Gasto social
Presupuestos de Extremadura 2021: la vida sigue igual (pero peor)

Cuando ya ha transcurrido un plazo razonable desde la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2021, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, la abstención de Unidas por Extremadura y el voto negativo del PP, se impone el análisis acerca del destino de esos 6.423,8 millones de euros, que suponen 417,2 millones más que el ejercicio anterior. Finalizado el tiempo de las grandes palabras, llega el menos vistoso espacio para los detalles y la realidad tras las declaraciones, atendiendo al foco de lo presente.

La actualidad inmediata

En estos días estamos asistiendo a una carrera de reuniones de representantes del Gobierno, de la Junta de Extremadura y empresarios, cuyo objetivo aparente radica en organizar y preparar todo lo relacionado con las solicitudes de ayudas y subvenciones incluidas en los proyectos de recuperación y resiliencia de los fondos europeos para el período 2021-2023. Un buen lote de millones a repartir.

Así, el Ministerio de Presidencia ha aprobado la creación de una figura mixta entre Estado y empresas para facilitar interlocuciones en esta dirección. Son los llamados PERTE, Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. Durante el primer semestre del 2021 las diferentes administraciones y ministerios trabajarán en la confección de dichos PERTE y hasta junio no se sabrá con completa exactitud qué proyectos se ajustan a las convocatorias.

Extremadura y los números de la pobreza

Manuel Nogueras

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Pobreza

Extremadura y los números de la pobreza

Manuel Nogueras

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El 8º Informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) deja unas cifras alarmantes para Extremadura. Pero, efectivamente, detrás de éstas hay personas, seres de carne y hueso que, al contrario que lo números, no pueden aguantarlo todo. 

En medio de un clima de excitada expectación, la que genera cualquier reparto, nuestros dirigentes institucionales expresan con enorme ilusión que, tras la pandemia, ha llegado el momento para la recuperación y el progreso económico de la región. Los fondos NEXT GENERATION, que la Comisión Europea pondrá a disposición de los países europeos en los próximos años, han originado esa euforia optimista sobre un futuro que quieren vislumbrar halagüeño y prometedor.

La recepción de esas ayudas y préstamos, difundida con tan crecida excitación, no será gratis. Y no lo hará porque va a comprometer al gobierno español a una serie de obligaciones inexcusables con Europa. El precio a pagar recaerá en los bolsillos de las clases trabajadoras y pensionistas

Pero la recepción de esas ayudas y préstamos, difundida con tan crecida excitación, no será gratis. Y no lo hará porque va a comprometer al gobierno español a una serie de obligaciones inexcusables con Europa. El precio a pagar recaerá en los bolsillos de las clases trabajadoras y pensionistas, que sufrirán los recortes necesarios para responder del importe de esa “contribución” europea.

En su visita a Mérida, Pedro Sánchez realizó numerosas declaraciones sobre el excelente porvenir que espera a nuestra región con los más de 3.278 millones de euros que, procedentes de los presupuestos del Estado y de Europa, regarán y sembrarán de prosperidad a Extremadura. El presidente quiso transmitir la confianza necesaria en ese horizonte de bienestar y sus reflexiones pusieron sobre la mesa un cúmulo de ideas y propósitos que, esperemos, no sean un artificio llevado por un pequeño soplo de realidad y, al final, nos quede el tradicional desierto de promesas vacías.

Pero, mientras llega todo eso, lo básicamente sustantivo, a lo que hemos de atenernos, es a lo que nos ofrecen los Presupuestos regionales, que bien podrían considerarse, de entrada, excesivamente quiméricos atendiendo a su construcción sobre ingresos procedentes del Estado, Europa y de un préstamo que representa casi el 14 % del propio presupuesto, lo que a su vez pone de manifiesto el limitado potencial económico de la Comunidad Autónoma Extremeña.

Sobre los ingresos de los presupuestos regionales

La procedencia de los ingresos de los presupuestos regionales nos confirma la tendencia señalada: una fuerte dependencia del Estado, de los programas de los fondos estructurales europeos y de la deuda.

La Comunidad Autónoma no dispone, como lastre añadido, de la capacidad legislativa para poner en marcha políticas fiscales y empresariales de envergadura, de ésas que podrían generar cambios sustanciales en las relaciones de producción y en las estructuras productivas de la economía regional. Sí tiene, en cambio, la capacidad normativa para acordar bonificaciones en los tributos propios o cedidos por el Estado. Así, los beneficios fiscales acordados para este ejercicio merman la capacidad recaudatoria y reducen los ingresos de la Comunidad en unos 400 millones de euros. Estos beneficios fiscales resultan del conjunto de exenciones, reducciones en las bases imponibles, tipos impositivos reducidos, bonificaciones y deducciones en las cuotas íntegras, líquidas o diferenciales de los diversos tributos. Las cantidades mayores afectan al Impuesto del Valor Añadido, con unos beneficios fiscales de más de 365 millones de euros.

Unos 4.300 millones, hasta completar el presupuesto global de la comunidad, de 6.423.894.820, proceden casi íntegramente de las transferencias del Estado (unos 2.072 millones), de Europa (unos 1.300 millones), y del endeudamiento de unos 908,9 millones de euros

Exceptuando los ingresos que proceden de los impuestos directos, indirectos, tasas y precios públicos que ascienden a una cantidad que se aproxima a los 2.100 millones de euros (2.072.833.532), el resto, unos 4.300 millones, hasta completar el presupuesto global de la comunidad, de 6.423.894.820, proceden casi íntegramente de las transferencias del Estado (unos 2.072 millones), de Europa (unos 1.300 millones), y del endeudamiento de unos 908,9 millones de euros procedentes de los préstamos que pida la Comunidad.

Este condicionamiento presupuestario determina una capacidad económica y financiera muy limitada para el desarrollo de un potente programa de acciones e inversiones públicas, que es lo que necesita la región. Como dificultad añadida, las cantidades procedentes de Europa tienen en su mayoría un carácter finalista, teniendo que dedicarse a un propósito concreto y definido, quedando poca libertad para decidir la asignación del gasto final.

Aumenta el número de ricos y de pobres en Extremadura

El Salto Extremadura

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Pobreza

Aumenta el número de ricos y de pobres en Extremadura

El Salto Extremadura

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Sigue aumentado en Extremadura la brecha entre quienes acumulan más riqueza y los que se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión.

Las transferencias procedentes de los fondos estructurales y de inversión europeos van destinadas a los programas de desarrollo regional (FD), desarrollo rural (FR), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Social Europeo (FS) que, junto al Fondo Europeo Juvenil (FJ), incrementan el presupuesto regional en una cantidad de más de 1.300 millones de euros, de los cuales unos 725 millones vienen como transferencias corrientes y 575 como transferencias de capital.

De estas cantidades, casi unos 600 millones de euros son ayudas y subvenciones a los agricultores a través de la Política Agraria Comunitaria (pago de régimen básico, pago verde, reestructuraciones de viñedos, ganadería, etc.), mientras que otra parte importante del montante europeo, unos 778 millones de euros, financiará todo lo relativo a infraestructuras agrarias (modernización de explotaciones, jóvenes agricultores, agricultura de montaña), además de diferentes partidas para engrosar las arcas de Avante; proyectos, reactivaciones, incentivos y ayudas empresariales; créditos y avales a las empresas relacionados con el COVID-19; innovación e investigación, desarrollo comercio electrónico, y tecnológico en general.

En este orden de cosas, desde los movimientos sociales, la Asociación 25 de marzo y el Campamento Dignidad, hemos reivindicado que las ayudas procedentes de Europa deberían estar dirigidas a quienes realmente trabajan la tierra y no pueden volver a constituirse en un elemento de engorde de los bolsillos de latifundistas, terratenientes que viven como rentistas y especuladores saqueando los recursos y la riqueza de Extremadura.

Como dificultad añadida, las cantidades procedentes de Europa tienen en su mayoría un carácter finalista, teniendo que dedicarse a un propósito concreto y definido, quedando poca libertad para decidir la asignación del gasto final

En muchos casos, la política agraria comunitaria, cuyas directrices se establecen desde Europa, está favoreciendo la concentración de la tierra en las manos de los de siempre y en las de una nueva burguesía agraria que, además, controla la transformación y comercialización de los productos que salen del campo. Parece obvio reiterar, incluso a la luz de los números, que la única manera de que Extremadura evite su colapso económico y social es con una Reforma Agraria que ponga en movimiento el enorme potencial cultural, científico y productivo que acumula en sus recursos humanos y materiales, desprendiéndose de la rapiña de las multinacionales y otras entidades depredadoras.

Las transferencias corrientes que percibimos del Estado, consignadas en los presupuestos, constituyen unos 2.031 millones de euros. Por hacer alguna referencia comparativa, resulta ser una cantidad inferior a los gastos del personal que trabaja en las diferentes consejerías, organismos, instituciones y consorcios de la Comunidad y que superan los 2.241 millones de euros. El total recibido del Estado que se refleja en las cuentas regionales se completa con las transferencias de capital, que alcanzan a algo más de unos 41 millones de euros que, con carácter finalista, vienen para inversiones en recursos materiales, equipos o instalaciones en la Comunidad.

Sobre los gastos de los presupuestos regionales

En este orden de cosas quizás sea donde más se echa de menos la existencia de una banca pública regional que captara el ahorro de los extremeños y financiara  inversiones propias que sustenten y aceleren el progreso regional. Pero el capitalismo, en su proceso de centralización y concentración, se quitó de en medio a las cajas de ahorro, que tenían un peso del orden del 50 % del mercado financiero español. Éstas comenzaron a desaparecer a partir de la crisis de 2007, y la ley 26/2013 les dio el jaque mate definitivo. Durante sus casi dos siglos de historia, las cajas de ahorros evolucionaron con paso firme en el mercado financiero, con los objetivos formales de facilitar créditos a las empresas y promover el bienestar social y económico de las familias, en tanto que entidades sin ánimo de lucro. Este sistema no solo vivía de los depósitos bancarios, sino también de las obras sociales. La Banca, cuyo fin obvio es ganar dinero, necesitaba quitarse del mercado a un poderoso competidor, y lo hizo. La justificación: la politización de estas entidades, en cuyos consejos de administración estaban representantes locales y del gobierno. De este modo, se eliminó una base que hubiera sido fundamental para dar paso a una banca pública.

Extremadura es la región con menos renta de todo el país

Francis Reina Corbacho

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Pobreza

Extremadura es la región con menos renta de todo el país

Francis Reina Corbacho

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Los cinco municipios con menos renta bruta de todo el Estado Español son de Extremadura, última del ranking, también, en renta media por habitante

Una entidad financiera regional en manos de la Comunidad permitiría una mayor facilidad a la hora de hacer frente a los préstamos que se adeudan y a los que se necesitan para completar los presupuestos actuales que, como hemos señalado anteriormente, este año necesitarán algo más de 908 millones de euros, y, a su vez, produciría un ahorro en el pago de intereses de la deuda, para los que en este ejercicio se presupuesta una partida superior los 65 millones de euros. La amortización de la deuda que se prevé en este ejercicio económico es de 595 millones. Así, el conjunto de intereses y amortización de deuda determinan un gasto presupuestario anual que supera los 640 millones de euros.

El presupuesto de 400 millones de euros que se destina a inversiones es del todo insuficiente para mejorar las estructuras físicas y sociales del territorio extremeño, teniendo en cuenta que solo a la reposición de los servicios y de uso general van unos 126 millones. Las nuevas inversiones se realizarán desde la Consejería de la Vivienda para infraestructuras de carreteras, en las adquisiciones de mobiliario, obras nuevas y de reposición para los centros educativos y centros sanitarios, además de otras inversiones relacionadas con los regadíos e infraestructuras agrarias.

El presupuesto de 400 millones de euros que se destina a inversiones es del todo insuficiente para mejorar las estructuras físicas y sociales del territorio extremeño, teniendo en cuenta que solo a la reposición de los servicios y de uso general van unos 126 millones

La partida para los gastos del personal en el conjunto de las consejerías de la Comunidad Autónoma se acerca a los 2.100 millones de euros. En esta cantidad se incluyen los 14,9 millones destinados a cargos públicos de la administración general, organismos autónomos, instituciones y consorcios de la Junta. El resto de la cuantía de este crédito va a personal eventual, laboral, funcionarios, seguros sociales, etc.

El presupuesto destinado a los políticos del Gobierno y de la Asamblea de Extremadura denota la escasa austeridad de los poderes políticos regionales. El poder parece entender la austeridad como una forma de concebir la política económica que debe aplicarse a las clases populares, para lo cual mantiene bajo mínimos los factores vitales de su bienestar; y de ahí que los sueldos de los cargos públicos sean 10 veces mayores que lo que perciben miles de familias extremeñas en ayudas sociales o subsidios, que en muchos casos no superan los 500 euros. La credibilidad política y el respeto ciudadano exigirían mucha más austeridad a nuestros representantes políticos.

A pesar de que el gasto de personal supera el 30 % del presupuesto global de la Comunidad, las carencias en recursos humanos en los servicios sanitarios, educativos y en el sistema de la dependencia resultan evidentes. Los servicios públicos no son, ni mucho menos, los que se publicitaban y nos vendían con tanta energía triunfalista. La pandemia ha puesto en su sitio y ha sacado los colores a la sanidad y educación, como ha sucedido en todo el territorio nacional.

Saltamos Extremadura

Paro crónico o estabilidad del empleo en la primera EPA de 2018 en Extremadura

Víctor Prieto Rodríguez

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Desempleo

Paro crónico o estabilidad del empleo en la primera EPA de 2018 en Extremadura

Víctor Prieto Rodríguez

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Extremadura se mantiene como la comunidad con la tasa de paro más alta del país. Los datos encierran, además, profundas desigualdades que también tienden a cronificarse.

Los gastos corrientes en bienes y servicios superan los 790 millones de euros. Un porcentaje importante de esta cantidad, unos 662 millones de euros, van al pago de las dotaciones de recursos materiales que necesitan para su funcionamiento las diferentes consejerías. Una parte relevante se dedica a la compra de productos farmacéuticos y hemoderivados, glóbulos rojos, plasma, glóbulos blancos y otros materiales sanitarios y educativos para consumo y reposición de la Consejerías de Sanidad, para el Servicio Extremeño de Salud y de la Consejería de Educación. Otra cantidad, de 32 millones de euros, hace frente a los gastos de mantenimiento, reparaciones y conservación de infraestructura, edificios y locales, maquinaria, material de transporte, etc. Los 83 millones restantes se destinan al pago de la asistencia sanitaria con medios ajenos.

La partida para los gastos del personal en el conjunto de las consejerías de la Comunidad Autónoma se acerca a los 2.100 millones de euros. En esta cantidad se incluyen los 14,9 millones destinados a cargos públicos de la administración general, organismos autónomos, instituciones y consorcios de la Junta

El gobierno extremeño, que permanentemente se ha querido señalar en la defensa de los intereses de la pequeña burguesía (como lo muestra el uso de las transferencias que realiza a los diferentes sectores de la población), en esta ocasión de crisis del coronavirus se ha visto sin medios suficientes para reparar los desastres económicos causados a las pequeñas empresas y autónomos.

Las transferencias corrientes y de capital que realizará la Junta de Extremadura se acercan a los 2.374 millones de euros, detallados a continuación:

- Las transferencias destinadas a las empresas privadas superan los 1.133 millones de euros, donde se engloban, entre otros, todos los pagos relacionados para la Política Agraria Comunitaria, empresas agrarias y conciertos con la enseñanza privada (casi 100 millones).

- Otros 700 millones de euros, aproximadamente, van para familias e instituciones sin fines de lucro, que incluyen los pagos a organizaciones sindicales, empresariales, organizaciones agrícolas, organizaciones sanitarias, asociaciones gitanas, los bancos de alimentos, Cáritas, Cruz Roja, Renta Básica Extremeña, contingencias, mínimos vitales, atención dependencia, colaboración con ayuntamientos.

- Las entidades del sector público estatal, autonómico y local se financian con unos 499 millones de euros. La partida destinada al sector autonómico es de unos 203 millones de euros, donde se incluyen las transferencias a la Asamblea de Extremadura, CEXMA, los diferentes consorcios adscritos a la Junta, FEVAL, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Orquesta de Extremadura, Helga de Alvear, Fundación Relaciones Laborales de Extremadura, Universidad de Extremadura, Instituto de la Mujer, SES, CICYTEX, AGENEX, etc. En el ámbito local se consideran las transferencias a los Municipios, Entidades Locales Menores y las Mancomunidades en una cantidad aproximada de 270 millones de euros. Las transferencias a los ayuntamientos desde el fondo regional de cooperación municipal resultan en algo más de 35,4 millones de euros, y a las mancomunidades representan unos 2,6 millones de euros. El crédito para las instituciones del sector público estatal es de 25 millones restantes.

Sobre políticas sociales

Así como el bienestar de una población no depende, en lo fundamental, de la riqueza que exista en su territorio, sino de la distribución de la misma entre las diferentes clases sociales, el carácter social de un poder público se contrasta por la protección que realiza a los sectores más deprimidos y que con más crueldad sufren la pobreza y la precariedad, garantizando el acceso de toda la ciudadanía a los bienes y servicios básicos. Las circunstancias derivadas del COVID-19 han puesto a prueba estos principios y el resumen final concluye, desgraciadamente, con un incremento de la pobreza y la reducción de los recursos económicos de amplios sectores de las clases trabajadoras.

Las administraciones públicas tienen la obligación de realizar transferencias corrientes a estos sectores de la población para mejorar su capacidad de consumo y modificar el rumbo de su existencia, beneficiando a su vez al resto de la sociedad. A pesar de la retórica del Estatuto de Autonomía sobre la acción social que debiera realizar la Comunidad Autónoma de Extremadura, adoptando políticas específicas para lograr la prevención, atención e inserción social de los colectivos en la exclusión social, hay que señalar que, en este orden de cosas, los objetivos no se cumplen, puesto que los presupuestos resultan bastante escasos.

Parece que con pequeñas partidas pretendieran justificarse ante la opinión pública y evitar alteraciones sociales que situaran en crisis el sistema de dominación establecido, antes que realizar profundas acciones políticas que transformen la realidad social y generen condiciones de mayor bienestar.

Así, con casi el 40 % de la población en el umbral de la pobreza, lo destinado para la renta extremeña de inserción social es de unos 37.734.000 euros, cantidad inferior en cinco millones a lo presupuestado el año anterior

Así, con casi el 40 % de la población en el umbral de la pobreza, lo destinado para la renta extremeña de inserción social es de unos 37.734.000 euros, cantidad inferior en cinco millones a lo presupuestado el año anterior, y muy insuficiente para atender a las personas en situación de evidente necesidad de nuestra Comunidad. Además, la burocracia exigida para poder cobrar esta renta mínima, cuya cantidad mensual apenas llega para la alimentación familiar, parece pensada y organizada para excluir a buen número de solicitantes, que prioritariamente deben demostrar que se encuentran en la más absoluta pobreza.

Conviene recordar en este sentido que, en 2015, antes de las elecciones, Guillermo Fernández Vara se comprometió solemnemente a que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma contarían cada ejercicio con una cuantía reservada para la renta básica de inserción, equivalente al menos al 0’5% del PIB regional actual. Con los datos correspondientes a la última anualidad del PIB de 20.677 millones de euros esto supondría que en el ejercicio de 2021 habrían de destinarse a renta básica de inserción al menos 100 millones de euros. Casi 63 millones más de los que, finalmente, han resultado ser. Casi nada con el desfase.

Lucha de clases en Extremadura: por un nuevo convenio colectivo en el campo extremeño

Juan Viera

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Agricultura

Lucha de clases en Extremadura: por un nuevo convenio colectivo en el campo extremeño

Juan Viera

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Hay que señalar la identificación de nuestras autoridades políticas regionales con el grupo que acapara buena parte de la riqueza, tierras y haciendas de Extremadura.

Nuestros dirigentes, conocedores de que las ayudas sociales, los subsidios, la precariedad laboral o el propio desempleo no permiten alcanzar a muchas familias el acceso normalizado a los suministros básicos como la luz, el gas y el agua, aprueban cantidades de unos 600 o 700 euros anuales para ayudas al pago de estos mínimos vitales. Si atendemos a que la partida que se propone para estos fines es de 3.500.000 euros, observaremos con facilidad la incapacidad de garantizar, ni mucho menos, que la población en exclusión social pueda satisfacer estas carencias vitales, agudizadas por las circunstancias generadas por la pandemia.

No se entiende, en este orden de cosas, la actitud de aquellos ayuntamientos que devuelven parte de las cantidades recibidas y tampoco la de ciertas trabajadoras sociales cuyo excesivo celo, más allá de las normas aplicables, impiden que se acceda a los suministros básicos; son muchas las personas y familias que en este mes de marzo tienen, de hecho, la luz cortada.

Para financiar la contratación de personas jóvenes demandantes de primer empleo (...) se presupuesta una cantidad de 35.064.000 de euros, y se aprueban otros 24 millones de euros, en lo que se conoce como Programa de Activación del Empleo Local

En el mismo sentido que el anterior, pero demostrando previamente que se está, prácticamente,  en la más absoluta miseria, las personas pueden acceder también a unos cientos de euros que la Junta de Extremadura viene habilitando con la denominación de ayudas sociales de contingencias, y que se conceden por una sola vez. El presupuesto aprobado en esta dirección es de unos 5 millones de euros. El año pasado, a pesar de aparecer en el presupuesto, estas ayudas ni se ejecutaron.

Con un 23 % de parados (aproximadamente unas 113.000 personas desempleadas en febrero) y con casi el 50 % de la población juvenil fuera del mercado laboral, se establecen dotaciones presupuestarias a todas luces insuficientes para ser ejecutadas por los municipios en la lucha contra el paro. Para financiar la contratación de personas jóvenes demandantes de primer empleo, con el objetivo de que adquieran experiencia profesional, se presupuesta una cantidad de 35.064.000 de euros, y se aprueban otros 24 millones de euros, en lo que se conoce como Programa de Activación del Empleo Local, que ejecutaran los ayuntamientos como plan de choque.

Juventud extremeña: desempleo, precariedad y pobreza

Manuel Nogueras

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Juventud

Juventud extremeña: desempleo, precariedad y pobreza

Manuel Nogueras

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Las cifras de la relación entre jóvenes y empleo en Extremadura hablan de fracaso estructural, de precariedad y de umbrales de exclusión. Los escasos puestos de trabajo existentes ya no garantizan salir de la pobreza, una emancipación digna o el acceso a derechos básicos como el de la vivienda. Ni siquiera la vía de la formación parece conducir a otro lugar que no sea el exilio económico.

Otras partidas destinadas a la colaboración municipal son la que se proponen para el apoyo al funcionamiento de los centros de educación infantil, de 4.106.044 millones euros, y otra de 2.550.047 euros para la financiación de los centros residenciales de día y de noche, con el objeto del mantenimiento de plazas residenciales en centros para mayores.

Pasando, entonces, al capítulo de los mayores, observamos que Extremadura tiene, en la actualidad,  aproximadamente 230.000 personas que superan los 65 años de edad, representando casi el 21 % de la población. Existe el dato objetivo de que las residencias de mayores privatizadas son las que con más fuerza han sufrido la pandemia, al estar sometidas y condicionadas por un régimen empresarial fundamentalmente orientado a la obtención de beneficios. Por tanto, la atención a las personas de la tercera edad debiera constituir una prioridad social, sobre todo en los pequeños municipios y en las áreas más despobladas, lugares donde la el número de ciudadanos y ciudadanas de más edad alcanza unos índices superiores. Los 2.550.047 de euros antes señalados no parecen refuerzo ni adecuado ni suficiente.

Conclusión

El resumen resulta simple: más de lo de siempre, prolongación de las inercias de las últimas décadas sin propósito de enmienda y, además, con todos los vicios agravados por una pandemia que ha pulverizado a los sectores económicos y sociales más desfavorecidos. Presupuestos con graves dependencias externas, definitivas en muchos casos, que consagran un modelo abiertamente subordinado a Europa y a las arcas estatales, volcado en ayudas que, finalmente, terminan por concentrarse en el sector empresarial más poderoso y en las grandes rentas de la región. Absoluta primacía de la atención a la propia infraestructura de la Junta Extremadura y a sus seculares redes partidarias y clientelares, mientras siguen sin atenderse demandas básicas en las rentas más bajas y se fía la lucha contra el desempleo a grandes proyectos quiméricos siempre por llegar, sin acometer las reformas estructurales de fondo necesarias: banca pública, Reforma Agraria, prioridad en la creación de un tejido económico propio libre de dependencias.