Análisis
La “peruanización” argentina avanza a trompicones

Ni Dinamarca, ni Noruega: Argentina quiere ser Perú. O al menos es lo que abiertamente defienden el gobierno actual y sus aliados. Su horizonte se sitúa así en un país con enormes desigualdades sociales y una inestabilidad política estructural. Pero que, gracias al blindaje normativo de su arquitectura económica liberal, así como al impulso del extractivismo como vía de inserción primario-exportadora en los mercados globales, ha conseguido mantener un equilibrio macroeconómico estable, deslindado en última instancia de su realidad político-social.

Resolver vía extractivismo y explotación masiva de los bienes naturales el histórico desequilibrio exterior argentino –en función del cual el valor y el flujo de dólares condicionan  absolutamente la agenda nacional– es precisamente, cueste lo que cueste, el objetivo inequívoco del proyecto económico de Milei.

Incluso al extremo de transformar el relato aspiracional de un país semiperiférico –relativamente industrializado y soberano– y europeizante, que ya no se mira en el viejo continente ni apunta al imaginario de capitalismo inclusivo que Dinamarca representó durante décadas. Ni siquiera se proyecta hacia una Noruega que, excepción a la regla, logró avanzar en términos de escalamiento industrial de su matriz económica a partir de una materia prima como el petróleo. Al contrario, la “utopía argentina” actual se refleja en el retrovisor, desandando el camino hacia una economía de enclave explícitamente periférica –surtidora de suministros clave para las principales cadenas internacionales de valor–, y en función de una agenda política supeditada a los intereses de unos Estados Unidos en declive, empeñados virulentamente en la defensa de su hegemonía en un contexto global muy convulso.

2030 es la fecha que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) parece haber establecido como referencia para completar este proyecto que, en última instancia, supone un cambio profundo de la matriz económica argentina. Una matriz que asumiría una nítida vocación exterior, en función de lo que Martín Schorr define como el mandato exportador y de atracción de inversión extranjera directa (IED), compromisos ambos ineludibles si se pretende garantizar un flujo notable y sostenido de divisas que abunde en el tan ansiado equilibrio monetario.

La composición de esta nueva estructura económica se sostendría, en primer lugar, sobre la agroindustria de la soja y la carne, cuya capacidad de producción y exportación se pretende duplicar, previa reducción de las retenciones impositivas. En segundo término, sobre la extracción y comercialización internacional de petróleo y gas –prioritariamente mediante fracking–, a partir de una estrategia que toma el enorme yacimiento de Vaca Muerta como referencia. Tercero, en el desarrollo estratégico de la minería metálica –especialmente litio y cobre, aunque hipotéticamente también uranio y tierras raras, entre otros–, suministro imprescindible para los principales rubros del capitalismo verde oliva y digital hoy en boga (energía, economía verde, semiconductores, IA, armamento, servicios bélicos, etc.), y sobre la que se han generado grandes expectativas tanto en la cordillera andina como en la Patagonia. Cuarto, en la proliferación de centros de datos, también en la Patagonia y en pos del avance de la inteligencia artificial generativa y sus derivadas bélicas, en este caso al servicio exclusivo de corporaciones estadounidenses.

Por último, y en quinto lugar, las finanzas ejercerían el rol de pegamento del conjunto del proyecto económico como vía de valorización de las ganancias, en el marco de una arquitectura económica fundamentalmente privatizada, corporativizada, abierta y desregulada.

La agenda económica del gobierno de Milei no es ni mucho menos ajena a la secuencia de ajustes clásicos que se han repetido a lo largo de la historia reciente del país

¿Será capaz este proyecto de transformación de la economía argentina de alcanzar un equilibrio monetario estable y sostenido? ¿Lograrán los nuevos sectores priorizados generar un flujo amplio y constante de inversiones y exportaciones a tal efecto? Son dos de las preguntas sobre las que reflexionaremos en los siguientes apartados. En todo caso, incluso si la meta macroeconómica se lograra, la peruanización de Argentina conlleva sí o sí, como ya hemos señalado, una serie de funestos impactos: industria nacional abandonada a su suerte, precarización e informalización laboral creciente y generalizada, expulsión de significativos sectores sociales de la dinámica económica, Estado social desmantelado, devastación ecológica, presión acrecentada sobre el agua y la tierra, más que probable cronificación de la inestabilidad política, etc. 

La utopía de unos pocos, en definitiva, convertida en distopía para las mayorías populares. Precisamente lo salvaje de su horizonte, la reversión del relato aspiracional nacional, así como el relativo carácter innovador de la agenda económica en marcha, han convertido a Argentina en un laboratorio económico de interés internacional. Una agenda con semejanzas pero también diferencias respecto de los cánones habituales de los ajustes liberales clásicos, así como de los parámetros hegemónicos en las extremas derechas a escala internacional.

El siguiente apartado se centrará precisamente en la disección de los principales hitos que han definido hasta la actualidad la agenda económica de Milei, destacando aquellos de especial escala y alcance. Conocer su naturaleza nos permitirá, en segundo término, realizar un balance más certero del desempeño y los impactos obtenidos hasta el momento para, finalmente, elucubrar sobre el futuro a medio plazo del proyecto de peruanización, tomando las elecciones presidenciales de 2027 como referencia. Plantearemos así, en un último apartado, una serie de posibles escenarios sobre el devenir de este distópico experimento, siempre con la cautela que exigen la incertidumbre y la inestabilidad que caracterizan tanto el contexto internacional como el nacional.

Laboratorio de una agenda económica ultraliberal

La agenda económica del gobierno de Milei no es ni mucho menos ajena a la secuencia de ajustes clásicos que se han repetido a lo largo de la historia reciente del país. Endeudamiento exterior masivo (ahora principalmente con el FMI y el Tesoro de EEUU), ajuste fiscal (sin parangón histórico en términos de escala) y apertura comercial, tres claves básicas de dichos ajustes, han supuesto y siguen suponiendo la base de su estrategia. 

No obstante, la radicalidad del horizonte definido, la profundidad de la transformación planteada en la matriz económica, en detrimento evidente de la industria nacional, así como la urgencia por atraer inversiones y movilizar exportaciones –máxime en un escenario global de relativo estancamiento, sobrecapacidad productiva y financiarización–, han obligado a innovar la caja de herramientas.

Partiendo así de un contexto político y económico propicio, se han impulsado una batería de medidas de gran calado, que incluso contradicen la lógica proteccionista habitual en las extremas derechas –con las que, no obstante, se sigue compartiendo todo tipo de relatos, políticas y actos clasistas, racistas y patriarcales–.

Estas responden a un triple objetivo complementario. Primero, la creación de un marco estructurado de disciplinamiento de la clase trabajadora y sus herramientas sindicales, siendo la reforma laboral aprobada a principios de 2026 la punta de lanza. Segundo, la autonomización de la dinámica económica respecto a la política y social, meta a la que respondería la estratégica reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), hoy en situación de media sanción legislativa al haber sido aprobada en la Cámara de Diputados. Y tercero, el blindaje de una “alfombra roja” para el conjunto de grandes inversiones nacionales e internacionales en sectores estratégicos que, a su vez, también refuerza la lógica de autonomización de la economía ultraliberal respecto de cualquier otra consideración. Aquí se sitúan el vigente Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), el súper-RIGI –aprobado en media sanción–, la reforma de la ley de Glaciares, y la fallida –al menos por el momento– Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En su conjunto, el proyecto de peruanización de Argentina lo apuesta todo al blindaje de unas condiciones óptimas para el aterrizaje de la inversión y el desarrollo del mandato exportador: estructuras y políticas económicas deslindadas de la contienda política y el mandato democrático, ayudas de todo tipo y a largo plazo para las grandes inversiones, marco de desmovilización y precarización de las condiciones laborales. 

Bajo esta premisa, analizamos someramente cada uno de los seis hitos destacados.

La reforma laboral vigente desde marzo de 2026 es absolutamente lesiva para los derechos de la clase trabajadora. Instaura la figura del “banco de horas”, permitiendo al empresariado disponer del tiempo concreto de los y las trabajadoras a partir de un cálculo general de horas anuales. Reduce el cómputo de las indemnizaciones por despido, cuya concreción además se facilita a través de un fondo de asistencia laboral (FAL) de obligatorio cumplimiento por los empleadores, que cubre el costo de eventuales indemnizaciones financiadas por la seguridad social. Debilita la negociación colectiva, llevándola al nivel de empresa y limitando la ultraactividad. Restringe el derecho a huelga en múltiples sectores de actividad, lo que en la práctica se convierte en una prohibición de facto, a partir de la reglamentación de los llamados servicios esenciales.

Por último, ahonda en la desfinanciación de la seguridad social vía rebaja de contribuciones patronales para nuevos empleos y financiamiento del FAL, lo que incide negativamente sobre la capacidad de pago de jubilaciones y pensiones. Una reforma, en consecuencia, profundamente regresiva y de mirada larga, coherente con un horizonte de desindustrialización, uberización laboral, precariedad y la informalidad generalizada. 

Se avanza en la amputación de las capacidades públicas en pos del mono-objetivo monetario, blindando a su vez estructuras autónomas con posibilidad de endeudarse sin control democrático

Por su parte, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA –aún pendiente de sanción definitiva– incorpora también transformaciones significativas en la estructura económica argentina. Si se mantuviera el articulado actual, el Banco Central abandonaría todo objetivo ajeno a la estabilidad del valor de la moneda, eliminando como horizonte el crecimiento económico, el pleno empleo, el equilibrio financiero, la supervisión del sistema de pagos y la equidad social, hoy todavía vigentes. Recordemos, el equilibrio monetario es la gran meta última del proyecto económico de Milei. 

Para ello, el BCRA funcionaría de manera autónoma respecto al resto de instituciones públicas –no así del capital financiero externo–, prohibiendo por un lado la emisión monetaria destinada a cubrir el déficit fiscal, los adelantos transitorios, la transferencia de utilidades al Tesoro y el uso de letras intransferibles, mientras por el otro elimina cualquier restricción a su propio endeudamiento con los bancos privados, tomando las reservas nacionales de divisas y oro como garantía, sin necesidad de pasar por la Cámara de Diputados. Como corolario, el directorio del BCRA tendría un periodo de vigencia de seis años, y solo podría ser removido por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, porcentaje casi inexpugnable. En resumen, se avanza en la amputación de las capacidades públicas en pos del mono-objetivo monetario, blindando a su vez estructuras autónomas con posibilidad de endeudarse sin control democrático, en un contexto como después veremos en el que el endeudamiento sigue siendo la herramienta desesperada para el sostén del entramado económico. 

La caja de herramientas se completa finalmente con el despliegue de una alfombra roja para las grandes inversiones en sectores considerados estratégicos. Destaca como hito en este ámbito la aprobación del RIGI –inicialmente estipulado hasta 2026, hoy ampliado su plazo de vigencia hasta 2027–, todo un régimen de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años para proyectos que superen los 200 millones de dólares de inversión –existen ayudas adicionales para aquellas superiores a 1.000 millones–, con el fin de fomentar sectores estratégicos como energía, comercialización de hidrocarburos, minería, infraestructura, foresto-industria, turismo, tecnología y siderurgia, que hoy también incluye, tras su última reforma, la exploración y extracción de petróleo y gas.

Este régimen incorpora además un sistema de protección de las inversiones que blinda los intereses corporativos en función del Mecanismo de Solución de Controversias Inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), asumiendo de facto la primacía de los tribunales de arbitraje estilo CIADI sobre la justicia ordinaria. Supone, en la práctica, la firma general y global de un tratado con cualquier inversor de cualquier país que cumpla las condiciones para su aprobación, lesionando en consecuencia la dinámica democrática y política del país, a la que estas inversiones serían ajenas.

De manera complementaria, la Cámara de Diputados debate en segunda revisión el “súper RIGI”, tras no aprobarse el dictamen correspondiente en el Senado. Este instrumento pone el foco en la inteligencia artificial, los centros de datos y otros sectores tecnológicos, parte también de la nueva matriz económica a la que se aspira. Este programa amplía los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, reduce el impuesto a las ganancias al 15%, garantiza estabilidad normativa durante treinta años, y permite también recurrir al arbitraje internacional, al tiempo que limita la capacidad fiscal y regulatoria de las provincias y municipios.

Además, y en coherencia con una agenda basada en el extractivismo y en la mercantilización de los bienes naturales, se aprobó en abril de 2026 la reforma de la ley de glaciares. Esta limita la protección legal a aquellos glaciares y ambientes periglaciares que posean una función hídrica comprobada o relevante –se elimina la prioridad por el principio de precaución, y son las provincias quienes tienen la última palabra en la categorización de cada caso–, abriendo la puerta a la minería metálica en áreas donde antes regía una prohibición total. 

Por último, el único traspié normativo de relevancia sufrido hasta el momento en el proceso de peruanización ha sido la retirada del escandaloso proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Este eliminaba todo límite previo a la venta de tierras a agentes extranjeros, permitía la mercantilización inmediata de territorios afectados por incendios, favorecía los desalojos exprés, y endurecía las condiciones de expropiación de bienes privados, con efecto directo por ejemplo en el fenómeno de las empresas recuperadas por las y los trabajadores (ERT). La fuerte presión social puso límites a un proyecto que, cada vez más, se visualiza como venta y saqueo del país. 

En definitiva, el marco para la atracción de inversiones está básicamente consolidado en el país, apuntando a una nueva arquitectura político-económica ultraliberal, deslindada del mandato democrático, y completamente abierta al capital exterior. A tres años vista de la llegada de Milei a la presidencia, ¿es suficiente? ¿Se están consiguiendo los objetivos planteados? ¿Se avanza en términos de equilibrio monetario, IED y exportaciones? ¿Qué impactos ecosociales está generando el proceso?

Balance actual del proyecto de peruanización

El principal indicador favorable al desempeño económico del gobierno actual es la relativa contención de la inflación y del tipo de cambio respecto al dólar, aun en un contexto de gran fragilidad e inestabilidad, y bajo fuertes acusaciones de opacidad oficial en las cifras ofrecidas. 

Tras un primer brote inflacionario provocado por la fuerte depreciación de 2023, se logró estabilizar el incremento de precios en un 2% mensual durante 2025, cifra que peligrosamente irá aumentando a lo largo de 2026. Estamos hablando de una inflación que ha aumentado un 328% desde noviembre de 2023, valor que aumentaría según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) al 383,4% si se utilizara los parámetros de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares que el ejecutivo se niega a implementar. Por su parte, el dólar se sitúa por encima de los 1.500 pesos, en un incremento anual progresivo en torno al 4% en función de un sistema de micro-devaluaciones constantes (crawling peg).

No se han producido por tanto en estos dos últimos años nuevos brotes inflacionarios ni grandes devaluaciones, fenómenos que la ciudadanía argentina rechaza enérgicamente. No obstante, esta relativa estabilidad se ha sostenido fundamentalmente en incrementos masivos del endeudamiento –que son pan para hoy y hambre para mañana–, así como en pérdidas generalizadas del poder adquisitivo de las mayorías populares, y no en base a nuevos flujos de divisas, como se anunciaba y analizaremos más adelante.

El desempeño frágil pero relativamente positivo en términos monetarios palidece ante el draconiano ajuste social y frente a la incapacidad real mostrada hasta el momento por el proyecto económico 

Por otro lado, un segundo indicador positivo para la estrategia del gobierno de LLA es el refuerzo sostenido de superávit de la balanza energética. Según Julia Strada, directora de CEPA, el superávit alcanzó los 892 millones de dólares en julio de 2026 (casi la mitad del saldo agregado nacional), duplicándose interanualmente las exportaciones de energía –fundamentalmente vinculadas al crudo y gas de Vaca Muerta–, mientras las importaciones cayeron un 7,3%. Este incremento respondería más a un efecto cantidad (+67,6%) que a un efecto precio (+19,5%) impulsado por el conflicto con Irán, y se constata un creciente vínculo con los mercados asiáticos.

De este modo, podrían atisbarse en el ámbito de los combustibles fósiles, uno de los cinco prioritarios de la nueva matriz, brotes verdes en referencia al mandato exportador. No obstante, habría que matizar este superávit fósil en función del endeudamiento exterior vinculado a Vaca Muerta, así como a los ingresos fiscales detraídos del RIGI.

En todo caso, este desempeño frágil pero relativamente positivo en términos monetarios palidece no solo ante el draconiano ajuste social sobre el que se asienta, sino de manera muy especial frente a la incapacidad real mostrada hasta el momento por el proyecto económico vigente de sostenerse más allá del endeudamiento masivo y la supeditación a EEUU y al FMI, incumpliendo en consecuencia y de manera palmaria el mandato exportador y de atracción de IED. 

Mucho se ha comentado sobre el durísimo ajuste que está sufriendo la clase trabajadora argentina. Hablamos de 30.633 empresas cerradas hasta mayo de 2026; 411.613 puestos de trabajo registrados perdidos, fundamentalmente en el sector manufacturero y público; reducción del salario real en un 8,7% (18,7% si se siguiera el parámetro de la encuesta antes citada); incremento del 850% en las tarifas, muy por encima de la inflación; jibarización de los programas sociales; paralización de toda obra pública; pobreza energética –en un país extractivista–; eclosión del escandaloso fenómeno del endeudamiento popular para la satisfacción de las necesidades básicas: más de 20 millones de personas endeudadas, de las que 6 millones serían morosas; peligrosa espiral de incremento de los suicidios, etc.

Todo ello, además, en el marco de un Estado desguazado (beneficios fiscales y ayudas del RIGI, FAL, rebajas en retenciones e impuesto a la riqueza, amnistía fiscal, recesión económica, etc.), y ante una devastación ecológica sin precedentes vinculada a la ampliación de la frontera extractiva.

Pues bien. Este esfuerzo ímprobo que Milei solicitó desde el comienzo de su presidencia a la sociedad argentina –y que solo ha recaído en los sectores populares y sobre los bienes comunes– no está sirviendo siquiera para relanzar la dinámica de acumulación y los parámetros sobre los que la peruanización del país pretendía sostenerse. Después de agotar las tres cuartas partes del período presidencial, sigue siendo el endeudamiento externo y no las inversiones y las exportaciones –pese a la impresionante alfombra roja desplegada– el que mantiene el frágil equilibrio macroeconómico. Cierto es que 2030 era la fecha estipulada para completar el proyecto pero este, en la actualidad, ni despega ni cierra en su lógica interna. 

La inversión extranjera directa (IED) es un claro indicador de lo que está ocurriendo. Melissa Argento y Martín Schorr señalan, según datos del Banco Central, que entre diciembre de 2023 y abril de 2026 el saldo acumulado de IED arrojó un déficit superior a los 1.500 millones de dólares. Entre otras empresas que anunciaron el cierre total o parcial de sus operaciones en el país están Topper, Danone, Puma, Magnera, Bridgestone, HSBC, Clorox, Prudential, Xerox, Itaú, Makro, Telefónica, Mercedes-Benz, Exxon Mobil, Equinor, Diagnóstico Maipú, Petronas y Procter & Gamble. Por tanto, no solo no entra inversión neta, sino que esta sale del país.

Si pasamos del enfoque general al más concreto de las inversiones estratégicas, el Observatorio RIGI señala en su segundo informe sobre este hito un relativo incremento de la cartera de inversiones, sobre todo tras la incorporación de las actividades de exploración y extracción de combustibles fósiles. A dos años de su implementación, ha logrado reunir 40 proyectos que comprometen más de 138.000 millones de dólares. De estos, 21 ya fueron aprobados (46.626), concentrándose la inversión en actividades extractivas (petróleo, cobre, gas y litio) y en regiones específicas como Neuquén, San Juan, Río Negro, Catamarca y Salta.

Estas cifras notables, no obstante, son matizables en el marco de una alfombra roja que blinda las inversiones durante 30 años. Máxime cuando constatamos que parte significativa de estas se concentra en el “nuevo” sector incorporado de extracción de hidrocarburos; que muchos de los proyectos ya estaban anunciados con antelación –solo se han subido al carro blindado del RIGI, por lo que no suponen nuevas iniciativas–; y que la atracción de IED no es tan significativa, ya que los proyectos extranjeros concentran solo el 45,8% del capital comprometido. En conclusión, el RIGI sí ha logrado atraer capital, pero no tanto como el que precisa una economía ultraendeudada y de explícita vocación exterior.

Por su parte, el balance comercial argentino es actualmente positivo –fruto de la pujanza del sector fósil y de la reducción de importaciones derivada del contexto económico nacional–, pero en el marco de unos guarismos exiguos, en ningún caso capaces de enfrentar el volumen del endeudamiento acumulado y el hipotético aumento de las importaciones vinculado a fases de mayor crecimiento.

En conclusión, pese a la agresiva caja de herramientas impulsada, ¿a qué se debe esta falta de dinamismo en inversiones y exportaciones, al menos en la escala esperada? Aún es pronto para responder categóricamente a un proceso todavía incipiente, pero es importante tomar en consideración una serie de tendencias, tanto internacionales como nacionales, que nos pueden ayudar a responder a esta pregunta. En primer lugar, el relativo estancamiento económico internacional, especialmente en EEUU y la Unión Europea. Segundo, la inflación de expectativas en la demanda global de rubros como la minería metálica, en un contexto de sobrecapacidad productiva. Tercero, la generalización de estrategias extractivistas similares entre múltiples países periféricos, por lo que la oferta se amplía. Cuarto, la falta de estabilidad política y económica de Argentina, premisa fundamental para inversiones extractivas a largo plazo. Por último, y en quinto término, la ausencia desde 2023 de obra pública, en detrimento de la infraestructura básica nacional. 

El proyecto de peruanización de Argentina sí avanza, pero únicamente en lo referente al aumento de desigualdades sociales, devastación ecológica y crispación política

Además, una economía financiarizada, desregulada y protagonizada por empresas transnacionales –también en el sector de hidrocarburos, donde YPF mantiene aún el 51% de las acciones de propiedad pública, pero desarrollando megaproyectos en alianza público-privada con múltiples corporaciones–, en el marco a su vez de un estado servil al poder corporativo y amputado en sus capacidades económicas, no cuenta con los mimbres necesarios para mantener el excedente generado dentro de la dinámica nacional –la fuga de capitales es un fenómeno sistémico–. Ni mucho menos para afrontar escalamientos y procesos de industrialización a partir de una matriz que es fundamentalmente de enclave, sin ligazón estrecha con el resto de sectores económicos. 

Así, tras tres años de gobierno, LLA se enfrenta a una economía estancada, incapaz de generar sendas estables de acumulación e inversión, y con una IED y unas exportaciones en aumento, pero ni mucho menos en la escala necesaria para romper la maldición del desequilibrio externo. 

La respuesta, en consecuencia, está siendo la hegemónica en la economía argentina: un endeudamiento masivo (en torno a los 60.000 millones de dólares de deuda nueva) que evidencia la fragilidad de las reservas internas netas acumuladas en divisas (sobre los 6.600) y que incrementa exponencialmente el riesgo de estallidos en forma de drásticas devaluaciones, brotes inflacionarios e impagos de deuda.

Tal es así que la sed febril por obtener divisas define la agencia económica actual de Milei. Solo así se entiende la iniciativa que permite a los bancos prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a cualquier empresa –incluso las que no tienen un desempeño internacional–, rompiendo la mínima prudencia necesaria. O la ya mentada posibilidad de que el BCRA se endeude con bancos privados sin pasar por la Cámara de Diputados. O la sumisión a EEUU, cuyo Tesoro impidió en 2025 con su swap por valor de 20.000 millones no solo la derrota de LLA en las elecciones legislativas, sino posiblemente una situación de default.

En resumen, el proyecto de peruanización de Argentina sí avanza, pero únicamente en lo referente al aumento de desigualdades sociales, devastación ecológica y crispación política. En términos económicos, la alfombra roja y las herramientas de calado puestas en marcha no son suficientes, al menos hasta el momento, para cumplir el mandato exportador. El endeudamiento masivo sigue siendo, por tanto, la clave de bóveda de la agenda –así como el durísimo y regresivo ajuste social– con lo que ello supone de dependencia financiera y política, así como de vulnerabilidad macroeconómica. 

La promesa de Santiago Caputo, ministro de Economía, de que “los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas” –sentencia realizada en abril de 2026–, hace aguas por todas partes.

Escenarios a futuro del proyecto de peruanización

La fragilidad del proyecto impulsado por Milei se inserta, como ya hemos señalado, en un contexto internacional convulso, y en el marco de una evidente inestabilidad nacional. La realidad se acelera, todo puede cambiar en muy poco tiempo, cosas impensables acaban ocurriendo, y dinámicas supuestamente latentes cobran de repente protagonismo. Realizar predicciones ante este panorama, por tanto, es absolutamente temerario. 

¿Despegará progresivamente el mandato exportador y de atracción de inversiones? ¿Será capaz LLA de sostenerse hasta 2027? ¿Y hasta 2030, fecha del “cierre” del proyecto? ¿Sufrirá el país un estallido financiero fruto del endeudamiento masivo? ¿Se articulará una alianza electoral sólida frente a Milei? ¿Podrá la movilización popular provocar su caída?

No hay respuesta certera a estas preguntas. En todo caso, cerramos el presente artículo pergeñando una serie muy abierta de escenarios posibles –tomando como referencia las elecciones presidenciales de 2027–, condicionados por supuesto a la evolución del desempeño macroeconómico pero, muy especialmente, por la dinámica social y política en función de las diversas correlaciones de fuerzas respecto al proyecto de peruanización.

Bajo esta premisa, Milei cuenta en primer lugar en su haber con el apoyo del conjunto de derechas partidarias y élites del país, una realidad no exenta de tensiones con los sectores industriales perdedores en el proyecto. Aunque él y su equipo cercano puedan ser vistos como auténticos lúmpenes, están jugando hasta el momento un rol clave para el avance del proyecto y su agenda ultraliberal de calado. Cuando se complete este trabajo sucio –o si la situación política o económica se desmadrara– podrían plantear sin problema su sustitución por otras fórmulas más clásicas de derecha, manteniendo la esencia del proyecto. No obstante, hoy en día su relato y estrategia cumplen una función inigualable de rompehielos, en un contexto de cierta zozobra política y social.

Estados Unidos, especialmente a través de su presidente Trump, es el segundo baluarte del proyecto de peruanización. Más allá de sostén habitual de “la internacional de la extrema derecha”, EEUU está interesado en el establecimiento de centros de datos, y en el acceso y control a los recursos mineros argentinos, ambos recursos fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial generativa y sus derivadas bélicas, uno de los principales ejes de la disputa geoeconómica actual. No es extraño en consecuencia que Peter Thiel, fundador de Palantir, resida actualmente en Buenos Aires: coadyuvar en el desmantelamiento del Estado social, reforzar el control ciudadano, y apuntalar la maquinaria digital de guerra de EEUU es la tríada identitaria de su corporación.

La Libertad Avanza mantiene un porcentaje relativo de apoyo popular, mucho menor que en 2023, pero suficiente aún como para vencer en las legislativas de 2025, pese al duro ajuste realizado

De este modo, el apoyo político brindado a Milei, pero muy especialmente el financiero –como ya hemos señalado previamente– juegan a favor de corriente, sobre todo si EEUU asegura un flujo de divisas como dique de contención frente a posibles estallidos. En todo caso, noviembre de 2026 es una fecha clave para apuntalar esta colusión de intereses, ya que además de las elecciones presidenciales brasileñas se celebran las midterms en EEUU, cuestión que podría alterar el terreno de juego si Trump es derrotado. 

En tercer término, es importante tener en cuenta que el proyecto de peruanización no es una propuesta exclusiva de Milei y las élites. Todos los hitos de la agenda aprobados durante este período han contado con el apoyo estable de un sector minoritario pero decisivo del peronismo, sin el cual hubiera sido imposible avanzar en el proceso, dado el carácter de minoría mayoritaria en ambas Cámaras de LLA. RIGI, súper RIGI, reforma laboral, reforma del BCRA y reforma de la ley de glaciares han contado, en consecuencia, con sus votos. Esto muestra que el consenso exportador y de transformación de la matriz económica pudiera ser más transversal de lo que aparenta, complicando las tareas de concreción de una oposición alternativa. En este sentido, Ricardo Aronskind alerta sobre la posibilidad de que sectores no desdeñables del peronismo convergen en la práctica con el horizonte y la agenda básica del proyecto económico de Milei, aun salpimentada con dosis de mayor dinamismo estatal en favor de políticas sociales y la industria nacional. 

Por último, LLA mantiene un porcentaje relativo de apoyo popular, mucho menor que en 2023, pero suficiente aún como para vencer en las legislativas de 2025, pese al duro ajuste realizado. El miedo a posibles estallidos financieros de no concretarse el apoyo de EEUU, el recuerdo de la hiperinflación durante la última etapa del gobierno anterior de Alberto Fernández, junto a un “antiperonismo” inserto en el ADN de una parte de la sociedad argentina, podrían ser algunas de las explicaciones a este fenómeno. 

En sentido contrario, Milei se enfrenta en términos electorales a un peronismo relativamente noqueado pero no vencido, así como a una izquierda en crecimiento exponencial, que ha conseguido generar esperanza popular en torno al Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) liderado por Myriam Bregman. 

El desenlace de la disputa interna peronista en torno a una candidatura y una agenda alternativa clara puede ser el fiel de la balanza de cara a las elecciones presidenciales de 2027. No obstante, como ya hemos comentado, parece haber marejada de fondo en la definición de la propuesta de agenda –junto a las habituales luchas de poder, más cruentas hoy en día aún si cabe– que pudieran impedir construir una alternativa inclusiva, creíble y netamente diferenciada del proyecto de Milei. Por su parte, FIT-U representa una práctica fundamental de lucha popular en muy diversos frentes, así como el planteamiento de una agenda verdaderamente confrontativa con el statu quo. En todo caso, y pese al crecimiento previsto, muy probablemente la coalición tenga todavía un techo que le impida disputar la hegemonía electoral anti-Milei.

En todo caso, más allá de lo partidario-electoral, la movilización popular es la verdadera trinchera de lucha, el indicador de posibles cambios de calado. Argentina es un país históricamente muy activo sociopolíticamente, contando con uno de los movimientos sindicales más fuertes de América Latina, y ensayo además de grandes procesos como el piquetero, las empresas recuperadas (ERT) o Ni Una Menos. 

A lo largo de los tres últimos años se han generado grandes movilizaciones en torno a los derechos humanos, la defensa de la educación pública, las jubilaciones, la diversidad sexual y contra la reforma laboral. Que, no obstante, no han contado con continuidad ni con una agenda compartida y articulada, impidiendo una espiral acumulativa y abarcadora. Además, la participación de la CGT –principal sindicato– en la negociación de la funesta reforma laboral aprobada ha roto puentes y expectativas de cambio, mientras el movimiento piquetero parece atravesar una fase de crisis.

En conclusión, y bajo este marco de la contienda política, planteamos un primer escenario en el que Milei cuenta con el apoyo de Trump como prestamista de última instancia, evitando así un hipotético estallido financiero. Se mantendría de este modo el contexto actual de estabilidad –aún frágil e injusta–, que le podría sostener hasta 2027, e incluso ganar de nuevo las elecciones –él personalmente, u otra figura vinculada al proyecto–, en la medida en que la movilización social no escale y/o se mantenga la relativa desarticulación de la oposición.

No habrá salida electoral ni de ningún tipo sin una clase trabajadora, compleja y diversa, que tome la calle y abandere una agenda de transición

El proyecto de peruanización podría así aspirar a llegar a 2030, completando su desempeño en términos ecosociales y políticos casi con toda seguridad (distopía peruana), siendo una incógnita si lo conseguiría en términos económicos (equilibrio monetario y macroeconómico). En cualquier caso, se avanzaría notablemente y de manera estructural en la transformación reaccionaria y ultraliberal de la arquitectura económica, política e incluso social del país, con funestos impactos para la clase trabajadora y los ecosistemas nacionales.

Un segundo escenario sería el de un nuevo estallido en forma de hiperinflación, devaluación drástica y/o impago de deuda, cuestión que podría ocurrir en cualquier momento, dada la fragilidad económica estructural. Este panorama generaría un caos social todavía mayor, poniendo contra las cuerdas al gobierno y sus aliados. Se acrecentaría así la movilización social, posibilitando una alternancia en el ejecutivo. En todo caso, quién gobierne, con qué apoyos, y sobre todo bajo qué agenda de transformación serían elementos fundamentales para saber si la peruanización persiste, se supera… o se mantiene como bucle dentro del clásico péndulo argentino. 

Precisamente esa incertidumbre sobre la agenda alternativa a impulsar sería la que debiera responder un hipotético gobierno de oposición, probablemente peronista, si llega al gobierno en un tercer escenario de derrota electoral de Milei, fruto del desgaste social de su proyecto, incluso sin estallido financiero de por medio. Este es también un horizonte posible, dado los funestos impactos ecosociales ya expuestos. En este marco, generar una candidatura ilusionante y movilizar a los sectores populares no sería suficiente: que la oposición gane las elecciones no significa ni mucho menos acabar con el proyecto de peruanización. Haría falta además tener la audacia para redefinir el horizonte nacional, y abordar sin complejos y con radicalidad aspectos como la deuda, el rol del Estado, la matriz económica, o la estratégica transición ecosocial justa. 

Ante cualquier escenario, tanto para evitar los dos primeros como para reforzar la salida emancipadora del tercero, la clave para acabar con la peruanización de Argentina reside en la activación masiva, articulada y acumulada de la movilización popular. Así como de la construcción colectiva de una agenda compartida que marque un horizonte alternativo para el país en los términos señalados anteriormente. No habrá salida electoral ni de ningún tipo sin una clase trabajadora, compleja y diversa, que tome la calle y abandere una agenda de transición. Se trata de una tarea que no es exclusivamente argentina, sino de cariz internacionalista: hacer descarrilar la distopía de Milei es clave para superar el orden global institucionalizado en torno al capitalismo, en el que personajes como él no son la excepción, sino la regla de un sistema salvaje, belicoso e insostenible.