Tortura
Un asiento vacío para que el Defensor del Pueblo escuche hablar de torturas en la España democrática

El 6 de febrero de 2025, Juan Ignacio Ruiz-Huerta, Jorge del Cura y Pedro José Larraia enviaron una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Los tres, defensores de los derechos humanos, solicitan desde hace un año y medio que este organismo un informe extraordinario sobre la tortura en el Estado español. Un proceso de verdad, justicia y reparación similar al que el propio Gabilondo ha comandado sobre abusos sexuales por parte de religiosos, sacerdotes y personal contratado por la Iglesia.

Aquella carta era una medida tomada después de meses de silencio por parte de la oficina que dirige Gabilondo. Para romper ese silencio, tanto ellos tres como una nutrida representación de colectivos contra la tortura de la Comunidad Autónoma Vasca, de Navarra y de Madrid dan otro paso hoy, 7 de octubre, en el marco de unas jornadas sobre tortura que tienen lugar en el Teatro del Barrio (Madrid) en las que hay un asiento libre para que lo ocupe Gabilondo.

Horror escuchado en primera persona

Para uno de esos tres defensores de los derechos humanos, se trata también de superar un malestar íntimo generado hace quince años. Juan Ignacio Ruiz-Huerta trabajaba en la oficina del Defensor del Pueblo en 2010 como jefe de área de Asuntos Sociales, cuando estaba dirigida en funciones por María Luisa Cava. Como acompañante de una delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, que venía en labores de apoyo, de formación y ayuda, Ruiz-Huerta escuchó algo que aun no ha olvidado:

“Yo no tenía nada que ver con prisiones, ni con justicia, ni con ese departamento. Yo llevaba a Asuntos Sociales. Pero el caso es que [la Defensora del Pueblo] me llamó y me dijo: “acompaña a estos señores y vais a ir a visitar la cárcel de Soto del Real, en Madrid, y fuimos a visitar el módulo de mujeres”. Ruiz-Huerta cuenta que el director de la prisión puso todas las facilidades. Primero hablaron con unas presas colombianas, que estaban allí por el transporte de droga y que no se quejaban del trato recibido. Fueron ellas las que comentaron a la delegación que lo mejor era que preguntaran a un grupo de jóvenes presas vascas que “están siempre tristes”.

“Me acerqué a verlas”, explica Juan Ignacio Ruiz-Huerta, “y viví una de las experiencias más brutales, más espantosas que he vivido. Eran cinco chicas que habían sido detenidas por la Ertzaintza. Las sacaron del cuartel donde les habían detenido, las llevaron a un descampado... Me contaron las atrocidades espantosas que les habían hecho. Por supuesto, todas con una clara connotación sexual. Las habían desnudado. A una le metieron una pistola en la vagina”. Ruiz-Huerta se detiene en ese punto: “Era tan brutal el relato, tan impactante, tan profundamente humano, dolorido, tan desgarrado, que era imposible que mintieran”.

Las denuncias por torturas habían sido archivadas por la Audiencia Nacional, explica. Sin embargo, como representante del Defensor del Pueblo, institución que debe velar porque el resto de administraciones protejan el derecho constitucional “a la vida, la integridad física y la dignidad”, Ruiz-Huerta se sintió impelido a informar a su superior.

Las jornadas que concluyen el martes 7 de octubre en el Teatro del Barrio pretenden ser un punto de partida para que se siga hablando de un tema tabú como es el de las torturas en democracia

La respuesta por parte de la Defensora en funciones fue destemplada: “Montó en cólera. Me llamó literalmente gilipollas. Me dijo que la ETA me había comido el tarro. Dijo que si yo no sabía que la ETA tenía ese famoso manual —que nunca existió— que repartía entre sus militantes para que automáticamente, en cuanto fueran detenidos, denunciaran torturas y malos tratos y abusos. Y luego se puso de pie. Me dijo: ‘Y además yo estoy aquí para demostrar que en España no se tortura’. Y al poco tiempo yo estaba en la calle”.

En ese momento del relato, Juan Ignacio Ruiz-Huerta se refiere a otro de los entrevistados, Pedro Larraia: “Pedro me aconsejó que enviase un informe a la Unión Europea contando esto que había pasado y no lo envié. Y siempre me he arrepentido de no haberlo hecho en aquel momento”.

Así se llegó a 2024. Con el cambio de guardia en el Defensor del Pueblo —una oficina dirigida por Ángel Gabilondo desde 2021— Ruiz-Huerta, Larraia, que durante muchos años ha trabajado en casos de tortura para Amnistía Internacional, y Jorge del Cura, premio nacional de Derechos Humanos y activista histórico de esta lucha a través de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, se propusieron invitar al Estado a revisar las torturas en el País Vasco y Navarra en los años del llamado “conflicto vasco”. Gabilondo es, además, máximo responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, unidad especializada específicamente en este capítulo.

Los informes de las “carpetas azules”

El objetivo es que la oficina de Gabilondo comience una labor de investigación, documentación y, finalmente, reparación, a las más de 6.000 víctimas de torturas documentadas en los informes de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. Más de la mitad del trabajo ya está hecho. El Instituto Vasco de Criminología (IVAC), autor de los dos informes aprobados en las sedes parlamentarias vasca y navarra, ha llevado a cabo un trabajo científico que cuenta con miles de testimonios, una parte de ellos mediante la aplicación del Protocolo de Estambul, que establece gracias a una aproximación psicológica, médica, jurídica y antropológica, si la persona que está ofreciendo el testimonio de torturas aporta un relato coherente.

Realizada esa investigación, a Gabilondo se le pide un proceso de reconocimiento que concluya con un acto de reparación por el daño causado que tenga lugar en las Cortes Generales.

Los informes del IVAC, dirigidos por el antropólogo forense Francisco Etxeberria, han demostrado de manera científica el carácter sistemático del uso de la tortura en el marco del llamado conflicto vasco. Un uso que, como se ve en la obligación de recordar el propio Etxeberria, se expandió en todas direcciones, a gente de partidos políticos, sindicatos, activistas, gente que nunca tuvo nada que ver con ETA.

Hace un año y medio, estos tres activistas escribieron una carta a Gabilondo. Como explica Ruiz-Huerta, creían que Gabilondo era “mucho más abierto de mente, mucho más concienciado, más sensibilizado con estos problemas, porque además él pertenece a una sociedad como la vasca que está muy concienciada con estos temas”.

Tras unas semanas sin obtener respuesta, publicaron la carta en Naiz. A la carta le siguió una llamada del Defensor del Pueblo para interesarse por el asunto. En junio de 2024 tuvo lugar una reunión en la que Gabilondo —que, curiosamente es pariente de Etxeberria— mostró interés en seguir explorando las posibilidades de llevar a cabo este proceso de investigación. No hubo compromiso firme, pero sí cierta sintonía, explican, y una promesa de seguir hablando en una “ronda de encuentros”. Las “carpetas azules”, en las que el equipo vasco recogió los casos, dieron nombre a la película Karpeta Urdinak, de 2022, dirigida por Ander Iriarte, un documental que Ruiz-Huerta, Larraia y del Cura entregaron a Gabilondo en su, hasta ahora, único encuentro.

Porque pasaron los meses después de esa reunión de junio de 2024. Y lo que llegó después fue una respuesta fría. Gabilondo les remitía a la Comisión de la Memoria Democrática (a pesar de que los informes no solo se refieren a las víctimas de tortura previos a la Constitución de 1978). Los tres, Ruiz-Huerta, del Cura y Larraia, han escrito que más que una respuesta, Gabilondo les ofreció “un primoroso ramo de excusas envuelto en citas legales”.

Los tres recuerdan que el mandato del Defensor del Pueblo es “categórico” como institución encargada de esclarecer estos casos. Los tres interpretan que algún tipo de miedo hizo recular a Gabilondo entre la primera reunión y la cancelación de los siguientes encuentros. No saben explicar muy bien a qué puede obedecer ese miedo, dado que la autoridad del Defensor del Pueblo es independiente del Parlamento y de los partidos, aunque sean estos los que le designan.

Además, detallan, lo cierto es que las visitas a centros penitenciarios consignadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura han bajado coincidiendo con la llegada de Gabilondo a la oficina, mientras que hace ocho años se consignaban más de cien, en 2024 fueron apenas 40.

Las jornadas que concluyen el martes 7 de octubre en el Teatro del Barrio pretenden ser un punto de partida para que se siga hablando de un tema tabú como es el de las torturas en democracia, más específicamente de las desarrolladas en comisarías y otras instituciones del Estado en el marco del conflicto vasco. Un hecho que ha dado lugar a la Red de Personas Torturadas de Euskal Herria, presentada en febrero de este año y a la red navarra, que nació en el año 2023. 

Sin embargo, y a pesar de que apenas se habla de ello fuera de Euskal Herria, la tortura es un tema de actualidad. El propio Defensor del Pueblo apunta en su memoria anual que cada año hay una media de entre cinco y ocho funcionarios condenados por tortura —“tortura con todas las letras”, subraya Jorge del Cura— y el primer informe del Índice Global de la Tortura señala que España tiene “riesgo considerable” en capítulos específicos como brutalidad policial y prevención contra la tortura durante la privación de libertad y “riesgo alto” en derechos de las víctimas. Por ello, las personas convocantes a las jornadas que tienen lugar en Madrid no quieren que éstas terminen con los debates que han tenido lugar en septiembre y octubre, sino abrir un debate público como paso previo a la creación de una Comisión de la Verdad sobre la tortura en el Estado español. Para ello, hay un asiento que pueden utilizar los representantes de las instituciones que se vean apeladas.