Infancia
La adolescencia es el grupo de edad más expuesto a una pobreza infantil marcada por la crisis de vivienda

En el mes de febrero, se hizo pública un año más la Encuesta de Condiciones de Vida, una radiografía de la situación económica de las personas que residen en el país, que permite mapear cómo vive la población, más allá de los datos macroeconómicos y que —en combinación con otros estudios como el Informe sobre el Estado de la Pobreza, que realiza anualmente EAPN-ES— consigue instalar durante un breve lapso de tiempo en la agenda pública la cuestión de la pobreza y la desigualdad en el país.

Sobre estas estadísticas, la Plataforma de Infancia (POI), que agrupa a colectivos centrados en las niñas, niños y adolescentes ha realizado un análisis que profundiza en la situación de este sector de la sociedad en un país que muestra sus buenas cifras económicas en los últimos años, pero sigue ocupando los primeros puestos en el ranking de pobreza infantil en su entorno. “Aunque los datos muestran una ligera mejora general, esta no está llegando a quienes más lo necesitan”, señalaba el director de la organización, Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, en la presentación del informe.

El documento, en efecto, muestra que si bien hay una ligera mejora en los números relativos de pobreza infantil, el cambio es muy lento: en 2025, 33,2%, una de cada tres personas menores de edad, seguían en riesgo de pobreza y exclusión, respecto a un 34,1% en 2024. Una variación que “evidencia la persistencia de una desigualdad estructural que afecta de manera desproporcionada a la infancia en nuestro país”, lamentaba Ibarra.

En el documento se recoge que en los últimos años, mientras la población mayor de edad iba mejorando sus tasas de AROPE (en referencia a la situación de riesgo de exclusión y/o pobreza) en el caso de la población infantil la tasa no ha dejado de crecer en los últimos años, hasta registrar durante el 2025 un leve descenso, algo que por fin reduce un poco la brecha en términos intergeneracionales,que viene siendo elevada: frente al 33,2% de pobreza infantil, la tasa para las personas entre 18 y 64 es de un 25%, y, a partir de los 65, desciende a algo más de 12%. Otro índice que ha descendido, de manera esta vez algo más acentuada, es el de las carencias materiales severas, aunque el número sigue siendo elevado, un 8,6% y también supera al de las personas adultas, que se encuentran en un 7,4% en esta situación.

Una herencia que no acaba de superarse

La crisis de 2008 supuso un gran revés para las condiciones de la infancia en el país, el informe caracteriza los años posteriores, como una época de gran erosión de la situación económica de la infancia, con un índice de AROPE que pasó del 30,1% en aquel año, a uno de 35,8%, en 2014, cuando la tasa tocó techo. Este empobrecimiento de la población infantil, deja como aprendizaje, subraya el informe, que la situación de la infancia es muy sensible a las crisis económicas, además de tardar más tiempo en recuperarse: al empobrecimiento derivado de la crisis le acompañó un recorte de prestaciones que dejó desprotegida a la infancia vulnerable.

En 2015 sin embargo se abre un nuevo ciclo, con un descenso en los índices gracias al crecimiento del empleo. Llama la atención que, como recoge el estudio, este crecimiento del empleo no es suficiente en muchos casos para salir de la precariedad. Con la crisis de la pandemia, el AROPE en la infancia vuelve a elevarse al 33% en 2021. Las cifras manejadas mostrarán después que a un incremento de presencia de trabajo asalariado en el hogar, le puede acompañar un empeoramiento de las carencias materiales severas, relacionadas con la “pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de la vida derivado de la crisis inflacionista y las dificultades para cubrir necesidades básicas, incluso en hogares con empleo”.

“La recuperación económica de los últimos años no ha beneficiado por igual a todos los tipos de hogar, manteniéndose una mayor vulnerabilidad entre las familias con niñas, niños y adolescentes”

Tener hijas empobrece

Las distintas estadísticas vienen demostrando desde hace años algo evidente: tener menores a cargo incrementa el riesgo de pobreza y exclusión. Esto tiene una traducción muy clara, mientras que tres de cada diez hogares con presencia de menores están en riesgo de pobreza y/o exclusión, dos de cada diez hogares sin infancias y adolescencias en la unidad familiar, están en la misma situación. Además, los hogares sin menores han mostrado una tendencia a la reducción de AROPE, mientras que la trayectoria de aquellos que tienen niñas, niños o adolescentes evoluciona de manera irregular. “Esta dinámica sugiere que la recuperación económica de los últimos años no ha beneficiado por igual a todos los tipos de hogar, manteniéndose una mayor vulnerabilidad entre las familias con niñas, niños y adolescentes”, se afirma en el informe. Una diferencia que la Plataforma capta en números: la renta media de los hogares com menores es de 10.284,14 euros, casi cinco mil euros por debajo de la de aquellas familias compuestas solo por adultos.

¿Qué implica esto? que más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes, un 53%, viven en hogares que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes. El análisis comparado por grupos de edad evidencia una brecha intergeneracional que se mantiene estable, pues las mejoras en los índices de la infancia coinciden con las mejoras en los otros en el resto de grupos de edad, por lo que los índices no se acerca. “Esto indica que, aunque la situación mejora en términos relativos, la desigualdad generacional en la exposición al riesgo de pobreza y exclusión social continúa siendo muy acusada”. Y entrando en situaciones más graves, el 10,3% de las infancias, una de cada diez personas menores, deben enfrentarse a condiciones de pobreza severa. Se trata de una tasa que implica una mejora histórica, y con todo, aún representa casi el doble frente a la de la población general.

La plataforma propone una mirada diferenciada de la infancia en función de las distintas franjas etarias, en concreto las que van de 0 a 3, la que les sigue de 4 a 12, y la adolescencia de 13 a 17. Entre estas tres franjas, recuerda que la tercera es la que acusa un riesgo más alto: el hecho de que las ayudas se suelan concentrar en las franjas de 0 a 3, la falta de servicios como comedores escolares en los institutos, o el abandono escolar explican esta diferencia.

Así “la combinación de reducción de apoyos y mayores necesidades propias de la adolescencia convierte a este grupo en especialmente vulnerable frente a la pobreza y la exclusión social”. Esto se refleja en unas tasas de AROPE más elevadas en esta franja, alcanzando el 34 % en 2025, mientra sque la primera infancia mantiene una tasa del 31,3% la única inferior a la media que afecta a toda la infancia, y la que va de 4 a 12 años se mantiene prácticamente invariable.

Desde la Plataforma advierten de que el hecho de que las personas adolescentes se vean más desguarnecidas de ayudas y apoyo en esa etapa del ciclo vital las afecta en su desarrollo personal y educativo, y acaba por constituir un mecanismo que perpetúa la reproducción intergeneracional de la pobreza. También sufren un mayor índice de pobreza severa respecto a la franja de cero a tres años, cuyas carencias materiales disminuyen, en lo que, según la plataforma, constituye una muestra de “la importancia de las políticas de apoyo a la crianza, prestaciones económicas, recursos de atención temprana, etc”, frente al impacto de la pobreza en estos hogares.

“Los datos muestran que la pobreza infantil se concentra en determinados perfiles. Si no se diseñan políticas específicas y universales, estas desigualdades seguirán empeorando”, explicaba la técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia, Débora Quiroga. La Plataforma visibiliza que muchas niñas y niños dependen de transferencias sociales, ante un mercado de trabajo difícil y en choque con la conciliación familiar. En este contexto, las familias no viven bien las sorpresas económicas “en 2025 el 42 % de la infancia vivía en hogares que no podían hacer frente a gastos inesperados, un porcentaje prácticamente igual al registrado el año anterior. Por su parte, el 34 % de los niñas, niños y adolescentes no pudo permitirse salir de vacaciones al menos una semana al año”.

“La persistencia e incluso el aumento de la pobreza entre las niñas y niños con madres o padres extranjeros refleja barreras estructurales”

Monomarentales y migrantes, grandes excluidas

Más allá de las distintas circunstancias derivadas de la edad, la composición familiar también es un factor determinante en las condiciones socioeconómicas de la infancia, el análisis de la Plataforma incide una vez más en las mayores cotas comparativas de vulnerabilidad que sufren las familias monomarentales, los únicos hogares en los que el riesgo de pobreza aumenta, afectando la tasa de AROPE al 50,8%, una de cada dos menores viviendo en este tipo de familia. Uno de cada cinco de las niñas y niños que viven en estas familias, un 22,3%, estaría en situación de severa.

En estas familias las tasas parecen más variables que en aquellas con dos adultos, debido a que el hecho de que solo haya una persona adulta, las deja en una situación de “especial exposición a factores económicos y sociales como las crisis económicas, la precariedad laboral, la subida del coste de la vida o los cambios en las políticas sociales”. A estos condicionantes debe de sumársele el de género, pues se tratan de hogares principalmente encabezados por mujeres que deben enfrentar la brecha en empleo e ingresos que las separa de los hombres..

La encuesta también demuestra hasta qué punto es diferenciador tener padres españoles, o ser descender de una familia migrante. Un 67,5% de los menores con ambos progenitores extranjeros, enfrentan riesgo de pobreza y exclusión social. “La persistencia e incluso el aumento de la pobreza entre las niñas y niños con madres o padres extranjeros refleja barreras estructurales más profundas y evidencia que la migración se convierte en un factor que reproduce y amplifica la desventaja socioeconómica de la infancia” desarrolla el texto. Muestra de ello es cómo frente a un 24,1% de AROPE general entre los menores de 18 años, cuando se tienen en cuenta la variable origen, en la población de española la tasa es de 20,1%, frente a esta cifra, las niñas, niños y adolescentes cuyas familias vienen de otros países europeos alcanza al 34,6 %, de AROPE y supera la mitad, el 53,4%, para la infancia que proviene de familias no comunitarias.

Empleo y estudio que no bastan

Vivir en hogares donde ninguno de los miembros adultos trabaja es una de las principales circunstancias que lleva a las infancias a vivir en riesgo de exclusión y/o pobreza, es el caso del 7,8 de la infancia. Por ello, desde la Plataforma se incide en la necesidad de introducir políticas centradas en estos hogares, con prestaciones que sean suficientes y programas de inserción laboral. Sin embargo que haya trabajo en sí no libera del riesgo de pobreza y exclusión. El 42’8 % de la población infantil viven en hogares en los que todas las personas adultas tienen un empleo, en esta situación la tasa de AROPE es de 14,9 %, una de cada seis niñas, niños o adolescentes están en riesgo a pesar de que que entren varios salarios en su hogar: “Esto pone de relieve la existencia de subempleo y/o pobreza laboral”. Cuando son la mitad de las personas adultas quienes trabajan (como sucede en un 23,5% de los casos), la tasa de AROPE asciende a casi la mitad, un 48,8%).

Además de sufrir un panorama laboral marcado por empleos temporales o precarios, y de bajo salario, los ingresos en los hogares deben de hacer frente a un coste de la vida en alza, desarrolla el informe, “más de una cuarta parte de la población infantil (26 %) vive en hogares con personas ocupadas que, pese a trabajar, siguen siendo pobres. Esta situación limita gravemente la capacidad de las familias para cubrir necesidades básicas como una alimentación adecuada, una vivienda digna o el acceso a recursos educativos”. Se trata pues de una situación que afecta al futuro de la infancia.

Respecto a los estudios, existe una esperable correlación entre un bajo nivel de estudios de los progenitores y un mayor riesgo de pobreza, hasta el punto de que un 76,8 % de las niñas, niños y adolescentes procedentes de familias que cuentan solo con estudios primarios están en riesgo, frente a un 55 % cuando madres y padres han superado la primera etapa secundaria, y un 44,7 % cuando han superado toda la secundaria. Las niñas, niños y adolescentes cuyos progenitores cuentan con un título universitario tienen una tasa de AROPE de 16,4%, es decir, se ven menos afectados pero, con todo, la formación universitaria ya no garantiza una seguridad contra la pobreza y la exclusión.Vivir en riesgo de exclusión y pobreza también se relaciona con un mayor abandono de los estudios de manera prematura, lo que lleva a la perpetuación de la pobreza entre generaciones.

La inestabilidad residencial tiene efectos perjudiciales en las infancias, “dificultando la continuidad escolar, las redes sociales y el arraigo comunitario”

La trampa de la vivienda

Un factor determinante en el riesgo de pobreza y exclusión de la infancia es la situación de la vivienda, con un alto sobreendeudamiento en las familias. Esto se traduce en una redistribución territorial de la pobreza, con las familias desplazadas de los grandes núcleos urbanos por no poder acceder a viviendas cada vez más caras, así, la pobreza aumenta en poblaciones de densidad media (llegando al 38%) registrándose un descenso en las áreas urbanas. El cambio para los hogares tiene un precio, el acceso a alquileres más asequibles viene acompañado de menores oportunidades laborales o problemas de movilidad para acceder a centros educativos o trabajos.

La vivienda en todo caso es una fuente de inestabilidad para muchas niñas, niños y adolescentes, documenta el informe, casi uno de cada cinco (18,2%) vive en hogares que han tenido retrasos para el abono de la hipoteca o el alquiler, o el pago de suministros. Uno de cada tres (30,4%), no puede sustituir el mobiliario estropeado, y uno de cada seis (15,5%) vive en hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada, explica el informe. Por otro lado, cuando más empobrecidas son las familias, una mayor parte de sus ingresos va dirigida al pago de la vivienda, dejando poco margen para cubrir otras necesidades. Estas familias se ven obligadas a recurrir al alquiler lo que implica altos niveles de incertidumbre y la obligación de mudarse con frecuencia. La inestabilidad residencial tiene efectos perjudiciales en las infancias, explican en el informe: “dificultando la continuidad escolar, las redes sociales y el arraigo comunitario”, el 27,1% de la población infantil vive en régimen de alquiler.

Desigualdades territoriales

Existe una gran brecha en cuanto a comunidades autónomas, con una diferencia de 25,3 puntos entre aquellas regiones con mayor tasa de pobreza infantil, y las que cuentan con cifras más bajas. Así, mientras en Murcia cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes se encuentran en AROPE, en el País Vasco, son menos de dos cada diez. “Regiones como Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana o Canarias presentan tasas de pobreza infantil significativamente superiores a la media nacional, en contraste con comunidades como País Vasco, Galicia, Islas Baleares, Aragón y Madrid, que registran niveles considerablemente más bajos”, mapea en este sentido el informe.

Más allá de estas diferencias que corresponden a una cuestión estructural que penaliza a áreas fronterizas o periféricas, o a la tradicional división Norte Sur, otras desigualdades que se registran tiene más que ver con el tipo de población, en este sentido, son las áreas intermedias, entre las grandes ciudades y las poblaciones rurales las que concentran una mayor presencia de población infantil en riesgo de pobreza y/o exclusión, con un 34%, frente al 29,3% de quienes viven en las áreas rurales y el 24,3% de quienes residen en las ciudades grandes.

El informe ve en esta distribución una tendencia, con las tasas descendiendo en las principales ciudades y en las zonas rurales y creciendo en las poblaciones de densidad media. A pesar de estos números, dada la mayor proporción de población que reside en las ciudades, casi la mitad de las menores en situación de AROPE se encuentran en las grandes urbes, un 44%, seguido de cerca por las poblaciones de densidad media.

Políticas públicas insuficientes

La agenda 2030 se propuso reducir la pobreza infantil a la mitad, sin embargo, a pocos años de llegar a esta fecha, a penas ha disminuido en la última década, de un 34,4 en 2015, a un 33,2% en el 2025. La Plataforma recuerda que esta tendencia aleja al país de poder cumplir con sus compromisos tanto a nivel estatal como comunitario, “la ausencia de una reducción sostenida confirma que las políticas actuales amortiguan el problema, pero no consiguen transformarlo de manera decisiva”, lamentan. Y si bien reconocen que el sistema de transferencias sociales —con herramientas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI)— cumple con un papel esencial para reducir la pobreza en la población infantil, aún resulta limitado, no alcanzando a todas las familias que podrían beneficiarse.

Por otro lado, el informe afea que aún en un momento de alza del costo de la vida, “el gasto público en servicios esenciales se ha mantenido relativamente estable, sin un refuerzo significativo de los pilares que más pueden reducir desigualdad (protección social, sanidad y educación)”. Además, lamentan que ha habido una reducción de las ayudas a las familias, el tiempo que estas no llegan a quienes más lo necesitan: en 2025, fueron 9,4% de los hogares con menores los que recibieron algún tipo de ayuda, pero solo una de cada cuento se encontraba en situación de pobreza y/o exclusión social.

La inversión en infancia se mantiene en niveles muy inferiores a los de la Unión Europea, dedicando un 1,4% del PIB, frente al 2,4% de media en Europa

Además, la inversión en infancia se mantiene en niveles muy inferiores a los de la Unión Europea, dedicando un 1,4% del PIB, frente al 2,4% de media en Europa. La elección de canalizar las ayudas a través de desgravaciones fiscales deja fuera a las familias más vulnerables, mientras que, recuerdan “el 55 % de los hogares que podrían recibir el Ingreso Mínimo Vital no lo solicitan debido a la burocracia y a la estigmatización que supone esta ayuda”. En el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia los datos sin peores, un 72% de familias que podrían beneficiarse no llegan a solicitarlo. “La reducción de la pobreza infantil requiere de medidas mucho más ambiciosas”, apuntaba Ibarra en la presentación del informe.

Propuestas para un cambio

Frente al enquistamiento de esta pobreza infantil estructural, la Plataforma de Infancia desgrana una serie de propuestas en su informe, la primera es una Ayuda Universal a la Crianza, un reclamo que cuenta ya con cierto recorrido y que incluso avanzó en el debate parlamentario, pero que sin embargo no ha conseguido concretarse en un apoyo económico de carácter realmente universal. Su modelo sería el de las deducciones fiscales reembolsables.

La Plataforma también demanda una mejora en el acceso al IMV, que actualmente deja fuera, denuncian, a los colectivos más vulnerables, e invita a igualar su cuantía con la de la pobreza moderada, en lugar de con el umbral de pobreza severa, como sucede actualmente. Además exigen una simplificación de la solicitud y sus eliminar las trabas burocráticas. También apuestan por duplicar la cuantía del CAPI, y por mejorar su alcance y cantidad a partir de los seis años.

Por otro lado, insisten en mantener la atención en las distintas etapas, incluyendo la universalización de la enseñanza de cero a tres , el apoyo a los menores con discapacidad, y la creación de políticas específicas para los adolescentes de 13 a 17 años que sirvan para prevenir el abandono escolar. Apuestan asimismo por promover el apoyo económico en el espacio educativo, a través de un Plan Estatal de inclusión educativa. La garantía del acceso gratuito al comedor a todos los niños y las niñas en situación de pobreza es también una de las principales propuestas, que incluye habilitar comedores escolares también en los institutos localizados en zonas de mayor necesidad socioeconómica.

Desde la Plataforma demandan también medidas valientes en vivienda, entre las que incluyen adaptar los umbrales de ingreso para las ayudas a la distinta composición de las familias, especialmente cuando hay infancia, personas dependientes o se tratan de familias monoparentales. También exigen el fin de los desalojos o los cortes de suministro a los hogares con menores a cargo, crear una prestación especial para afrontar el alquiler y activar las políticas necesarias para acabar con el chabolismo en seis años.