Economía
Pacto de Rentas para… ¿salvar a quién?

Las formas adoptadas por estas políticas de rentas, bien en versión autoritaria depresión (devaluación) de los salarios por medio de las políticas laborales de reforma del mercado de trabajo -descuelgues, inaplicaciones de convenio, congelaciones-, bien en versión de Pacto de Rentas -acuerdos entre empresarios y sindicatos CC.OO. y UGT-, cumplen o persiguen un mismo objetivo: la reconstrucción del beneficio empresarial y que los costes de sus crisis (todas) sean pagadas por la mayoría social de la clase trabajadora.

LAS RENTAS SALARIALES (RA) Y LAS RENTAS EMPRESARIALES (Excedente Bruto de Explotación – EBE-) desde la crisis estafa del 2008 al año 2019, en la Renta Nacional:

Según los datos de Contabilidad Nacional del INE, la desigualdad en la evolución de las RA y las empresariales reflejado en el Excedente Bruto de Explotación (EBE) que incluye beneficios empresariales, así como las rentas de autónomos (rentas mixtas), los salarios apenas crecieron un 4,8% (26.307 millones de euros) en este periodo de 12 años, mientras que los EBE se incrementaron en un 14,6% (69.802 millones de euros. Es decir, las rentas empresariales crecen 2,6 veces más que las rentas salariales.

El trasvase de recursos de las personas asalariadas al conjunto de las empresas, o, dicho de otra forma, la expropiación de las rentas salariales por el empresariado, se ve reflejado en la participación de su renta en el conjunto de la renta nacional, es decir, en la distribución de la riqueza que producimos.[1]

En periodo duro de la crisis-estafa 2008 a 2013, con implementación de todas las políticas austoritarias (Reformas Laborales, Reales Decretos de disminución de recursos públicos en Sanidad, Educación, Cuidados, Cultura, etc. Ley de Estabilidad Presupuestaria y Equilibrio Financiero, Reforma del artículo 135 de la CE), tanto en los mercados laborales privados como en los públicos, la masa salarial se redujo en un 14%, mientras que los beneficios empresariales lo hicieron solo un 5%. El nivel salarial global de 2008 no se recuperó hasta 2018, mostrando un desfase temporal respecto a los beneficios empresariales, que en 2016 ya alcanzaron los niveles previos a la crisis.

La fase de recuperación económica iniciada en 2014 permite solamente un incremento de la participación de los salarios en la renta nacional en 0,3 puntos porcentuales sobre el PIB. 

Pacto de Rentas para… ¿salvar a quién?

El relato que se nos quiere imponer, acerca del porqué de la inflación tan alta en todo el mundo y en el Estado español -a febrero 2022 se situó en el 7,5%- que no se había conocido en los últimos 30 años, es un relato miserable, pues pretenden que nos traguemos que los costes de las materias primas y de la energía son consecuencia de la guerra de Ucrania y que la población acepte que todos y todas somos más pobres, que la economía crecerá menos de lo previsto y que toda la sociedad tenemos que pagar los daños.

Los incrementos de los costes de la energía y materiales necesarios para la producción de mercancías se encuentran en una espiral inflacionaria sin parangón en las últimas décadas. Hablamos de que nos encontramos en un fenómeno general (afecta a todo el mundo) y estructural, que precariza a la clase trabajadora (devaluación y expropiación de rentas salariales) y empobrece aún más a los hogares (vía precios en necesidades vitales: vivienda, alimentación, movilidad).

Las dinámicas, ante el capitalismo del caos nos llevan a preocuparnos, pues lo que suena bajo el eufemismo de “economía de guerra” no es otra cosa que las políticas de austeridad que a buen seguro multiplicarán los efectos nefastos que ya sufrieron las clases obreras en la crisis estafa de 2008.

Los poderes públicos, los patrios y Bruselas, tienen muy claro que se hace necesario frenar la posible “demanda” de las personas trabajadoras de recuperar su poder adquisitivo tanto en sus rentas salariales a través de la negociación colectiva, como recuperar rentas disminuidas significativamente a través del consumo de mercancías, especialmente aquellas esenciales (vivienda, transporte, alimentación, etc.), por medio de ajustes fiscales redistributivos.

Tanto la Comisión Europea, como los grandes gurús económicos-ideológicos y medios de comunicación creadores de opinión (el periódico El País, como mejor representante de todos ellos), ven con preocupación el traslado de la inflación desbocada a los salarios y consideran que solo una verdadera política de rentas en ese desafío de recuperar los salarios en el medio y largo plazo empieza por fomentar el crecimiento de la productividad [2].

¿Qué contenidos se manejan para vender el Pacto de Rentas, como una de las salidas ante la enésima crisis económica y social?

El núcleo central se centra en contener los salarios, a través de la Negociación Colectiva, para que éstos no abonen la espiral de la inflación y las empresas pierdan competitividad y vean reducida o disminuida su tasa de beneficios.

En sociedad se presenta como el necesario equilibrio entre proteger la capacidad adquisitiva de los salarios y contener la inflación, a la vez que se debe proteger el empleo, siendo el mecanismo RED, el instrumento a utilizar para aquellos sectores, empresas, que tengan que reconvertirse, como consecuencia de las transformaciones en sus mercados…

Se deben articular mecanismos que permitan ajustar los márgenes comerciales (es decir los beneficios) y los repartos de dividendos a los accionistas, así como deberían limitarse los salarios de los directivos, en especial de las grandes corporaciones, es decir de las empresas del IBEX35 [3]

Y la otra variable que se maneja en este posible pacto de rentas, sería la moderación de los precios de bienes básicos o bien bonos (dinero en metálico) para los sectores más vulnerables…

Las negociaciones entre patronal y sindicatos CC.OO. y UGT, acerca de los incrementos salariales vía negociación colectiva, se mueven en parámetros idénticos: no subidas indexadas al IPC, sino marcar subidas indexadas a la productividad de cada empresa y fijar una senda (2/3 años) de recuperación del poder adquisitivo, a través de mecanismos o claúsulas de revisión.

El Gobierno, por su parte, considera que el acuerdo de Pacto de Rentas debe extenderse a todas las personas asalariadas y funcionarias de todas las Administraciones Públicas, al igual que a los casi 9 millones de pensionistas.

Por Acuerdo Social entre Gobierno y sindicatos CC.OO. y UGT (ya ley), para el incremento y revisión de las pensiones públicas, el IPC que se utiliza ya no es el IPC real, sino el IPC medio anual. Así, en la revisión de las cuantías de las pensiones para 2022, el IPC utilizado fue el medio anual 2021 (3,1%) y no el real a 31 de diciembre que se situó en el 6,4%.

El argumento es miserable, hasta la indecencia, pues sustentan que subir los salarios, causaría el efecto contrario a lo que se persigue, pues esta subida rápidamente se trasladaría a las ventas de las mercancías y la “hiper-inflación” se convertiría en estructural, lastrando el crecimiento de la economía y dañaría la competitividad de la misma.[4]

Su modelo de política de rentas se condensa en los Acuerdos Sociales sobre Negociación Colectiva que ha habido en los últimos decenios, entre los agentes sociales (empresarios y sindicatos mayoritarios), pues los mismos son limitadores del crecimiento de los salarios y este crecimiento ligado a la productividad.[5]

Las políticas de Concertación Social entre sindicatos “mayoritarios” y las Patronales, desde los Pactos de la Moncloa 1977, hasta el “posible Pacto de Rentas 2022”, tienen en su base como núcleo central el fijar topes salariales de referencia que sirvan de modelo disciplinador para toda la Negociación Colectiva (empresa, sectorial, provincial, autonómica), lo que comporta una contracción de las rentas salariales a la vez que un trasvase hacia el excedente bruto de explotación.

Las clases asalariadas, la clase obrera (sea clase baja, media o alta), volverá a seguir pagando la factura en precariedad, pobreza y modo de vida cada vez menos digno si no interpela con sus movilizaciones y conflicto, a quienes dicen representar el “interés general” y éste, una y otra vez, se identifica con la tasa de beneficio empresarial y la libertad de mercado.

[1]  Fijémonos en el contraste de la distribución de la riqueza producida, según las épocas históricas y la participación de la clase obrera en el conflicto social -siglo XX década del 67 al 77-: …"Desde finales de los años sesenta y sobre todo desde los primeros setenta, el incremento salarial se redobló impulsado por las luchas de fábrica, que tenían en la negociación de los convenios su momento de fuerza. Los salarios empezaron así a crecer por encima de los incrementos de productividad. La evolución de la renta nacional muestra el crecimiento continuo de la masa salarial en la renta nacional en relación con el excedente bruto de explotación. En una década, entre 1967 y 1977, los salarios pasaron de sumar el 60 % de la renta nacional a cerca del 70 %...”. (“El efecto clase media” de Emmanuel Rodríguez Editorial Traficantes de Sueños)

[2] Editorial de El País del jueves 13 de enero de 2022.

[3] En todos los Pactos Sociales, desde 1977 Pactos de la Moncloa, realizados para “salvar la economía”, la limitación de los dividendos de las empresas privadas, al igual que la limitación de los salarios de sus directivos, es una quimera, pues jurídicamente (constitución dixit) no se puede hacer y su control o limitación, tanto de beneficios como de reparto de dividendos, además de la voluntad política real de llevarlo a efecto, solo podría hacerse en base a la intervención de estas grandes, medianas o pequeñas corporaciones en base al artículo 128 de la CE., es decir, en base a garantizar el interés general.

Las empresas públicas, sus directivos y gestores tienen limitados sus salarios por ley.

[4] Mismo comportamiento por parte del empresariado, en situaciones de hiper-inflación como consecuencia del aumento de los precios de la energía en la crisis del petróleo de 1973 del siglo XX… “La reacción patronal, típicamente asociada también al encarecimiento de la energía a partir de 1973, se traslada de este modo a los precios. Desde comienzos de la década de 1970 la inflación crece, pero siempre detrás de los salarios: 11 % en 1973, 17 % en 1975, 25 % en 1977.

El crecimiento de los precios anula una parte de los incrementos salariales, pero todavía en estos años el crecimiento de los salarios reales -y por ende la presión sobre los beneficios- sigue en aumento, con crecimientos en torno al 5 % entre 1974 y 1976…”.

[5] … "Una política de rentas que recupere los salarios en el medio y largo plazo implica actuaciones destinadas a fomentar el crecimiento de la productividad…” (Editorial citada).