Desahucios
Desahuciada en Santutxu una familia con dos menores tras dos intentos paralizados por la movilización vecinal
Una familia de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, ha sido desahuciada este miércoles de su vivienda en el barrio bilbaino de Santutxu. El desalojo de Patricia, su hija y sus dos nietas se ha ejecutado al tercer intento, después de que la movilización popular consiguiera paralizar los anteriores intentos del 26 de octubre y el 5 de noviembre. Esta vez, un amplio dispositivo de la Ertzaintza ha permitido el acceso de la comitiva judicial al inmueble, situado en el número 94 de la calle Iturribide.
Según ha explicado el sindicato de vivienda AZET, el origen del desahucio se encuentra en una resolución judicial derivada de un divorcio. En la misma, se adjudicó la propiedad de la vivienda al exmarido de Patricia, quien, según la organización, dispone de otros dos inmuebles en propiedad.
“Patricia compró esta vivienda junto con él hace unos años y ha participado en el pago de ella. Sin embargo, el juez ha considerado que era más importante el beneficio de su exmarido, que es una persona que tiene otras dos viviendas en propiedad, que la necesidad de Patricia, de su hija y de sus dos nietas menores de edad”, ha denunciado AZET.
Han valorado que la Justicia no haya tomado en cuenta la situación de una familia con dos menores. “Patricia compró esta vivienda junto con él hace unos años y ha participado en el pago de ella. Sin embargo, el juez ha considerado que era más importante el beneficio de su exmarido, que es una persona que tiene otras dos viviendas en propiedad, que la necesidad de Patricia, de su hija y de sus dos nietas menores de edad”, ha denunciado AZET.
Un amplio dispositivo policial frente a la movilización vecinal
Desde las 8:30 horas, decenas de personas se han concentrado frente al inmueble convocadas por AZET para tratar de impedir el lanzamiento. La Ertzaintza ha desplegado al menos cinco furgonetas y varias patrullas, mientras que la Policía Municipal ha cortado las calles próximas al edificio.
Los agentes han establecido un cordón policial para alejar a las personas concentradas del portal y facilitar la entrada de la comitiva judicial. Poco después ha accedido al edificio un cerrajero, recibido entre gritos de protesta por los manifestantes.
El desahucio se ha ejecutado en aproximadamente media hora. Patricia y su familia han tenido que abandonar la vivienda y, durante las horas posteriores, han recogido sus pertenencias con la ayuda de integrantes del sindicato. Mientras tanto, las personas concentradas han coreado consignas como “Ni gente sin casa, ni casas sin gente” y “Frente a la especulación, organización”.
“Violencia patriarcal”
Tras el desalojo, AZET ha denunciado que el caso evidencia cómo la defensa judicial de la propiedad privada puede imponerse sobre las necesidades habitacionales de familias vulnerables. Para la organización, se trata de “un nuevo ejemplo de cómo la violencia estructural del capital, respaldada por el aparato judicial, se manifiesta también como violencia patriarcal”, al dejar sin hogar a dos mujeres y dos menores mientras se protege la propiedad de una persona que dispone de otras viviendas.
El sindicato también ha cuestionado la eficacia de las medidas institucionales destinadas a proteger a las personas en riesgo de desahucio. “Una vez más, estas promesas se quedan en papel mojado y las personas más vulnerables quedan desprotegidas”, ha señalado.
AZET ha responsabilizado al Ayuntamiento de Bilbao de no haber ofrecido “una alternativa habitacional real y digna” a la familia ni haber intervenido para intentar detener el lanzamiento, pese a conocer su situación.
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