PCI Security Doctors la “gestión y mantenimiento de las instalaciones de alarma anti-intrusión, detección y sistemas de extinción automática de incendios” en edificios municipales. El Ayuntamiento de Gasteiz también eligió a esta firma para la puesta en marcha de un “sistema de control de acceso” controlado por la Policía Municipal a la hora de acceder al Casco medieval de la ciudad, con videovigilancia “debido a la existencia de antecedentes de actos vandálicos contra el mobiliario urbano”. A su vez, en 2009, esta misma empresa instaló un sistema de vídeo-vigilancia en la estación de autobuses de Gasteiz. 

Nadie ni nada había impedía a Jon Uriarte escalar en el partido nacionalista conservador. Y así llegó a ser nombrado director de la Ertzaintza, tras cuyo cese pasó a ser uno de los directivos de PCI Security Doctors. Ahora bien, esta carrera meteórica se vió atacada a finales de 2010, cuando Uriarte fue llamado a declarar en comisión parlamentaria como resultado de la investigación del ‘caso de Miguel’. Le acompañaban los ertzainas Carlos Lau y Jesús Acha, imputados judicialmente en esta causa por haber presuntamente recabado información sobre distintas personalidades y haberla facilitado al entonces dirigente del PNV alavés Aitor Telleria, burukide condenado por este caso en 2019.

Uno de los altos cargos de la Ertzaintza que creó PCI pasó por comisión parlamentaria por el ‘caso de Miguel’

¿Era el alto cargo de una empresa que ofrecía servicios de vigilancia fue acusado de haber trasladado información a un cargo condenado por corrupción; una persona, además, había sido un miembro de crucial relevancia en el cuerpo policial vasco? El portavoz de la compañía en aquel entonces indicaba a El País que Uriarte no tenía nada que ver con la investigación y afirmó que no había firmado ningún contrato con la Ertzaintza o con el Departamento de Interior. Sí admitía, no obstante, la existencia de relaciones contractuales con Osakidetza y la SPRI e, igualmente, confirmó que PCI Security Doctors desarrolló el plan de seguridad del Parque Tecnológico de Miñano, en lo que constituye “una política del parque” de proporcionar trabajo a las empresas ubicadas en este. Ello fue suficiente para que el presidente de la comisión parlamentaria y miembro de EA, Juan José Aguirrezabala, quedara satisfecho con la colaboración de Uriarte. Este no dejó pasar la oportunidad y pidió que no se mezclase su participación en PCI Security Doctors con el espionaje por parte de afiliados del PNV. 

18 cargos públicos

En un auto de reapertura —había sido archivado un mes antes— muy breve, a comienzos de 2021, once años más tarde de su comparecencia en el Parlamento vasco, Jon Uriarte se vió enfangado en un posible delito de prevaricación con el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). Una querella del sindicato Argilan-ESK contra el exdirector de renta de garantía de ingresos (RGI), el propio Jon Uriarte, lo hizo posible. Este acusaba al alto cargo jeltzale de haber activado en el verano de 2020 un procedimiento irregular para solicitar la devolución de ayudas sociales abonadas, supuestamente, de manera indebida en 2011, 2012 y 2013, cuando la normativa fijaba un plazo máximo de cuatro años para los reintegros.

Pese a todo, Jon Arturo Uriarte Unzalu —su nombre completo— cuenta con la confianza de Iñigo Urkullu y figura hoy como Director de la Administración de Justicia.  Hasta qué punto podrá verse la buena reputación social con la que cuenta en el PNV que, antes de su paso por PCI Security Doctors, Jon Uriarte. ocupó 18 cargos en diversos departamentos del Gobierno y Parlamento Vasco  —Hacienda e Interior— o como miembro de las comisiones de Videovigilancia o Coordinación de Policías Locales de Euskadi, así como en la Ertzaintza. Así lo atestigua su currículum. Su primer paso en la vida pública y política fue como concejal, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ha sido lo que la prensa ha denominado “recolocado” por el PNV alavés, enormemente desgastado por el ‘caso de Miguel’.  También participó como candidato en la pugna para la presidencia del Araba Buru Batzar en 2015.

Tras su cargo como director de la policía autonómica en la etapa de Javier Balza —exconsejero de Interior y sustituto de un dimitido Alfredo de Miguel a causa de su imputación en el consejo de administración de la Caja Vital—, Uriarte entró en el Departamento de Empleo del Gobierno vasco como asesor. Pese a todo, la puerta giratoria sigue engrasada en el capitalismo de consultoría vasco.