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Laboral
El Gobierno vasco boicotea la tercera jornada de huelga en el sector público ampliando los servicios mínimos
Más de 150.000 trabajadoras de la Comunidad Autónoma del País Vasco están llamadas hoy a secundar la tercera jornada de huelga del sector público. La primera fue en octubre, la segunda en diciembre. Desde entonces no ha habido contacto entre sindicatos y patronales —Gobierno vasco, Eudel y diputaciones, principalmente—. Las organizaciones de los trabajadores denuncian que, mientras la recaudación en las instituciones vascas “ha sido récord, con supeávit presupuestario, la pérdida del poder adquisitivo del sector público supera el 8% en solo los dos últimos años”. A ello hay que sumarle que la tasa de temporalidad “ha tocado techo”: alcanza al 44% de las plantillas, siendo la más alta del Estado y de Europa, tras Nafarroa (51%), advierte ELA, uno de los sindicatos convocantes junto con LAB, CC OO, Steilas y ESK. Los procesos de estabilización impulsados por la Ley Iceta solo han consolidado al 27% de la plantilla interina, alerta Igor Eizagirre, responsable de Servicios Públicos de la primera fuerza sindical.
País Vasco
País Vasco Empieza el pulso entre sindicatos y Gobierno vasco: primera jornada de huelga en el sector público
Ante el enfado del sector público, la patronal respondió el viernes publicando la orden de servicios mínimos en vísperas de la jornada de huelga, si se cuenta en días hábiles, algo que la intersindical considera una estrategia “que busca dejar sin derecho a la huelga a miles de trabajadoras” y “obstaculiza la vía jurídica”. La huelga fue anunciada el 13 de febrero y registrada el 29 de febrero.
Según los primeros datos de seguimiento ofrecidos por los convocantes, está siendo “muy amplio” tanto en enseñanza no universitaria como universitaria, tal y como estaba previsto. La radio televisión pública, EITB, solo está emitiendo informativos, respetando los servicios mínimos establecidos por la orden. Los trabajadores de la Orquesta Sinfónica de Euskadi (OSE) han secundado la movilización y han suspendido el concierto de hoy en Iruñea. En la administración general y la de Justicia, la intersindical asegura que el seguimiento es mayor que en las anteriores convocatorias, pero desigual por ámbitos y territorios. En Osakidetza, ningún trabajador del turno de noche ha tenido derecho a la huelga.
La intersindical presentó el sábado una demanda contra dicha orden ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al considerar que el Departamento de Trabajo ha impuesto unos servicios mínimos superiores a los establecidos en las jornadas anteriores “sin exponer razonamientos ni motivaciones suficientes”. Por su parte, el tribunal resolvió ayer que la vulneración solo se puede observar a posteriori.
“Quieren cercenar el derecho a la huelga de decenas de compañeras técnicas en radiodiagnóstico que realizaron un gran seguimiento en las anteriores convocatorias de huelga”, subraya ESK
Atención Primaria funcionará hoy como un sábado —en las otras jornadas se establecían los turnos del domingo— y en Educación añaden a las dos personas de rigor, un profesor por etapa educativa y una más por cada 100 alumnos de infantil y primaria. En educación especial desaparece el derecho a huelga. Son 100% servicios mínimos. “Obligan a acudir a trabajar al 100% de las trabajadoras cuando en el día a día no se garantiza ese personal”, destaca la intersindical. ESK añade que, “por primera vez”, se han establecido servicios mínimos en los servicios de TAC y RM de la OSI de Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces. “Quieren cercenar el derecho a la huelga de decenas de compañeras técnicas en radiodiagnóstico que realizaron un gran seguimiento en las anteriores convocatorias de huelga”, subraya el sindicato. También advierte que la dirección de la OSI ha ordenado la retirada de carteles y pancartas de la huelga, “en una actitud totalmente antidemocrática”.
La intersindical reclama un incremento salarial del 10% y una tasa de temporalidad inferior al 8%
Reivindicaciones
Las reivindicaciones de la intersindical son no aceptar “límites del Estado ni vetos de Madrid” en las tasas de reposición y negociación salarial, un incremento del 10% y el compromiso de recuperar lo anterior —desde los recortes de la crisis financiera de 2008, la pérdida del poder adquisitivo se eleva al 20%—, cerrar la puerta a las privatizaciones y acordar planes de publificación, una temporalidad por debajo del 8%, euskaldunizar las administraciones y al personal, aliviar las cargas de trabajo, consensuar políticas feministas y reducir la jornada a 32 horas semanales.
Tanto PNV como EH Bildu votaron a favor de las tasas de reposición diseñadas por el PSOE para los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y 2023.
El 73% de los interinos (34.461) quedan fuera de los procesos de consolidación llevados a cabo en el País Vasco
El último toque de atención
Ante una pregunta que el Tribunal Supremo elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este dictaminó el 22 de febrero que ni la Ley Iceta ni el resto de normativas al respecto suponen una solución suficiente y garantista para las trabajadoras que sufren un uso abusivo de la contratación temporal.
Laboral
Laboral Un juzgado reconoce como fijo a un empleado que lleva más de 5 años trabajando en Telemadrid en fraude de ley
Seis días después, el 28 de febrero, CGT hacía pública la primera contratación como resultado del último toque de atención de Europa al Estado español: el Juzgado de lo Social nº26 de Madrid resolvía que un trabajador de Telemadrid que había enlazado cuatro contratos temporales en cinco años debe ser un trabajador fijo de la televisión pública autonómica. El juzgado nº14 de lo Social de Sevilla ha ordenado lo mismo para una ordenanza que encadenó siete contratos durante 14 años en la Junta de Andalucía. “Más de 14 años ininterrumpidos cubriendo con carácter de interinidad una plaza supera con creces” el límite de tres años que establece el Estatuto Básico del Empleado, recoge el fallo.
En la CAV, hay alrededor de 24.600 empleadas interinas en Osakidetza (14.700 tienen más de tres años de antigüedad; 9.600 más de ocho), 16.900 en Educación, 4.500 en la Administración General y 1.070 en Justicia. En total, 47.070 interinas. Las plazas ofertadas en las OPE para estabilizarlas solo cubren 12.619 puestos (3.700 sanitarios, 4.916 educativos, 3.763 administrativos y 240 en Justicia). Por ello, 34.461 interinos (el 73%) con al menos tres años de antigüedad quedan fuera de la consolidación.
Cuidados
Trabajo de cuidados Cuidar mirando el Excel
Valoraciones
“La ausencia de estabilidad es crucial en el proceso pedagógico”, destaca la portavoz del sindicato mayoritario en la educación no universitaria, Nagore Iturrioz, de Steilas. “Las direcciones se rompen la cabeza para poder llevar a cabo un proyecto educativo”, agrega. Otra característica que afecta a este colectivo son las jubilaciones. Los puestos que se “funcionarizaron” hasta 2011 —conocidos como los Muface— se pueden jubilar con 60 años, el resto debe hacerlo a los 65.
Xabier Ugartemendia, responsable de LAB, destaca que la calidad de los servicios públicos sufre un “grave deterioro” debido a las “políticas neoliberales del PNV”. “Lo palpamos sobre todo con Osakidetza, pero no solo ahí, también en la privatización y mercantilización de los cuidados”. Sobre la falta de negociación, considera que el Gobierno vasco se “escuda en las imposiciones que establece Madrid, pero esa solo es el disfraz de la nula voluntad del PNV para desarrollar aquí una negociación colectiva normalizada”.
Bizkaia
Bizkaia Las trabajadoras piden remunicipalizar el SAD de Ortuella tras quedar desierta la licitación
Igor Eizagirre, de ELA, destaca que “la temporalidad es el paso previo a la privatización del sector público”. Alerta de que hay 120.000 trabajadores en servicios esenciales del sector público que están privatizados, llegando al 90% en el sector de los cuidados, mientras que el Departamento de Salud continúa con sus procesos de privatizaciones: “En 2023 destinó 269 millones, un 9% más que el año anterior. El último ejemplo es el de los almacenes, cuya adjudicación a una emrpesa privada se va a realizar por 129 millones de euros”, denunció Esther Saavedra.
CNT también ha llamado a participar en la huelga y considera que es “indispensable movilizar a todas las trabajadoras del sector público para dignificar las condiciones laborales”, así como poner fin al abuso de la temporalidad y llevar a cabo procesos de publificación en los sectores subcontratados y privatizados —el conflicto de las ambulancias sigue vivo y las trabajadoras del SAD de Ortuella han pedido su publificación—. “Es la calidad de los servicios públicos, que son de la clase trabajadora, lo que está en juego”, concluyen.