Desahucios
Varios fondos buitre se hacen con viviendas protegidas y amenazan a 66 hogares en Navarra

Un total de 19 familias de Fitero, en Navarra, se enfrentan a la amenaza de perder sus hogares después de que las viviendas en las que residen, originalmente construidas como viviendas de protección oficial (VPO) hayan terminado en manos de bancos y fondos de inversión. La situación afecta también a otras 47 viviendas de la localidad vecina de Cintruénigo, donde la organización de los inquilinos ha conseguido paralizar los procedimientos de desahucio y negociar nuevos contratos de alquiler.

Lo denuncian desde Haritu, sindicato de vivienda. Explican que las 66 viviendas fueron construidas hace más de dos décadas por promotoras privadas que, debido a su finalidad social, recibieron subvenciones directas, ayudas públicas e incentivos fiscales. Sin embargo, en el último año han perdido definitivamente su calificación de protección oficial y han pasado por distintas entidades financieras, inmobiliarias y fondos de inversión, entre los que figuran viejos conocidos de la especulación inmobiliaria como Banco Santander, Altamira, Cerberus, Global Pantelaria, Apollo y Solvia.

Los inquilinos denuncian que los sucesivos cambios de propiedad y gestión han venido acompañados de incrementos de los alquileres, falta de mantenimiento de los edificios y procedimientos de desahucio.

Los propietarios se niegan a renovar los contratos de alquiler y han comenzado a impulsar varios procedimientos de desahucio.

La situación más grave se concentra actualmente en Fitero, donde las 19 familias afectadas continúan sin garantías de permanencia. Según Haritu, la gestión de los inmuebles corresponde a Solvia, mientras que su propiedad está en manos del fondo Cerberus y Banco Santander, a través de Global Pantelaria. Los propietarios se niegan a renovar los contratos de alquiler y han comenzado a impulsar varios procedimientos de desahucio.

El sindicato denuncia que las familias llevan años viviendo en una situación de incertidumbre, sin conocer en ocasiones quién es el titular de sus viviendas ni qué sucederá con sus contratos. A ello se suma, según el colectivo, la falta de respuestas suficientes por parte de las administraciones públicas.

Por su parte, en Cintruénigo la movilización vecinal ha permitido frenar los procedimientos de desahucio que afectaban a las 47 viviendas. Los inquilinos organizados junto a Haritu han logrado alquileres asequibles y de larga duración.

Navarra negocia la recompra de 600 viviendas que perdieron su protección
El conflicto de Fitero y Cintruénigo se produce en un momento en el que el Gobierno de Navarra ha reconocido el problema de las promociones de vivienda protegida que han terminado en manos de fondos de inversión.

A finales de septiembre, la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, anunció que el Ejecutivo foral estaba negociando con fondos de inversión la adquisición de unas 600 viviendas de alquiler que habían perdido su calificación protegida. La operación supondría destinar nuevamente recursos públicos a inmuebles que ya habían recibido ayudas durante su construcción.

La presidenta navarra, María Chivite, reiteró el pasado 8 de octubre que su Ejecutivo dispondrá de recursos económicos suficientes para recuperar estas promociones. Según explicó en el Parlamento foral, el objetivo es ampliar el parque público de alquiler y ofrecer estabilidad a las familias que residen en viviendas cuya protección ha expirado.