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Migración
Varias personas migrantes consiguen presentar la solicitud para empadronarse en sus chabolas
No debería ser una noticia porque el hecho de empadronarse, en el lugar donde se reside, es un deber y un derecho amparado por la ley. Pero resulta que los Ayuntamientos de Palos de la Frontera, Lucena del Puerto y Moguer (Huelva), “se niegan sistemáticamente a recoger la solicitud de empadronamiento a las personas migrantes cuando su vivienda habitual es una chabola”, según un portavoz de la Asociación Multicultural de Mazagón.
El certificado de empadronamiento es el primer documento necesario para la regularización y obtención del permiso de trabajo. Posterior al mismo, se necesita el certificado de arraigo extendido también por los servicios sociales de los consistorios. Sin embargo, las personas migrantes residentes en los asentamientos chabolistas sufren un calvario para la obtención de este certificado.
Migración
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Daiana Mihaela Iordachescu vive en el asentamiento El Bosque I de Lucena del Puerto y nunca ha podido empadronarse en el pueblo donde reside y trabaja desde 2010. Hoy está feliz porque ha podido solicitar su empadronamiento. “No hay derecho, pagamos hasta 1.000 euros por un empadronamiento de un año”. La negativa de los ayuntamientos a empadronar provoca que los usuarios caigan en manos de las mafias para conseguirlo. Resulta fácil encontrar en los asentamientos a personas migrantes que han pagado una buena cantidad de dinero por un certificado de empadronamiento en una dirección. Esas cantidades se mueven entre 300 y 1.000 euros.
A partir de ahora, el Ayuntamiento de Lucena del Puerto tiene tres meses para responder
Pero hoy lo han conseguido. Seis personas migrantes han registrado su solicitud junto a los muchos documentos que justifican su permanencia en esta localidad. A partir de ahora, el Ayuntamiento de Lucena del Puerto tiene tres meses para responder. Esta acción se encuadra en la campaña ‘Vecina, vivas donde vivas’, de la asociación Alianza por la Solidaridad que, junto a a otras asociaciones locales, como la Asociación Multicultural de Mazagón, ha ayudado a estas personas a organizar la documentación necesaria y les han acompañado al Ayuntamiento para el registro de la solicitud. En la puerta, han estado arropadas en todo momento por diversas asociaciones sociales.
Esta campaña hace alusión al derecho de las personas migrantes a empadronarse. Para ello, han iniciado una campaña de recogida de firmas. También cuentan con un documental, Vecinas, vivas donde vivas, donde se explica la problemática del empadronamiento de la mano de sus protagonistas
Estas asociaciones tienen la intención de seguir apoyando el derecho al empadronamiento tanto en Huelva como Almería junto a asociaciones locales. Para ello, están realizando talleres de empadronamiento en los asentamientos dirigidos a personas migrantes, para que puedan justificar su estancia en la localidad. Según algunas ONG locales, el número de migrantes que habitan en los asentamientos se mueve entre dos mil y tres mil personas según la época del año. La gran mayoría trabaja en los cultivos de los frutos rojos.
A pesar de la cobertura de la ley, no se conocen casos de migrantes empadronados en chabolas
El derecho al empadronamiento está recogido en la Ley de Bases del Régimen Local. En su apartado 3.3. de la Resolución de 16 de marzo de 2015 sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón Municipal, dice: “... el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio”. De esto se deduce que una chabola es una vivienda perfectamente válida para el empadronamiento. Sin embargo, y a pesar de la cobertura de la ley, no se conocen casos de migrantes empadronados en chabolas.
Migración
Ser nadie en un no-lugar: chabolas en Lucena del Puerto
En 1992, Marc Augé acuñó el término no-lugar para describir espacios transitorios, deslocalizados, contrarios a los antropológicos, que gozan de una historia o vitalidad bien definida. Son lugares sin identidad, constituidos bajo una premisa muy particular.
Una prueba de ello es el caso de Lepe. La Asociación ASNUCI ha llevado a los tribunales al Ayuntamiento de esta localidad onubense en tres ocasiones para exigir empadronamientos denegados. Los jueces han dado la razón a los demandantes en los tres casos apelando al derecho de los vecinos.