Andalucía
Estas son las cuatro crisis sin resolver en Andalucía que nos deja el 2024

En unos días dejaremos atrás un año en el que, como viene siendo costumbre, en el territorio andaluz han salido a reflotar diversas problemáticas que han lanzado a la población a protestar a la calle como consecuencias de las políticas neoliberales del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla que en 2024 ha cumplido 5 años.

Un lustro de decisiones que están comenzando a mostrar sus consecuencias en la población y que encrudece la precaria situación estructural de la comunidad autónoma.

1. Una mayoría inquebrantable y una oposición desarticulada

Este año será recordado por la polémica que ha sacudido a la Junta de Andalucía: el caso de los contratos fraccionados a través los cuales el Gobierno territorial otorgó, supuestamente, 458 millones de euros a dedo  a empresas vinculadas a la sanidad privada, especialmente a farmacéuticas en 2021.

Un caso de corrupción que llegaría hasta 2023 y que sacó a la luz la propia La Intervención de la Junta de Andalucía a través de un informe en los que “apreciaba indicio delictivo” a partir del “fraccionamiento indebido” de los contratos con el objetivo de “eludir” la Ley de Contratos Públicos, actualmente el supuesto delito está siendo investigado por la fiscalía anticorrupción y ha salpicado a varios altos cargos del Gobierno andaluz.

A pesar de lo mediático de la denuncia y de la gravedad de estas posibles irregularidades estos contratos fraccionados no han mermado la popularidad de Moreno Bonilla, como esperaban desde la oposición política y gran parte de la sociedad. Según indica el barométro del CENTRA el PP volvería arrasar en unas elecciones con un 43,5% de los votos andaluces, lo que supone una subida de 0,4 puntos con respecto a las elecciones de 2022.

El PSOE-A por su parte enfrenta su mayor crisis en popularidad y liderazgo, el CENTRA le augura unos resultados históricamente bajos, un 21,4% de los votos. La figura de Juan Espadas, líder de los socialistas en Andalucía, no tiene asegurada su posición para el año que viene con diversas facciones del partido pidiendo su reemplazo, lo que podría suponer que en los próximos meses se realicen unas primarias para un cambio de liderazgo.

La continuación de la inusual coalición de partidos a la izquierda, actualmente formada por Sumar, IU y Podemos, Por Andalucía se encuentra en el aire a pesar de que estemos cerrando un año en el que la agrupación de partidos ha dado una imagen de solidez y trabajo conjunto. A principios de diciembre Podemos Andalucía renovaba su liderazgo a través de unas primarias que han dado la victoria a Raquel Martínez con lo que la formación busca reforzarse en un territorio donde la marcha de Teresa Rodríguez en 2020 y la implementación histórica de IU en el territorio han jugado en su contra.

Las elecciones andaluzas están proyectadas para 2026 por lo que 2025 será un año en el que se produzcan diversos movimientos dentro de los partidos para reforzarse de cara a la convocatoria. 

2. La destrucción de los servicios públicos no cesa

Decenas de miles de andaluzas han salido a las calles en diversas convocatorias a manifestarse contra la destrucción de la sanidad pública otro año más. La gestión de los servicios públicos por parte del Gobierno regional ha vuelto a ser una de las mayores preocupaciones de las andaluzas, así lo apunta además los diversos barométros del CENTRA del año.

El informe de Amnistía Internacional elaborado a partir de datos del Ministerio de Sanidad apunta que Andalucía está a la cabeza de todo el país en cuanto a espera sanitaria. El 78,2% de las citas de Atención Primaria se atienden pasadas 48 horas, de las cuales el 53,9% se atienden con más de 7 días de retraso. La espera media para simplemente concertar una primera cita en el sistema sanitario es de 10,4 días, en 2019 era de 5,6 días y el 48,3% se atendían 48 horas después de haberla solicitado.

La Marea Blanca andaluza denuncia que estos datos son consecuencia de las políticas que benefician la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública emprendidas desde hace años por el gobierno de Moreno Bonilla. Según los presupuestos de la propia Junta de Andalucía en 2019 la institución invertía en conciertos privados 439,69 millones de euros y en 2024 579,2 millones de euros. Un aumento que no va a cesar en 2025, en el que está proyectada una inversión de 686,1 millones de euros. Según el informe elaborado por IDIS Andalucía es, tras Madrid, la comunidad autónoma que más invierte en la sanidad privada. Una cuestión que afecta a la población y además a las diversas profesionales que componen la sanidad pública.

Algo similar ocurre en la educación, desde la llegada de Moreno Bonilla al palacio de San Telmo se han cerrado en Andalucía 2.402 aulas públicas. Una clausura que según apunta el sindicato USTEA en 2024 ha supuesto un 45,27 % más que en año anterior.

El gobierno andaluz ha dejado claro este año su objetivo de reindustrializar Andalucía a base de tres patas fundamentales: las energías renovables, el hidrógeno verde y la minería, con graves consecuencias para el territorio según grupos ecologistas, vecinos y expertos.

Los colectivos en defensa de la educación pública denuncian además una falta de inversión y desvíos hacia la educación concertada, que con el PP está viviendo su época dorada en el territorio. De 2018 a 2023 la educación concertada, según la propia ministra de educación durante ese último año, aumentó en el territorio un 22,5%. En 2017 un 19,6% del aulmnado iba a escuelas concertadas en 2024 ha aumentado hasta el 20,9%, un aumento discreto pero constante que el gobierno andaluz apuntala con sus presupuestos, para el año que viene se proyecta un aumento del 8% en la inversión en conciertos educativos.

En los últimos meses también se ha demostrado el colapso en el que se encuentra el servicio de atención a la dependencia en Andalucía. La FOAM expone que el territorio se encuentra en una posición crítica al respecto y que se encuentra a la cabeza del Estado en cuanto a espera para recibir la prestación, según los datos elaborados por la Federación a partir del Inmerso 5.319 personas han muerto este año en el territorio esperando ser atendidas.  Los usuarios de este servicio esperan una media de  567 días.

Además durante este año diversos colectivos de empleados públicos han denunciado “el maltrato” a sus sectores por parte de la Junta como los bomberos forestales o las profesionales del 112.

3. Andalucía, zona de sacrificio y emergencia climática

El gobierno andaluz ha dejado claro en más de una ocasión su objetivo de reindustrializar Andalucía a base de tres patas fundamentales: las energías renovables, el hidrógeno verde y la minería. Una misión que durante 2024 ha reforzado con mensajes como “ Andalucía el actor principal en el desarrollo del hidrógeno verde a nivel europeo” o “el liderazgo de Andalucía en energías limpias”. El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha expuesto en distintas ocasiones el interés que tienen países como Japón, China y Alemanía en la inversión de hidrógeno verde en el territorio. 

Además el ejecutivo ha planteado una serie de incentivos económicos para estos sectores, desde 2019 hasta 2024, según la propia Junta de Andalucía se han invertido en 77 proyectos de entidades extranjeras en energía renovables por el valor de 20.145 millones de euros. Además la Junta ha anunciado que en 2025 se invertirán 40 millones de euros en “la mejora y competitividad del sector minero”.

Miles de andaluces, ubicados en los territorios donde se van a implementar los megaproyectos de renovables han salido a las calles de sus localidades para denunciar que estas construcciones exponen a peligros y tiene consecuencias para el territorio como el caso de la planta de biogás en La Calahorra, la megaplanta solar en la campiña de Jaén que ha arrancado más de 10.000 olivos, las plantas solares en Guadalcazar (Córdoba) o los proyectos de la Vega de Granada, por poner como ejemplo algunos de las decenas de proyectos que están en marcha en toda la comunidad.

Durante este 2024 colectivos ecologistas han denunciado la puesta en marcha de la reapertura de la mina de Aznalcollar, 26 años después del desastre ambiental provocado por la empresa Boliden. Una reapertura que actualmente se encuentra en pausa por la suspensión de la Autorización Ambiental pero que próximamente volverá a reanudarse. El proyecto minero pretende verter  más de 80.000 millones de litros de vertido tóxico al Guadalquivir como explican desde Ecologistas en Acción. En la sierra de Huelva para 2025 están proyectado la apertura de diversos proyectos mineros como el de Valdemusa, que los expertos advierten puede suponer un peligro para el entorno.

La Junta también proyecta invertir en reconvertir el Polo Químico de Huelva en productor u transportador de hidrógeno verde,  y ya ha comenzado a implementar empresas en el lugar.

4. El empobrecimiento engulle el territorio

Acabamos el año en Andalucía con un 30,5% de la población en riesgo de pobreza según el  según la EAPN, superando por más de 10 puntos la media estatal. La comunidad autónoma alberga  11 de los 16 municipios y 10 de los 15 barrios más empobrecidos de todo el Estado, como recuerda el informe al respecto elaborado por la APDHA. Andalucía es además según el Eurostat la novena región en cuestiones de pobreza de toda la UE.

En 2023, según los datos publicados en abril de 2024 por el Consejo General del Poder Judicial , Andalucía, fue la comunidad con mayor número de desahucios, 4.451,una media 11 al día, más del 70% por incapacidad para pagar el alquiler. En 2024 los desahucios no han cesado, así como el problema de acceso a la vivienda que ha llevado a miles de andaluzas a salir a la calle para denunciar lo insostenible de la situación. Para el primer semestre de 2025 el gobierno andaluz prevé aprobar una ley que lejos de aportar solución al problema de acceso a la vivienda y al malestar de los inquilinos busca proteger a los propietarios.

Además Andalucía sigue siendo, como desde hace 30 años,  escenario de vulneraciones constantes a los derechos humanos en las provincias de Huelva y Almería donde anualmente miles de jornaleros migrantes sostienen la industria agrícola millonaria de ambos territorios a base de explotación laboral y viviendo bajo plásticos, sin luz, ni agua en la periferia de diversas localidades. A pocos días de que acabe 2024, 120 personas se han quedado sin sus chabolas, su única alternativa habitacional, tras un incendio en un asentamiento ubicado en Lucena del Puerto (Huelva). Nada hace sospechar que 2025 vaya a ser el año en el que esto cambie.