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Ley de Seguridad Ciudadana
“Pedro Sánchez, cumple tu promesa y deroga la Ley Mordaza”
Desde las 8h y hasta las 20h, cientos de activistas permanecerán hoy amordazados y en silencio ante el Congreso de los Diputados. Su objetivo: denunciar que, tras siete años en vigor, la Ley Mordaza sigue sin ser derogada, a pesar de que el PSOE de Pedro Sánchez lleva desde 2015 prometiendo que, cuando llegara al Gobierno, la derogaría. También critican que la reforma que actualmente se está tramitando mantiene los artículos más amenazantes para el derecho a la protesta.
“La reforma que se está planteando actualmente y todavía no se ha llevado a cabo en estos siete años ni elimina los artículos más preocupantes en cuanto a libertad de expresión, reunión pacífica y de información, ni establece mecanismos independientes de investigación de abusos policiales, ni prohíbe el uso de pelotas de goma, ni las devoluciones en caliente, ni el artículo que criminaliza a las mujeres que ejercen la prostitución y a las víctimas de trata”, detalla Carlos Escaño, portavoz de Amnistía Internacional, una de las organizaciones convocantes del acto junto a Defender a quien Defiende, Coordinadora de Vivienda, Greenpeace, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o la Plataforma por la Libertad de Información.
Precisamente desde Amnistía Internacional publicaron recientemente un informe en el que señalan cómo la reforma de 2015 de la Ley de Seguridad Ciudadana es el epicentro de la mayoría de obstáculos que el derecho a la protesta tiene en España.
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“Estamos aquí para decir basta ya de Ley Mordaza. Por favor, grupos parlamentarios hagan su trabajo, se comprometieron para acabar con la vulneraciones de la ley mordaza. Háganlo”, ha reclamado Escaño ante los medios de comunicación que han acudido esta mañana a las puertas del Congreso.
Hasta ahora, en las reuniones mantenidas en la Comisión de Interior del Congreso para consensuar una propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se han acordado cambios en los artículos sobre registros corporales, el uso de cámaras por parte de la policía, sobre infractores menores de edad, eliminar la obligatoriedad de comunicación previa de manifestaciones y la rebaja de las sanciones.
“Existe el riesgo de que el resultado de la reforma siga siendo una mordaza a la protesta y a la libertad de expresión y de información”, denuncia Serlinda Vigara
Según señala Serlinda Vigara, de Defender a quien Defiende, el proceso de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana está muy avanzada y es probable que se culmine antes de final de año. “Pero existe el riesgo de que el resultado de la reforma siga siendo una mordaza a la protesta y a la libertad de expresión y de información”, denuncia. “De no lograr que el gobierno tenga en cuenta las reivindicaciones de los movimientos sociales, la reforma será un mero maquillaje. Si se aprobase el actual borrador, los artículos que permiten que la mayoría de sanciones que se imponen que vulneran el derecho de la libertad de expresión y la reunión pacífica se seguirían manteniendo”, añade. En concreto, Vigara indica que, con el borrador actual de reforma de la ley, “las fuerzas de seguridad podrán seguir amenazando con sancionar a quienes quieran documentar actuaciones policiales sin ningún mecanismo efectivo independiente de supervisión de dichas actuaciones policiales”. También se mantendrá el uso de las balas de goma, que en España han causado ya casi medio centenar de heridos graves y varias decenas de fallecidos.
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A las puertas del Congreso se ha presentado también Patricia Herrera, de Extinction Rebellion, quien ha subrayado que, a pesar de la actual situación de crisis medioambiental, los activistas que luchan por la protección del medio ambiente están siendo el objetivo de operaciones policiales. “Si no reaccionamos de manera rápida y radical, nos dirigimos mansamente hacia un futuro apocalíptico, y visto que ya hemos intentado todo tipo de estrategias sin éxito, solo nos queda pasar a la acción y a esa misma conclusión han llegado los científicos”, explica Herrera, quien recuerda que en abril, decenas de científicos y activistas tiñeron de rojo el Congreso para denunciar que la inacción de los gobiernos pone en peligro la vida. Dos meses después, varios de los participantes en la protesta fueron detenidos por presuntos delitos de atentado contra las altas instituciones del Estado y desórdenes públicos, así como de daños a un edificio singular.
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“Sabíamos que nos podían multar o detener, pero no imaginábamos que nos investigaría la brigada antiterrorista ni que la Fiscalía nos iba a incluir este año en su memoria del año judicial en el apartado terrorismo y ecologismo radical violento”, denuncia Herrera. “Es un intento evidente de acallar la protesta, de sancionar de manera desproporcionada la implicación de la sociedad civil”, añade tras citar también la detención de una periodista colaboradora de El Salto el pasado domingo por cubrir una acción de protesta en el museo del Prado.
“Nosotros seguimos haciendo nuestras acciones, pero sabemos que en cualquier momento te puede caer algo, señala por su parte José Miguel Lorenzo, de Desarma Madrid. Las protestas contra la industria armamentística ya provocaron que la activista Koldobi Velasco, activista del Grupo Antimilitarista Bilbao KEM-MOC fuera sancionada con una multa de 600 euros por una acción de protesta frente a las puertas del Palacio Euskalduna de Bilbao, donde se celebraba la junta de accionistas anual del BBVA, sanción que fue retirada en febrero de este año por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gasteiz en una sentencia en la que destacaba la importancia del derecho a la protesta.
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