Opinión
Personas y Territorios

El pasado 19 de Noviembre tuvo lugar la reunión del Comité de Expertos sobre el Reto Demográfico, cuyo desarrollo contó con la presencia de 14 personas provenientes de diferentes ámbitos convocadas por Isaura Leal Fernández, Alta Comisionada para el Reto Demográfico, entidad adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas.

Esta actividad se enmarca dentro de las iniciativas promovidas por dicha comisionada y pretende definir una estrategia para el medio y largo plazo en el medio rural español.

La primera de las conclusiones que arrojó el encuentro es que la situación del medio rural español no podría definirse estrictamente como un problema demográfico ya que la debilidad poblacional es la consecuencia y no la causa de la actual situación.

La pérdida de población en el rural español tiene un largo alcance que, al menos, habría que situar en el último cuarto del siglo XIX, para continuar durante la primera parte del siglo XX y alcanzar cifras letales durante los cuarenta años de la dictadura franquista. A su vez, las cuatro últimas décadas no han hecho sino agravar esta situación hasta la actualidad. Se trata, por tanto, de una cuestión compleja, dilatada en el tiempo y relacionada con múltiples factores.

Afrontar los problemas del medio rural con realismo, perspectiva y visión estratégica significa replantearse el modelo de país, al menos en sus variables territoriales

Por un lado, es un problema de articulación territorial, de modelo de país, cuyo trazo quedó patente en el diseño radial de las comunicaciones a partir de 1850, en el apoyo a las infraestructuras y las inversiones en los centros urbanos situados en el centro y la periferia y en la aplicación de políticas exclusivamente sectoriales, dejando los territorios situados fuera de los polos de desarrollo prácticamente abandonados y sin posibilidades de gestionar sus recursos y de generar renta y empleo a partir de ellos.

Afrontar los problemas del medio rural con realismo, perspectiva y visión estratégica significa replantearse el modelo de país, al menos en sus variables territoriales. Y esto no es una cuestión que afecte solo a las áreas rurales, sino que involucra a todo el país ya que la despoblación tiene su contraparte en los problemas derivados de las concentraciones urbanas.

De continuar en las actuales dinámicas, la franja del Oeste peninsular, el Sistema Ibérico, las mesetas norte y sur y las áreas de media y alta montaña, quedarán fuera de los circuitos que hacen circular materia y energía y generan desarrollo y llegarán a una situación de aletargamiento económico, demográfico y social.

Revertir esta dinámica requiere un replanteamiento del diseño de los modelos y trazados de las comunicaciones, el destino de las inversiones públicas y los modos de gestionar los recursos del territorio.

Resulta inaceptable que el territorio sea visto desde las Administraciones Públicas como un gasto y no como un recurso generador de rentas y empleo

La segunda premisa que requiere la activación y vitalización de los espacios rurales es la creación de un aparato institucional y normativo capaz de incorporar el territorio en su núcleo. Esto significa reestructurar el sistema de organización municipal de modo que este sea capaz de expresar la variedad y versatilidad de los recursos contenidos en él y la creación de servicios capaces de satisfacer las necesidades de población. Resulta incomprensible que las mismas normas y procedimientos sean aplicados en un municipio de 50 habitantes que en otro de 500.000, como también lo es que sea exigida la misma complejidad burocrática, mismos canales de comunicación con la Administración o idéntico modelo de prestación de los servicios.

Diseñar un sistema de representación territorial adaptado al territorio, crear entidades intermedias que sirvan para articular y jerarquizar los núcleos mediante la creación de comarcas y diseñar modelos de prestación de servicios en educación, sanidad o transporte capaces de aportar bienestar, seguridad y conocimiento, resultan una cuestión de primera necesidad para que los espacios rurales sean lugares para la vida y las personas.
El alejamiento de las entidades que gestionan el territorio y sus recursos (piscícolas, fluviales, energéticos, forestales…) de los espacios en los que dichos recursos se ubican, es otra de las cuestiones a abordar. Resulta inaceptable que el territorio sea visto desde las Administraciones Públicas como un gasto y no como un recurso generador de rentas y empleo, y es bien sabido que la prevención de incendios, el freno a los procesos erosivos o el mantenimiento de las comunicaciones en dichos espacios es más barato y más eficiente si se lleva a cabo con personas viviendo de modo estable en los pueblos que desde instancias administrativas alejadas de sus dinámicas.

Cualquier medida o acción que se emprenda deberá incorporar esta diversidad en sus planteamientos, permitiendo que cada territorio adapte las medidas y acciones a la realidad de cada lugar

El medio rural en el pasado y más aún las zonas de montaña, ha sido en diferentes épocas un espacio para la innovación y la activación del conocimiento. Desde los molinos harineros a la rotación en los cultivos, desde los ingenios para la producción hidroeléctrica al diseño de una red capilar de caminos que conectaban las diferentes áreas. Si el medio rural quiere pervivir deberá ser capaz de producir, aplicar y difundir conocimiento. Tanto en el campo de la gestión de los espacios, implantando procesos de georeferenciación, a la digitalización de los procesos productivos, tanto en el uso de microorganismos para la activación de ciertos procesos, como en el uso eficiente de las materias primas y la energía. Y esto afecta a todos los ámbitos, la escuela, la formación secundaria, la profesional, los criterios de contratación del personal municipal, el funcionamiento de las administraciones locales… todas estas entidades han de involucrarse en procesos que activen e incorporen conocimiento aplicado en sus procesos, tanto en el día a día como en sus planes de más largo alcance.

Las políticas de bonificación fiscal resultan necesarias para compensar los déficits que los habitantes y las empresas rurales tienen respecto a las urbanas, que se traducen en mayores costes de transporte, peores servicios de comunicación o menor disponibilidad de mano de obra cualificada. Pero solo con este tipo de medidas, no será posible hacer frente al abandono y decaimiento de los espacios rurales y sobran ejemplos a nivel internacional que lo demuestran. Si estas medidas no van acompañadas de acciones estratégicas, que incidan sobre la estructura de los problemas, no tendrán efectos duraderos.

Una de las características de los espacios rurales españoles es su diversidad, tanto desde el punto de vista orográfico, climático, lingüístico, organizativo… ello significa que cualquier medida o acción que se emprenda deberá incorporar esta diversidad en sus planteamientos, permitiendo que cada territorio adapte las medidas y acciones a la realidad de cada lugar.

Y, aunque el lloro y el lamento ayude a desahogar las tensiones corporales y algunos solo vean vacío donde cientos de generaciones vieron tierra, agua, árboles, ganado y frutos, bien irá poner manos a la obra, generar consensos en torno a aspectos básicos y situar al territorio, la tierra que pisamos en el centro de nuestra atención. La tierra lo agradecerá y las generaciones futuras aún más.