Análisis
Del “No a la guerra” en Moncloa al sí de la extorsión comercial de Trump en Bruselas

En verano de 2025, en respuesta a los chantajes arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hizo concesiones masivas a las corporaciones estadounidenses al aceptar un documento hecho a medida de los intereses de los círculos de poder que sostienen el inquilino de la Casa Blanca y elogiado por los lobbies de las petroleras, aerolíneas y la agroindustria.

Ahora, el Parlamento Europeo ha ratificado dos acuerdos arancelarios que constituyen el núcleo del acuerdo sumiso con EEUU alcanzado en el complejo de golf Turnberry del magnate supremacista en Escocia.

Los dos actos delegados salieron adelante con 417 votos a favor, 154 en contra y 71 abstenciones, así como 437 votos a favor y 144 en contra y 60 abstenciones, respectivamente, de los reaccionarios del Partido Popular Europeo, una parte de la extrema derecha (ECR), los liberales (Renew), los socialdemócratas (S&D) e, incluso, la mayoría de los Verdes.

PSOE y PP a favor de la sumisión

Pese al “No a la guerra” de Pedro Sánchez en relación a la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano y las intimidaciones de Trump contra España, su gobierno y el PSOE —al igual que el PP— han apoyado el acuerdo comercial con EEUU que va a repercutir al bolsillo de la población. Este apoyo ya se confirmó en la comisión de Comercio Internacional de la eurocámara que la semana pasada aprobó el asunto por holgada mayoría.

Los instrumentos aceptados establecen que la UE eliminará la mayoría de los aranceles sobre los productos industriales y proporcionará acceso preferencial al mercado para una amplia gama de productos agrícolas y pesqueros estadounidenses, mientras que se aplicarán un límite arancelario del 15% para las exportaciones de la UE, con excepciones como el acero y el aluminio, que estarán sujetos a aranceles del 50%.

Pero más allá de los detalles técnicos y las “salvaguardias” anunciadas, lo que define este acuerdo es su origen político: una negociación marcada por la amenaza constante de Washington de una guerra comercial que presumía un arancel del 30 % para la UE. El poder político comunitario ha cedido sin obtener contrapartidas reales, evidenciando una posición de debilidad geopolítica.

El acuerdo marco —sobre el que el Parlamento Europeo no puede votar— incluye compromisos de gran alcance por parte de la UE con EEUU. Se prevé que la UE compre combustibles fósiles, alinee estándares de producción, evite regular a las grandes tecnológicas, elimine políticas de protección ambiental y realice inversiones millonarias en EEUU. La aprobación del acuerdo aduanero por el Parlamento Europeo se considera, en la práctica, una legitimación de todo el acuerdo marco.

Washington explota la vulnerabilidad energética de la UE

Esta semana, la administración Trump ha amenazado con cortar el suministro de gas natural licuado (GNL) estadounidense a la Unión Europea si el Parlamento Europeo se niega a ratificar el preacuerdo comercial. El embajador de EEUU ante la UE, Andrew Puzder, afirmó en una entrevista con el Financial Times que la aplicación de la parte energética del acuerdo quedaría en entredicho si la UE exigiera cambios en cualquiera de los puntos del documento original.

Este movimiento de la administración Trump se interpreta como un intento de presionar a la UE para que acepte un acuerdo comercial en los términos de Estados Unidos. La amenaza de cortar el suministro de GNL podría tener importantes repercusiones económicas y geopolíticas para la UE, que depende de las importaciones de gas fósil estadounidense para cubrir sus necesidades energéticas tras las sanciones contra Rusia, la destrucción de los gasoductos Nord Stream y la reducción de importaciones rusas.

Según los procedimientos de la UE, el acuerdo aún requería la aprobación del Parlamento Europeo. Pero en respuesta a la crisis de Groenlandia y al reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que limita las competencias arancelarias de Trump, la eurocámara ha retrasado la votación en varias ocasiones y ha admitido enmiendas que Washington considera una quiebra del acuerdo político original.

Todo ello ocurre en medio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán y Líbano así como la escalada bélica en Oriente Medio. Una ofensiva que ha provocado la mayor disrupción energética reciente, con ataques a infraestructuras clave: campos gasísticos y petroleros iraníes (como Pars Sur), depósitos de crudo, oleoductos y plantas de procesamiento, así como instalaciones energéticas en países del Golfo como Arabia Saudí, Catar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Irak.

Las consecuencias han sido globales: bloqueo parcial del estrecho de Ormuz —por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial—, caída de alrededor de 10 millones de barriles diarios en la producción, interrupciones severas del GNL especialmente en Catar —productor del 20% mundial de este combustible— y del suministro de helio —que impacta severamente en sectores como la industria de semiconductores, tecnología médica, aeroespacial y militar o la soldadura y fibra óptica—, y una fuerte subida de precios del crudo (por encima de 100-119 dólares estadounidenses) y los precios del gas en Europa ya casi se han duplicado. Esto ha generado escasez energética —especialmente en Asia—, tensiones sociales, y riesgos añadidos para la seguridad alimentaria por el impacto en fertilizantes sintéticos, configurando un escenario de caos energético marcado por la inestabilidad de rutas y mercados globales.

El 'business as usual' de la clase dominante

En 2014, 2015 y 2016, cientos de miles de personas salieron a las calles en toda Europa contra el TTIP —Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión— que la Comisión Europea negociaba en aquel momento con el gobierno de Barack Obama de los Estados Unidos. Esa movilización logró frenar —al menos formalmente— uno de los mayores acuerdos de liberalización comercial del mundo. No era una reacción exagerada ni un reflejo sin conocimiento, como se intentó caricaturizar desde las instituciones europeas y la mayoría política española (PP, PSOE, Cs). Era, más bien, una convicción acertada: los acuerdos comerciales no son neutrales, sino herramientas de poder que reconfiguran economías y políticas así como acentúan el conflicto capital-vida.

Una década después, aquella advertencia vuelve a cobrar sentido. Bajo nuevas siglas, otros procedimientos y una opacidad similar, la Unión Europea avanza en un acuerdo comercial con Estados Unidos —ahora bajo la órbita de Trump— que reproduce muchos de los elementos más problemáticos del viejo TTIP: opacidad, subordinación política y una agenda económica al servicio de las compañías transnacionales. Y lo hace, una vez más, sin debate público y con una preocupante falta de legitimidad democrática.

Uno de los aspectos más alarmantes es la política de importar masivamente energía fósil estadounidense: gas de fracking, petróleo e incluso tecnologías nucleares

Además, en un desorden global aún más preocupante: recrudecimiento de guerras —Irán, Líbano, Ucrania— y la rivalidad interimperial EEUU-China, muerte del derecho internacional con el genocidio en Palestina, acentuación del imperialismo estadounidense —Estrategia Nacional de Seguridad, secuestro del presidente de Venezuela, amenazas contra Groenlandia, Cuba, Panamá o España—, endurecimiento del racismo y supremacismo —deportaciones masivas de personas migrantes y asesinato de activistas anti-ICE—, apoyo a las fuerzas de extrema derecha en Europa, así como el calentamiento global y los colapsos eco-sociales, entre otras calamidades.

No estamos ante un simple acuerdo arancelario. Estamos ante una deriva estructural del modo de vida imperial.

De hecho, en la misma mañana, el Parlamento Europeo ha aprobado también el endurecimiento del reglamento de Retornos que permitirá, entre otras cosas, crear en terceros países centros de expulsión, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria. Para conseguirlo, ha colaborado estrechamente el Partido Popular Europeo con la extrema derecha alemana (AfD) con el fin de profundizar los métodos del “ICE” europeo con el perfilamiento racista y la destrucción del derecho de asilo.

Comercio en tiempos de guerra

Aceptar un acuerdo negociado en un contexto de guerra comercial es aceptar el chantaje como método. La presión estadounidense —basada en aranceles, sanciones y amenazas de guerra— no es una negociación entre iguales, sino una imposición geopolítica.

La política comercial de la UE lleva décadas subordinándose a los intereses de las grandes corporaciones y a una lógica de competitividad capitalista que choca frontalmente con los objetivos de justicia social y ambiental. Hay una tendencia clara: aprobar leyes y tratados para blindar al capital las mejores condiciones posibles de acumular beneficios explotando las personas y la naturaleza, incluso derogando los derechos ya conquistados.

Este nuevo acuerdo con Estados Unidos encaja perfectamente en esa deriva.

El regreso fósil que no votamos

Uno de los aspectos más alarmantes es la política de importar masivamente energía fósil estadounidense: gas de fracking, petróleo e incluso tecnologías nucleares. Para las próximas décadas, la UE se pretende atar a contratos millonarios que consolidan infraestructuras contaminantes y bloquean cualquier transición energética.

En enero de 2026, las importaciones de gas fósil a España procedentes de Estados Unidos alcanzaron los 15.259 gigavatios/hora (GWh) y supusieron el 44,4 % del total en este mes (duplicando sus compras a EEUU en 2025 respecto a 2024), mientras que Rusia fue el tercer país que más envió a España, tras el país estadounidense y Argelia.

Como ya ocurrió con el TTIP, el núcleo del acuerdo no está en los aranceles, sino en la eliminación de “barreras no arancelarias”, es decir, normas que protegen derechos sociales, ambientales o laborales

En plena emergencia climática, este tipo de decisiones no solo contradicen cualquier discurso de transición ecológica, sino que consolidan un modelo energético dependiente, caro y ambientalmente suicida.

Pero no es solo una cuestión climática. Es una cuestión de poder.

Las inversiones en gas natural licuado (GNL) y en nuevas infraestructuras crean lo que se conoce como “efectos de bloqueo”: compromisos a largo plazo que dificultan el despliegue de técnicas humildes de energías renovables y refuerzan la dependencia energética de un estado que apuesta por la extracción de combustibles fósiles, que está gobernado por el capital fósil o representantes políticos con estrechos vínculos a este sector y que ha abandonado los tratados y las instituciones internacionales que pretenden frenar el calentamiento global. Europa ya conoce este problema tras décadas de dependencia del gas ruso. Repetir el mismo esquema con Estados Unidos no es una solución: es un cambio de dependencia.

Desprotección a cambio de acceso al mercado

El acuerdo no se limita a la energía. También pone en riesgo estándares clave en ámbitos como la regulación digital, la seguridad alimentaria o los derechos laborales.

Si el TTIP generó un rechazo masivo fue, en gran medida, por su apuesta por blindar los privilegios de los inversores con los tribunales privados de arbitraje o la “cooperación regulatoria”: un eufemismo para armonizar normas a la baja.

El nuevo acuerdo apunta en una dirección similar. Desde la flexibilización de estándares alimentarios y de seguridad en la industria automovilística hasta el debilitamiento de regulaciones digitales o ambientales, todo parece orientado a facilitar la actividad de las grandes corporaciones.

De facto, una delegación de altos funcionarios de Estados Unidos ha recorrido recientemente varias capitales europeas, entre ellas Madrid, para presionar a los gobiernos de la Unión Europea con el objetivo de debilitar la regulación europea contra la deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés).

No es un detalle menor. Como ya ocurrió con el TTIP, el núcleo del acuerdo no está en los aranceles —ya relativamente bajos—, sino en la eliminación de “barreras no arancelarias”, es decir, normas que protegen derechos sociales, ambientales o laborales.

La agenda digital europea podría quedar supeditada a los intereses de las grandes tecnológicas estadounidenses, a pesar de las críticas del presidente del Gobierno de España contra la “tecnocasta” o “tecnoligarcas” de Silicon Valley, acusándolas de amenazar la democracia y la salud mental de los menores. Efectivamente, se desconocía públicamente lo que negociaba el Consejo UE-EE. UU. de Comercio y Tecnología. Según su propio portal web se reunió la última vez en 2024. Opacidad absoluta.

Normativas como la directiva de cadena de suministro, pensadas para proteger los derechos humanos y ambientales, han sido vaciadas de contenido. Y regulaciones como la del metano o los productos libres de deforestación están siendo objeto de presión por parte de Washington.

La democracia liberal está subordinada a los mercados. Esto genera una brecha entre democracia formal y poder real. Es decir, puedes votar, pero no decides sobre lo fundamental

El embajador Puzder afirmó en el Financial Times que la norma de la UE que obliga a los exportadores al bloque comunitario a declarar sus emisiones de metano antes del 1 de enero de 2027 debería modificarse, ya que resultaría imposible para la mayoría de los productores estadounidenses cumplirla. La Comisión Europea se ha apresurado a garantizar a Washington que “flexibilizará” la normativa sobre el metano para que no perjudique las importaciones. Puzder dijo que tenía “esperanza” de que la norma se modificara porque “tiene el potencial de elevar los precios del combustible, y Europa se dará cuenta de que necesita reducir algunas de estas barreras comerciales”.

No es una exageración: estamos ante un proceso de vuelta de tuerca regulatoria a favor del gran capital.

Además, los hechos han demostrado que la arquitectura de los acuerdos comerciales europeos tiende a blindar los intereses de los inversores y a debilitar la capacidad de los Estados para legislar en favor del interés público.

La UE como estructura posdemocrática

Igual de grave del contenido, es la forma. Las negociaciones avanzaron sin un mandato previo del Consejo de la UE y sin un debate sobre sus límites sociales y ecológicos. El Parlamento Europeo ha sido, una vez más, relegado a un papel secundario. La ciudadanía, directamente excluida.

No es un fallo técnico. Es una forma de gobernar.

Desde hace años, se repite el mismo patrón: acuerdos de enorme alcance que se negocian en la sombra y se presentan como inevitables. La promesa de “más transparencia” tras las protestas contra el TTIP ha quedado en papel mojado.

Sí, en la Unión Europea hay elecciones, parlamentos y derechos formales, pero las decisiones clave no las toma la ciudadanía, sino las élites económicas e instituciones tecnocráticas (Comisión Europea, BCE, Consejo de la UE). La democracia liberal está subordinada a los mercados. Esto genera una brecha entre democracia formal y poder real. Es decir, puedes votar, pero no decides sobre lo fundamental (economía, militarización, tratados, imposición de austeridad como en Grecia). Y cuando la gente percibe que no puede cambiar las cosas votando, crece la desafección. La cual da alas a las extremas derechas que saben recoger el malestar con la burocracia de Bruselas.

Este acuerdo aduanero con Trump es otro ejemplo más de cómo la UE desplaza gran parte del poder fuera del control democrático directo.

El regreso de un viejo conflicto

La pregunta de fondo es sencilla: ¿qué modelo económico y qué integración política queremos? Una Unión Europea subordinada, que acepta acuerdos bajo presión y sacrifica su soberanía energética, alimentaria y democrática. O un nuevo tipo de cooperación entre instituciones públicas realmente democráticas —y no necesariamente ceñidas al Estado—, capaces de organizar su sistema energético, su economía, su convivencia solidaria y su modelo de producción y consumo en función del interés público y los límites del planeta.

La respuesta no debería estar en manos de negociaciones opacas, sino de un debate democrático amplio.

Porque esto no va solo de comercio. Va de quién decide, en qué condiciones y para quién. Lo que está en juego no es únicamente un acuerdo comercial. Es el modelo de sociedad que se está construyendo.

Tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular los aranceles de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de Trump —los mismos aranceles utilizados para presionar a los países a firmar estos acuerdos—, el futuro de dichos pactos es incierto.

Sectores como los agrarios, sindicales, sociales, religiosos, de la economía alternativa, los que defienden la justicia climática y social, pero incluso funcionarios gubernamentales de muchas partes del mundo instan a resistir el imperialismo estadounidense a través de los acuerdos comerciales e intervenciones militares.

La UE debería mirarse en el espejo de los Estados del Sur global que denuncian estos acuerdos porque implican la renuncia a la soberanía, ponen en peligro los derechos sociales de las mayorías sociales y socavan la capacidad para transitar hacía modelos capaces de ofrecer una vida digna bajo los límites de los ecosistemas.

Y, como ya ocurrió en tantas ocasiones, la respuesta vuelva a encontrarse en la calle y las plazas.