Tribuna
Una política lingüística con unas exigencias razonables en las que quepamos todas y todos

CC OO considera necesario un sistema de perfiles que garantice derechos lingüísticos en la Administración pública, pero considera igualmente esencial la negociación con los agentes sociales, que no ha existido.
CCOO EUSKERA
Alfonso Ríos Velada, Lourdes Oñederra y Alberto López Basaguren en un acto de CCOO el 3 de diciembre con motivo del Día Internacional del Euskera

@AlfonsoRiosV
Responsable de salud laboral, medio ambiente y política lingüística de CCOO de Euskadi

Responsable de salud laboral y política lingüística de CCOO de Euskadi
31 oct 2023 06:12

Cada vez existen menos dudas de que el euskera es un factor de empleabilidad que contribuye a facilitar el acceso a un puesto de trabajo. No en vano, y según datos del año 2018, casi el 90% de las personas inscritas en Lanbide como demandantes de empleo no sabían hablar euskera. Entre la población general las personas que no saben hablar euskera de forma correcta no es del 90% sino que baja al 66%. Queda clara la diferencia y la situación de un número muy significativo de personas en gran desventaja desde el mismo punto de partida a la hora de poder hacer uso del euskera y facilitar el acceso al empleo.

Debido al derecho incuestionable que tienen las personas a que se les atienda en euskera en las oficinas de la Administración pública si así lo demandan, el conocimiento de euskera como factor de empleabilidad ya venía siendo un requisito en el Gobierno Vasco, en nuestras tres diputaciones forales y en los ayuntamientos de Euskadi, así como en diversos organismos y entidades que dependen de todos ellos. Uno de los puntos clave del borrador de decreto que pretende aprobar el Gobierno Vasco articula que se establezcan este tipo de obligaciones de acreditación de perfil lingüístico también para el personal de empresas privadas que trabaje como empresa subcontratada de la Administración y su trabajo tenga que ver con la atención directa a la ciudadanía.

“Es necesario un abaratamiento de los precios de las matriculaciones en euskaltegis y dar pasos hacia su gratuidad”

CC OO de Euskadi culminó en 2019 un proceso de reflexión en el que se articulaban las propuestas que, a juicio del sindicato, era necesario implementar teniendo en cuenta los dos objetivos que se consideran fundamentales: garantizar los derechos lingüísticos en la atención de la administración pública a la ciudadanía que así lo demandase y garantizar los mecanismos de ayuda que la persona funcionaria o la persona trabajadora de la subcontrata de la misma puedan necesitar para el desempeño de su trabajo (y que esto no obstaculice su derecho al trabajo). Todo esto quedó redactado en un documento que lleva el título “Por un país plurilingüe sin brecha de clase”.

Es necesario un abaratamiento de los precios de las matriculaciones en euskaltegis y dar pasos hacia su gratuidad, estableciendo un precio máximo de 72’36 euros (tasa oficial de Escuela Oficial de Idiomas) por curso, que podrían ser reembolsados tras un resultado satisfactorio, es decir, tras la obtención de la certificación. Este modelo tendría que extenderse hasta la certificación C1 debido a la amplitud de puestos en la Administración pública y en el sector privado que requieren ese nivel de acreditación, y no quedarse en el B2, previo pago de entorno a 800 euros de matrícula, como ocurre en la actualidad.

“El problema para las personas trabajadoras no es solo el coste de matrícula, también es el tiempo a emplear en la formación”

Incluso desde antes de conocer la propuesta del Gobierno Vasco para las subcontratas de la Administración pública que operan en espacios de atención a la ciudadanía, CC OO ya apostaba por el impulso a la euskaldunización en la empresa privada a través de un sistema de liberaciones financiado por el propio Gobierno Vasco. El problema para las personas trabajadoras no es solo el coste de matrícula, también es el tiempo a emplear en la formación. El número de horas que cada persona trabajadora podría disfrutar como máximo estaría en función de su conocimiento inicial y del nivel necesario en su empresa, pero hay que tener como referencia que según el currículum desarrollado por HABE se estima que la acreditación de un nivel C1 puede llegar a precisar 2.430 horas de estudio.

También hay que adaptar las exigencias a las necesidades reales del puesto a desempeñar a través de perfiles asimétricos, mecanismo que no está implantado en la actualidad. Es posible diferenciar en el nivel las destrezas orales y escritas. Por ejemplo, una persona que trabaje como gerocultora en una residencia de la tercera edad o como monitora en un comedor escolar puede tener como requisito la acreditación oral de un nivel B2 de euskera, pero un nivel escrito no tan alto puesto que no lo va a necesitar para el desempeño cotidiano de su puesto, por lo que carece de sentido exigirle en la acreditación de su nivel una redacción excesivamente compleja, pudiendo permitírsele que acredite un nivel A2, A1 o incluso ninguno.

Euskera
'Euskara denontzat' propone reformar el sistema lingüístico vasco
“Euskara denontzat, por un euskera sin barreras” busca el reconocimiento oficial del euskera entre el 18,4% de la población que lo entiende pero no habla, y del 6% que habla euskera pero no sabe escribirlo. Propone distintas medidas que garanticen la perspectiva de clase, género y origen en los estudios sociolingüísticos.

De la misma manera, el sistema de perfiles tiene que contemplar a las personas que acreditan A1 y A2, que en la actualidad no existen para el empleo en la Administración pública, pero pueden tener su espacio, por ejemplo, en puestos de trabajo no relacionados con la atención al público. También la capacidad de comprensión debe ser valorada, tal y como establece el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

“Si hay algo que permite compaginar la atención en euskera a quien lo demande con el acceso al empleo en la función pública es un respeto a las realidades sociolingüísticas de cada espacio”

Si hay algo que permite compaginar la atención en euskera a quien lo demande con el acceso al empleo en la función pública es un respeto a las realidades sociolingüísticas de cada espacio a la hora de establecer los requisitos de conocimiento de euskera. Establecer requisitos acordes a cada realidad sociolingüística es a lo que obliga el artículo 11 del Decreto 86/1997, que ya tiende a situar el propio requisito considerablemente por encima de la demanda real de atención en euskera.

El problema es que pocas Administraciones acceden a dar datos sobre esta demanda real de servicio en euskera. Varias secciones sindicales de CC OO llevan años pidiendo esos datos a distintas administraciones, pero no son facilitados. La intención no es rebajar la exigencia a la demanda real, sino demostrar que el respeto del índice sociolingüístico tal como se calcula en la actualidad satisface ampliamente esa demanda ciudadana.

Otro indicador preocupante sobre el rumbo actual de la política lingüística vasca son los recientes conflictos judiciales. Hasta ahora ha habido 8 sentencias sobre exigencias lingüísticas abusivas a trabajadores y trabajadoras. Contra lo que se repite, CC OO Euskadi solo ha protagonizado un recurso, el de la subcontrata del Ayuntamiento de Barakaldo. En un segundo caso, la bolsa de Arkaute para contratos temporales de policías municipales, coincidimos tres diferentes sindicatos en paralelo. En otros 4 casos, los recurrentes con abogado particular han sido trabajadores interinos de larga duración excluidos (Irun, Llodio, Uliazpi, Erandio). Y finalmente ha habido un recurso de una empresa de autobuses de Ondarroa frente a una licitación pública y otro del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros municipales de Bizkaia ante una bolsa de empleo.

“Otro indicador preocupante sobre el rumbo actual de la política lingüística vasca son los recientes conflictos judiciales. Hasta ahora ha habido 8 sentencias sobre exigencias lingüísticas abusivas”

El juicio de los trabajadores subcontratados de Barakaldo resume bien el fondo de la problemática. En Barakaldo el índice sociolingüístico de obligado cumplimiento es del 30% (proporción legal de puestos de la plantilla municipal que deben tener como requisito un perfil lingüístico), razonable para atender el uso declarado del euskera en el municipio que es del 8,5% (Eustat, 2021). En aquella licitación se exigía perfil, bajo amenaza de despido, al 100% de los trabajadores, hasta en puestos sin relación con la ciudadanía. Esto ocurría tras años denegando las peticiones de cursos de euskera solicitados por la propia sección sindical de CC OO para el personal subcontratado y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Barakaldo respeta para su propio personal funcionario el índice sociolingüístico del 30% del municipio.

Otro caso significativo, aún pendiente de sentencia, es el de unas cuidadoras de la residencia Egogain de Eibar para personas en situación de dependencia. Tras muchos años sin oposiciones, en un supuesto proceso extraordinario de estabilización de empleo público, para 20 plazas de personal cuidador, 8 de las 20 trabajadoras interinas con mayor puntuación se están viendo excluidas por no tener acreditado el perfil lingüístico B2, obligatorio para el 100% de las plazas, no respetando su índice de obligado cumplimiento del 63%, para una demanda allí en euskera de entre el 20% y el 35%.

CC OO defiende que los derechos lingüísticos y laborales son perfectamente compatibles respetando las proporcionalidades sociolingüísticas, y teniendo en cuenta que las cuidadoras trabajan en grupo de dos o tres personas por planta. Además, varias de las trabajadoras excluidas tienen el perfil B1, que les permitía ya realizar su trabajo también en euskera y que era el requerido durante años, hasta que se subió a B2, incluyendo unas competencias de redacción escrita de nivel avanzado, totalmente desconectadas con las funciones reales del puesto.

“Consideramos que el victimismo del Gobierno Vasco sobre una supuesta persecución judicial está llena de hipocresía, en la medida en que  las Administraciones implicadas están incumpliendo la propia normativa lingüística vasca”

Frente a esto, como contrapunto y ejemplo de buena práctica, situaríamos el pliego de licitación del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Donostia. En el mismo se establece que para el personal de la empresa subcontratada que se haga cargo del servicio se respetará la realidad sociolingüística de la ciudad en la asignación del requisito, así como que se financiará la euskaldunización de quien lo precise.

Así las cosas, consideramos que el victimismo del Gobierno Vasco sobre una supuesta persecución judicial está llena de hipocresía, en la medida en que en esos casos, las Administraciones implicadas están incumpliendo la propia normativa lingüística vasca, que Lakua debería hacer cumplir.

CC OO va a seguir defendiendo los principios pluralistas que fundamentaron el consenso de la Ley del Euskera hace 40 años. Y en esa línea invita a quienes tienen que aprobar la nueva regulación de perfiles lingüísticos, PNV y PSE, a que atiendan las propuestas consensuadas por agentes sociales en los dictámenes del CES. Aún estamos a tiempo de corregir la destructiva deriva actual.


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