Autogestión
La Junta de Andalucía quiere callar el proyecto autogestionado Radio Almaina en Granada

El proyecto autogestionado Radio Almaina tacha de “censura política” que la Junta de Andalucía haya rechazado su solicitud de licencia de emisión a pesar de cumplir todos los requisitos legales
RadioAlmaina
Imagen de la campaña Radio Almaina no se calla

En las entrañas subterráneas del centro de Granada, bajo la Biblioteca Social Hermanos Quero laten desde hace 14 años las ondas sonoras de Radio Almaina. Un proyecto de radio libre “que no depende de ninguna empresa, subvención pública o ideología” y que “se abre a movimientos sociales, a iniciativas culturales críticas y a toda inquietud que transite sobre el adoquinado de Granada” según se autodefinen.

Desde que comenzó su emisión en 2011, Radio Almaina ha ocupado el espacio radiofónico de la FM granadina entre las radios comerciales de forma ininterrumpida. Una realidad que podría cambiar tras el rechazo de la Junta de Andalucía de la solicitud de licencia de emisión bajo el nuevo reglamento establecido en la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. Una ley que busca sacar del limbo legal en el que se encontraban las radios libres y que renueva la antigua legislación del año 2010.

“No controlan lo que decimos. Somos una radio libre, no tenemos subvenciones, no tenemos publicidad, quedamos fuera de su radar y además, la orientación, pues evidentemente es crítica”, comenta María, parte de Radio Almaina

La negativa de la Junta se ha producido pese a que esta Radio Almaina cumple con todos los requisitos legales. El colectivo alega que la decisión del gobierno andaluz se basa en “motivos arbitrarios, como el que la radio ha cambiado de centro emisor y de dial, del 107.1 al 88.5 de la FM, en los últimos 5 años”. Unas razones que no aparecen en dicha Ley y que “la Junta no tiene competencias para introducir otros requisitos”.

Antonio forma parte del colectivo desde sus inicios y argumenta que la Junta “hace una interpretación arbitraria de la ley cuando no tiene competencias a nosotros, nos parece que esto es ilegal y que está incumpliendo una ley estatal, pensamos que se trata de un filtro político”.

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María, otra de las componentes de Radio Almaina cree que esa fijación de la Junta en el proyecto radiofónico autogestionado se debe a que “no controlan lo que decimos. Somos una radio libre, no tenemos subvenciones, no tenemos publicidad, quedamos fuera de su radar y además, la orientación, pues evidentemente es crítica”. El proyecto forma parte del ecosistema de los movimientos sociales de la ciudad a los que da voz.

Todo un sello de la resistencia granadina que se niega a abandonar el espacio de la FM. “Cualquiera que esté escuchando la radio puede encontrarse con nosotras”, sostiene María, lo que es esencial para que otro tipo de discursos llegue a la sociedad en un contexto radiofónico cooptado por los grandes grupos mediáticos.

Por ello, el colectivo ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a la Junta de Andalucía ante su negativa de permitirles el espacio radiofónico. El proceso judicial puede desembocar en un juicio que sería el pionero en este sentido en todo el Estado español y podría sentar referente en procesos similares de otras radios libres. “La Junta tiene las de perder y hacer el ridículo”, opina David ante la falta de base jurídica de la negativa.

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“Un contencioso es un procedimiento muy costoso para un medio pequeño como el nuestro”, exponen desde Radio Almaina. El proyecto se sostiene gracias a las aportaciones de las oyentes, el trabajo autogestionado de las personas que componen el colectivo y cuenta con un presupuesto muy reducido para su labor cotidiana. Por lo que han puesto en marcha la campaña Radio Almaina no se calla para poder enfrentarse a un proceso jurídico que puede alargarse en el tiempo “Todo el dinero recaudado lo usaremos para gastos jurídicos de defensa y de representación legal, y gastos de la campaña de difusión para que se sepa qué está pasando”, argumenta el proyecto.

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