Comunidad de Madrid
Coral Latorre: “Las siete de Somosaguas somos un ejemplo más del retroceso democrático que estamos viviendo”

El pasado 13 de febrero, una protesta pacífica en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense impidió que Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz parlamentario de Vox, interviniera en una charla organizada por el colectivo ultraderechista Libertad sin Ira. Tal como informó El Salto en su momento, Espinosa de los Monteros, acudió al campus escoltado y acompañado por unos 70 hombres que portaban banderas de España y de la Legión. Aunque el acto había sido cancelado oficialmente por la universidad por motivos de seguridad, la presencia de estudiantes movilizados —junto a profesorado y personal administrativo de la Facultad— ha terminado con la apertura de diligencias penales contra siete de ellos, acusados de delitos como desórdenes públicos, coacciones y delitos de odio, en un caso que ha reabierto el debate sobre la criminalización de la protesta.

La Policía cita a seis activistas que participaron en el escrache a Espinosa de los Monteros en la Complutense

Sara Plaza Casares

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Comunidad de Madrid

Represión La Policía cita a seis activistas que participaron en el escrache a Espinosa de los Monteros en la Complutense

Sara Plaza Casares

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Acusan de delito de odio a activistas que participaron en una protesta en la Facultad de Políticas contra el exportavoz parlamentario de Vox. Fueron citados por la Policía el pasado 21 de marzo, más de un mes después del escrache.

Entre las acusadas está Coral Latorre, Secretaria General del Sindicato de Estudiantes, una organización estudiantil combativa con casi 40 años de historia, que defiende la educación pública, el feminismo y la lucha contra el fascismo. Hablamos con ella sobre lo que ocurrió aquel día, el nuevo ciclo de represión contra el movimiento estudiantil y la respuesta política que se está tejiendo desde abajo.

Coral, formas parte del grupo de siete estudiantes denunciadas por protestar contra la presencia de la extrema derecha en la universidad. ¿Puedes contarnos exactamente qué ocurrió ese día en Somosaguas?
El 13 de febrero se organizó una protesta estudiantil y antifascista, completamente pacífica, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM. La asociación ultraderechista Libertad sin Ira —los cachorros del PP y Vox en Somosaguas— había anunciado un acto con la participación de Iván Espinosa de los Monteros. Como podéis imaginar, la indignación estalló entre centenares de estudiantes y también entre muchos profesores y profesoras.

El acto estaba previsto para las 17:00 horas, pero una hora antes la vicedecana de estudiantes comunicó a los responsables de LSI que había quedado suspendido. Aun así, Espinosa de los Monteros acudió escoltado por matones de Desokupa y decenas de militantes del PP y Vox, con la intención de provocar y reventar la protesta estudiantil pacífica.

Durante la concentración coreamos consignas antifascistas y en defensa de la educación pública. Pero parece que, para la Brigada Central de Información, defender que la universidad pública sea un espacio libre de mensajes de odio, es un delito.

Quiero subrayar que en la concentración no se practicaron detenciones ni identificaciones por parte de los antidisturbios que se desplegaron para proteger a este individuo. Y es evidente que, como la provocación fracasó, han optado por recurrir a otros métodos.

La Brigada Central de Información de la Policía Nacional, se puso a trabajar de inmediato para elaborar un expediente de cerca de 100 páginas, basándose en vídeos y textos suministrados por medios ultraderechistas

¿De qué delitos os están acusando y qué penas podrían enfrentarse las personas implicadas en este proceso? ¿Cómo está afectando este proceso represivo a las personas denunciadas, en lo personal y en lo político?
Para situaros: tras la protesta en Somosaguas, el 21 de marzo, siete compañeras recibimos una llamada de la Policía Nacional comunicándonos que teníamos que ir a la Comisaría Central de Moratalaz, y cuando lo hacemos nos detienen, nos fichan tomándonos las huellas y nos informan de las acusaciones. Todo el proceso se está desarrollando a una velocidad sorprendente, pues el 14 de abril ya estábamos citadas a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón.

Según nos han transmitido nuestros abogados, la Brigada Central de Información de la Policía Nacional, se puso a trabajar de inmediato para elaborar un expediente de cerca de 100 páginas, basándose en vídeos y textos suministrados por medios ultraderechistas como El Debate. Con ese material compusieron una denuncia que encaja perfectamente con los intereses políticos de Espinosa de los Monteros y su entorno.

Es la policía quien nos acusa de “desórdenes públicos”, “coacciones” y “delito de odio” a seis jóvenes estudiantes y un trabajador presentes en la concentración. Y es la jueza quien, tras tomar declaración a Espinosa de los Monteros, le invita a personarse como acusación particular.

En cuanto a las penas, cada delito contempla una horquilla. Por ejemplo, el delito de coacciones, según el artículo 172 del Código Penal, se pena con prisión de seis meses a tres años de cárcel. Así que, si sumamos el cómputo de los tres delitos y nos ponemos en la pena más elevada posible, podrían sumar hasta 12 años de cárcel.

A nivel personal, no voy a hablar por mis compañeras y compañeros, solo por mí: evidentemente, no es agradable verse envuelta en un montaje político tan escandaloso como este. Pero también sé que luchar contra la extrema derecha y el capitalismo tiene el coste de exponernos a una represión creciente. Estar organizada, tanto en el Sindicato de Estudiantes como en Izquierda Revolucionaria, y estar impulsando una campaña tan potente para dar a conocer este caso, es la mejor defensa.

¿Cómo valoras que se criminalice una protesta pacífica contra un acto ultraderechista que, además, había sido cancelado por la propia universidad?
Creo que es indignante. Y no lo digo porque lo esté viviendo yo en primera persona, sino porque estamos asistiendo a un retroceso alarmante de nuestras libertades democráticas y cada día se vulnera con más descaro el derecho a la protesta pacífica.

Si lo pensamos bien, esto es un montaje político bastante burdo. Espinosa de los Monteros se presenta a un acto que ya había sido suspendido. Hablamos de un personaje público, exdiputado de Vox, conocido por difundir mensajes machistas —como su propuesta de derogar leyes que protegen a las mujeres víctimas de violencia de género— que considera que “los homosexuales quieren imponer su ley” , que difunde bulos racistas y hace apología del franquismo, entre muchas otras cosas. Un individuo que odia abiertamente a la izquierda, y que, desde que dejó Vox, busca desesperadamente un espacio político y quiere ganar proyección pública. ¿Cómo? Con este tipo de provocaciones, igual que hizo Macarena Olona en la Universidad de Granada. Es la misma estrategia.

Pero a pesar de lo evidente que resulta todo esto, la provocación de este reaccionario termina con nuestro procesamiento judicial.

Por eso es tan indignante. Primero, porque somos víctimas de un montaje político organizado por la extrema derecha que pretende convertir un derecho democrático, como es la protesta pacífica, en un delito grave. Y, además, hacernos pasar por gente violenta. Yo animo a todo el mundo a ver los vídeos que circulan por las redes sociales sobre ese día. Que los vean y juzguen si hay algo de lo que ahora se nos acusa.

Esta situación se desarrolla bajo la responsabilidad directa del Gobierno de PSOE y Sumar. El Ministerio del Interior y las delegaciones del Gobierno permiten e incluso ordenan estos despliegues policiales en nuestros campus

El actual Gobierno sigue sin derogar la Ley Mordaza, mientras se multiplican los montajes policiales y las detenciones de activistas. Desde el Sindicato de Estudiantes, habéis denunciado que esto forma parte de una ofensiva represiva más amplia. ¿Cómo se conecta lo que está pasando en la Complutense con otros casos recientes como el de los 6 de Zaragoza, o las detenciones de activistas en Granada durante la protesta contra la participación de Macarena Olona en la Facultad de Derecho, y en Barcelona, donde fueron arrestadas personas que se manifestaban contra el genocidio en Palestina?
Efectivamente. Desde el primer momento hemos denunciado que este caso refleja una preocupante connivencia entre sectores de la policía, la extrema derecha y parte del aparato judicial. Pero además, esta situación se desarrolla bajo la responsabilidad directa del Gobierno de PSOE y Sumar. El Ministerio del Interior y las delegaciones del Gobierno permiten e incluso ordenan estos despliegues policiales en nuestros campus para reprimir el derecho a la protesta.

La policía desaloja de forma violenta al alumnado que protestaba por la presencia de Macarena Olona en la UGR

Aurora Báez Boza

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Granada

Represión La policía desaloja de forma violenta al alumnado que protestaba por la presencia de Macarena Olona en la UGR

Aurora Báez Boza

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Un centenar de estudiantes han intentado paralizar la intervención en la Universidad de Granada de la ex miembro de Vox pero la policía les ha desalojado de forma violenta, produciéndose dos detenciones.

Antifascismo en Andalucía Estudiantes y movimientos sociales se movilizan contra la presencia de la ultraderecha en la UGR

Si realmente existiera una voluntad política de frenar el avance reaccionario, no estaríamos viviendo esta escalada represiva. Las siete de Somosaguas somos un ejemplo más de la represión y del retroceso democrático que estamos viviendo, pero es complicado enumerar todos los casos que existen ya. Y no hay voluntad política para que la lista disminuya, va a seguir creciendo.

Pablo Hasel lleva cuatro años en la cárcel por decir que “el rey emérito es un ladrón”. Los seis de Zaragoza han cumplido un año entre rejas por movilizarse contra Vox, las seis de la Suiza condenadas por organizarse contra el acoso laboral, los 8 de Caixabank, las infiltraciones policiales en los movimientos sociales, la persecución al movimiento independentista en Catalunya, y cada vez más identificaciones y detenciones en manifestaciones pacíficas.

Pero el PSOE y Sumar se niegan a depurar el aparato policial y judicial de fascistas, se niegan a romper con la Ley Mordaza, que es una ley imprescindible para golpearnos y encarcelarnos. Se niegan a dar el indulto a los seis de Zaragoza. Por no hablar, de que compran el discurso antiinmigración de la ultraderecha, siguen vendiendo armas al Estado genocida de Israel y en nombre de la “paz” aprueban unos presupuestos militaristas estratosféricos.

No puede existir un “gobierno progresista” si siguen existiendo presos políticos en este país. Así que sí, responsabilidad tienen, y mucha. Luego se echan las manos a la cabeza y se preguntan por qué avanza la extrema derecha, cuando ellos les están colocando una alfombra roja y les abren el paso encantados.

Este ataque no es a siete compañeras, es un intento de criminalizar al conjunto del movimiento estudiantil que se atreva a alzar la voz

¿Qué hay detrás de estas denuncias? ¿Crees que estamos ante un intento de disciplinar al movimiento estudiantil que planta cara al fascismo y defiende lo público? Teniendo en cuenta que tú, Coral, eres la Secretaria General del Sindicato de Estudiantes, ¿cómo valoras este ataque, y qué implica para la organización?
Si lo pensamos bien, el hecho de encausar a la Secretaria General revela que pretenden dar un duro escarmiento a la organización que es una referencia de lucha para centenares de miles de jóvenes estudiantes.

Este ataque no es a siete compañeras, es un intento de criminalizar al conjunto del movimiento estudiantil que se atreva a alzar la voz. Quieren introducir el miedo, que cada vez que haya una manifestación nos pensemos dos veces si ir o no, para que estos ultraderechistas tengan vía libre e impunidad.

Y creo que no es casualidad. En primer lugar, porque todo esto llega en un momento en el que la Universidad pública en Madrid vive una efervescencia de movilización enorme. Algo que no habíamos visto en décadas. Es una rebelión contra Ayuso, sus privatizaciones y su nueva Ley de Universidades, una legislación que plantea un recorte del 30% del presupuesto, porcentaje que deberá ser cubierto por la financiación de inversores privados.

Por qué las universidades públicas irán a la huelga el 28A

Alejandra Mateo Fano

Comunidad de Madrid

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Alejandra Mateo Fano

Las distintas plataformas en defensa de la educación universitaria pública denuncian la “asfixia económica” a la que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso aboca a los centros académicos desde hace más de 15 años.

Huelga de universidades públicas Con un gigantesco mural profesorado y alumnado exigen más inversión en las universidades públicas de Madrid

Frente a esto, y a muchos años de destrucción de lo público por parte del PP, la comunidad educativa ha dicho basta. Muy inspiradas en Menos Lectivas, se han creado las plataformas de las Universidades por la Pública, y el movimiento estudiantil hemos participado enérgicamente en ellas, levantando una huelga general educativa el 28 de abril que pasará a la historia y no solo por el apagón. Tras más de una década, toda la comunidad educativa madrileña, desde Infantil a la Universidad, fuimos a la huelga contra los planes privatizadores de Ayuso.

El 28 de abril las Universidades amanecieron vacías. Quienes participamos en los piquetes y pasacampus en Ciudad Universitaria, Somosaguas, en la Universidad Autónoma, la Carlos III o la Universidad de Alcalá, certificamos con nuestros propios ojos el éxito de la movilización: campus desiertos y aulas vacías. Y aunque no pudimos acabar el día como nos hubiera gustado, con una gran manifestación por la escuela pública, ese día ha significado un antes y un después porque se levantó desde abajo, de forma democrática y confluyendo trabajadoras de escuelas infantiles, docentes de secundaria y de Universidad, integradores, el personal laboral, estudiantes… Esto es con lo que pretenden acabar.

Y, en segundo lugar, porque se han atrevido a someter a un proceso político como este al Sindicato de Estudiantes. En cuarenta años de historia, el Sindicato de Estudiantes ha sufrido muchos, muchos ataques. Somos la organización estudiantil que más movilizaciones y huelgas hemos convocado en defensa de la educación pública, participado en centenares de luchas obreras y huelgas generales, que impulsamos el movimiento feminista y LGTBI combativo, que somos antifascistas militantes y libramos una batalla permanente contra las guerras imperialistas y el genocidio sionista.

Evidentemente, nos hemos ganado el odio de la extrema derecha y posiblemente seamos quienes más juicios tenemos abiertos por agresiones fascistas, en Málaga, Asturias, Castilla y León…

¿Qué papel están jugando las universidades públicas ante este avance de la extrema derecha y la represión? ¿Sientes que las instituciones os están protegiendo o, al contrario, os dejan desamparadas?
En la medida en que la extrema derecha está actuando a la ofensiva, creo que la Universidad pública es un espacio clave para Vox, el PP y muchas de sus organizaciones satélites. Quieren convertir las facultades en un altavoz para el discurso reaccionario, totalitario y violento del fascismo.

En Somosaguas por ejemplo, lo están intentando con Libertad Sin Ira, una asociación estudiantil fundada en 2021 por el actual Secretario General de Nuevas Generaciones del PP madrileño, Ignacio Dancausa, que forma parte del círculo de confianza de Isabel Díaz Ayuso, y que no se ha cortado ni un pelo en explicar públicamente que LSI existe para “confrontar a la izquierda y al progresismo”.

En este marco general, es evidente que la represión también puede avanzar porque hay toda una serie de normativas que lo permiten, como la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), que es la “ley mordaza universitaria”, y que los rectores aplican día a día en los campus.

Por tanto, nuestra confianza no va hacia las instituciones universitarias, sino que está en las trabajadoras y trabajadores de la educación pública, nuestras profesoras, personal no docente… que están dándonos apoyo. Y también agradecemos la solidaridad que hemos recibido por parte de la Junta de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM que se ha posicionado a nuestro lado.

La protesta del 13 de febrero en Somosaguas fue también una toma de palabra contra el blanqueamiento del discurso de odio en los espacios educativos. ¿Qué papel juegan el antifascismo y el feminismo en las aulas hoy frente al avance de la reacción?
Como comentaba antes, hay un intento de introducir esos discursos de odio en la educación pública y no están reparando ni en esfuerzos ni en recursos. En Somosaguas es a través de esta asociación, Libertad Sin Ira, pero es algo generalizado. En Andalucía, Madrid, Catalunya, Euskal Herria… cada vez hay más actos donde miembros ultraderechistas son invitados a esparcir su odio contra todo lo que debería representar la Universidad pública.

De hecho, no hace tanto, Eduardo Viciana, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, uno de los máximos responsables de la privatización educativa, envió una carta al rector de la Complutense animándole a perseguir a los “estudiantes violentos organizados” que protestan contra la extrema derecha.

Por tanto, el antifascismo y la defensa de un feminismo combativo y de clase, se ha convertido en una bandera para el movimiento estudiantil en las Universidades. La fuerte movilización estudiantil con la que fue recibida Ayuso al ser nombrada alumna ilustre, las Universidades al frente de las huelgas feministas cada 8 de Marzo, cuando salimos a protestar contra el machismo en el colegio mayor Elías Ahuja…Hay muchos ejemplos. Y esa conciencia antifascista y feminista va a seguir creciendo.

Hemos podido ver que la respuesta está siendo un fuerte impulso de solidaridad, con asambleas, manifiestos de apoyo…¿Qué planes tenéis desde el Sindicato de Estudiantes para responder políticamente a esta ofensiva?
Lo primero que quiero hacer es mostrar todo nuestro agradecimiento por la inmensa solidaridad que estamos recibiendo. Desde que publicamos los primeros vídeos en redes sociales nos hemos encontrado con un respaldo tremendo de trabajadores y trabajadoras, activistas sindicales, de movimientos sociales y organizaciones de la izquierda. En este momento llevamos más de 7.000 firmas de apoyo a nuestro Manifiesto.

El Sindicato de Estudiantes va a poner todas nuestras fuerzas y recursos para que todas las compañeras encausadas sean absueltas. Nos defenderemos con los medios legales a nuestro alcance, pero sabemos que para ganar necesitamos toda la solidaridad posible de los jóvenes, la clase trabajadora y de todas las organizaciones y colectivos, que, como nosotras, creen que ser antifascista no es delito.

El manifiesto está disponible en las webs de la campaña y en la del Sindicato de Estudiantes, y el objetivo es que la firmen decenas de miles de personas. Vamos a organizar ruedas de prensa y actos públicos en Madrid y otras ciudades. Como Sindicato de Estudiantes pondremos mesas informativas en universidades e institutos, impulsaremos unitariamente concentraciones y manifestaciones, y llenaremos todas las movilizaciones sociales de decenas de miles de panfletos en apoyo a las siete de Somosaguas.

En un contexto como planteas, de represión creciente, y ante la respuesta de apoyo y solidaridad que ha despertado la protesta de Somosaguas, ¿qué importancia tiene no retroceder ante estos intentos de criminalización y qué horizonte abre esta lucha para el movimiento estudiantil?
Pues es fundamental porque tenemos que decirles que no les tenemos miedo. Sabemos que los vínculos del aparato del Estado, la policía y la judicatura con la extrema derecha son cada vez más estrechos, y el autoritarismo, el militarismo y el retroceso en los derechos democráticos es fruto de la descomposición del capitalismo que alienta esta demagogia ultra. Vivimos en este momento político y tenemos que ser conscientes de ello.

Ahora bien, si se pensaban que con este ataque podrían poner freno a la organización del movimiento estudiantil, al Sindicato de Estudiantes o a la lucha en general, se equivocan, y mucho. Este caso ha conectado y ha despertado la rabia de mucha gente, pero especialmente de las y los estudiantes que sufren cada día los recortes educativos, barrios obreros cada vez más degradados, la imposibilidad de emanciparse por los precios estratosféricos de la vivienda, la falta de un futuro digno… Y si a esto le sumas que el mensaje que se recibe es que, si te rebelas contra esta situación, si te quieres movilizar para defender la Universidad pública del discurso de la extrema derecha, puedes acabar condenado, pues es echar todavía más leña al fuego.