Derecho a la vivienda
Se abre una vía de diálogo para los bloques de Villalba clausurados por el incendio del pasado diciembre

El pasado 21 de enero varios grupos de personas acudieron a la llamada de la Asamblea de Vivienda de Villalba (AVV) para llevar a acabo la limpieza del bloque ocupado por 16 familias y que sufrió un incendio provocado. Más de un centenar de personas no solo estuvieron a punto de perder la vida —algunas resultaron heridas con quemadura y tuvieron que ser hospitalizadas— si no que perdieron sus casas.

Aún y con ello, y a pesar de todo lo acontecido en las últimas semanas, se ha abierto una vía negociadora entre Plan Sareb —iniciativa colectiva en la que participa la asamblea villalbina— y la propiedad de los bloques, es decir, con Sareb. “Esto —aseguran desde AVV a El Salto— “va a permitir que las personas que viven en el bloque accedan en breve a sacar sus enseres y, más adelante, sentarse a estudiar la limpieza del mismo para que se pueda volver cuanto antes a las casas“.

“Anteriormente, y ante la inacción de la Sareb, propietaria de las viviendas, y la desesperación de las familias afectadas por recuperar sus enseres, se desprecintó el bloque, que llevaba cerrado desde el día del incendio. De manera simultánea un grupo de personas habían cortado la calle Real del municipio para denunciar la situación de las familias que habían perdido sus hogares en el incendio, que  ahora se sabe, de acuerdo a las conclusiones de Policía científica y bomberos, que fue intencionado. Cerca de allí, otro grupo anunciaba la recuperación de un edificio cercano en la calle Madrid, 12, con más de 6.000 metros cuadrados y cerrado desde 2014. Poco a poco tanto activistas como vecinas y vecinos fueron concentrándose fuera de este nuevo edificio para asegurar la ocupación cuando comenzaron a llegar agentes tanto de la Policía Municipal de Villalba como de la Guardia Civil.

Ese mismo día la AVV confirmaba la detención de seis personas con cargos de tentativa de usurpación y desórdenes públicos que pasaron la noche en los cuarteles de Villalba y Las Rozas

La tensión aumentó cuando los agentes intentaron entrar al edificio y comenzaron a cargar cuerpo a cuerpo y a  rociar con gas pimienta, para disolver la concentración y recuperar el inmueble, también propiedad de la Sareb. Finalmente accedieron al interior del edificio tras romper a hachazos unas mamparas de cristal. Una vez desalojada la gente, un equipo de albañiles tapiaron y soldaron chapas sobre las ventanas con la vigilancia de la Guardia Civil todo el tiempo. Asimismo, dado que la puerta blindada del edificio incendiado había quedado inutilizada, se observó a trabajadores que estuvieron hasta última hora destapiando para instalar una nueva puerta para luego volver a tapiar.

Ese mismo día la AVV confirmaba la detención de seis personas con cargos de tentativa de usurpación y desórdenes públicos que pasaron la noche en los cuarteles de Villalba y Las Rozas, y fueron liberadas al día siguiente. Esa mañana del domingo 22 de enero, se convocó nuevamente a una concentración para denunciar la actuación policial que consideraron violenta y desproporcionada.

Violencia policial

Al día siguiente de los hechos y las detenciones, la Asamblea de Vivienda de Villalba emitía un comunicado en el que explicaban su acción del 21 de enero como pacífica ante la falta de respuesta de Sareb a las familias que habían sufrido, no solo el incendio sino el tener que abandonar la única opción habitacional que tenían. Señalaban que durante más de dos años el llamado banco malo, ahora bajo control público, se ha negado a considerar las peticiones de alquiler social por parte de las vecinas y que “Sareb aprovechó para entrar ilegalmente en las viviendas del bloque más afectado por el incendio, tapiarlo y contratar a Securitas para instalar alarmas y una puerta blindada. Desde entonces, no ha ofrecido ninguna solución a las 40 personas desalojadas ilegalmente”.

“Durante veinte minutos, la Guardia Civil cargó con torpeza y brutalidad”

En el comunicado también explicaban que la Guardia Civil rompió el acuerdo al que había llegado con sus mediadores y cargaron contra las más de 100 personas rodeando la puerta. “Durante veinte minutos, la Guardia Civil cargó con torpeza y brutalidad”. Entonces la AVV ya había recopilado diverso material audiovisual que probaría los excesos en la actuación de las fuerzas de seguridad hacia las personas concentradas frente al edificio. Este material sale hoy a la luz pública.

Para la Asamblea de Villalba “los vídeos de la actuación demuestran tanto nuestra actitud absolutamente pacífica como la violencia policial que roza la ilegalidad. La benemérita aporreó indiscriminadamente, apuntando en ocasiones a la cabeza, cuello y genitales, y rociaron con spray pimienta. Causaron decenas de heridos, algunos tuvieron que ser atendidos por los Servicios de Emergencias”. Ya entonces los y las activistas alegaron que observaron a guardias civiles heridos pero por autolesión. Con los vídeos intentan mostrar que estos se rociaron spray pimienta y resultaron heridos por la forma que arrastraron a los manifestantes.

Una de las seis personas detenidas es el periodista y colaborador de este diario, Manuel del Valle Vega, quien se encontraba cubriendo las acciones del día 21. Valle asegura a El Salto que una vez que vio a los agentes de la Guardia Civil dirigirse hacia él mostró inmediatamente su carnet de prensa, que ni siquiera fue revisado por los agentes e inmediatamente le detuvieron junto con otras cinco personas sin oponer resistencia. Argumenta que se le obstruyó en su trabajo y que él se identificó inmediatamente ante los agentes. El periodista se confiesa contrariado por la disposición impuesta por la jueza de tener que ir a firmar cada mes, ya que no considera esta medida proporcional a la manera ni al momento en que fue detenido teniendo en cuenta que se identificó como prensa. En uno de los vídeos dados a conocer hoy por la asamblea de vivienda puede observarse que durante los momentos de tensión en la calle entre personas concentradas y guardias civiles también se obstaculizó el trabajo de otros periodistas. La Asamblea de Vivienda de Villalba ha pedido, desde que se dieron las detenciones, la absolución de todos los compañeros acusados. Además, han puesto a disposición de Amnistía Internacional todo el material de vídeo sobre el desalojo del edificio en C/ Madrid 12 para para redactar el informe pertinente y llevar el caso.

Desde la Asamblea de Vivienda de Villalba insisten en que existe “una campaña mediática e institucional de odio y estigmatización contra las personas que ocupan que ampara el intento de quemar vivas a centenar y medio de personas”

Villalba en el foco de la especulación inmobiliaria

Desde la Asamblea de Vivienda de Villalba insisten en que existe “una campaña mediática e institucional de odio y estigmatización contra las personas que ocupan que ampara el intento de quemar vivas a centenar y medio de personas”. Señalan especialmente a la alcaldesa Mariola Vargas, quien ni siquiera hizo una declaración institucional condenando el incendio pero si se desplazó al edificio de la calle Madrid “para grabarse un vídeo esparciendo los mismos bulos de siempre” recalcan desde AVV.

Este grupo de personas de Collado Villalba afectadas por hipotecas y alquileres que se reúnen semanalmente en el Ateneo Popular de Villalba, es una de las asambleas más activas por el derecho a la vivienda. Y es que en este municipio el alquiler ha subido un 38’6% desde 2015 y no hay vivienda social. Su lucha ha conseguido no solo parar múltiples intentos de desahucios, sino otros logros importantes como destapar el pufo de la Oficina Municipal Antiocupación que creó la misma alcaldesa para permitir realizar desalojos extraoficiales. Otro acierto de la AVV ha sido la publicación, en diciembre pasado, de su Informe sobre la situación e historia reciente del alquiler en Villalba en el que reconocen que “Villalba siempre ha sido territorio de especulación inmobiliaria” y cómo en los últimos años los precios y los abusos del alquiler se han incrementado hasta dejar a muchas familias fuera de la posibilidad de acceder a un recurso habitacional digno.