Análisis
Justicia, memoria, dignidad y derechos para las personas migrantes gobierne quien gobierne

A tan sólo unos días para las elecciones generales un escenario de alternativas diferentes y complejas se aproximan en el Estado español a partir del domingo en cuanto a políticas migratorias. Las políticas racistas, criminalizantes, securitarias y de restricción de derechos que ya se despliegan desde hace años —con este Ejecutivo y los anteriores— y a todos los efectos en nuestro país, corren el riesgo de perpetuarse y agravarse.

Estamos en  una campaña electoral más en la que las personas migrantes y sus derechos son utilizados como arma política e instrumentalizados a través de discursos racistas y criminalizantes. Mientras las pantallas se llenan de discursos y promesas, las muertes causadas por las necropolíticas migratorias suceden día a día en nuestras costas. La última tragedia, según informaba la activista e investigadora Helena Maleno, la de 20 personas en un cayuco senegalés que llevaba 18 días en el mar.

En España, la violencia, la muerte y las necropolíticas contra las personas migrantes siguen gozando de absoluta impunidad. Y no sólo en las fronteras. Día a día, millones de personas, a las que el sistema y la sociedad excluye y aísla, enfrentan un racismo institucional y sistémico, enraizado en el colonialismo absoluta e impunemente arraigado en las instituciones y la sociedad.

No se puede afrontar la injusticia y las consecuencias de unas necropolíticas sin ir a la verdadera raíz de lo que lo genera, y que los colectivos antirracistas llevan décadas denunciando: el racismo sistémico y el colonialismo

La impunidad, la violencia, el racismo, la falta de acceso a derecho y las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas migrantes se perpetúan cada día en esta España. Es hora de afrontarlo con políticas públicas justas, reales y efectivas: antirracistas y con una perspectiva decolonial. No se puede afrontar la injusticia y las consecuencias de unas necropolíticas sin ir a la verdadera raíz de lo que lo genera, y que los colectivos antirracistas llevan décadas denunciando: el racismo sistémico y el colonialismo.

En un escenario tan complejo y preocupante, un gobierno realmente progresista y defensor de los derechos humanos ha de comprometerse ineludiblemente a defender y proteger con eficacia los derechos de las personas migrantes y emprender un cambio de rumbo en las políticas migratorias, que han sido excluyentes, racistas y han generado miles de muertes.

Necropolíticas en frontera y mar

Según el Informe Víctimas de la Necrofrontera 2018-2022 de Caminando Fronteras, un total de 11.522 personas perdieron la vida en los últimos 5 años en las rutas de acceso al Estado español. Ello supone que seis personas han muerto cada día. “Los datos que se presentan en este informe muestran que la pérdida de la vida de estas 11.522 personas no es debido a la casualidad, sino a una necropolítica estructurada sostenida en el tiempo y que constituye el pilar de la construcción de los sistemas migratorios globales en el siglo XXI. En el contexto del control europeo, y en concreto el gestionado desde el Estado español, las víctimas en su mayoría están desaparecidas, puesto que los trayectos marítimos favorecen la ausencia de cadáveres” afirma la organización.

El 21 de junio 39 personas murieron en el Atlántico después de pasar más de 12 horas suplicando un rescate en aguas de responsabilidad españolas, y según Caminando Fronteras, la Fiscalía Superior de Canarias ha pedido al juzgado la apertura de diligencias sobre dicho naufragio, siendo la primera vez que se investiga en frontera marítima un delito de omisión del deber de socorro. El pasado 1 de julio, según informaba igualmente Helena Maleno en su cuenta de Twitter, un naufragio en la ruta Canaria dejaba 51 personas muertas, entre ellas 11 mujeres y 3 niñxs que habían pasado ocho días en una neumática a la deriva.

En los últimos meses hemos asistido a gravísimas tragedias y la pérdida de vidas de miles de personas, no sólo en las costas españolas, sino también europeas. A fines del mes de febrero, una embarcación en la que viajaban más de 200 personas migrantes naufragaba en la costa sur de Italia, al menos 58 personas murieron a causa de la negligencia y falta de coordinación entre autoridades políticas y de salvamento marítimo. En Grecia, el pasado 13 de junio naufragaba un pesquero que transportaba a más de 700 personas, en un intento de justificar su negligencia y omisión de socorro, las autoridades griegas afirmaban que las personas migrantes se negaban a ser rescatados, sin embargo, testimonios de los supervivientes —recogidos por activistas durante las horas previas al naufragio—, datos del tráfico marítimo recopilados por la BBC y expertos en derecho marítimo cuestionaron sus explicaciones. Una vez más, la negligencia de las autoridades y las políticas migratorias que no priorizan los derechos humanos generaron la muerte de las personas migrantes.

En estos naufragios, hay un denominador común, y es la negligencia de los Estados al no asistir adecuadamente a las personas que están en las embarcaciones y que corren peligro de naufragio. A pesar de que las organizaciones de la sociedad civil de distintos países de Europa, entre ellas, Alarm Phone, alertasen a los Estados del peligro de naufragio, la falta de rescate y cumplimiento con el derecho internacional generaban la muerte.

Ante este primer panorama, se observan ciertos factores causales de incumplimiento y generación de muerte a través de políticas:

La falta de cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados de rescatar a personas que se encuentran en una situación de peligro de naufragio a bordo de una embarcación: A pesar de los avisos, en múltiples naufragios a lo largo de este año, las autoridades no hicieron los esfuerzos necesarios y preceptivos para generar un dispositivo efectivo de rescate para las personas migrantes. De tal modo, la negligencia política en virtud de la falta de rescate es alevosa, a la luz de los numerosos avisos de peligro, y ha causado numerosísimas muertes en las fronteras. La responsabilidad política es clara y evidente.

Un Ejecutivo comprometido con el cambio en las políticas migratorias de cara al cumplimiento de los estándares en materia de derechos humanos debería trabajar ineludiblemente en la creación de vías legales y seguras

Un conjunto de políticas migratorias securitistas y criminalizantes, que son sistemáticas y comunes a lo largo de toda la Unión Europea: Primero, la falta de acceso a vías legales y seguras para migrar y los obstáculos para que en la UE se generen políticas estructuradas para implementar más canales dan muestra de la falta de compromiso político. Es urgente que se implementen y creen más vías legales y seguras para migrar, lo contrario, es seguir potenciando la utilización de vías irregulares y peligrosas, y, por ende, contribuir a la muerte de las personas migrantes. Basta de necropolíticas.

La criminalización del derecho a migrar, de las personas migrantes, y también de las organizaciones que defienden sus derechos, como las organizaciones de rescate marítimo: No sólo los Estados no cumplen con su obligación de rescatar a las personas que se encuentran en embarcaciones en peligro de naufragio, sino que generan obstáculos para impedir que las organizaciones que sí rescatan a las personas, lo hagan. Esto se articula a través de intentos legislativos —por ejemplo, en Italia, donde el gobierno de Meloni pretendía aprobar un decreto que preveía la implementación de requisitos más estrictos para las organizaciones que rescataban personas migrantes en el mar—, o judiciales —mediante juicios a organizaciones de rescate como el Iuventa, Médicos Sin Fronteras y Save The Children, que se enfrentan a un procedimiento judicial por salvar a personas en movimiento que estaban en peligro de naufragio.

Un Ejecutivo comprometido con el cambio en las políticas migratorias de cara al cumplimiento de los estándares en materia de derechos humanos debería trabajar ineludiblemente en la creación de vías legales y seguras, por medio de propuestas nacionales y comunitarias en Europa —en un contexto cada vez más securitario a nivel europeo—, reconocer el valor y el esfuerzo de las organizaciones de rescate de personas migrantes en el mar, aumentar y asegurar la coordinación en operaciones de rescate a personas migrantes y ser un faro en Europa para la propuesta de políticas migratorias humanas y no basadas en criterios racistas, colonialistas y excluyentes.

Impunidad en la Frontera Sur

Como afirma el informe “Vulneración de derechos humanos en la Frontera Sur del Estado español 2021-2022” presentado por Irídia y Novact, “es innegable que existe una causalidad entre la implementación de políticas migratorias restrictivas y la muerte y desaparición de miles de personas. Las medidas restrictivas de control migratorio y el volumen diario de muertes y desaparecidos en los espacios de frontera se entienden aplicando un análisis poscolonial capaz de vincular las políticas migratorias con una estructura racista y con la historia de dominación colonial”. A tenor de este informe, fundamental para entender la situación en la Frontera Sur y las vulneraciones de derechos, entre otros, se analiza el contexto de vulneraciones en Frontera Sur en el Estado español, los impactos psicosociales y las tecnologías de vigilancia y control en la Frontera Sur.

Dos de los ejemplos de estas vulneraciones y del patrón sistémico de racismo y colonialista con el que el Estado actúa en Frontera Sur son los casos del Tarajal y de la Masacre de Melilla. Hoy, las personas afectadas y sus familiares siguen sin justicia. Una vez más, es fundamental exigir, memoria, verdad justicia y reparación.

El Tarajal

Este año se cumplieron nueve años desde la masacre del Tarajal. 15 personas morían ahogadas en la playa de Ceuta después de que la Guardia Civil utilizase materiales antidisturbios mediante el uso excesivo y violento de la fuerza, intentando frenar su llegada a las costas españolas. Aquel día, alrededor de 200 personas intentaron entrar en Ceuta. Como explica CEAR, aproximadamente 90 alcanzaron la zona fronteriza de la playa del Tarajal e intentaron cruzar a nado. 15 personas fueron asesinadas, muchas más lesionadas y las que consiguieron llegar a España fueron detenidas y expulsadas ilegalmente sin ninguna consideración de sus circunstancias, procedimiento que vulnera los estándares internacionales en derechos humanos.

Nueve años han pasado desde el 6 de febrero de 2014, día en el que, Yves, Samba, Dauoda, Armand, Luc, Roger Chimie, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou, Blaise y otra persona más, de la que se desconoce el nombre, porque se le ha seguido negando el derecho a ser identificado, siguen sin memoria, justicia y reparación. nueve años llevan sus familiares intentando buscar justicia. Nueve años de impunidad en los que se ha archivado y reabierto el caso en varias ocasiones. Nueve años de contradicciones de criminalización de las organizaciones de la sociedad civil participantes en el caso. Nueve años de obstaculización del acceso del procedimiento a las familias, tanto para personarse como para la identificación de los fallecidos.

Entre las claves del caso, se encuentra la entrada en vigor el 1 de julio de 2015 de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que incluía una disposición adicional para Ceuta y Melilla. En esta disposición se pretendía crear una base fáctica legal para las devoluciones en frontera. Este tipo de devoluciones —que esta Ley denomina rechazos en fronteras— son ilegales según los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y, sin embargo, son llevadas a cabo con total impunidad en la frontera sur de España.

El caso del Tarajal es un caso representativo de la impunidad de la violencia, racismo sistémico e incumplimiento legal de la normativa internacional de derechos humanos por parte del Estado español, no sólo a través de lo sucedido el 6 de febrero de 2014, sino a través de todo el procedimiento. Hace un mes, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo presentado por las organizaciones de la sociedad civil (Coordinadora de Barrios, APDHE y CEAR). Ahora, el Constitucional revisará el archivo del caso Tarajal, con una oportunidad para que se haga justicia.

Masacre de Melilla: 24 de junio de 2022

El 24 de junio de 2022, el uso violento y desproporcionado de la fuerza de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes causó la muerte de al menos 40 personas y la desaparición de aproximadamente 80. La policía española expulsó de forma sumaria a alrededor de 500 personas y sin garantías a Marruecos, como afirmó la investigación del Defensor del Pueblo. Las personas eran en su mayoría procedentes e Sudán, y pretendían solicitar asilo, debido a la situación en su país de origen.

Como explica entre otras organizaciones, Amnistía Internacional, durante horas, cientos de personas heridas permanecieron en el puesto fronterizo, sin recibir ningún tipo de asistencia sanitaria, y a pesar de que al menos una ambulancia de la Cruz Roja se encontraba en la zona, no se requirió que interviniese. En el lado marroquí, las ambulancias no llegaron hasta dos horas después de todo lo sucedido. Algunas de las personas heridas permanecieron en el lugar hasta 10 horas sin recibir ningún tipo de atención médica o sanitaria. Después, alrededor de 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas de Marruecos, donde les arrebataron sus posesiones y las dejaron en la carretera sin ninguna atención médica, y algunas de ellas, habrían sido trasladadas por la fuerza a más de 1.000 kilómetros de la frontera.

El 24J revela algunas de las mismas características que encontramos en el caso del Tarajal. En este caso, la ausencia de voluntad para investigar efectivamente las violaciones de derechos humanos sufridos por las personas migrantes, deja en evidencia una vez más, de qué forma, el Estado español viola con impunidad los derechos humanos en Ceuta y Melilla.

La lista de vulneraciones de derechos humanos, deudas con la justicia, memoria y verdad de las personas migrantes y retos a nivel de políticas migratorias más justas es interminable

Se trata de la violación de derechos humanos más grave en la cual el Estado español se ha visto envuelta en la última década y la mayor tragedia en número de muertes en una frontera terrestre europea. A pesar de la gravedad descrita, la asunción de responsabilidades por parte de España, Marruecos o autoridades europeas sigue ausente, y de hecho, la Fiscalía española decidió archivar la causa en diciembre de 2022, considerando que las acciones de la Guardia Civil fueron proporcionadas. La información disponible y las investigaciones realizadas, entre otras, la realizada por LightHouse Reports, en colaboración con El País, ENASS, Der Spiegel y Le Monde evidencia las contradicciones de las autoridades españolas.

Por su parte, el Ministro del Interior, Marlaska continuó insistiendo en que, en la tragedia de Melilla no se produjo ninguna muerte en territorio español, no obstante, las investigaciones evidencian que sí hubo muertes en el territorio del Estado español, y por ende, existe una obligación de investigar lo sucedido.

El racismo, la violencia y la muerte contra las personas migrantes en las frontera terrestres y marítimas del Estado español es evidente, y también la impunidad con la que el Estado ejecuta dichas vulneraciones de derechos humanos. A través de la deshumanización de las personas migrantes, de la otredad, su criminalización, los discursos de odio, el racismo sistémico e institucional y el colonialismo que sigue más vivo que nunca en este Estado, día a día se perpetran masacres.

La lista de vulneraciones de derechos humanos, deudas con la justicia, memoria y verdad de las personas migrantes y retos a nivel de políticas migratorias más justas es interminable. Por ejemplo, y entre muchas  iniciativas que son necesarias, es fundamental la de comprometerse con la regularización extraordinaria de miles de personas migrantes en nuestro país que se encuentran en situación administrativa irregular, campaña esencial llevada a cabo por el colectivo RegularizaciónYa para conseguir la regularización administrativa de miles de personas. Como afirma el colectivo, “la irregularidad supone estar en una situación de vulneración de derechos permanente”. En este sentido, la regularización de las personas migrantes ha de ser comprendida como un proceso que ha de ser constante y permanente, no debiendo estar limitado a ser contemplado como una suerte de amnistía. La regularización de las personas migrantes en el Estado es un derecho y debe garantizarse como tal.

De una forma o de la otra, los colectivos y movimientos antirracistas, y las organizaciones de la sociedad civil, que han luchado siempre, seguirán luchando por proteger los derechos humanos y por denunciar las injusticias y vulneraciones de derechos. Gobierne quien gobierne, los derechos humanos y la justicia, siempre se defenderán.