Análisis
Diario de la crisis 8. Industria bélica S.A.: cómo fabricar la guerra infinita

Publicamos la primera parte de un artículo de Rossana De Simone en esta nueva entrega del «Diario de la crisis» –un proyecto nacido de la colaboración entre Effimera, Machina-DeriveApprodi y El Salto–, que se adentra en «el laboratorio secreto de la producción» armamentística.

Corroborando su análisis con datos extraídos de los más importantes informes gubernamentales, De Simone explica cómo se configura y organiza precisamente el sector armamentístico al hilo de la estrecha imbricación existente entre las empresas de defensa y seguridad y los Estados, cuya interrelación constituye una de las piezas más importantes que impulsan el intento de reconstruir una base industrial, especialmente en Estados Unidos, y cómo este aspecto influye directamente en el desenvolvimiento de la guerra en Ucrania.

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El 16 de agosto de 2021, hablando desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden se dirigió al mundo para explicar el colapso en Afganistán y la huida de los estadounidenses de este país: «No lamento la retirada. Afganistán no interesa a Estados Unidos». Con su discurso, Biden quiso reafirmar que era necesario pasar página y pensar en las nuevas amenazas, esto es, en China y en Rusia. Tras veinte años de guerra global, que había servido para que la potencia estadounidense se hiciera con las riendas del orden mundial al tiempo que se sustituía como amenaza para la paz mundial el islamismo radical por el comunismo, en Estados Unidos y en el seno de la opinión pública mundial se ha comenzado a discutir sobre las numerosas operaciones militares, que han destruido un país tras otro, así como sobre el declive de Occidente en la hegemonía global.

De los 21 billones de dólares de gasto militar registrados entre 2001 y 2022, que condujeron a la militarización de la política nacional estadounidense en nombre de la seguridad, 16 billones se destinaron a las fuerzas armadas (incluidos 7,2 billones de dólares para empresas de seguridad privadas), tres billones a programas dedicados a los veteranos, 949 millardos a la seguridad nacional y 732 millardos a las fuerzas del orden federales. Por otro lado, de los ocho generales que han estado al mando de las fuerzas estadounidenses en Afganistán sin haber «visto» nunca y, mucho menos, denunciado el desastre en curso producido por la invasión, el general Joseph F. Dunford Jr. ha entrado a formar parte del consejo de administración de Lockheed Martin, el mayor contratista del Pentágono, mientras que el actual secretario de Defensa, Lloyd Austin, antiguo comandante de la Fuerza Combinada de Operaciones Conjuntas, es miembro del consejo de Raytheon Technologies, uno de los mayores contratistas militares del mundo.

Una cosa es cierta: la guerra en tanto que necesidad económica es sin duda buena para la rentabilidad de las acciones de los mayores contratistas de defensa del mundo (Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman y General Dynamics). El sistema de producción de armamento, cada vez más caro y demandante de un tiempo de investigación y desarrollo cada vez mayor, junto al sistema militar del Pentágono, ya no es un simple apéndice del mecanismo de producción y reproducción capitalista, sino parte integrante del mismo. A diferencia de otros sectores, las empresas de defensa y seguridad, junto con las consideradas estratégicas, siempre han experimentado un cierto grado de control público, dado que el Estado es su principal partner comercial y, por consiguiente, el actor que apoya y financia todo el ciclo de producción de un nuevo producto y decide tanto la cooperación intergubernamental, como las diversas colaboraciones multinacionales verificadas en el seno de un mercado cada vez más competitivo y transnacional.

La función anticíclica del gasto militar, tal y como la concebían muchos economistas keynesianos, es decir, su capacidad de contrarrestar situaciones de crisis, ha adquirido ahora un significado diferente, ya que las crisis cíclicas capitalistas tienden a producirse cada vez más concentradas en el tiempo. Del mismo modo, la crisis pandémica, aunque puso de relieve la importancia para las empresas aeroespaciales de contar con dos divisiones separadas –una civil y otra militar– para equilibrar las actividades de una y otra en función anticíclica, no sirvió para desenmascarar el escándalo de la abundante financiación estatal de programas, cuya tecnología procede del sector civil.

La investigación y el desarrollo de doble uso, fuertemente promovidos por los gobiernos de Clinton a principios de la década de 1990 –incluida la totalidad de las tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, los vehículos terrestres y aéreos no tripulados, los big data o las nanotecnologías– hace tiempo que son desarrollados y producidos esencialmente por el sector civil, pero siguen contando como tecnología propietaria del general contractor militar elegido. Si luego nos adentramos en los balances de estas empresas, constatamos que la mayor parte del dinero que se gasta en el sector militar va al capital a diferencia de los demás tipos de trabajo: sólo el 15 por 100 del precio de un F-35 se destina a pagar los costes laborales de producción, fabricación y montaje, mientras que el 85 por 100 se dedica a cubrir los denominados gastos generales.

Tras la oleada de fusiones y adquisiciones de principios de la década de 1990, que remodeló la base industrial de defensa estadounidense y redujo el número de contratistas principales y por ende la competencia en el sector, el informe del Pentágono Consolidation of Defense Industrial Base Poses Risks to National Security analizó los peligros de esta mayor consolidación entre los grandes fabricantes con datos actualizados. El informe muestra que el número de empresas aeroespaciales y de defensa se ha reducido de cincuenta y una a cinco (Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics. Northrop Grumman y Boeing), que los proveedores de misiles tácticos lo ha hecho de trece a tres y los de satélites de ocho a cuatro. En los últimos treinta años, la base industrial se habría reducido el 40 por 100, mientras que quince mil proveedores estarían en situación de riesgo.

Según los expertos, es necesario frenar la política de fusiones entre los contratistas militares a fin de evitar riesgos para la economía y la seguridad nacionales, no sólo porque ello ha supuesto precios más altos, sino porque ha provocado también lagunas en la cadena de suministro y amenazado las infraestructuras de producción. El informe identificaba al menos trescientas vulnerabilidades en cinco sectores, que deberán proteger sus cadenas de suministro: desde materiales estratégicos y críticos hasta componentes microelectrónicos, pasando por baterías y misiles.

Posteriormente, la pandemia del coronavirus también causó interrupciones en las cadenas mundiales de suministro, desde los semiconductores a otros bienes y materiales, creando situaciones de escasez en las actividades de fabricación y producción. Durante la pandemia, la Casa Blanca invocó la Defense Production Act de 1950 para volver a utilizar algunas fábricas para producir ventiladores.

A pesar de la caída del PIB mundial debido a la pandemia y a la crisis económica que ha afectado a sectores enteros, los pedidos y entregas de armamento no se detuvieron en 2020

El problema, sin embargo, no era tanto su capacidad de producción, sino la falta de componentes procedentes de más de catorce países diferentes (filtros y alarmas, tuberías y alimentadores, etcétera). Una de las iniciativas adoptadas por el gobierno estadounidense consistió, por una parte, en financiar a las pequeñas y medianas empresas para que produjeran bienes como semiconductores, productos biotecnológicos y biomédicos, componentes ligados a las energías renovables y al almacenamiento de energía, y, por otra, en conceder créditos a la exportación a las empresas estadounidenses que venden bienes en el extranjero. Sin embargo, por primera vez, y no por problemas salariales o de pensiones, estas empresas han tenido que ralentizar la producción debido a un virus y al miedo de los trabajadores. Según la agencia internacional de noticias Bloomberg, los contratistas de defensa estadounidenses mantuvieron la mayoría de las plantas en funcionamiento y sólo cerraron durante unos días para limpiar las instalaciones. Tras el estallido de la crisis del coronavirus, la Aerospace Industrial Association pidió al Departamento de Defensa que declarara la industria de defensa «infraestructura crítica» para que las empresas pudieran obligar a sus empleados a seguir trabajando.

Y a pesar de la caída del PIB mundial debido a la pandemia y a la crisis económica que ha afectado a sectores enteros, los pedidos y entregas de armamento no se detuvieron en 2020 (531 millardos de dólares, lo cual supuso un aumento del 1,3 por 100 respecto a 2019) y ello incluso en presencia de medidas restrictivas que no permitieron la entrega de las armas y, en algunos casos, la prosecución de los ciclos productivos. El gasto militar mundial también siguió creciendo hasta alcanzar los 1.981 billones de dólares, lo cual implicó un aumento del 2,6 por 100 en comparación con 2019 y del 9,3 por 100 en comparación con 2011, hecho que confirma el fuerte poder de presión de la industria de defensa sobre las instituciones.

En 2022 el gobierno estadounidense decidió fortalecer la Buy American Act –la legislación sobre inversiones– para poder vetar cualquier fusión que se considere perjudicial para la seguridad nacional. De hecho, el presidente Biden se ha mostrado dispuesto a romper el poder de los grandes grupos para regenerar las capacidades de producción esenciales en caso de conflicto de gran envergadura y alta intensidad. Sin embargo, es evidente que no nos encaminamos hacia una vía de desconsolidación, dado que cabe esperar que se produzcan movimientos en los ámbitos de la cibernética, la inteligencia artificial, la hipersónica, la guerra híbrida, la informática cuántica, las armas antisatélite, etcétera, ya que sigue siendo incontrovertible que dado que la defensa está impulsada por la tecnología, los grandes contratistas adquirirán cada vez más empresas de alta tecnología para acceder a sus respectivos know-how.

La preocupación del presidente Biden se deriva de un estudio del Center for Strategic and International Studies, con sede en Washington, según el cual, incluso en Estados Unidos, la industria de defensa es incapaz de aumentar sus tasas de producción a corto plazo. Abundando en este línea de razonamiento, Gregory J. Hayes, presidente y director de Raytheon Technologies (que, junto con Lockheed Martin, produce los sistemas de misiles Stinger y Javelin) declaró durante una conferencia de altos funcionarios del Pentágono, legisladores estadounidenses y altos ejecutivos de la industria manufacturera: «El problema es que hemos consumido tantas existencias durante los diez primeros meses de la guerra que básicamente hemos agotado trece años de producción de Stinger y cinco años de producción de Javelin. La cuestión es cómo vamos a reponer las existencias».

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Con las capacidades actuales, la industria de defensa estadounidense tardaría una media de ocho años en reemplazar las plataformas perdidas y en reconstruir las reservas de misiles y municiones consumidos en la actual guerra ucraniana. La decisión de la Casa Blanca de ampliar la base industrial también es decisiva para los aliados que arman a Ucrania y constituye una señal de que Estados Unidos se está preparando para una posible ampliación de la guerra.

La petición de adquisiciones del Pentágono por valor de 170 millardos de dólares para el ejercicio fiscal de 2024 se centra en la sustitución de las municiones suministradas a Ucrania y en armas como misiles de largo alcance necesarios en un conflicto con China. En el documento publicado por el Departamento de Defensa relativo a la solicitud de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2024, se destaca el enorme y continuo aumento del gasto militar estadounidense, como indicamos a continuación.

Las diferencias nacionales en cuanto a necesidades y niveles de gasto público e inversión no pueden sino fragmentar el mercado europeo de defensa

Según datos del SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo), el gasto mundial no ha dejado de aumentar globalmente desde 2015, habiendo alcanzado un máximo histórico en 2021 de 2.113 billones de dólares (equivalente al 2,2 por 100 del PIB mundial). Estados Unidos (con un gasto de 781,9 millardos de dólares en 2022, 858,6 en 2023 y 886 en 2024), China (con un gasto de 293 millardos de dólares, equivalente al 14 por 100 del gasto mundial, lo cual supone el 4,7 por 100 más que en 2020 y el 72 por 100 más que en 2012), India (con un gasto de 76,6 millardos de dólares en 2021, lo cual supone el 33 por 100 más de lo gastado en 2012), el Reino Unido (con 68,4 millardos de dólares, lo cual supone el 3 por 100 más de lo gastado en 2020) y Rusia (65,9 millardos de dólares en 2021, lo cual supone el 2,9 por 100 más de lo gastado en 2020) son los países que ocupan las cinco primeras posiciones del ranking, representando el 62 por 100 del gasto militar total registrado en 2021.

En cuanto a Europa, el gasto militar del continente considerado en su conjunto asciende a 418 millardos de dólares en 2021, registrando un crecimiento del 3 por 100 respecto al año anterior y un incremento del 19 por 100 respecto a 2012. Una de las dos características de la industria de defensa de la Unión Europea es su estructura diversificada, que comprende grandes multinacionales y actores de pequeñas y medianas dimensiones. La otra se refiere a la demanda, que procede casi exclusivamente de los gobiernos nacionales, que controlan las adquisiciones y exportaciones de productos y de tecnología. Las diferencias nacionales en cuanto a necesidades y niveles de gasto público e inversión no pueden sino fragmentar el mercado europeo de defensa.

De acuerdo con la European Aerospace, Security and Defence Industries (ASD), que representa a unas tres mil empresas, en 2021 había 3,57 millones de personas empleadas en el sector entre puestos de trabajo directos (942.000), indirectos (966.000) e inducidos (más de 1,66 millones). El volumen de negocio de la industria ascendía a 578 millardos de euros, de los cuales 241 eran directos, 148 indirectos y 189 inducidos. Por último, la inversión total en investigación y desarrollo en ese mismo año ascendió a 18,5 millardos de euros. Sin embargo, la necesidad de compartir recursos para lograr economías de escala, especialmente en los grandes programas de desarrollo que sólo pueden llevarse a cabo de modo multilateral, ha empujado a las empresas a ser cada vez más transnacionales y a integrarse en la cadena de valor mundial. Una política siempre obstaculizada por Estados Unidos.

Mientras que programas de colaboración como el Tornado y el Eurofighter Typhoon han sido un éxito europeo, el caza estadounidense F-35 fue concebido ante todo para dividir las capacidades competitivas y de colaboración de Europa, así como para compartir los costes de un proyecto muy costoso, asegurarse el control tecnológico, avalar una alianza estratégica y consolidar un negocio garantizado. Tampoco debemos olvidar que entre los accionistas de las industrias francesas Dassault Aviation y Thales, de la franco-alemana Airbus, de la italiana Leonardo y de la española Indra Sistemas, además de los respectivos Estados se cuentan como participantes diversos fondos de inversión estadounidenses entre los que destacan BlackRock, Vanguard, Fidelity Investments, Wellington Management y Capital Group, lo cual no significa hacer menos competitivo el mercado de la defensa.

Cualquier consideración sobre la posición actual de la Unión Europea en materia de política exterior y defensa debe partir de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid el 29-30 de junio de 2022, durante la cual se acordó la ampliación del área de interés de la Alianza a China y el Indo-Pacífico, es decir, más allá del Atlántico Norte al que se refiere el Tratado que dio origen a la misma en 1949: «La OTAN es la alianza militar más poderosa del mundo y es exclusivamente defensiva». De hecho, con la disolución de la URSS y del Pacto de Varsovia, la OTAN asumió la tarea de velar por la estabilización político-militar mundial a tenor del Artículo 4 (intervención en Bosnia en 1995) y del Artículo 5, que considera un ataque directo a un país miembro como un ataque a todos los miembros de la Alianza. Así pues, la cooperación UE-OTAN es un pilar fundamental de la estabilidad y la seguridad europeas.

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 La Declaración Conjunta UE-OTAN de enero de 2023 reiteró que «este es un momento clave para la seguridad y la estabilidad euroatlánticas, que demuestra más que nunca la importancia del vínculo transatlántico, lo cual exige una cooperación más estrecha entre la UE y la OTAN» y, por lo tanto, es necesario seguir «apoyando plenamente el derecho inherente de Ucrania a la autodefensa y a elegir su propio destino».

En Bruselas el debate sobre la política de defensa y seguridad gira en torno al papel de las empresas armamentísticas y a la necesidad de incrementar sus dotaciones presupuestarias

En 2021 el Consejo Europeo ha creado un Fondo de Paz extrapresupuestario para financiar la totalidad de las acciones militares y de defensa con el objetivo de prevenir conflictos, mantener la paz y fortalecer la seguridad y la estabilidad internacionales. Hasta la fecha, el importe total del apoyo prestado a las fuerzas armadas ucranianas ha sido de 3,6 millardos de euros, pero ya es objeto de discusión cómo utilizar otros 2 millardos adicionales, uno de los cuales se destinaría al envío de proyectiles procedentes de las reservas existentes, mientras que el otro se utilizaría para apoyar la capacidad global de producción industrial o para adquirir munición de terceros países. Hace un año, Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, junto con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declararon que las existencias militares de la mayoría de los Estados miembros europeos de la OTAN estaban parcialmente agotadas por lo que era necesario trabajar con la industria armamentística para aumentar la producción de armas y municiones.

Estas declaraciones han confirmado no sólo la consolidación de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, así como la reactivación del papel de la OTAN, sino también la incapacidad de Europa a la hora de desempeñar un papel autónomo en la confrontación en curso entre Estados Unidos, Rusia y China, a pesar de que estos dos primeros países la habían apartado de las conversaciones sobre Ucrania en enero de 2022. Una incapacidad que emerge con fuerza, si se tiene en cuenta que en Bruselas el debate sobre la política de defensa y seguridad europeas gira en torno al papel de las empresas armamentísticas y a la necesidad de incentivarlas mediante el incremento de las dotaciones presupuestarias correspondientes, así como en torno a la urgente necesidad de desarrollar las capacidades y tecnologías necesarias para operar en el nuevo contexto de guerra. Así pues, no está claro qué significa apelar a la «consolidación allí donde proceda», cuando los ministros de Defensa francés, español, alemán e italiano dicen preferir los programas de cooperación a la consolidación y la tendencia es avanzar hacia una mayor autonomía de los Estados miembros y por ende al favorecimiento de las industrias nacionales.

En diciembre de 2022, Josep Borrell, de nuevo, esbozó los aspectos positivos y negativos del estado de la seguridad y la defensa de Europa, retomando los resultados de los estudios publicados por la Agencia Europea de Defensa, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. El informe «2022 Coordinated Annual Review on Defence» (CARD) señala que menos del 20 por 100 de todas las inversiones efectuadas en programas de defensa se realizan en régimen de cooperación, lo cual indica que esta sigue siendo la excepción y no la regla. Borrell ha creado, junto con el Comisario Europeo de Industria, Thierry Breton, un nuevo instrumento denominado European Defence Industry Reinforcement through Common Procurement Act (EDIRPA), destinado a facilitar e incentivar las adquisiciones conjuntas y dotado con 500 millones de euros para el período 2022-2024, con el fin de ayudar a la industria bélica a aumentar su capacidad de producción: «Mientras la guerra hace estragos en las fronteras de Europa, respondemos al llamamiento de los jefes de Estado de la Unión Europea presentando hoy un nuevo instrumento para apoyar a escala europea las adquisiciones conjuntas de armamento. Además de ayudar a reponer parte de los arsenales tras la transferencia de armas a Ucrania, proponemos un incentivo implementado a través del presupuesto de la UE para propiciar que los Estados miembros compren juntos». Y de nuevo para fomentar la cooperación en materia de defensa, el Fondo Europeo de Defensa (FED) dispone de ocho millardos.

La Comisión ha destinado 1,2 millardos de euros a un grupo inicial de sesenta y un proyectos (Italia se halla presente en el mismo con empresas, universidades e institutos de investigación) destinados a la investigación y desarrollo relacionados con los aviones de combate, los vehículos blindados y los buques, la tecnología espacial, la tecnología de la información, la nube militar o la inteligencia artificial. Esencialmente, si se aplicaran todos los aumentos de gasto anunciados, el gasto total en defensa de la UE aumentaría en otros 70 millardos de euros de aquí a 2025.

Para concluir es crucial mencionar la creación en 2015 de un Grupo de Personalidades sobre Investigación en Defensa (GdP) que incluía, además de la entonces jefa de la política exterior de la UE Federica Mogherini, a los consejeros delegados de Indra, MBDA, Saab, Airbus, BAE Systems, Finmeccanica y dos miembros representantes de institutos de investigación privados que se ocupan de investigación militar (TNO y Fraunhofer-Gesellschaft). La ausencia total de representantes de la sociedad civil y el mundo académico sugiere que la intención era crear un grupo de presión capaz de influir no sólo en los procesos políticos de la Unión Europea, sino también en las decisiones sobre las prioridades de financiación.

Igualmente resulta sencillamente desconcertante leer algunos de los puntos de la Resolución del Parlamento Europeo de 18 de enero de 2023: «Desde 2017 se han puesto en marcha un total de sesenta y un proyectos PESCO (Permanent Structured Cooperation), ninguno de los cuales ha logrado resultados tangibles», así como enterarse de que «aunque la ambición de la UE de convertirse en un actor de seguridad capaz se remonta a más de veinte años atrás, los resultados en términos de capacidad, interoperabilidad y cooperación rentable siguen siendo muy limitados». Además, puede constatarse la hipocresía contenida en la «Posición Común 2008/944/PESC1 relativa a las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares», que define ocho criterios comunes (normas mínimas) para proceder a las mismas entre los que se incluye la subordinación de «la exportación de tecnología y equipos militares al respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte del país destinatario», respecto a cuya situación interna se indica lo siguiente: «Los Estados miembros denegarán las licencias de exportación de tecnología o equipos militares que puedan provocar o prolongar conflictos armados o bien agravar las tensiones o conflictos que tengan lugar en el país de destino final».