Derecho a la vivienda
Colectivos de vivienda presionan al fondo Cerberus en varias acciones coordinadas en Madrid y Cataluña

Jennifer Jiménez y sus dos hijos de seis y ocho años enfrentan una amenaza de desahucio de la casa en la que viven desde hace cinco años. La dueña es Promontoria Atlas, una filial del fondo de inversión Cerberus Capital Management. A pesar de la situación de vulnerabilidad de Jennifer (viuda, con dos hijos que reciben tratamiento psicológico y psiquiátrico y cuyo único ingreso es el Ingreso Mínimo Vital), Cerberus ha desoído sus intentos de negociar un alquiler social apoyada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas. Solo le ha ofrecido la compra del piso por 220.000 euros, una cifra que la familia no puede asumir.

El caso de Jennifer expone, para la PAH, el modus operandi de Cerberus. Fundado en 1992 en Nueva York, el gigante financiero se ha convertido en el cuarto mayor tenedor privado con más viviendas alquiladas en España con casi 7.000 inmuebles en Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Tiene una red de cerca de 2.000 filiales globales e instrumentales en paraísos fiscales como Luxemburgo y Países Bajos. “Su estrategia se basa en adquirir carteras masivas de deuda tóxica e hipotecas a la banca con descuentos de entre el 5 % y el 30 % de su valor nominal, para posteriormente reclamar los pagos o ejecutar desahucios a través de procedimientos judiciales”, describen desde la PAH Vallekas.

Según los datos manejados por esta plataforma de vivienda, Promontoria Atlas adquirió la casa de Jennifer por unos 60.000 euros. Una cantidad que contrasta con los 220.000 euros que la entidad exige para permitirles permanecer en el inmueble mediante su compra.

Siguiendo con los contrastes, el cofundador de Cerberus, el multimillonario Stephen Feinberg, declaró en 2025 unos ingresos de 65,6 millones de dólares procedentes de su actividad en Cerberus antes de desprenderse de sus participaciones para asumir el cargo público como secretario adjunto de Defensa de Donald Trump. Feinberg ha incorporado a tantos financieros a puestos de relevancia en el Pentágono que la operación ha sido bautizada de forma informal por algunos sectores de la industria como la “toma de control de Cerberus”, según The Wall Street Journal.

Amenazada de desahucio por el cuarto mayor megatenedor de vivienda

La historia de Jennifer comienza en 2021, cuando ella y su esposo accedieron al piso en el barrio de Vallecas tras pagar 4.000 euros de fianza a un supuesto apoderado, que resultó ser un estafador. Durante casi tres años le ingresaron 500 euros mensuales hasta que dejó de dar señales de vida. Asesorados por la PAH Vallekas, acudieron al Registro de la Propiedad y comprobaron que la vivienda figuraba a nombre de una sucursal de Unicaja. Posteriormente pasó a manos de Promontoria Atlas, sociedad vinculada a Cerberus, que ahora reclama judicialmente su desalojo.

Jennifer trató de quedarse en su casa, pero todo fueron puertas cerradas. Negándole la opción del alquiler, la entidad bancaria le ofreció la compra del piso, pero optar a un crédito se convirtió en un imposible: “Me pedían que tuviera las tres últimas nóminas, que tenían que ser de 1.800 euros para arriba, fianza, aval bancario, contrato de trabajo, cosas que yo no podía reunir”, cuenta. La entidad tampoco ofreció otras opciones, como el alquiler social o alquiler con derecho a compra. La situación familiar se agravó tras el fallecimiento de su marido, en mayo de 2024. Tras casi cuatro años viviendo en la casa, Promontoria Atlas denunció a la familia por usurpación y Jennifer fue condenada por este procedimiento. Según la PAH Vallekas, esta condena le impide acogerse a las medidas extraordinarias de suspensión de los desahucios.

Jennifer denuncia que ha recibido visitas de una empresa de desokupación, que “venían por la mañana a primera hora y por la tarde y, como no les abría la puerta, llamaban a los telefonillos de las vecinas”

El Juzgado de Instrucción n.º 38 de Madrid condenó a Jennifer a desalojar la vivienda, fallo confirmado en enero de 2026 por la Audiencia Provincial de Madrid. Desde entonces, ella denuncia que ha recibido visitas de una empresa de desokupación, que “venían por la mañana a primera hora y por la tarde y, como no les abría la puerta, llamaban a los telefonillos de las vecinas”. También llegaron a dirigirse directamente a sus hijos para advertirles de que su madre podía acabar siendo expulsada por la fuerza delante de ellos.

“Van al cole con miedo”, cuenta. “Lo primero que dicen, han venido los desokupa, llamad a mi madre a ver si está bien. Se van al cole y me dicen, mama por favor echa la llave y no abras a nadie. Viven con terror”. Reconoce que irse de su barrio, donde tiene su arraigo y un vecindario que la apoya, supondría un enorme trastorno: “Aquí tengo psiquiatría y psicología [para los niños], servicios sociales, el colegio, todo cerquita. Va a ser un descoloco para ellos”.

Madrid: sin respuesta de MACC Residencial

En España, Cerberus gestiona miles de viviendas mediante un entramado de sociedades. Entre ellas, MACC Residencial, una socimi que administraba 4.701 inmuebles en 2024 según sus cuentas anuales. “En el caso de Jenny, llevamos dos años intentando contactar con Cerberus”, dicen desde la PAH Vallekas, que critica la falta de opciones de comunicación que ofrecen estas entidades.

Por eso, el pasado martes, PAH Vallekas realizó una acción en su sede en el distrito financiero de Azca en Madrid, en una movilización coordinada con colectivos de vivienda de Cataluña en distintas sedes de empresas vinculadas a Cerberus para exigir responsabilidades y abrir negociaciones para el caso de Jennifer.

Durante la acción, en la que varios activistas entraron en el edificio en cuya planta 16 se encuentra la sede de MACC Residencial, hubo presencia policial para obligarles a abandonarla, pero la socimi se negó a bajar a hablar con los miembros de la plataforma, atender a la familia y a abrir una vía de diálogo. “Queremos que Cerberus se siente con nosotras a hablar. Hoy no han querido bajar de sus oficinas en el piso 16 de este edificio, no quieren negociar”, exponían desde la PAH.

Barcelona: una solución para 40 familias

En Barcelona, Olga Matute, de 54 años y vecina de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), fue desahuciada por Cerberus el 15 de abril de 2026. Olga dejó de poder pagar su hipoteca, acordó una dación en pago con Banco Sabadell y permaneció en la vivienda mediante un alquiler social. Sin embargo, la entidad bancaria vendió su vivienda a Promontoria Coliseum Real Estate (filial de Cerberus), quien se negó a renovarle el contrato de alquiler social. A pesar del riesgo autolítico, el juzgado rechazó la suspensión del lanzamiento solicitada por su defensa. Cinco meses después de su desahucio, Olga falleció por suicidio, el 7 de septiembre de 2026.

El movimiento del derecho a la vivienda denuncia el impacto de la especulación de los fondos inmobiliarios y la inacción judicial frente a familias vulnerables. “Cerberus esgrime que su negocio es comprar y vender viviendas a corto plazo, no alquilarlas y menos conceder alquileres sociales. Tiene que vender las carteras y dar beneficios a sus inversores. Las personas que habitan esas casas no forman parte de su negocio, son un obstáculo que las encarecen a la hora de venderlas”, valoran PAH y COSHAC (Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya) en un comunicado.

Para Cerberus “las personas que habitan esas casas no forman parte de su negocio, son un obstáculo que las encarecen a la hora de venderlas”, valoran PAH y COSHAC

La COSHAC, en otra acción coordinada en las oficinas de M&P Ledesma Abogados —el bufete que representa a Cerberus, en Barcelona— buscaba exigir una solución para más de 40 familias que se encuentran en riesgo de desahucio. Tras una protesta en la oficina, en la que participaron más de diez colectivos de vivienda confederados en esta organización sindical, el despacho aceptó abrir una vía de negociación con una nueva reunión prevista para los próximos días.

Ambas plataformas recuerdan que la vivienda tiene una función social en España según recoge la Constitución, y piden que las administraciones públicas tomen medidas para frenar los abusos de los fondos de inversión sobre el parque residencial básico.