República del Sudán
Tres años de guerra en Sudán: drones, oro y una incierta hoja de ruta

Han pasado tres años desde que se iniciase la guerra de Sudán, un conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) que han llevado al país africano a transitar la mayor crisis humanitaria del mundo, con 14 de sus 50 millones de habitantes forzados a huir de sus hogares, según Naciones Unidas. Además de las personas que han sido desplazadas en el territorio, cuatro millones y medio han tenido que dejar el país desde que estallara la guerra, dirigiéndose a países como Chad, Etiopía, Egipto o Sudán del Sur para buscar refugio en campos que están ya al límite. Entre la población que permanece en el país, más de la mitad, 30 millones de personas, necesitan urgentemente ayuda humanitaria.

En Sudán es difícil contar a las víctimas. Mientras que Naciones Unidas cifra en 40.000 las personas asesinadas en los últimos tres años, se sospecha que el número real es muy superior. Por ejemplo, el enviado estadounidense para Sudán ha llegado a hablar de 400.000 víctimas en manos de los dos contendientes, socios antes de que el primero protagonizara la rebelión que dio inicio a la guerra el 15 de abril de 2023. Los dos antiguos aliados dieron un golpe de Estado en octubre de 2021, y frustraron la transición democrática. Las RSF son herederas de los Janjaweed, la milicia que en 2003 arrasó Darfur en alianza con el régimen del entonces dictador Omar Al Bashir, quien les dio rango oficial en 2013, bajo el nombre con el que son conocidas actualmente.

Los antiguos Janjaweed, con el general Mohamed Hamdan Dagalo —más conocido como Hemedti— al mando, acumularon experiencia como fuerza de choque de Jartum contra cualquier protesta en el resto del territorio, así como en la represión contra las movilizaciones políticas que se fueron sucediendo en la segunda década del siglo. En junio de 2019, tras el derrocamiento de Al Bashir y cuando se estaban negociando los términos para la transición democrática, las RSF, protagonizaron una matanza de manifestantes pacíficos. En octubre de 2025, su brutal toma de la ciudad de Al Fasher, generaría conmoción internacional. Naciones Unidas estima que 6.000 personas fueron asesinadas durante solo tres días. Los charcos de sangre, que quedaron registrados en imágenes captadas por satélite por la Universidad de Yale, dieron la primera pista de la magnitud de la masacre cometida.

Y es que el desplazamiento de la guerra a Darfur desde los primeros días del enfrentamiento reavivó las peores pesadillas: Aministía Internacional ha reportado numerosos ataques contra poblaciones no árabes, en particular el pueblo Masalit, víctimas de las masacres de 2003, cuando los Janjaweed, apoyados por el ejército, arrasaron sistemáticamente con aldeas y pueblos “llevando a acusaciones de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, por parte de la Corte Penal Internacional”, como recuerda Amnistía Internacional, que exige un embargo de armas que detenga la violencia esta vez. 

La situación de crisis humanitaria sigue empeorando mientras la ayuda no llega

Además de un conflicto entre dos actores armados, la de Sudán es sobre todo una guerra contra la propia población, en un contexto marcado por la “violencia implacable contra la población civil, la impunidad, los ataques al sistema sanitario y el colapso casi total de los servicios esenciales”, según denuncia Médicos Sin Fronteras. En junio de 2024, un informe revelaba el uso del fuego como arma de guerra, con  decenas de aldeas ardiendo, en su mayoría en Darfur, llegando a contabilizar hasta 235 incendios provocados en Sudán. La situación de crisis humanitaria sigue empeorando mientras la ayuda no llega.

“Es devastador que los recortes en la ayuda obliguen a reducir tan drásticamente los programas de apoyo, justo cuando millones de personas están en una situación de tanta necesidad en tantos países. Es completamente inaceptable”, denunciaba en este sentido la directora de Oxfam en África, Fati N´Zi-Hassane, calificando esta situación de “fracaso político contundente”. En este sentido, Alemania y la Unión Africana organizan durante el 15 de abril la tercera Conferencia Internacional sobre Sudán en Berlín. La reunión aspira a fortalecer los esfuerzos de paz y movilizar más ayuda humanitaria. 

Crueldad y abandono

2026 está siendo un año particularmente difícil para el pueblo sudanés, con un recrudecimiento de las violencia que las organizaciones han estado denunciado. “Entre enero y marzo de este año, al menos 160 niños y niñas han muerto y 85 han sufrido mutilaciones en todo el país, lo que supone un aumento del 50% respecto al mismo periodo de 2025”, apuntaba Unicef en un informe publicado ayer y en el que recordaba que son los estados de Darfur y Kordofán los más afectados por los enfrentamientos. 

El balance es muy duro para la infancia del país, con cinco millones de niños y niñas obligados a desplazarse. Naciones Unidas, explica Unicef, ha documentado más de 5.700 violaciones graves contra la infancia en todo el territorio; la organización ha manifestado su temor de que el balance sea mucho peor, dada la dificultad de seguir los acontecimientos. Alertan también de los obstáculos para hacer llegar ayuda a estos estados más castigados que junto a algunas partes de Nilo Azul. 

World Vision: “Se está exterminando sistemáticamente a toda una generación, mientras que el silencio internacional se mide en vidas perdidas cada hora”

La infancia de Sudán también ha visto cómo se afectaba su derecho a la educación, con más de una de cada tres escuelas cerradas, y una de cada diez devenida refugio. “Hoy, al menos 8 millones de niños y niñas en Sudán siguen sin escuela”, lamentan desde Unicef. Por su parte, la organización World Visión cifra en 17,3 millones los niños y niñas que se encuentran en una situación de necesidad extrema en Sudán, con 4,2 millones de menores sufriendo malnutrición aguda. “Se está exterminando sistemáticamente a toda una generación, mientras que el silencio internacional se mide en vidas perdidas cada hora”, lamenta la organización. 

Mientras, desde Naciones Unidas, señalan la extensión de las violaciones, especialmente en Darfur. Denise Brown, la coordinadora humanitaria para Sudán, habla de cerca de 2.500 supervivientes de violencia sexual atendidas durante el 2025; una violencia, recuerda, que afecta no solo a las mujeres supervivientes, sino también a sus familias y comunidades, y particularmente a los hijos e hijas que nacen de estas agresiones. Un informe de la Iniciativa Estratégica para Mujeres en el Cuerno de África (SIHA), hablaba de que la mayoría (un 87%) de los violadores pertenecían a las Fuerzas de Apoyo Rápido y que las víctimas pertenecían a pueblos no árabes como los Masalit, Fur y Zaghwa. 

Las agresiones sexuales se dan tras la invasión de los hogares, en el espacio público o durante largos secuestros de las víctimas, y afectan incluso a niñas menores de cuatro años. Se trata de violaciones sistemáticas, considera Brown, que han de ser objeto de investigación por crímenes de guerra y contra la humanidad. “Estamos en un bucle, en Sudán”, comunicaba la coordinadora humanitaria en una rueda de prensa desde Jartum. “Por favor no lo llaméis crisis olvidada. Esa es una crisis abandonada”.

El estado de guerra continuo se ha traducido, además, en situaciones extremas de hambre. Una coalición de organizaciones ha denunciado que millones de personas dependen del consumo de hojas y alimento para animales en las zonas más afectadas de Darfur del Norte y Kordofan del Sur. “Casi tres años de conflicto, marcado por la violencia, el desplazamiento y las prácticas de asedio, han erosionado sistemáticamente el sistema alimentario sudanés —campo a campo, carretera a carretera, mercado a mercado— produciendo una hambruna masiva”, lamentaban en un comunicado el pasado lunes desde la coalición, que incluye entre otras a Acción Contra el Hambre o Care International.

La vacunación y la vigilancia epidemiológica se han detenido, lo que ha llevado a la emergencia de enfermedades como el sarampión, la hepatitis E o el cólera

La guerra contra Irán y el consiguiente cierre de Ormuz ha empeorado aún más la situación y está dificultando incluso el acceso al agua, según denuncia la organización World Vision, desde donde se ha alertado del encarecimiento del este recurso vital como resultado de unos precios del combustible disparados. El combustible resulta necesario para bombear el agua de pozos perforados en profundidad, en los acuíferos del país —los más grandes del mundo, presentes en el 29% del territorio—, la subida de los precios del diésel se traduce en un encarecimiento de este proceso, “lo que deja el agua fuera del alcance de cientos de miles de personas que han huido del conflicto en Sudán”, denuncia la organización. 

Los tres años de guerra han supuesto también un revés para la salud de la población. “Las consecuencias sanitarias son devastadoras y han hecho retroceder décadas el sistema de salud del país”, apuntan desde MSF, quien denuncia que la vacunación y la vigilancia epidemiológica se han detenido, lo que ha llevado a la emergencia de enfermedades como el sarampión, la hepatitis E o el cólera. Esta organización también denuncia los ataques continuos contra hospitales por parte de ambos bandos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el 37% de la infraestructura sanitaria del país no está operativa. “Centros sanitarios, ambulancias y trabajadores sanitarios han sido atacados repetidamente, reduciendo el acceso a los servicios de salud”, lamentaba la entidad internacional en un comunicado publicado el 14 de abril. Es en las zonas más afectadas por la guerra, donde los hospitales se hallan en peores condiciones o incluso inoperativos. La OMS ha verificado 217 ataques al sistema de salud desde el 15 de abril de 2023, con 2.052 muertes y 810 personas heridas. 

¿Una solución política?

No parece que la presión de la comunidad internacional esté surtiendo un gran efecto en el desarrollo de la guerra, en un marco en el que son numerosos los países que contribuyen a la continuidad de la violencia. Por ahora, una propuesta del Cuarteto integrado por Estados Unidos, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto, que apuesta por una tregua humanitaria de tres meses, seguida por un alto al fuego y una transición civil, fue rechazada por las SAF. Los de Hemedti, por su parte, declararon un alto al fuego temporal que no se concretó. Sin embargo, en una carta publicada ayer en el periódico The Guardian, Abdalla Hamdok, quien fuera primer ministro en el gobierno de transición, expresaba esperanza ante la posibilidad de acercarse a una resolución del conflicto gracias a la hoja de ruta del Cuarteto. 

“Los sudaneses no han perdido la esperanza de volver a tener un Estado que funcione. Ahora, por primera vez desde que estalló esta guerra, existe un plan creíble que puede hacer que eso suceda”, expresaba el mandatario, quien apuntaba a la necesidad de que la tregua, la entrega urgente de ayuda humanitaria, y un diálogo nacional, se dieran simultáneamente y no por etapas. “Una tregua sin un proceso político carece de sentido. En numerosas ocasiones a lo largo de los últimos tres años, ambas partes han acordado un alto el fuego con una mano y han seguido derramando sangre sudanesa con la otra”. Hamdok llamaba a otros actores que han intentado en el pasado mediar para una solución a la guerra en Sudán a apoyar el plan del Cuarteto. “La duplicación de todas estas iniciativas de mediación solo diluye nuestras posibilidades de poner fin a esta guerra”.

Una guerra de drones

Hasta ahora no parece que ambas partes tengan intención de abandonar el conflicto. Por otro lado, hacer daño a la población resulta cada vez menos costoso a Ejército y milicia. Durante estos tres años, el uso de drones se ha convertido en una de las principales tácticas para atacar al enemigo o aterrorizar a la población civil. “En las zonas más afectadas, los ataques continuos siguen destruyendo viviendas, escuelas, mercados y hospitales. Los nuevos métodos de guerra son cada vez más dañinos: el 78% de las víctimas infantiles registradas se debe a ataques con drones”, apunta en este sentido Unicef.

Los días previos a este tercer aniversario, han sido especialmente sangrientos, según denunciaba Médicos Sin Fronteras, que entre el 12 y el 13 de abril atendió a 56 personas en Darfur heridas en cinco ataques con drones perpetrados por las SAF. Dos de estas personas fallecieron. La organización denuncia que “las personas están siendo asesinadas en carreteras y en mercados. Ningún lugar es seguro”. ​ El pasado miércoles 8 de abril, fueron cuarenta las personas asesinadas en uno de estos ataques, durante una boda en Kutum, en Darfur Norte. Se cree que algunas de las víctimas pertenecían a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que controlan la población y la convierten en objeto de los ataques indiscriminados del ejército.

El daño que generan estas tecnologías es enorme: además de causar múltiples muertes, destruyen infraestructura civil imprescindible para la vida como represas, aeropuertos o depósitos de petróleo

El 20 de marzo, un ataque perpetrado por drones golpeó un hospital situado en el estado de Darfur del Este. Murieron, al menos, 64 personas, y las instalaciones sanitarias quedaron completamente inoperativas. El ataque lo describe la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que alerta de una escalada en el uso de los drones, con más de 500 víctimas mortales entre el 1 de enero y el 15 de marzo, la mayoría de ellas en la región de Kordofán. 

El analista Avery Warfield defiende en la revista Geopolitical Monitor que, a lo largo de estos tres años, los drones han transformado el conflicto en Sudán. “Al principio de la guerra, los enfrentamientos se centraban principalmente en el combate terrestre: asedios, artillería y destrucción urbana. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos bandos recurrieron a la guerra con drones para obtener ventaja”, explica, apuntando a que si bien fueron las RSF las primeras en usar drones no solo para reconocimiento, sino para atacar, el ejército se sumó después. 

El daño que generan estas tecnologías es enorme: además de causar múltiples muertes, destruyen infraestructura civil imprescindible para la vida como represas, aeropuertos o depósitos de petróleo. “Estos incidentes ponen de manifiesto cómo los drones han pasado de ser armas experimentales a convertirse en instrumentos de control y terror”. El autor recuerda que los drones hacen que la población sientan la guerra como “omnipresente”. “Ya no necesitan ver a los soldados para saber que están en peligro. El zumbido de un dron sobre sus cabezas puede hacer que barrios enteros salgan corriendo”.

El oro contra la tierra

Desde que empezara la guerra, analistas han hablado de la importancia del oro como fuente de financiación de uno u otro bando, especialmente relevante en la relación entre las Fuerzas de Apoyo Rápido y los Emiratos Árabes Unidos. Este mineral, que cobró una centralidad absoluta para la economía del país en un tiempo récord, tomó el relevo de las ganancias por petróleo tras la separación de Sudán del Sur, donde se encontraban la mayoría de los pozos. Después de que se encontraran los primeros yacimientos en 2010, el 2011 trajo una gran crisis económica como resultado de la secesión que empujó a muchos jóvenes a dedicarse a la minería artesanal de oro. Fue entonces cuando se encontró un enorme yacimiento en Yebel Amer, en el Norte de Darfur. Enseguida el entonces dictador, Omar al Bashir concedió licencias a empresas ligadas el ejército, o a países extranjeros como Rusia. La legislación es laxa, lo que conlleva un alto coste ambiental. Para 2012, el oro ya suponía el 60% de las exportaciones del país. En ese momento, Gobierno y Janjaweed se aliaron para asegurarse de que el oro quedase bajo su control frente a las comunidades que intentan generar mecanismos comunitarios de explotación. La matanza en la aldea de Beni Hussein supuso un punto de inflexión.

La centralización del refinamiento y exportación del oro en la empresa de la familia de Hemedti Al Gunade, y el gobierno de Jartum incrementaron el descontento, lo que tuvo como resultado la revolución de diciembre de 2018. Cuando el gobierno de transición salido de la revolución intentó recuperar el control del comercio del oro, Abdelfatah al Burhan y Hemedti se confabularon para dar el golpe de estado de 2021. En los años siguientes, el incremento de poder de las RSF a través de su control del oro, que se extiende ya a todo Darfur y parte del Kordofán, ha generado fisuras entre ambos actores. 

La guerra no ha detenido la exportación de oro, al contrario, la ha incrementado, “el sector de la minería artesanal en Sudán, emplea a más de dos millones de personas, un número que ha crecido significativamente, desde el estallido de la guerra en abril de 2023”, afirma el medio Sudan Tribune. Esta extracción no solo aporta más dinero para seguir armándose, sino que enferma a los mineros y a su entorno. El uso de cianuro para separar el oro en estos procesos supone una amenaza de salud para las personas, que cada vez  se exponen a más riesgos, como por ejemplo cuando lavan el oro en casa ante la inseguridad del exterior, o cuando rebuscan entre los restos tóxicos.  

Resistencias

Durante estos tres años, en esta situación de olvido y abandono, ha sido la propia población sudanesa la que se ha encargado de responder desde la organización de base y el apoyo mutuo. Provenientes de una sociedad tradicionalmente politizada, con la experiencia de la revolución aún presente, los Comités de Barrio y las Salas de Respuesta de Emergencias (ERRs) han sido un referente en la ayuda a las personas durante el conflicto.

A estos grupos se unen otros de base, en torno a la juventud o los movimientos de mujeres o religiosos. Los profesionales, y en particular, el personal médico, han sido fundamentales, así como las ONG locales y  nacionales, junto a las personas sudanesas en la diáspora, que contribuyen a financiar los esfuerzos de ayuda y denunciar las violencias.  La enumeración se recoge en un texto publicado en Humanitarian Practice Network, donde se analiza el movimiento de apoyo mutuo en Sudán como un nuevo paradigma de ayuda humanitaria. Sin embargo, la labor de esta parte de la población sudanesa es cada vez más complicada. Por un lado, acaban en el punto de mira de ambos bandos, que desconfían de ellos, e incluso los asesinan. Por otro lado, resulta difícil mantener la infraestructura de ayuda durante tres años de guerra.

En ese sentido, iniciativas como las cocinas populares, que han supuesto una iniciativa fundamental para combatir el hambre en el país,  y que funcionan gracias al trabajo activista y voluntario, atraviesan tiempos difíciles. Según aseguraba la organización Islamic Relief, decenas de estas cocinas han tenido que cerrar al estar desprovistas de insumos con los que cocinar. “Las cocinas comunitarias, conocidas como Takaaya, son el último salvavidas para millones de personas afectadas por la guerra, ya que a menudo llegan a lugares donde la ayuda internacional se ve bloqueada”, recuerdan desde la organización, desde donde instan a los gobiernos que se encontrarán hoy 15 de abril en la Conferencia de Berlín a incrementar el apoyo a los grupos locales de ayuda mutua.