Violencia policial
Muere un vecino en Santurtzi dos días después de ser reducido con pistolas táser por la Policía Municipal

Un vecino de Santurtzi de 29 años ha fallecido en el hospital dos días después de ser reducido por la Policía Local de la localidad. En la intervención que se produjo el lunes sobre las cuatro de la tarde para reducir a la victima, los policías hicieron uso de pistolas taser.

El hombre fue llevado en ambulancia a un centro hospitalario, donde murió el miércoles, según ha confirmado El Diario . El Ayuntamiento de Santurtzi trasladará el caso a la comisión de control de la Policía vasca, el órgano externo que supervisa los operativos con personas heridas. Sin embargo, el concejal de Seguridad del municipio de la margen izquierda, Imanol Urrutxua, ha desvinculado las consecuencias de la actuación policial del fallecimiento, señalando que “hemos comprobado todo y no hay ningún indicio que nos haga pensar que haya habido una actuación incorrecta por parte de los agentes”.

El sindicato policial Esan respalda “absolutamente” a los agentes mientras varios colectivos denuncian “brutalidad policial” y convocan una movilización para este sábado

El sindicato policial Esan ha expresado su “apoyo absoluto” a los agentes y sostiene que, a la luz de las imágenes grabadas por las cámaras, la intervención se ajustó a los principios de “legalidad, necesidad, congruencia y proporcionalidad”. EH Bildu, por su parte, ha pedido emplear “todas las herramientas administrativas y legales” para aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades si procede. GKZ Ezkerraldea y Berri-Otxoak han ido más allá, convocado una movilización este sábado a las 12:30 frente al Ayuntamiento para denunciar la violencia policial.

Un arma “menos letal” cada vez más extendida

La muerte vuelve a situar en el foco a un armamento que se ha ido normalizando en las plantillas municipales vascas. La Policía Local de Santurtzi se equipó con pistolas táser en 2023, convirtiéndose entonces en la tercera del territorio en disponer de estas armas, después de las de Sestao —pionera— y Basauri. Desde entonces el despliegue no ha dejado de crecer: en 2024 ya eran seis los municipios de Bizkaia cuyas policías locales utilizaban o se formaban para utilizar estos dispositivos, y la expansión alcanza también a otros cuerpos, como la Guardia Municipal de Donostia, que se armó con táser en 2025.

Esa normalización contrasta con las advertencias sobre los riesgos del arma. El propio fabricante desaconseja su uso en personas agitadas, con enfermedad mental, problemas de corazón o bajo los efectos de las drogas, unas recomendaciones que, como ha documentado este medio, los protocolos policiales no siempre incorporan. En Euskadi, además, el protocolo de la Ertzaintza para el uso de las táser se avaló a partir de un informe elaborado por un proveedor de balas foam del propio cuerpo, lo que alimenta las dudas sobre la independencia de los criterios que regulan su empleo.

El informe que aseguraba que el arma “salva vidas” y que actúa “por igual” sobre una persona ebria, drogada o “enajenada mental”, justo el perfil que el fabricante desaconseja descargar. Ese documento, clasificado como confidencial, no lo redactó un organismo independiente: lo firmó Andreu Soler i Associats, el mismo proveedor que vende a la Consejería de Seguridad la munición “menos letal” y que facturó alrededor de 1,5 millones de euros entre 2017 y 2020. Quien avala el arma es, a la vez, quien la suministra.

El fabricante de las táser desaconseja su uso en personas agitadas, con problemas de corazón o bajo los efectos de sustancias, recomendaciones que los protocolos policiales no siempre recogen

Esa lógica se ha extendido en la cadena de mando. El consejero Bingen Zupiria aprobó tres contratos fraccionados por 40.800 euros con Axon Enterprise —material, formación de instructores y munición de prácticas— apenas unos días después de que los sindicatos policiales le exigieran “más recursos”. Es el mismo patrón que asoma ahora en Santurtzi: la agenda la marcan los cuerpos policiales y sus proveedores, mientras el control externo y la transparencia llegan, cuando llegan, después de que haya un muerto.

El caso se suma, en fin, a una larga lista de actuaciones policiales con resultado de muerte. Solo en el conjunto del Estado, al menos 162 personas murieron en intervenciones o bajo custodia policial entre 2015 y 2022. En Euskal Herria, organizaciones y familiares llevan años denunciando la impunidad y el descontrol que cuestionan la legitimidad de las actuaciones policiales, un trasfondo sobre el que se proyecta ahora la muerte del vecino de Santurtzi.