Opinión
El gobierno de Meloni y su “bloqueo naval”: ¿quién controla al controlador?

El gobierno de Giorgia Meloni aprobó a principios de febrero un proyecto de ley sobre inmigración. La medida pretende combatir la inmigración irregular y reducir al mínimo los flujos migratorios hacia Italia. El “bloqueo naval” —la posibilidad de prohibir la entrada de las ONG en aguas territoriales italianas— incluido en el proyecto, ha sido objeto de discusión a nivel europeo. Se trata de una medida que choca con el derecho internacional, que precisa que un bloqueo naval solo es posible “en casos de amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional”.

No es la primera vez que la apuesta política por los puertos cerrados inflama el debate. También en 2018, el entonces ministro del Interior y hoy vicepresidente del Consejo, Matteo Salvini, decidió cerrar los puertos italianos a los barcos humanitarios. Su línea chocó con la desobediencia civil de activistas como Carola Rackete, que reclamaron a Italia el respeto de los convenios internacionales sobre salvamento marítimo, los cuales exigen una intervención rápida y segura.

Al menos 658 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo central desde el 1 de enero: una media de casi diez víctimas al día. En particular, enero ha sido el mes más mortal desde 2014

Actualmente, aunque el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha declarado en repetidas ocasiones la reducción de los desembarcos en 2025, los datos sobre las víctimas en el Mediterráneo dibujan un panorama alarmante. Según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 658 migrantes han muerto o desaparecido en el Mediterráneo central desde el 1 de enero: una media de casi diez víctimas al día. En particular, enero ha sido el mes más mortal desde 2014, según denuncia la ONG SOS Méditerranée.

Paralelamente a las iniciativas del gobierno y a las declaraciones institucionales que parecen patrocinar un cierre hermético del país, hay historias, recientes y no tan recientes, que hablan de una relación problemática entre Italia y el Mediterráneo. Historias que hablan de dinero, de proyectos europeos y de alianzas ambiguas.

¿Dónde acaban los fondos europeos?

En el verano de 2023, Italia está en plena campaña electoral cuando el Ocean Viking fue embestido violentamente por una lancha patrullera libia, lo que provocó daños en el barco y puso en riesgo la seguridad de la tripulación. Esta misma lancha, poco antes, había disparado contra los botes de goma durante una operación de rescate, con intenciones intimidatorias. A pesar de las solicitudes de investigación por parte de la ONG, las autoridades italianas nunca iniciaron ninguna indagación.

Pero las ambigüedades no acaban aquí. El 24 de agosto de 2025, la guardia costera libia disparó contra el Ocean Viking en aguas internacionales. Tras el ataque, SOS Méditerranée subrayó un detalle inquietante: la lancha patrullera utilizada había sido donada por Italia en 2023. La cesión se enmarcaba en el programa de la Unión Europea “Apoyo a la gestión integrada de fronteras y migraciones en Libia”.

Este programa, articulado en dos fases, está financiado por el Fondo Fiduciario de la UE para África. El acuerdo prevé, en particular, la gestión y el suministro de barcos, así como la formación de las tripulaciones. La segunda fase del proyecto se centra en reforzar la guardia costera libia. Las ONG mediterráneas llevan años pidiendo la suspensión de estas relaciones debido a la “larga historia de conductas temerarias” de la guardia costera libia. Sobre el papel, el Ministerio del Interior italiano es la institución responsable de ejecutar el proyecto europeo.

Las relaciones entre Italia y Libia: una historia de acuerdos y compromisos

Las negociaciones de cooperación entre Italia y Libia se remontan a 2000. Comienzan con un tratado sobre terrorismo, tráfico de drogas e inmigración clandestina. En 2007 se ratificó un protocolo y, en 2008, se firmó el Tratado de Amistad, que sentó las bases jurídicas para futuros acuerdos (aunque el asesinato de Gadafi en 2011 y la guerra civil que siguió hasta 2020 parecieron interrumpir este proceso).

En 2017 se firmó el memorando que marcó un verdadero punto de inflexión. Este acuerdo, muy debatido, comprometió a Italia a proporcionar medios, fondos y formación a la guardia costera y a las fuerzas fronterizas libias. El gobierno italiano se comprometió a financiar los centros para migrantes con recursos propios y europeos. A cambio, Trípoli prometió reforzar el control de las fronteras terrestres y marítimas. Un comité “mixto” coordinaba las actividades. El texto preveía la necesidad de respetar los derechos humanos. Sin embargo, abría la posibilidad de efectuar repatriaciones y contener la inmigración “irregular”. No obstante, no especificaba las modalidades.

Desde entonces, este acuerdo ha permitido interceptar a cientos de miles de personas que intentaban llegar a Europa, y que posteriormente han sido devueltas por la fuerza a los centros de detención libios. Italia y la UE lo presentan como un “éxito en la lucha contra la inmigración clandestina”, mientras las organizaciones humanitarias denuncian que se producen “violaciones sistemáticas de los derechos humanos”.

En 2022, el memorando se renovó por otros cinco años. Se trata, por tanto, de una historia de casi una década de relaciones cada vez más consolidadas con Libia.

Según la ONU, en 2024, a las 21.000 personas migrantes interceptados en el mar y devueltos a Libia, se añadían 1.700 muertas o desaparecidas en el país

Meloni en el ojo del huracán: la acusación de la Corte Penal Internacional

El gobierno de Giorgia Meloni ha sido recientemente objeto de una polémica a nivel internacional debido precisamente a estas relaciones. El 28 enero de 2025, la Corte Penal Internacional acusó a Italia de no haber transferido al tribunal de La Haya a Osama Almasri, exjefe de la policía judicial de Trípoli, detenido en Turín y luego puesto en libertad. Sobre Almasri pesa una orden de arresto internacional por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Según la acusación de la CPI, el gobierno de Meloni habría organizado su fuga, obstaculizando así la investigación. En enero de este año, el caso de Italia fue remitido a la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

De hecho, la propia Corte dedicó 14 páginas de observaciones al “incumplimiento por parte del Gobierno de sus obligaciones”. La ONG Mediterranean Rescue, al comentar el documento de la Corte, calificó el memorando con Libia como “un acuerdo que allana el camino hacia un marco de violaciones de los derechos humanos y de los convenios internacionales”.

En Libia, la denuncia de la ONU: “Graves violaciones de los derechos humanos”

En el frente de los derechos humanos, un informe difundido en abril de 2025 por el Secretario General de la ONU, António Guterres, denunció el trato dispensado a las personas migrantes en Libia. Más concretamente, “desde junio de 2023 hasta el 3 de abril de 2025, las autoridades libias continuaron trasladando a los migrantes interceptados a centros donde fueron detenidos arbitrariamente y sufrieron graves violaciones de los derechos humanos”. Los lugares más señalados son el centro de detención de Assah, gestionado por la guardia fronteriza libia, los centros de detención de la Dirección de Lucha contra la Inmigración Clandestina en Trípoli y Bi'r al-Ghanam, y un centro de detención no oficial.

La situación de los derechos humanos en Libia sigue siendo dramática: mientras en 2022 el fiscal de la CPI advertía sobre la posible naturaleza de crímenes internacionales de los abusos cometidos, las alarmantes cifras de 2024 confirman la emergencia. Según la ONU, además de los 21 000 migrantes interceptados en el mar y devueltos a Libia, se contabilizan unas 1700 víctimas entre muertos y desaparecidos. Esta escalada lleva en la actualidad al Secretario General, Guterres, a instar al cierre de los centros de detención y a una intervención humanitaria urgente en el país.

Mientras tanto, los datos sobre las rutas migratorias siguen siendo preocupantes. En 2025, al menos 2185 personas murieron o desaparecieron en el mar, según la Organización Internacional para las Migraciones. Desde 2014, según la OIM, el número total de víctimas registradas en el Mediterráneo asciende a 34.266.