Derecho a la vivienda
El vecindario y los colectivos de vivienda paran otro desahucio en Lavapiés

Nuevamente, el edificio de la calle Olmo 35 del barrio de Lavapiés ha sido objeto de la atención mediática y del activismo de vivienda madrileño. La autoridad judicial –y la indiferencia de los demás poderes públicos- habrían posibilitado que hoy, 23 de septiembre, se consumara el desahucio de Paco y Jacky, acción que fuera pospuesta el 15 de julio pasado, por interposición de recurso legal. Pero esta vez lo ha impedido la decidida intervención de los colectivos de vivienda (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Asamblea de Bloques en Lucha, Lavapiés Dónde Vas?, Sindicato de Inquilinas) y de alrededor de 150 vecinos procedentes de Lavapiés y de barrios periféricos, al grito de “Paco no se va” , ”Sí se puede“, “No estás solo”.

LA PRECARIEDAD DE LOS CANDIDATOS AL DESAHUCIO

Paco, de 85 años, es figura emblemática en el barrio. Durante 40 años, administró el FM Lavapiés, a escasos metros de Olmo 35 y durante todo ese tiempo ha residido allí. Padece un cáncer terminal con metástasis y su expectativa es acabar sus días en el piso que habita junto con Jacky. Ingresa 392 euros mensuales y abona 325 de alquiler por esos 50m2. Nunca ha dejado de pagar, pero la gentrificación, hija inmobiliaria de la voracidad especulativa, no quiere saber de historias personales, de afectos, derechos adquiridos por arraigo, reconocimiento vecinal. Nada que tenga que ver con tejido social, solidaridad, ecuanimidad.

“La familia del dictador (Francisco Franco) –de la que se dice tiene un patrimonio inmobiliario que ronda los 500 millones de euros- lleva prisa en hacerse con un piso de 50m2 y ha demandado a Paco por extinción de contrato”.

En 2018, el edificio de Olmo 35 fue vendido a una sociedad que formaran el Grupo Rosales y la empresa MK Premium, propiedad de Lian Lay Fournier, casada con Francis Franco III, nieto del dictador. Más tarde, el Grupo Rosales prefirió vender su parte a Lian Lay Fournier, que ha quedado como única propietaria. Como de praxis, ni bien se consumó la primera transferencia, los inquilinos recibieron burofaxes en los que se les informaba de la cancelación de sus contratos y se les exigía el abandono de los pisos ni bien se extinguiese le pieza contractual. Evidentemente, la familia del dictador –de la que se dice tiene un patrimonio inmobiliario que ronda los 500 millones de euros- lleva prisa en hacerse con un piso de 50m2 y ha demandado a Paco por extinción de contrato.

La familia Franco desahucia en Madrid

Sonia Martínez

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Derecho a la vivienda

La familia Franco desahucia en Madrid

Sonia Martínez

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Lian Lay Fournier, que se convertirá el 12 de octubre en nuera del nieto de Franco, es la nueva propietaria del edificio de Olmo 35, uno de los bloques de Lavapiés, en Madrid, que se enfrenta al desalojo de sus vecinos tras su compra por parte de un fondo de inversión.

LA INDIFERENCIA INSTITUCIONAL

En declaraciones a El Salto, Fernando Bardera, portavoz de los colectivos de vivienda, informa que esta batalla por la permanencia en Olmo 35 es un desvelo del movimiento nacido junto al del edificio de Argumosa 11, iniciativas mancomunadas que alumbraran la creación de la Asamblea de Bloques en Lucha.

“Martínez Almeida, actual alcalde de Madrid, estaba perfectamente al corriente de esta situación, ante la cual se habría hecho el desentendido”

Las negociaciones comenzaron durante el gobierno municipal de Manuela Carmena. En esa gestión –comenta Bardera- el ex concejal de Centro, Jorge García Castaño, trajo a la familia Franco –por la obvia vinculación de Lian Lay Fournier con ella- a algunas reuniones con los colectivos de vivienda en el ayuntamiento, sin que se haya podido llegar a ningún acuerdo, dada la inflexible posición de la familia del dictador.

Un centenar de vecinos y vecinas para frenar el desahucio de Paco y Jacky en la calle del Olmo 35. La familia Franco quiere arrebatarles el inmueble. #Olmo35SeQueda pic.twitter.com/22SFrfFfN7

— El Salto Madrid (@ElSaltoMadrid) September 23, 2020

Según el portavoz, Martínez Almeida, actual alcalde de Madrid, estaba al corriente de esta situación, ante la cual se habría hecho el desentendido. Tanto es así que, el 15 de julio, el juez interviniente además de paralizar el desahucio, en paralelo envió una comunicación al ayuntamiento –ya en manos del regidor- solicitándole interponga un pedido de intervención a Servicios Sociales, para que arbitre una solución habitacional para Paco. Ciertamente, la expectativa –dice Bardera- era que, dado el estado su salud, se le proveyese de un espacio de algún centro de cuidados paliativos. Sin embargo, el regidor habría hecho caso omiso al pedido judicial y no cursó ninguna comunicación a Servicios Sociales para que intervenga en la solución de la requisitoria judicial.

Expulsado de su local y su vivienda tras 40 años al frente del bar FM de Lavapiés

Ter García

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Francisco Rodríguez se enfrenta, con 83 años y un cáncer en fase de metástasis, a la expulsión de su vivienda a final de mes después de que el edificio haya sido comprado por un fondo de inversión.

Por si no bastase, el médico de cabecera de Paco, dados algunos síntomas peculiares que percibiera, le solicitó se realice una PCR, para tener certeza de que no está afectado de coronavirus. Hasta el momento de realizar la apelación legal no había llegado el resultado de la prueba. O sea, si los colectivos de vivienda y los vecinos no lo hubieran impedido, hoy se podría haber desahuciado y condenado a vivir en la calle a un enfermo terminal de cáncer, aquejado –además- de coronavirus y en estado de máxima precariedad económica. Una exhibición de crueldad e indiferencia superlativas ante un drama social y sanitario.

Por su parte, el poder judicial, se limita a cumplir las normas, con flexibilidad cuando se trata, por ejemplo, de intentar enterarse de los negocios opacos del rey prófugo, pero con desigual y extremo celo cuando pone la lupa sobre sus súbditos. Así, el juez que el 15 de julio decidió postergar el desahucio y dar parte al ayuntamiento para que proveyese una solución habitacional para Paco, esta vez no encontró elementos en la jurisprudencia para evitar el desahucio y, de no haber mediado la intervención del vecindario y de los colectivos, se habría constituido en el brazo ejecutor del desalojo.

Preguntado el portavoz de las asociaciones sobre la acción institucional, se confiesa azorado y responde: “En todo este tiempo los servicios sociales del ayuntamiento no hicieron absolutamente nada. Ni siquiera ponerse en contacto con Paco. Le hemos comunicado al juez esta negligencia en la certeza de que iría a decidir suspender el desahucio y, sin embargo, esta vez no lo ha hecho. Ayer a última hora el secretario judicial informó que el proceso seguía adelante y el desahucio no se detendría”, expresa con estupor.

En el plano jurídico, los colectivos intentaron apelar al RD 11/2020, que alumbrara el gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos, pero de nada ha servido. Es cierto que –en términos jurídicos- este decreto tiene alcances limitados, formalmente ampara solo a gente que haya padecido reducción de salarios y esté bajo un ERTE o ERE y en emergencia habitacional. Y es verdad que el caso de Paco es anterior, pero, ¿dados los elementos de precariedad y exclusión manifiestos que padece el candidato a desahucio, no podía el juez hacer una interpretación extensiva que posibilitase al menos posponer el desalojo y volver a intimar a los servicios sociales de Martínez Almeida para que tomen alguna providencia?

“¿A qué espera el gobierno progresista para aprobar una ley similar a la que promulgara en diciembre del año pasado la Generalitat de Catalunya que trae notables mejoras a la penosa situación actual de los inquilinos?”

Respecto al gobierno nacional, alegadamente “de progreso”, en declaraciones a El Salto, los colectivos de vivienda se preguntan a través de su portavoz, “¿ A qué hace falta apelar para evitar el desahucio de una persona de 85 años, con cáncer terminal, que ingresa 392 euros al mes, de los que destina 325 al pago del alquiler del piso, al que un gran tenedor –la familia Franco- pretende desahuciar “por extinción del contrato”? ¿A qué espera el gobierno progresista para aprobar una ley similar a la que promulgara en diciembre del año pasado la Generalitat de Catalunya que trae notables mejoras a la penosa situación actual de los inquilinos?” Efectivamente, dicha disposición, entre otras cosas, posibilitará a medio y largo plazo incrementar el parque público de alquiler y, en lo inmediato, regularizar la ocupación de pisos de familias en situación precaria de viviendas propiedad de bancos, empresas o grandes tenedores (así considera a los que tienen más de 15 viviendas)”.

Rosales: el currículum de un grupo especializado en expulsar vecinos

Sonia Martínez

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Sonia Martínez

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Este grupo inmobiliario es el nuevo propietario del edificio de la calle Olmo 35, en Lavapiés, cuyos vecinos se enfrentan a un próximo desalojo.

DESENLACE PROVISORIO 

Después de las largas negociaciones con la Comisión Judicial, los colectivos de vivienda –en la voz de Bardera- sintetizaron el resultado en estos términos: “Han tenido que reconocer que Martínez Almeida ha hecho caso omiso a la interpelación que en su momento le hizo el juez para que proveyese de una alternativa habitacional digna. Esto sucedió el 15 de julio, cuando el juez paralizó el desahucio. Y en estos dos meses y pico el ayuntamiento no ha hecho nada, solo decir que le habían ofrecido una solución habitacional a Paco y que éste la había rechazado, lo cual es una absoluta mentira. Ahora se ha paralizado, nosotros interpretamos que de forma definitiva y que el ayuntamiento tendrá que mover ficha, para la provisión de una alternativa habitacional para Paco. E interpelamos al gobierno central para que vele por el cumplimiento de sus propios decretos frente al poder judicial y a las instituciones locales y autonómicas”.