Opinión
La caída del 73 y la memoria histórica

El documental La caída del 73, realizado por Manuel Cañada junto a otros colaboradores, narra de modo breve pero sustancial la situación económica y social de Extremadura de los años 60 y 70, entrando de lleno en la represión de la dictadura franquista. Repasa las circunstancias vitales que rodean a las personas, sus detenciones, convivencias y sufrimientos familiares, así como los duros castigos físicos y morales que sufrieron los militantes comunistas detenidos por la policía franquista en nuestra región, en 1973.

Los sufrimientos personales y familiares por la represión franquista

El documental refleja diversos aspectos de la historia de las clases oprimidas en los últimos años de la agonía del franquismo, lo que viene a ser un análisis concreto dentro de la consideración general de la lucha de clases. La caída del 73 es la voluntad que nace del deber revolucionario de lograr que las clases explotadas estén ampliamente informadas sobre sus luchas en contextos determinados, penetrando en el conocimiento histórico del comportamiento de las clases dominantes, un elemento político fundamental para establecer estrategias que nos permitan avanzar en el camino de la revolución socialista y comunista. Los hechos que se narran en este proyecto audiovisual, con un innegable valor educativo, han estado y siguen estando ocultos a la población y, por supuesto, ni se conocen ni se estudian en los diferentes niveles curriculares de las etapas que conforman las enseñanzas regladas.

La caída del 73 nos recuerda cómo la lucha de los oprimidos y explotados es algo vivo que antes o después se recupera a pesar de los años en los que la represión burguesa y sus gobiernos logran enterrarla a base de persecuciones y crímenes; la actividad revolucionaria siempre renace aún en unas duras y difíciles circunstancias políticas y vitales gracias a personas que, con una tremenda generosidad y sin esperar prebendas de ningún tipo, exponen sus vidas y familias al sufrimiento físico y emocional. Estas personas, las más conscientes de la clase obrera, reactivaron las ideas y las prácticas con un anhelo infinito de romper con la dictadura franquista, con gobiernos al servicio de la burguesía española que aplicaron las condiciones más extremas y radicales contra el pueblo trabajador.

La reivindicación de la memoria histórica

La Caída del 73 de Manuel Cañada se introduce y enmarca parte de su narrativa en el problema agrario extremeño. El levantamiento campesino del 25 de marzo en plena República y la reacción de la contrainsurgencia fascista con las matanzas de Badajoz ponen en la actualidad política y social la necesidad de la reforma agraria en Extremadura. El Plan Badajoz, la ruina de muchos colonos y concentración de la tierra en grandes propietarios.

En nuestra tierra, el problema agrario, la eliminación de las propiedades comunales de los pueblos, los rebuscos y la desigual distribución de la tierra han alimentado la lucha de clases. El triunfo de la burguesía, la nobleza aristocrática, la iglesia y el aparato militar fascista en la contrarrevolución del 36 consolidaron las estructuras de la propiedad de la tierra, afianzadas posteriormente durante la dictadura franquista y la actual monarquía borbónica. La burguesía actúa del modo más violento posible cuando ve en peligro sus propiedades y su poder.

En una relación directa con aquellos procesos contra la clase obrera están las represalias y asesinatos contra los republicanos y defensores de la democracia que continuaron después de la guerra civil en el franquismo. Las leyes de la memoria aprobadas en estos últimos años por la democracia burguesa, en 2007 y en 2022, no han conseguido restaurar buena parte de las injusticias cometidas durante el franquismo, ni siquiera que se recojan los restos de muchas personas fusiladas que aún permanecen en las cunetas.

La ley de memoria histórica oficial, a pesar de declarar ilegales los tribunales de excepción franquistas y la nulidad de sus sentencias, se olvida de los criminales y responsables de los cientos de miles de asesinatos y víctimas, sin fotografiar judicialmente a los responsables de crímenes, sin adoptar sentencias judiciales que permitieran aclarar muchos de los delitos cometidos por cargos franquistas, y sin restablecer propiedades robadas a republicanos y a otros defensores de la democracia, ni los robos de niños, ni compensar a las familias por el trabajo esclavo que sufrieron sus ascendientes, que favoreció de modo extraordinario el enriquecimiento de grandes empresas, etc. Las leyes de la Memoria Histórica del actual período monárquico no podían dar más de sí y,  fundamentalmente, sólo han lavado la cara a unos hechos criminales contra la población obrera y democrática durante el oscuro período de la dictadura franquista.