Bizkaia
Las trabajadoras piden remunicipalizar el SAD de Ortuella tras quedar desierta la licitación

Ortuella es un municipio vizcaíno de 8.360 habitantes, según el último censo. El Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) es de gestión privada con fondos públicos y la empresa adjudicataria del último contrato es Lagunduz. El Ayuntamiento (PNV) acordó con el sindicato ELA mejorar el presupuesto para la nueva concesión, aumentando un 23% el precio de la hora, pasando de 27,6 a 34 euros y exigiendo mejoras en el servicio. Por ejemplo, que cada visita a una persona dependiente sea de mínimo una hora, en vez de 30 minutos, reagrupar por zonas la carga de trabajo de las empleadas, para evitar desplazamientos inútiles que ni se cobran ni computan como horario laboral, y renegociar las tablas salariales. La convocatoria quedó desierta. Lagunduz sigue operando con las viejas condiciones. Ahora las trabajadoras exigen la remunicipalización del servicio, para que sea público, la atención prestada de calidad y las condiciones laborales, dignas. 

Ante una licitación desierta, la publificación del SAD es una decisión política, recuerda el delegado de este sindicato, Julio Fombedilla. El PNV tiene cinco concejales, cuatro EH Bildu, dos el PSE y otros dos Elkarrekin Podemos. “Hace tiempo que en el lenguaje político ya no se usa aquello de que 'lo privado sale más barato que lo privado', porque a esta altura del partido todo el mundo sabe que no es así: los servicios privados son más caros y de peor calidad. Por lo que hay que preguntarse por qué el Ayuntamiento no publifica el servicio. ¿Es lo que el Consistorio elige o lo que le obliga el partido del alcalde, el PNV?”, se pregunta. 

Ortuella es un ejemplo. ELA ha convocado hoy una rueda de prensa con representación de las 133 trabajadoras de los SAD de Ortuella, Leioa, Galdakao, Zornotza y las mancomunidades del Txorierri y Busturia. Todos están gestionados por el PNV, excepto Galdakao, donde EH Bildu repitió alcaldía en mayo. Las empresas adjudicatarias son Lagunduz, Sacyr y Urgatzi. Todas las trabajadoras piden la remunicipalización de sus servicios, están hartas. 

“Con la complicidad de los ayuntamientos, Eudel y la Diputación de Bizkaia, las empresas imposibilitan llevar a cabo mejoras en el servicio”

“Las trabajadoras del SAD llevamos años luchando por mejorar nuestras condiciones [acumulan 63 jornadas de huelga], pero nos encontramos con que las empresas, con la complicidad de los ayuntamientos, Eudel y la Diputación, imposibilitan llevar a cabo mejoras. Unos se pasan la pelota a otros”, han advertido. Y a ello añaden otro obstáculo: la tanda de huelgas se vio abruptamente finalizada en marzo con la firma en solitario, y en minoría, de los sindicatos UGT y CC OO, del convenio colectivo válido para doce años: desde 2016 hasta 2027. Entre 2016 y 2022 estos sindicatos firmaron un aumento del 0% del salario. En 2023, del 2,5%. “Nuestro salario en ocho años ha aumentado 31 euros y los trienios nos los pagan a 2,64 euros”, se han quejado con una punzada de ironía: “Topan el complemento a un máximo de ocho trienios, no vaya a ser que…”. 

Pero si el salario es importante, la jornada laboral aún lo es más: estas mujeres deben estar disponibles para la empresa desde las 6 hasta las 22h. “Es una jornada que no tiene nadie, propia de los tiempos de esclavitud. Y las empresas no respetan un descanso interrumpido de doce horas”, agregan. El convenio firmado por CC OO y UGT tampoco pone fin a esta situación. La empresa puede reclamar el servicio de una empleada para que trabaje media hora a las seis de la mañana, otros treinta minutos a las 9h, un par de horas al mediodía y, finalmente, otras dos a la noche. Levantar, asear, dar de comer, o llevar la compra, desvestir y meter en la cama son las horas puntas y no hay turnos. La disponibilidad plena no tiene complemento, ni siquiera de 2,64 euros al mes.

Las trabajadoras del SAD tienen una disponibilidad laboral de 6 a 22h, sin ni siquiera cobrar por ello un complemento

Las trabajadoras de los seis municipios han reclamado la publificación de los SAD porque aseguran que, independientemente de la empresa licitante, las condiciones son similares y han solicitado que se les haga caso, que se les escuche y que reconozcamos su trabajo. “Conocemos a las trabajadoras de residencias y las trabajadoras del hogar, pero la gente aún no conoce el SAD, ni cómo funciona, ni dónde se solicita, ni siquiera que tienen derecho a pedirlo. Y si no son conscientes del servicio, difícilmente apoyarán nuestras reclamaciones”, ha señalado Belén Baraola, de Busturialdea.

Han explicado también lo físicamente duro que es su trabajo —“en 35 años, solo he encontrado dos domicilios con grúas” sanitarias para levantar a personas— y cómo las instituciones permiten a las empresas, y a los sindicatos firmantes del convenio, que la mayoría de las enfermedades muscoesqueléticas que les afectan queden fuera del reconocimiento de las enfermedades profesionales. “Así que la mutua te manda a casa, que te lo habrás hecho trabajando en la huerta”, comentaban socarronas estas trabajadoras que levantan a hombres de 90 años y 95 kilos para meterles en la bañera y asearles. Y este es otro punto que desean que cambie: sin equipamiento adecuado en los domicilios, como las grúas, plantean la necesidad de ir de dos en dos para mover a las personas dependientes que tienen que atender, y evitar lesiones.

Para ello la respuesta es clara: “Estamos hablando de un cambio de modelo”, resume Julio Fombedilla, quien ha agrupado los datos de Bizkaia de este sector. En más del 90% de los casos, el servicio está privatizado —se escapan Bermeo, Trapaga, Erandio y Gatika-Maruri—, 100% feminizado y que ha pasado de tener 2.100 trabajadoras en 2016 a 1.500 en 2023. El 80% de los servicios son de 30 minutos, algunos municipios hacen elegir a las familias: o SAD o centro de día. Las instituciones prefieren que las familias contraten a trabajadoras del hogar o inscriban a su ser querido en una residencia. Las trabajadoras de los SAD piden más publicidad del servicio, con el envío de una circular a las personas mayores de 70 años. 

Mientras, “las empresas hacen negocio: si en los últimos años se les ha incrementado el presupuesto municipal entre un 15 y el 20%, a nosotras nos han dado un 2,5%”. La única forma de arreglarlo, aseguran, es publificando el sector, para “ganar todas, las trabajadoras y las personas usuarias”, afirma Anabel Vallarta de Leioa. La primera movilización para este objetivo la harán el viernes en Ortuella. Ante la pregunta de si secundarán la huelga general feminista del 30 de noviembre, todas han afirmado —“la duda ofende”, agregan—. “Creo que ese día nos sentiremos arropadas”, han concluido.