Violencia sexual
Acoso sexual inmobiliario: cuando el agresor es tu casero

Elvira (nombre ficticio*) ha migrado dos veces en su vida. La primera lo hizo en mayo de 2024, cuando viajó a Barcelona desde Buenos Aires para huir de la inseguridad que azotaba a su ciudad natal. La segunda vez se desplazó a Madrid a consecuencia del acoso sexual continuado que ejerció contra ella el propietario de su vivienda en Mataró (Catalunya). “Entré a vivir subalquilada en un piso diminuto con seis personas más por 585 euros al mes, el hombre que me arrendó era compañero de trabajo de mi tío y desde el día en que fui a visitar por primera vez el piso noté cómo se comportaba de una forma muy extraña conmigo, aunque de primeras no le di mucha importancia”, relata a El Salto.

Cuando entró al piso llevaba poco tiempo residiendo en el Estado español y, aunque su situación administrativa estaba regularizada, no contaba con medios económicos suficientes como para poder escoger con libertad donde vivir. Por ello, cuando comenzaron a manifestarse las primeras señales de acoso sexual, se vio pronto en un callejón sin salida. “Uno de los primeros días que coincidimos en el piso, mientras estaba sentada, empezó a tocarme las manos y la cabeza y yo ahí me sentí muy incómoda y violentada”, traslada.

El propietario entraba y salía de la vivienda a su antojo, de manera que Elvira podía encontrarse con su acosador en cualquier momento del día sin previo aviso

A este episodio le siguieron otros de violencia a través del entorno digital, como mensajes de whatsapp día sí día también para “ir a tomar algo, quedar y vernos fuera del piso” que ella siempre declinaba. El arrendatario acostumbraba a espiarla en la ducha, llegando incluso a entrar en el interior bajo el pretexto de “tener que arreglar cosas”. “Recuerdo cómo una vez me dijo que me había estado mirando mientras estaba en el baño, me dijo que me había visto desnuda y me empezó a hacer todo tipo de comentarios sobre mi cuerpo”. Pese a que la ley lo prohíbe expresamente, el propietario entraba y salía de la vivienda a su antojo, de manera que Elvira podía encontrarse con su acosador en cualquier momento del día sin previo aviso.

“Una vez me llamó por teléfono y me decía que era una mujer muy bonita, que le habría gustado conocerme en otro contexto, para intentar acercarse a mí”. Mientras ella trataba de hacerle ver que no se sentía cómoda “insistía en salir juntos todo el rato” hasta que un día la amenazó con echarla del piso aludiendo falsamente a que “no respetaba las normas de convivencia”, al no acceder a ninguna de sus peticiones. Con el contrato de arrendamiento todavía vigente y la rentas mensuales al corriente de pago, se enfrentó a un proceso de expulsión forzosa a través de coacciones tras haber rechazado las “ofertas” de encuentros íntimos con el propietario.

Un informe de Provivienda estima que las mujeres migradas están más expuestas a situaciones de exclusión residencial, habitan viviendas en peores condiciones y a menudo sufren hacinamiento de forma crónica

La de Elvira es la historia silenciosa y desgarradora de miles de mujeres víctimas de violencia sexual dentro de su domicilio por parte de sus arrendadores, conscientes de la precariedad habitacional que atraviesan, pero sobre todo del poder que pueden ejercer sobre ellas. Esta cuestión se vuelve especialmente acuciante en el caso de las mujeres migrantes. Lo avalan los testimonios como el de Elvira, pero también los datos de organizaciones como Provivienda. En su estudio sobre xenofobia y racismo en el mercado del alquiler, la entidad estima que las mujeres migradas están más expuestas a situaciones de exclusión residencial, habitan viviendas en peores condiciones y a menudo sufren hacinamiento de forma crónica. A los habituales contextos de racismo inmobiliario, es decir, la negativa de las inmobiliarias a alquilar por motivos de la nacionalidad, discriminación indirecta, exceso de documentación requerida, entre otros, se suman en este caso prejuicios asociados al género.

El Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda da a conocer vivencias de varias mujeres que en su momento reportaron acoso sexual telefónico, digital y distintas coacciones, de manera que “la confluencia de una mayor carga económica, una tenencia más precaria y la exposición a discriminaciones específicas configura una barrera de acceso a la vivienda sistémica para las mujeres. Por ello enfrentan formas específicas de discriminación, como la infantilización financiera y el acoso sexual, que se agravan para aquellos colectivos con identidades interseccionales (mujeres racializadas, migrantes, LGTBIQ+)”.

Otra investigación, en este caso del grupo GISMAT, confluye en esta idea: “En los pisos compartidos los factores de mayor incidencia son por un lado las condiciones abusivas impuestas por parte de los arrendadores o arrendatarios titulares del contrato a modo de normas de convivencia y, por otro, la propia coexistencia de muchas personas que requieren uso de los servicios de la vivienda al mismo tiempo”, expone el estudio.

Racismo y machismo inmobiliarios contra mujeres migrantes

El grupo de trabajo antirracista del Sindicato de Inquilinas de Madrid (SDIM) lleva tiempo acuerpando a mujeres migrantes que pasan por procesos de exclusión residencial. Han centrado gran parte de su trabajo en poner el foco en los contextos de subarriendo legal e ilegal ya que en este tipo de régimen de arrendamiento se reproducen muchos abusos inmobiliarios, pero también de género. “Muchas veces cuando se subalquila y el propietario vive en la casa. Se da un control del espacio y de la vida íntima muy marcado. Eso refuerza las asimetrías y jerarquías de poder, porque las violencias se producen en el espacio privado. Nosotras lo hemos visto mucho haciendo asesoramientos colectivos, donde ves cómo la reproducción de las estructuras racistas se dan en la vivienda y a nivel de espacio íntimo”, declara Daniela Cid, integrante de este grupo de activistas enfocadas en las inquilinas extranjeras y racializadas. Muchas han sido sextorsionadas por sus caseros para obtener el empadronamiento: “Hay arrendadores que aprovechan esa vulnerabilidad para cobrar cerca de 300 euros por un padrón o directamente presionar para tener sexo a cambio de empadronar a la inquilina”, comenta Cid a este medio.

“Su empleador y a la vez casero residía con ella en la vivienda. Estuvo sufriendo acoso sexual verbal que poco a poco fue escalando a violencia sexual a través de tocamientos y rozamientos”, desliza Belén Zurita, abogada de la Asociación Por ti Mujer

Destacan que las empleadas del hogar internas están en el centro de la diana de muchos de estos caseros. En su caso, interseccionan tanto la explotación laboral con el abuso inmobiliario en un mismo lugar de conflicto, porque la vivienda se convierte a su vez en lugar de trabajo. Desde la Asociación por Ti Mujer, de Valencia, trasladan el caso de una víctima de este abuso que había migrado desde Latinoamérica y trabajaba como empleada del hogar interna en la casa del mismo hombre que acabó primero acosándola y más tarde agrediéndola sexualmente. “Su empleador y a la vez casero residía con ella en la vivienda aunque no era el propietario del piso. Estuvo sufriendo acoso sexual verbal que poco a poco fue escalando a violencia sexual a través de tocamientos y rozamientos”, desliza Belén Zurita, abogada y coordinadora de la Unidad de Violencia Sexual de esta asociación. Destaca que, cuando las mujeres sufren contextos de precariedad laboral, monomaternidad y discriminación étnica la exposición a estos abusos crece desmesuradamente.

Todas estas circunstancias se entremezclaban en el caso de Andrea y su hija María, quienes llegaron a Palma de Mallorca poco antes de la pandemia desde República Dominicana. María se dedica actualmente al cuidado de una niña a tiempo parcial y su madre ha trabajado durante años como empleada del hogar interna. Llevan años queriendo dar a conocer su testimonio para visibilizar la violencia que sufrieron y que las mujeres que pasen por situaciones similares se sientan un poco menos solas. “Entramos en la casa en septiembre de 2021, llevábamos menos de un año viviendo en España, pero al cabo de un tiempo tuvimos que irnos porque la situación de violencia física y verbal se volvió insostenible”, afirman.

Estaban alquiladas en un piso de cuatro habitaciones en el centro urbano de Palma, compartiendo con otras dos personas, una de las cuales también era migrante. Madre e hija vivían en la misma habitación y dormían en una sola cama. Durante el tiempo que permanecieron en el piso empezaron a sufrir robos reiterados por parte de su casero, que entraba en el cuarto a cualquier hora. “Nos robaron dinero, joyas, documentos de identidad, fotografías, ropa, enseres de cocina, incluso la compra del mes”, infieren.

Al cabo de unos meses, cuentan, arrancaron los insultos y los actos de acoso sexual: “Cuando yo pasaba a la cocina o al baño el hombre me espiaba, me cogía ropa interior del tendedero y también me insultaba llamándome ‘puta’ o ‘regalada’, me decía que no valía nada y que era una niñita. Un día se puso a picar tan fuerte a la puerta del baño durante un buen rato rato que al final tuve que abrirle”. Tanto María como su madre carecían de alternativas habitacionales asequibles en aquel entonces y hubieron de permanecer aterrorizadas en en piso hasta que una familiar directa accedió a acogerlas para evitar un peligro todavía mayor.

Infradenuncias por miedo a la deportación y exclusión residencial

Tanto Elvira como Andrea y María acabaron por denunciar a sus acosadores pero en ningún caso estas acusaciones llegaron a tener recorrido judicial. Sus agresores acabaron absueltos por falta de pruebas y el desgaste emocional que trae consigo este tipo de procedimientos para las víctimas ha hecho que ninguna quisiera retomar el asunto. El mayor problema a la hora de obtener justicia ante casos así es que, al producirse en el entorno privado y en contextos de intimidad, resulta complejo demostrar la presencia de agresiones verbales. “El acoso sexual inmobiliario se puede denunciar porque constituye un delito, bien sea de coacciones o de un acoso sexual laboral o de una agresión sexual, si ha habido tocamientos por parte del agresor, pero al final hay muchas barreras como la falta de pruebas y testigos y el miedo a la deportación”, explica Zurita.

La falta de acceso a la vivienda y las dinámicas racistas que operan en el acceso al mercado del alquiler propician los abusos y los vuelven casi siempre impunes

Existe un miedo muy extendido a que tras la denuncia pueda abrirse un procedimiento de deportación inmediato. Ese temor, agregado a la falta de opciones para salir adelante si se quedan de repente en la calle explican la elevada infradenuncia. En el caso de las que consiguen las herramientas para interponer denuncia, desde Por ti Mujer y el grupo de trabajo antirracista del SDIM insisten en la importancia de “grabar las conversaciones telefónicas o de whatsapp, donde muchas veces se produce acoso sexual digital, hacer capturas de pantalla o intentar que haya testigos en ciertas situaciones límite”. Sin embargo, urge ampliar la mirada desde una perspectiva estructural: la falta de acceso a la vivienda y las dinámicas racistas que operan en el acceso al mercado del alquiler propician los abusos y los vuelven casi siempre impunes.

“Cuando las mujeres no tienen a donde ir, sobre todo las que se encuentran en situación irregular, el acoso sexual es una herramienta más de abuso de poder. Ese poder puede ejercerlo telemáticamente, pidiendo fotos cuando la mujer está fuera de la vivienda o directamente con insinuaciones o tocamientos en otros casos”, comenta la experta de Por ti Mujer. En ocasiones los caseros amenazan con subir desproporcionadamente el alquiler si se niegan a acceder a sus requerimientos sexuales, siendo conscientes de la necesidad económica de sus víctimas.

“Si no hay denuncia, la mayoría de recursos habitacionales no están disponibles y es que estos recursos son muy escasos y están precarizados”, lamenta Zurita

Además, el Estado Español no cuenta con alternativas habitacionales para las supervivientes de estos abusos concretos, únicamente pueden acceder a centros de crisis temporales para víctimas de violencia sexual las que han interpuesto denuncia previamente. “Si no hay denuncia, la mayoría de recursos habitacionales no están disponibles y también hay una cuestión que es general a todo, que es que los recursos habitacionales son muy escasos y están precarizados”, lamenta Zurita.

Para Amaya, otra superviviente de acoso sexual inmobiliario residente en Madrid, existe un perfil común de hombre que ejerce esta violencia: “Son cazadores de mujeres vulnerables, muchas de ellas han sido anteriormente víctimas de violencias machistas y saben que no puedes abandonar esa vivienda fácilmente”, espeta. Amaya subarrendó un piso compartido en Leganés huyendo de una situación de violencia intrafamiliar que le provocó un trastorno de estrés prostraumático prolongado en el tiempo. En este municipio de Madrid sur, el subarrendador, que también residía en una de las habitaciones del piso “empezó a coger bragas y ropa íntima de las lavadoras que ponía, a abrir mucho la puerta de la habitación donde estaba y decirme de salir con él de fiesta porque estaba soltero cada vez que me iba con mis amigas”.

El acoso derivó en tocamientos a cualquier hora: “Estaba en la cocina y me hacía masajes de espalda o iba por el pasillo y abría la puerta para rozarse conmigo, porque era una casa bastante pequeñita”, recuerda con ansiedad. Cuando no estaba en la casa, le enviaba mensajes al móvil a todas horas hasta tal punto que hubo de bloquearle, también de redes sociales donde perpetuaba el acoso “de forma obsesiva” haciéndole comentarios sexualizantes.

Inseguridad, ansiedad y secuelas físicas

Ella logró escapar gracias a varios grupos de apoyo mutuo que se coordinaron para que encontrara un piso donde quedarse temporalmente, pero la mayoría de mujeres no tienen esa posibilidad y se ven atrapadas en un ciclo cronificado de violencias. Por eso Amaya insiste en la necesidad de que las organizaciones que luchan por la vivienda digna, como las PAH o sindicatos de vivienda, integren más habitualmente enfoques de género a la hora de dirigir sus estrategias: “Son casos que se tienen que gestionar de una forma totalmente distinta a las estrategias de resistencia en los pisos cuando se imponen, por ejemplo, subidas de la renta o no renovaciones de contrato, porque las víctimas no nos podemos quedar. Debería haber protocolos específicos para poder abordar este tipo de casos, acompañar en el procedimiento y, si la mujer decide denunciar, no dejarla sola”, expone. En su caso, la denuncia tampoco prosperó por falta de pruebas.

Elvira abandonó Barcelona debido a la sensación de malestar agudo que acabó produciéndole la propia ciudad fruto de estas vivencias, que tuvo que atravesar sin ninguna red de apoyo a su alcance

Hay un denominador común que se repite en todas las historias recogidas: el terror y la sensación de inseguridad a cualquier hora, sentir que ningún espacio es realmente seguro. Casi siempre el acoso ha dejado secuelas en el medio y largo plazo debido a la hipersexualización y al riesgo permanente. Elvira abandonó Barcelona debido a la sensación de malestar agudo que acabó produciéndole la propia ciudad fruto de estas vivencias, que tuvo que atravesar sin ninguna red de apoyo a su alcance. Tanto María y su madre como Amaya tenían pavor a entrar por la puerta de la vivienda por si su casero les esperaba al otro lado, de manera que durante meses acostumbraron a ocupar su tiempo en la calle o en casas de conocidos hasta la noche para evitar encuentros fortuitos.

“Nosotras pasábamos el día entero en la casa de mi hermana, comíamos fuera a veces, hacíamos tiempo paseando por comercios hasta que el señor se hubiera ido a la cama, hasta las 23.00 de la noche o incluso más tarde porque nos daba miedo entrar y encontrárnoslo en el pasillo”, destaca María. El pánico convertido en rutina mermó su autoestima y llegó a somatizarse durante las noches: “Dormí durante mucho tiempo encogida de los nervios y mi madre sufre de cervicales también por culpa de toda esa situación”, recalca. Amaya pasaba largas horas dando paseos y estructuraba su día en función de cómo evitar cualquier tipo de interacción con el propietario.

“Te da miedo hasta abrir la puerta e ir al baño, porque de hecho también otra de las cosas que pasaron es que me duchaba y él llamaba a la puerta, sufrí durante muchísimo tiempo de insomnio, ansiedad, estaba en un estado de alerta constante, ya incluso para salir a la calle. Cuando él llegaba a la casa de trabajar, tenía que meterme rápido en una habitación de 10 metros e intentar no salir para que no se roce”, infiere. Zurita concluye en este sentido que “las mujeres que han sufrido esto manifiestan no tener un lugar seguro, es decir, tu casa, donde supuestamente deberías poder descansar, comer, ducharte tranquila y relajarte después de un día de trabajo, se vuelve el más peligroso”, precisamente por esa invasión de la intimidad. Por todo ello, Cid insiste en una idea que busca transversalizar a todas las prácticas activistas: el acompañamiento hacia mujeres migrantes que sufren abusos inmobiliarios es en sí mismo un acto político, ya que la impunidad se construye gracias al silencio, la soledad y al miedo. Para que éste cambie de bando, las redes de apoyo son una condición indispensable.