Tribuna
Sistema dual cohesionador: un sinsentido

Una vez identificado el problema, lo lógico hubiera sido subsanar la estructura que origina la segregación escolar, convirtiendo la escuela pública vasca en el eje vertebrador. Por el contrario, el Departamento de Educación ha optado por idear un sistema educativo dual cohesionador. Parece ser que pasamos ahora de la fase de negación a la de las ocurrencias.
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Jokin Bildarratz en el inicio del curso escolar 2022-2023. Foto: IREKIA

El Departamento de Educación comenzará a aplicar el decreto y la orden que regula el procedimiento y los criterios de admisión y escolarización del alumnado en el curso 2023-24, los mínimos establecidos por la Lomloe hace dos cursos. Atendiendo a esta orden, todos aquellos centros que reciban dinero público deberán reservar puestos escolares para alumnado que el Departamento de Educación identifique como vulnerable. Supuestamente, con esta medida el Departamento de Educación pretende evitar la segregación derivada de su política educativa.

Tras prácticamente 20 años, gracias a la publicación de numerosos estudios que así lo avalan, y a nuestra constante reivindicación, el Departamento de Educación ha tenido que reconocer que la segregación es consecuencia directa del sistema educativo dual público-privado. Una vez identificado el problema, lo lógico hubiera sido subsanar la estructura que origina esa segregación, es decir, convertir la escuela pública vasca, la que sí es su competencia directa, en el eje vertebrador del sistema educativo; acabando con la concertación universal y abriendo un camino real de publificación. Por el contrario, el Departamento ha optado por idear un sistema educativo dual cohesionador. Parece ser que pasamos ahora de la fase de negación a la de las ocurrencias.

El problema no se puede afrontar sin confrontar con las patronales educativas y eso es, precisamente, lo que se quiere evitar, la educación se ha convertido en un negocio muy rentable en los últimos años

El Departamento pretende convencernos de que mediante la modificación de normativas de admisión y planificación, realizadas por supuesto de forma unilateral, conseguirá resolver el problema de la segregación. La estrategia consiste en aplicar diversos algoritmos matemáticos que ya han demostrado ser inútiles en otros territorios, y así acallar, de paso, las voces contrarias a la Ley de Educación. Pero aún desplazando el alumnado de un centro a otro y aplicando alguna de las ocurrencias que el Departamento se pueda sacar todavía de la chistera, solo estaremos atendiendo al síntoma, en lugar de afrontar la causa del problema. Y es que el problema no se puede afrontar sin confrontar con las patronales educativas y eso es, precisamente, lo que se quiere evitar; no olvidemos que la educación se ha convertido en un negocio muy rentable en los últimos años.

Es obvio que esta medida no va a solucionar la situación actual, estos excéntricos repartos de alumnado, más allá de mantenernos entretenidas, sólo sirven para blanquear el sistema público privado, ante un acuciante descenso de la natalidad. Si no se introducen cambios estructurales, las propias inercias mercantilistas del sistema junto con las lógicas de exclusión intrínsecas a esta sociedad siempre encontrarán un resquicio para la trampa y la excepción, generando una vez más segregación. Así pues, aunque probablemente surjan otros muchos, aquí algunos de los problemas que suscitarán las normativas publicadas a día de hoy:

En primer lugar, esta medida será fuente de estigmatización del alumnado. A esto se le suma que para cierto tipo de alumnado suele ser insostenible permanecer en determinados centros privados y suelen retornar a la educación pública. Además, para que el alumnado de bajo nivel socioeconómico pueda subsistir en estos centros privados, como mínimo aquellos costes cuantificables deberán correr a cargo del Departamento de Educación; el menú elitista de los comedores, el transporte, las clases de violín, las conexiones con la Nasa, las clases de pádel... Las pretensiones elitistas de estos centros los pagaremos entre todas y todos, y los centros concertados recibirán más dinero por cada matrícula procedente del alumnado vulnerable. No somos nosotras quienes nos dedicamos a inventar, lo que contamos ya ha sucedido en Catalunya, donde el pacto contra la segregación escolar fracasó notablemente. 

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Cada curso recibe aproximadamente 20 millones públicos para escolarizar a 6.458 alumnos y alumnas de familias social y económicamente favorecidas. Dos de los centros (Munabe y Ayalde) segregan por sexo debido a su credo religioso.

La reserva de plazas para el citado alumnado vulnerable se aplicará únicamente en las aulas de 2 años, por lo que en principio habría que esperar muchos años hasta que la incidencia se percibiera otros cursos, siempre y cuando en cursos posteriores se mantenga la tasa de vulnerabilidad ajustada a la realidad. 

La Orden de admisión asimismo reduce todavía más la capacidad de las Comisiones de Garantías, ya que las decisiones quedarán en manos del Departamento de Educación. Un claro ejemplo de este ninguneo han sido los cambios realizados sobre las áreas de influencia, las cuales condicionarán la distribución del alumnado. Además de ignorar las alegaciones de Steilas, el Departamento de Educación tampoco ha escuchado a los numerosos ayuntamientos y colegios que han intentado mostrar su contrariedad hacia dichos cambios. De este modo, las tasas de vulnerabilidad de las áreas de influencia han llegado a los centros educativos, haciendo caso omiso a las alegaciones y discrepancias. Hemos de decir que en la mayoría de los casos, dichas tasas de vulnerabilidad no se corresponden con la realidad que vemos en el día a día, ni con el número de becas que hay en los centros. Así las cosas, se han ampliado las áreas de influencia, lo que, entre otras cosas, se traducirá en un mayor número de alumnado que se tiene que desplazar, o en la ausencia de necesidad de oferta pública en algunas pequeñas localidades dentro del área de influencia. Hay que tener en cuenta que esto contradice el artículo 109 de la Lomloe.

Para compensar la ampliación de las áreas se le ha dado más valor en la baremación a la cercanía respecto al centro educativo, algo con lo que Steilas coincide, ya que ha sido una de nuestras reclamaciones históricas. Pero no hay constancia de que por encima de esa proximidad siempre se ofrezca un puesto escolar público de modelo D a todo aquel que así lo solicite. Y es que nos encontramos de nuevo con decisiones estructurales erróneas. 

Como hemos dicho a menudo, el euskera no puede ser opcional ni depender del proyecto lingüístico de los centros. Pero la propia creación del Servicio Vasco de Educación, al igualar a ambas redes, supondrá una desregulación en el ámbito del euskera, ya que los centros de titularidad privada tienen competencia respecto al modelo lingüístico. Si a esto le añadimos la falta de apego que parte del alumnado vulnerable pueda tener hacía el euskera, ¿dónde queda la función de la educación respecto a la euskaldunización? No olvidemos que ha sido la escuela pública vasca la que más ha euskaldunizado en los últimos 30 años.

En cualquier caso, hemos de admitir que en este caso sí jugamos a las adivinanzas, puesto que no sabemos cuál será el perfil del alumnado vulnerable, ya que de momento desconocemos las variables que se usarán para definirlo. Lo que sí sabemos es que cuando se han realizado este tipo ecuaciones en otras localidades, el diagnóstico de alumnado vulnerable se ha duplicado.  

Por lo tanto, en Steilas tenemos claro que estas medidas para la admisión del alumnado vendrán acompañadas de todo tipo de picarescas y trampas que en el fondo responden a la nula voluntad del Departamento de Educación de priorizar la escuela pública vasca. No hay necesidad de inventar nuevas estrategias, basta con aplicar las que ya funcionan en diferentes lugares. En lo que a la admisión del alumnado se refiere, por ejemplo, podría haberse implementado la ventanilla única de matriculación que tanto se ha mencionado en el marco del pacto y que ha sido una de nuestras reivindicaciones históricas. Por desgracia, por mucho que se haya anunciado no aparece en la normativa. Así pues, no necesitamos esperar a que se desvanezca el humo para saber que no hay nada detrás, que este no es el camino que necesitamos para crear una educación pública fuerte y, en consecuencia, una sociedad cohesionada.

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