Agricultura
Bruselas impulsa un nuevo paquete desregulador que autoriza indefinidamente 200 pesticidas
Coordinador de Clima y Medio Ambiente en El Salto. @pablorcebo.bsky.social, pablo.rivas@elsaltodiario.com
La población europea no quiere pesticidas, independientemente de su ideología política, y eso incluye a la ciudadanía española. Es la principal conclusión de una encuesta realizada por la empresa YouGov, por encargo de la Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), en siete países de la UE: Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Polonia y Rumanía.
El estudio señala que entre siete y ocho personas de cada diez —del 68 % en España al 80 % de Rumanía— apoyan que este tipo de agrotóxicos se eliminen gradualmente hasta desaparecer por completo de los campos. Se trata de sustancias utilizadas masivamente en la agricultura industrial intensiva, biocidas que ya han contaminado el 70% de los suelos europeos, tal como apuntaba en febrero un estudio publicado en Nature. Por el contrario, solo entre el 1 y el 3 % de las personas encuestadas apoyan su expansión.
“Aprobar medidas como esa supondría un retroceso sin precedentes en la protección de la salud humana”, señala al respecto Carlos de Prada, de Hogar sin tóxicos
La encuesta sale a la luz en un momento en que la Comisión Europea está negociando el paquete Ómnibus X de Seguridad en la Alimentación y los Piensos, una nueva amalgama legislativa de desregulación ambiental que aboga, entre otras medidas, por conceder autorización ilimitada a cerca de 200 pesticidas, tal como se ha dado a conocer tras la reciente filtración de un borrador. Ese número es prácticamente la mitad del total de productos de este tipo que se utilizan en la Unión Europea. Está previsto que la propuesta, que ya ha pasado por el Consejo Europeo, se vote en el EuroParlamento en diciembre.
La práctica totalidad de la población no quiere autorizaciones indefinidas
La encuesta señala que el apoyo a esas autorizaciones ilimitadas está entre el 4 % de Alemania y Polonia y el 10 % de Rumanía, siendo en España del 6%, lo que supone que la práctica totalidad de la población no quiere dar carta blanca a estas sustancias. Eso incluye a personas que apoyan todos los espectros políticos: en el caso español, un 94 % en el caso de los votantes del PP, un 95% en los de Sumar y el PSOE, y un 93% en los de Vox.
En todos los países, al menos la mitad de la ciudadanía aboga por revisar las autorizaciones en periodos más cortos a lo que hoy marca la legislación, que actualmente marca en 15 los años en los que se produce esa revisión. En concreto, un 50% de la población española manifiesta esta opinión, porcentaje que se eleva al 72% en el caso de Alemania.
“Las principales exigencias de Bayer, BASF, CropLife Europe y Copa-Cogeca se copian, en algunos casos sin modificar el lenguaje, en la propuesta Ómnibus X de la Comisión”, denuncian desde CEO
“Aprobar medidas como esa supondría un retroceso sin precedentes en la protección de la salud humana y del medio ambiente que, aunque con deficiencias, brinda el actual Reglamento de pesticidas”, señala al respecto Carlos de Prada, responsable de Hogar sin tóxicos, una organización que colabora con PAN Europe.
El borrador actual del Ómnibus X, que sigue la estela de anteriores macropaquetes de desregulación medioambiental fomentados por los países y grupos políticos más escorados a la derecha, propone medidas como que “una vez que se prohíba un pesticida por su peligrosidad, en lugar de ser retirado de inmediato, pueda seguir siendo empleado durante tres años más, alargando innecesariamente la exposición de la población”, advierte Kistiñe García, de Ecologistas en Acción. Se trata de una propuesta que ya ha sido aprobada por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, con el voto favorable de socialistas, populares y los grupos de ultraderecha.
“El documento también recoge la posibilidad de que se autorice el uso de pesticidas que no cumplan los criterios oficiales de seguridad, haciendo caso omiso de los dictámenes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), atendiendo a supuestas razones ‘socioeconómicas’, añaden desde lsa confederación ecologista. Y eso a pesar de que la encuesta señala que tres de cada cuatro españoles sostienen que la protección de la salud debe ser el primer criterio a considerar a la hora de aprobar el uso de un pesticida.
Un paquete dictado por la industria
Corporate Europe Observatory (CEO), una entidad independiente que monitoriza la actividad de los grupos de presión en las instituciones de la UE, denuncia que el lobby de los pesticidas está presente en todo el proyecto de ley Ómnibus de seguridad alimentaria y de piensos.
“Ha bastado con comparar las peticiones de la industria con los documentos publicados por las administraciones europeas para comprobar que las principales exigencias de Bayer, BASF, CropLife Europe y Copa-Cogeca se copian, en algunos casos sin modificar el lenguaje, en la propuesta Ómnibus X de la Comisión y en el borrador de los ponentes conjuntos del Parlamento Europeo, el eurodiputado del Partido Popular Herbert Dorfmann y el de Conservadores y Reformistas Europeos, Michele Picaro”, denuncian desde el CEO.
Este colectivo añade que Copa-Cogeca, considerado el principal grupo de presión agrícola de la UE, “también está presionando para que se eliminen protecciones que han existido durante años”. Como ejemplo de ello, señalan cómo Copa-Cogeca se unió a Bayer para que la propuesta de la Comisión Europea incluyera autorizaciones ilimitadas para los plaguicidas.
“Si se adoptaran, podrían prolongar la exposición humana y ambiental a plaguicidas para los que han surgido pruebas de alteración endocrina u otras propiedades peligrosas”, denuncian tres organizaciones profesionales médicas
La preocupación también se da en las organizaciones médicas de profesionales que tratan enfermedades relacionadas con este tipo de agrotóxicos, sustancias que afectan, según esgrimen estos colectivos, a los sistemas nervioso, reproductor y cardiovascular. En una carta destinada a las diferentes autoridades europeas, la Sociedad Endocrina (ES), la Sociedad Europea de Endocrinología (ESE) y la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica (ESPE) han expresado su “profunda preocupación de que las propuestas de Omnibus de Seguridad Alimentaria y de Piensos de la Comisión, si se adoptaran, debilitarían significativamente las protecciones sanitarias y ambientales existentes y podrían prolongar la exposición humana y ambiental a plaguicidas para los que han surgido pruebas de alteración endocrina u otras propiedades peligrosas”.
En el texto, las tres organizaciones abogan por que “se suspendan las negociaciones sobre el paquete legislativo ómnibus de pesticidas hasta que un organismo independiente realice una evaluación de impacto exhaustiva”.
En el mismo sentido, más de 500 personas del ámbito científico han firmado una carta destinada a los parlamentarios europeos e impulsada por la Universidad de Leyden (Países Bajos) para que “suspendan su consideración de las nuevas regulaciones europeas sobre seguridad alimentaria, agricultura y alimentación animal”. En la misiva también instan al Parlamento Europeo a que “primero se lleve a cabo una investigación independiente sobre los impactos en la salud y el medio ambiente”.
A la oleada de grupos que han mostrado su preocupación se suma incluso la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que ha manifestado su oposición al texto actual.
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