Gobierno de coalición
Sumar pisa el acelerador y se anima al choque con Sánchez

Aquellos cinco días de abril que hicieron contener la respiración a más de un votante progresista no pueden ser en vano. Esas jornadas marcarán un hito en la historia de la comunicación política (un primer ministro europeo anunciando por Twitter que coge unos días para pensar si renuncia o se queda, algo inédito y que seguramente será caso de estudio futuro), pero los aliados progresistas del Partido Socialista quieren amortizar el ‘subidón’ adrenalínico más pronto que tarde.

Y cuando se dice ahora mismo, no se exagera: el engranaje táctico de Sumar ya se ha activado. Fuentes del grupo indican que hay dos hechos que inauguran simbólicamente esta nueva fase, que son los anuncios hechos por la ministra de Sanidad, Mónica García, en cuanto a la vuelta a la universalidad en la cobertura sanitaria, y por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, sobre una renta universal para los niños y niñas desde el nacimiento hasta los tres años.

La comunicación de ambas noticias de calado progresista y social en la misma semana no son coincidencia y han ocurrido tampoco casualmente en la semana en que se ha reunido la comisión de seguimiento del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar. Un cóctel de factores han hecho que Sumar decida pasar a la acción aunque eso incluya también chocar con el socio mayor, algo que los de Yolanda Díaz intentan evitar. Mostrar los dientes y golpear la mesa es semiótica de Podemos y ellos creen que hoy otro estilo es el que piden los votantes.

Los elementos que preocupan, y que fueron expresados en El Salto en más de una oportunidad en lo que va del año a partir de conversaciones con los dirigentes ‘yolanders’, es sobre todo que la legislatura ha comenzado hace rato, que las elecciones fueron hace diez meses y la sensación del votante progresista es que el Gobierno está a la espera y a la defensiva. La agenda mediática fue devorada por la amnistía y ahora con el paréntesis de reflexión de Sánchez, un golpe de efecto que en los hechos significó una pateadura del tablero, el PSOE ha activado a sus votantes.

Fuentes del grupo han confirmado a El Salto que lo anunciado por Bustinduy era uno de los asuntos pactados con la vicepresidenta María Jesús Montero para los presupuestos de 2024

Las elecciones en Catalunya y la resistencia en Euskadi se alinean con esta teoría y habrá que ver si el 9 de junio, cuando se voten las europeas, Ferraz logra acortar distancia con Génova. La sacudida emocional puede perjudicar a Sumar si no se moviliza, o peor, si sus votantes quieren respaldar a un partido alineado y un líder que resiste, tras meses de discusiones, escisiones y papelones electorales en la izquierda confederal. “Si no reaccionamos, la gente va a pensar para qué nos vota, si ya está el PSOE”, comentaba en el invierno un diputado de Sumar. Pues la decisión está tomada y se pasará a la acción más firme.

“El Gobierno debe arrancar”

Un legislador del grupo parlamentario, que pertenece a una de esas familias internas que se lleva bien con todos, ha respondido a la consulta de El Salto: “La sensación es generalizada, compartimos todos el mismo pensamiento. Hay que pisar el acelerador y a ver si arrancamos de una puta vez el Gobierno”. El exabrupto se le escapa de los labios y acto seguido sonríe. “Es que hay que actuar, estas son las cosas para las que estamos”, añade, en relación a los anuncios hechos por los ministros de la coalición.

“Lo que dijo Sánchez, del ‘lawfare’, los bulos y etc, se tiene que materializar y si él no lo hace lo tenemos que hacer nosotros. No puede quedar en nada. Todos hicimos apuestas fuertes para investir el gobierno. El PSOE ya renunció a los presupuestos, pues bien, hay que amortizar eso”, explica enfático.

Por las elecciones en Catalunya y las europeas por venir se han cancelado por el momento las reuniones de coordinación y estratégica que el grupo suele tener para conciliar posiciones entre los diferentes partidos, aunque las iniciativas que quiere impulsar Díaz y su equipo más cercano encuentra por demás apoyo entre el variopinto de partidos que es Sumar.

De hecho algunas ya estaban consensuadas aunque no eran públicas. Fuentes del grupo han confirmado a El Salto que lo anunciado por Bustinduy era uno de los asuntos pactados con la vicepresidenta María Jesús Montero para los presupuestos de 2024, que luego Sánchez desistió de negociar para pasar directamente al del 2025. El enfado de Díaz con la decisión del presidente del Gobierno de dar por muertos los PGE sin preguntarle antes, y enterándose por los medios, se entrevé en este anuncio del ministro de Derechos Sociales.

Desde el entorno más próximo a Díaz, uno de sus diputados de más confianza responde a El Salto que definitivamente en Sumar están “enfocados” y que cada uno “juega su partido aunque se comparta Consejo de Ministros”. También enfatiza que ya no habrá más titubeos y se ha acordado con el PSOE en la reunión de esta semana “activar la agenda democratizadora”.

En los papeles esto es avanzar con la derogación y reforma de la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley Mordaza y criticada por la Comisión Europea, Amnistía Internacional y un sinfín de colectivos de derechos humanos. Sumar ha presentado un proyecto en el que se condensan los acuerdos alcanzados en el final de la legislatura anterior (no fue aprobada por la oposición de Esquerra Republicana y EH Bildu) para trabajar a partir del mismo en las enmiendas que hagan falta. Dicen que hay un 95 por ciento de acuerdo general con los aliados soberanistas y se descuenta el de los cuatro diputados de Podemos, que estaba dispuesto a votar ese mismo proyecto.

Según la misma fuente, en la reunión con el PSOE quedó claro que habrá que encarar una reforma del Consejo General del Poder Judicial y la selección de los jueces. “Ahora es el momento de apretar. Si ellos (los socialistas) han reconocido que esa democracia plena que era tabú denunciar no lo es tal, hay que actuar”, destaca.

Otro tema de interés es lo cambios de cinco artículos del Código Penal relacionados con la libertad de expresión. Desde Sumar han asegurado que están presionando al PSOE para que abra la ponencia y darle un ‘sprint’ legislativo al proyecto que fue registrado en septiembre de 2023 y que despenalizaría las ofensas a España, las injurias a la Corona y la ofensa a los sentimientos religiosos.

Pero las joyas de todo este paquete de medidas son dos: empezar la reducción de la jornada laboral con mismo salario y la reforma fiscal. En el primer caso, desde el grupo afirman que “antes de fin de año” tiene que haber legislación al respecto o algún avance significativo. Es la idea estrella de la campaña en las generales de Yolanda Díaz y a ese asunto están abocadas las diputadas Aína Vidal y Verónica Martínez.

Sánchez tomó posesión el 23 de noviembre pasado y sólo ha podido convalidar dos decretos y hacer la reforma del artículo 49 de la Constitución

En el segundo caso se sabe que es algo más ambicioso. “Sabemos que detrás de la reforma fiscal viene la reforma de la financiación autonómica. Es la caja de Pandora pero no queda más remedio. Estamos esperando a que (María Jesús) Montero defina la magnitud desde hasta dónde está dispuesta a abrir el melón”, reflexionan en Sumar.

La grupo confederal quiere que haya un “aumento presupuestario de fondo” y considera que tiene haberlo de forma coherente y coordinada con sustentarlo desde el punto de vista tributario, con una reforma que logre mayores niveles de igualdad con mayor tributación para los grandes contribuyentes. Han propuesto cambios para gravar más el capital patrimonial y a las personas físicas. En ello están el economista Carlos Martín y la mano derecha de Díaz, Joaquín Pérez Rey.

“La agenda social es fundamental y por eso el objetivo es empezar en junio con todo esto y que cuando volvamos de vacaciones las cosas ya vayan fluidas y presentar las partidas sociales en el presupuesto en octubre bien financiadas. Que sea el presupuesto más expansivo”, explican en el grupo parlamentario.

Choque y aliados

La situación parlamentaria no solo no es fácil sino es de las más difíciles que ha tenido un presidente del Gobierno que, con matices puede ser considerado progresista. Pero la mayoría de investidura que lo sustenta es plurinacional (con todo lo que eso implica) y transversal. Tres de los partidos que votaron a Sánchez son de centroderecha: el PNV, Junts y Coalición Canaria. Los de Carles Puigdemont son especialmente liberales en su visión de la economía y ese es el punto de contacto con el Partido Popular, que anhela una convergencia en ese ámbito con ellos a largo plazo.

Vale recordar un minuto y resultado legislativo: el tercer ejecutivo liderado por Sánchez tomó posesión el 23 de noviembre pasado y sólo ha podido convalidar dos decretos y hacer la reforma del artículo 49 de la Constitución. Ni siquiera la polémica ley de Amnistía pudo ser publicada todavía en el BOE por la oposición y aletargamiento del Senado (dominado por el PP). Todo está bloqueado por la sucesión de elecciones y por la difícil construcción de consensos con epicentro en un partido: Junts.

Justamente ahora, tras las elecciones catalanas, la relación parlamentaria con Junts podría tensarse aún más. Tanto en Sumar y en PSOE creen que los de Puigdemont difícilmente podrían oponerse a la llamada agenda democratizadora pero otra cosa es las cuestiones que hagan a la economía y las relaciones laborales.

En este contexto, esta semana venidera la coalición de Díaz tendrá dos oportunidades de marcar perfil propio y confrontar, a su estilo, con los socialistas. El martes llegará al hemiciclo la proposición de ley del PSOE de abolición de toda forma de prostitución, incluida la voluntaria, y que castiga a clientes y proxenetas, mientras que el jueves tendrá lugar el debate por la ley de Suelo, bastante parecida a la impulsada por Mariano Rajoy antes de su caída en 2018 y que quiere limitar el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación urbanística.

En ambas iniciativas Sumar todavía no ha definido su posición porque internamente hay mucha divergencia. Algunos diputados bajo ningún punto de vista las votarán, de hecho. Pero por el momento hay un espacio de negociación.

Será una ocasión para desmarcarse del PSOE pero sin estridencias. “Nuestra radicalidad frente a otros no consiste en gritar mucho sino en ser inteligentes, hacer planteamientos serios y mover las ideas con potenciales aliados, no es solo marcar perfil”, aseguran desde el entorno de Díaz en clara alusión al estilo de Podemos. Entre no ser los morados ni parecer lo mismo que el PSOE está el gran objetivo y su gran reto.