Migración
Las administraciones locales ponen contra las cuerdas a los asentamientos de personas migrantes

Soveilckg utiliza el traductor de google cuando se le pregunta por su nombre. Aún no ha aprendido a traducirlo del árabe. Son las 19 h y, junto a su amigo Baba, buscan desesperadamente un lugar donde dormir en una de las numerosas chabolas del asentamiento de Baldifresa en Palos de la Frontera (Huelva). La pasada noche se produjo un incendio que arrasó una hectárea de terreno donde tenían su chabola. Soveilckg y Baba llegaron a este lugar inmundo hace nueve meses, los dos se dedicaban a la pesca en Mauritania, los dos tienen 35 años y llegaron juntos en patera a Canarias hace apenas dos años. Cuando se les pregunta si en alguna ocasión pensaron que en España iban a vivir así, Baba abre los brazos, mira al cielo, sonríe y responde con rotundidad: “No, nunca. Siempre pensé que iba a vivir en una casa bonita y que el trabajo no me iba a destrozar la espalda”. 

Aicha Chaatani es otra vecina afectada por el incendio en el mismo asentamiento. Asegura que gastó unos mil euros en hacer su chabola: “Lo tenía todo, tenía suelo, plato de ducha en el cuarto de baño y ahora me quedé sin nada, solo pude salvar una maleta con mi ropa”. Aicha es marroqui y lleva veinte años en España, tiene permiso de trabajo y eso le permite vivir en la finca donde trabaja: “Pero tu sabes, cuando termina el contrato tengo que abandonar la finca y vivir en mi chabola”. Explica que tiene cinco hijos y una madre enferma, a los que tiene que enviar dinero, y el sueldo no le da para alquilar una vivienda. Se queja de las pocas horas que trabaja en temporada alta de la fresa porque hay mucha gente. Este verano se trasladó a Lérida a la recogida de la fruta pero la lluvia estropeó las manzanas y tuvo que volver a Huelva.  

Estas historias se repiten demasiado a menudo, cada vez que se produce un incendio. El asentamiento de Baldifresa, situado junto al Polígono industrial San Jorge de Palos de la Frontera, ha sido pacto de las llamas en varias ocasiones. El penúltimo se produjo hace dos meses arrasando unas cien chabolas. En aquella ocasión, Daniel Navas, concejal de Unidas Podemos del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, visitó el asentamiento, como otras tantas veces, para llevar ayuda humanitaria y nos describe sus impresiones de aquel momento: “Me encontré con un escenario desolador, parte del asentamiento arrasado, con restos de las chabolas calcinadas y mucha basura”. Navas explica que la gente dormía debajo de los árboles: “Había cuatro mujeres que tenían una pequeña tienda de campaña donde se turnaban durante la noche, dos dormían dentro de la tienda, mientras las otras dos lo hacían en unas viejas butacas envueltas por nubes de mosquitos”. Este concejal observó la presencia de una patrulla de la policía local en el asentamiento, que impedía reconstruir las chabolas desaparecidas en el incendio, y la desesperación de la gente sin solución alguna.     

Sin otra alternativa habitacional, en estas situaciones de drama humanitario, la ausencia de ayuda de emergencia de las administraciones locales, las más cercanas a la ciudadanía, resulta significativa. En este sentido, Navas recuerda que los ayuntamientos son los garantes de la seguridad de las personas: “El problema es a quienes consideran vecinos y vecinas. Si fueran extranjeros por ocio, quienes se encuentran en medio de un incendio, seguro que hasta les ofrecían noches de hotel gratis”, asegura.    

“El objetivo de los municipios es que desaparezcan estos asentamientos, a cualquier precio, pero que desaparezcan”

La situación del asentamiento de Palos de la Frontera se repite en los 31 asentamientos chabolistas repartidos en los términos municipales de Lucena del Puerto, Moguer y Lepe en la provincia de Huelva. El material altamente inflamable del que están construidas las chabolas como plástico, palés y cartón, el cúmulo de basura y el uso de hornillos y estufas de butano es la ecuación perfecta para que los incendios sean tan frecuentes como peligrosos para salud y la vida de quienes lo habitan. Ya han muerto cuatro personas en ellos. Sin embargo, a la ausencia de alojamientos, los consistorios han respondido con la prohibición de reconstruir las chabolas calcinadas. Alfonso Romera, presidente de La Carpa de Sevilla, lleva varios años haciendo expediciones de ayuda humanitaria a los asentamientos y muestra su preocupación por esta situación: “El objetivo de los municipios es que desaparezcan estos asentamientos, a cualquier precio, pero que desaparezcan. Y claro, las chabolas deben desaparecer pero con una propuesta seria y real”. 

Firma de un acuerdo entre las tres administraciones

El 1 de julio pasado, por primera vez, y después de 25 años de chabolismo, las tres administraciones se ponían de acuerdo. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Lepe y Moguer firmaron un Protocolo para la Erradicación de los Asentamientos. Con un presupuesto inicial de 5 millones de euros, este acuerdo reconoce las condiciones de insalubridad en la que viven las personas temporeras, tal como denunció el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. También deja la puerta abierta para la inclusión de los municipios de Palos de la Frontera Y Lucena del Puerto cuando, en un futuro, presenten sus proyectos de erradicación del chabolismo. En el momento de la firma, el entonces Secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, declaró: “Con este protocolo, lo que queremos es dar un impulso a las Estrategias de Desarrollo Sostenible que impulso el Gobierno el pasado año y combatir la desigualdad y la pobreza”. El objetivo es la integración residencial y sociolaboral de las personas que residen en los asentamientos. Para ello, las partes firmantes se comprometieron al fomento de la construcción de soluciones habitacionales provisionales como albergues con la finalidad última de la integración de estas personas en los núcleos urbanos.  

El número de personas migrantes que viven en chabolas en el término municipal de Moguer entre 400 y 1.700, dependiendo de las campañas agrícolas

Moguer presentó el proyecto de un centro de acogida de migrantes con capacidad para 300 personas, con una ejecución de las obras del 50% en el momento de la firma. Según fuentes oficiales, el número de personas migrantes que viven en chabolas en este término municipal oscila entre 400 y 1.700, dependiendo de las campañas agrícolas. En cuanto a Lepe, su proyecto consiste en la urbanización de una finca municipal de cuatro hectáreas para la ubicación de módulos habitacionales y espacios colectivos. El consistorio tiene censado a unas 700 personas migrantes que viven de forma permanente en los asentamientos leperos, además de las trabajadoras y trabajadores que vienen a las campañas de recogida de la fresa. El protocolo tiene una vigencia de dos años, prorrogable por acuerdo de las partes.  

El Ayuntamiento de Lepe amenaza con expulsar a las temporeras de los asentamientos

Aurora Báez Boza

Temporeros

Laboral El Ayuntamiento de Lepe amenaza con expulsar a las temporeras de los asentamientos

Aurora Báez Boza

Trabajadoras y colectivos vecinales han denunciado amenazas por parte del ayuntamiento para que abandonen el asentamiento.

De Portland a Lepe. La historia cíclica

El Plan Municipal de Erradicación del Chabolismo aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Lepe lleva a cabo otras acciones como la rehabilitación y finalización de obras del albergue municipal, inacabado desde 2011, con una capacidad para 150 usuarios y con una inversión de 300.000 euros de la Junta de Andalucía. También ofrece reducción en el IBI a los arrendadores que alquilen a personas migrantes. Estos proyectos se une a los 20 millones de la Junta de Andalucía para materia de atención a las personas migrantes en el período 2019/ 2022. Con este presupuesto, la administración autonómica apoya el trabajo de entidades y ONG como Cruz Roja, ACCEM, CEPAIN, Andalucía Acoge, FECONS, ASNUCI, CODENAF, Inserta Andalucía y Mujeres en Zona de Conflictos (MZC) en los asentamientos.  

Demoliciones de chabolas  

Pese a estos proyectos, la realidad es que, hasta la fecha, existe una cifra no oficial de unas 5000 personas viviendo en los asentamientos, en la época alta de la campaña agrícola que va de febrero a junio. Y por si no fueran pocas las dificultades que sufren estas personas trabajadoras, los municipios freseros practican las demoliciones de chabolas desde hace años. Los ayuntamientos aprovechan los meses de verano, cuando las temporeras se desplazan a otras campañas agrícolas de la geografía española, para eliminar sus chabolas, llevándose por delante todas sus pertenencias. Hace dos semanas, la Asociación Multicultural de Mazagón, La Carpa de Sevilla, Mujeres 24 horas y el medio digital La Mar de Onuba presentaban una denuncia ante la Guardia Civil por amenazas de derribos, sin alternativa habitacional, en el asentamiento situado junto al Cementerio Municipal de Lepe. Según las vecinas, los vigilantes, identificados como trabajadores del Ayuntamiento, pusieron fecha al derribo de unas 20 chabolas: 12 de septiembre. Para Romera, “la movilización de los afectados, la recogida de firmas entre los pobladores del asentamiento para una reclamación ante el Defensor del Pueblo Andaluz, y la movilización de la sociedad civil organizada pudo parar ese derribo”. 

Las consecuencias de estas prácticas, unidas a la destrucción provocada por los continuos fuegos y la prohibición de reconstrucción, sin ninguna alternativa viable, no se ha hecho esperar. El hacinamiento de los habitantes en las infraviviendas restantes y el aluvión de temporeros en Lepe durmiendo en las calles son las consecuencias de esta falta de alojamientos. En esos días donde más de 80 temporeros dormían al raso envueltos en mantas, Jesús Toronjo, teniente alcalde portavoz del Ayuntamiento de Lepe, afirmaba a este medio que los temporeros que llegaban al municipio no eran responsabilidad de la Administración local. La Subdelegación del Gobierno de Huelva no quiso hacer declaraciones en ese momento. 

Denuncias de las organizaciones

Los antecedentes de las demoliciones se remontan a 2005 cuando José Chamizo, entonces Defensor del Pueblo Andaluz, denunciaba en un informe sobre chabolismo dirigido al Parlamento Andaluz la desaparición de asentamientos: “La policía local los quitó de los lugares cercanos al núcleo urbano de Mazagón (Moguer), para que la población no viera las condiciones en las que se encuentran”. 

Que los asentamientos son incómodos para los ayuntamientos no es nada nuevo. El incendio producido en un asentamiento de Palos de la Frontera, a principios del año pasado, que arrasó las chabolas de 400 personas, fue aprovechado por el alcalde, Carmelo Romero, para solicitar, ante los medios, a los dueños de los terrenos donde se ubicaba el asentamiento, que presentaran una denuncia ante el Juzgado para la eliminación definitiva del asentamiento. 

“Hace dos años denunciamos al Ayuntamiento de Lucena del Puerto por el derribo de cuatro chabolas, sin resolución judicial, con las pertenencias de las personas que vivían allí”

Pero estas prácticas a lo largo de los años, que han acabado con pequeños núcleos de chabolas en su totalidad, como lo demuestran los restos de derribos en los campos, han quedado en la más absoluta invisibilidad. Dolores Pérez de la Asociación Multicultural de Mazagón explica que, en la actualidad no pueden hacerlo con esa impunidad: “Hace dos años denunciamos al Ayuntamiento de Lucena del Puerto por el derribo de cuatro chabolas, sin resolución judicial, con las pertenencias de las personas que vivían allí, aprovechando que estaban trabajando en Lérida”.  

Beatriz Ada, de Guinea Ecuatorial y vecina del asentamiento de las Madres (Moguer) se queja del miedo que pasa: “Tenemos miedo a los incendios, a que una rata o una culebra pueda entrar por los agujeros de la chabola, a los derribos, tenemos miedo a todo”. Beatriz quiere reparar su chabola pero el consistorio no le da permiso: “Todas las casas se reparan, pero nosotros no podemos hacerlo. Ahora viene el tiempo de las lluvias y en mi chabola entra el agua. Compré los plásticos pero ahí los tengo”. 

Negativa a empadronar en las chabolas

Cuentan las vecinas que, ante la negativa de los ayuntamientos a empadronar, la única salida es pagar por ello. Se refieren a conseguir una dirección de una vivienda a cambio de una cantidad que puede llegar a los 700 euros. El empadronamiento es la puerta de entrada para conseguir los derechos que los reconocen como ciudadanas y ciudadanos, como explica Pérez: “Sirve para empezar a tramitar su proceso de regularización y residencia, ya de por sí un procedimiento extremadamente complejo y lento y que los hace muy vulnerables a la explotación laboral mientras lo consiguen”.

Estamos hablando de la obligación de los ayuntamientos a empadronar a todas las personas que viven en sus términos municipales, como así lo recoge la Ley de Régimen local de 2015, de un derecho que está por encima de las condiciones higiénicos sanitarias de la vivienda donde se empadronen, de la negativa de los consistorios a recoger las solicitudes, de un certificado necesario para acceder a la Sanidad Pública, al arraigo, a la obtención del NIE y a cualquier ayuda de la administración local. Para Pérez, “esta negativa supone una tragedia para las personas trabajadoras que habitan en los asentamientos”. Por eso, esta asociación, con la ayuda de otras como Alianza por la Solidaridad, y enmarcado en el programa ‘Vecina, vivas donde vivas’, han organizado un programa para impartir talleres en los asentamientos sobre el derecho al empadronamiento. Estos talleres incluye el acompañamiento de las usuarias en todo el proceso, “desde la cumplimentación de la solicitud hasta la batalla en los tribunales si es necesario”, como explica Pérez.

Varias personas migrantes consiguen presentar la solicitud para empadronarse en sus chabolas

Pepa Suárez

Migración

Empadronamiento Varias personas migrantes consiguen presentar la solicitud para empadronarse en sus chabolas

Pepa Suárez

Arropadas por la sociedad civil y representantes de organizaciones políticas onubenses, seis personas migrantes de Marruecos, Argelia, Ghana y Rumanía han presentado en el registro del Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva) sus solicitudes de empadronamiento en el lugar donde residen de forma habitual.

Esta preocupación de las asociaciones quedó reflejada en el Foro Provincial de las Migraciones de Huelva, en la última reunión celebrada en noviembre del año pasado. Presidido por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, y del que forman los tres niveles de la administración, empresarios, sindicatos, Diputación y ONG, aprobó un documento definitivo de intervención en los asentamientos de chabolas de migrantes. Con los alcaldes de los municipios freseros presentes en este organismo, el documento aprobado incluía la recomendación, a estas localidades, de elaborar un diagnóstico de las realidad de los asentamientos y la garantía de asegurar el empadronamiento a la población que vive en ellos. 

La judicialización del derecho al empadronamiento ha permitido empadronar a más de cien personas en sus infraviviendas

Pero la realidad es que, hasta la fecha, solo hay una persona empadronada, con la ayuda de las asociaciones, en los asentamientos de Palos de la Frontera, Lucena del Puerto y Moguer. No sucede igual en Lepe, donde la asociación ASNUCI ha llevado a juicio, por tres veces consecutivas, a su ayuntamiento. Esta judicialización del derecho al empadronamiento ha permitido empadronar a más de cien personas en sus infraviviendas: “Al principio, utilizábamos la dirección de nuestra sede hasta que el ayuntamiento dejó de admitirlo con el cambio de la ley en 2015, donde se exigía un domicilio real. A partir de entonces, nos pusieron muchas trabas, pero con perseverancia conseguimos que admitieran las solicitudes con la dirección de las chabolas. Acogiéndonos al silencio administrativo conseguimos empadronar. A partir de ahí, comenzaron a denegar los empadronamientos dentro del plazo de los tres meses que tiene la administración para contestar, nos pedían mucha documentación de pruebas de domicilio, argumentaban falta de personal del ayuntamiento para comprobar los domicilios en el campo o en los asentamientos. Los denegaban todos. Y así terminamos en tres contenciosos administrativos con resolución favorable. A partir de esas resoluciones seguimos empadronando, no sin dificultad, pero con éxito”. Así describe Ana Mateo, presidenta de ASNUCI, el largo camino que tuvieron que recorrer desde 2012.    

Perico Echevarría, director de la revista La Mar de Onuba opina que los alcaldes de los municipios afectados por el chabolismo no pierden votos con sus actuaciones, al contrario, ganan por mostrar la más absoluta indiferencia y frialdad ante los habitantes de los asentamientos: “Es una triste realidad, pero una realidad constatada. A la hora de la verdad, la riqueza que generan estos trabajadores no cambia porque, con casa digna o sin ella, con papeles o sin papeles, sacan adelante las producciones agrícolas y la maquinaria sigue funcionando”. Echevarría tacha de crueldad institucional una actuación de las administraciones locales que no conmueven lo suficiente. Ni cuando hay fallecimientos.