Ocupación israelí
Los países del Sur protagonizan la defensa de Palestina en los tribunales internacionales

En los últimos seis meses al menos nueve iniciativas legales han sido impulsadas contra Israel, sus representantes y sus posibles cómplices, por unos 50 países, organizaciones internacionales como la Unión Africana o la Liga de los Estados Árabes, ONG y asociaciones de abogados por la masacre que está llevando a cabo en Palestina. 

Estas demandas acusan a Israel, a sus líderes políticos y a posibles colaboradores de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, llevando a cabo o permitiendo actos de carácter genocida —un delito definido por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda como el “crimen de crímenes”—, pero también de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y ocupación ilegal del territorio palestino. En algunas de ellas también se investiga a Hamas y la Yihad Islámica por posibles crímenes de guerra y lesa humanidad, por el asesinato de cerca de 1.200 israelíes, la mayoría civiles, el pasado 7 de octubre.

Aunque existen precedentes, como la antigua Yugoslavia o Ruanda, para Jorge Rodríguez, profesor de Derecho Público Internacional de la UCM, este puede ser un caso único en los últimos 30 años

Existen antecedentes de otros conflictos altamente judicializados, a través de los mecanismos de los tribunales internacionales, como fueron el caso de la antigua Yugoslavia o Ruanda en los 90, pero para Jorge Rodríguez, profesor de Derecho Público Internacional de la UCM, este puede ser un caso único en los últimos 30 años.

“Estamos viendo una judicialización más coordinada que en otras ocasiones, porque se está exigiendo responsabilidad en varios niveles: a nivel de Estado, a nivel de individuo y en varias jurisdicciones”, explica este académico. 

La defensa legal del pueblo palestino ha estado protagonizada principalmente por representantes del Sur Global. “Las potencias han utilizado el derecho internacional de manera selectiva y ahora hay otros actores que también están usando esa arma. A veces, cuando no les queda más remedio, no tienen otras palancas de poder, los países periféricos recurren al derecho internacional”, opina Isaías Barreñada, codirector del Grupo de Investigación Complutense sobre el Magreb y Oriente Medio.

Este sentir lo expresó la ministra de Justicia de Namibia, Yvonne Dausab, en su comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), celebrada el pasado febrero, donde 49 Estados y tres organizaciones internacionales pidieron al máximo tribunal de las Naciones Unidas que se pronuncie sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de Palestina en un proceso paralelo al caso iniciado por Sudáfrica contra Israel, y que en este caso solo pide al alto tribunal una opinión consultiva.

“Los paralelismos entre Namibia y Palestina son llamativos y dolorosos. Ambos eran parte integral del sistema de mandatos establecido después de la I Guerra Mundial, y en ambos casos el llamado mandato sagrado de la civilización, que apuntaba a guiar a estas naciones hacia la autodeterminación y la independencia, fue completamente traicionado”, defendió, tras aseverar que su país consideraba un deber moral y una responsabilidad sagrada posicionarse del lado de Palestina frente a la “indefendible ocupación”, debido a que este Estado africano fue víctima del considerado primer genocidio del siglo XX, por parte de Alemania.

El crimen de crímenes y otros delitos no menos aberrantes

El crimen más grave del que se acusa a Israel es el de genocidio. La controversia deriva de la dificultad de probar que se tiene “la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, tal como exige la Convención sobre el genocidio. 

“Lo que hay que demostrar es que realmente existen pruebas que avalan que la única intención de esas actuaciones es acabar con el grupo. Si no se puede demostrar esa intención, no va haber [condena por] genocidio; por eso es tan difícil de demostrar”, explica el profesor Jorge Rodríguez. 

Desde distintas instancias judiciales y políticas advierten de la viabilidad de probar ante los tribunales que actualmente se está cometiendo el delito de genocidio en Gaza

No obstante crecen las voces que, desde distintas instancias judiciales y políticas, advierten de la viabilidad de probar que actualmente se está cometiendo el delito de genocidio en Gaza. Entre las acusaciones más recientes destaca la de la representante de la ONU Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, al presentar, el 26 de marzo, su informe Anatomía de un genocidio, en el que se indica que “el contexto, los hechos y el análisis expuestos en este informe llevan a la conclusión de que existen motivos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión de genocidio por parte de Israel”. 

Para defender esta posición, Albanese menciona en la versión preliminar de este documento datos estremecedores, como que el al menos el 1,4% de la población gazatí ha sido asesinada por Israel, que el ejército israelí ha lanzado 25.000 toneladas de explosivos —el equivalente a dos armas nucleares como las utilizadas en Hiroshima—, que entre las bombas se incluyen las no guiadas —o “dumb bombs”—, lanzadas contra una población acorralada, en zonas a menudo definidas previamente como seguras. También registra en este documento que durante las primeras semanas se asesinaron una media de 250 palestinos al día, 100 de ellos menores.  

“En concreto, Israel ha cometido tres actos de genocidio con la intención requerida: causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo; infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial, e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo”, indicó la relatora al presentar su informe.

Las conclusiones de la investigación de Albanese coinciden con la plausibilidad de que se esté produciendo un genocidio señalada por la Corte Internacional de Justicia en la Orden que emitió el 26 de enero de 2024 solicitando a Israel medidas provisionales para prevenir que se cometa el crimen de crímenes en territorio palestino, como respuesta a la denuncia presentada por Sudáfrica ante este tribunal. 

“Existen motivos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión de genocidio por parte de Israel”, sostiene la representante de la ONU Francesca Albanese

Los representantes sudafricanos, en su denuncia, destacaron declaraciones de algunos de los principales representantes del Gobierno israelí, en las que hay una posible incitación a la comisión de un genocidio, ya que incluyen llamados a bloquear totalmente el acceso de la población a electricidad, agua, alimentos y combustible, y a considerar un objetivo a toda la población gazatí, a la que se responsabiliza en su totalidad por los atentados del 7 de octubre.

Inès Abdel Razek, directora del área de incidencia del Instituto Palestino para la Diplomacia Pública, advierte de que este tipo de incitaciones a la violencia las han hecho altos funcionarios israelíes, incluidos el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y la miembro de la Knesset Meirav Ben-Ari. Todas ellas subrayan una narrativa inquietante. 

“Estas declaraciones, como parte de un patrón de comportamiento más amplio, señalan una intención deliberada de atacar a la población palestina de maneras que podrían ser interpretadas como genocidas”, alerta Abdel Razek, una de las impulsoras de la Iniciativa de Justicia y Rendición de Cuentas por Palestina, que aúna a abogados y activistas palestinos y de otros países para defender los derechos del pueblo palestino.

La politóloga cuenta que una de las organizaciones que participa en este proyecto, Law For Palestine, ha investigado y catalogado más de 500 instancias de incitación a crímenes contra la población palestina, que van desde publicaciones en redes sociales hasta entrevistas televisivas y declaraciones oficiales. “Esta evidencia no solo es voluminosa sino también variada, cubriendo temas como la intención genocida, el desplazamiento forzado y el castigo colectivo”, indica.

“Estas declaraciones [de altos mandos israelíes] señalan una intención deliberada de atacar a la población palestina de maneras que podrían ser interpretadas como genocidas”, alerta la abogada Abdel Razek

La plausibilidad de genocidio también la reconoció el juez federal estadounidense Jeffrey White, en su decisión emitida como respuesta a la denuncia, impulsada por ciudadanos palestinos y organizaciones como Defense for Children International o Al-Haq contra el presidente Joe Biden, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el secretario de Estado, Antony Blinken, por la violación de la Convención sobre el Genocidio de 1948, al no evitar el genocidio del pueblo palestino en Gaza y continuar apoyando a Israel en el ámbito militar, político y económico.

“Viniendo de una corte federal, eso tiene mucha fuerza, y debería de provocar una reacción por parte de las autoridades relevantes, y especialmente de los denunciados”, opina Diala Shamas, abogada sénior del Centro de Derechos Constitucionales, organización que representa a los demandantes en esta denuncia. 

El Gobierno israelí ha negado reiteradamente su participación de algún modo en un genocidio. En concreto, en su argumentación para defenderse de la solicitud de Sudáfrica ante la CIJ arguyó que esta “carece totalmente de fundamento en hecho y ley, es moralmente repugnante y representa un abuso tanto de la Convención sobre el Genocidio como del propio Tribunal”.

Israel reiteró, en esta misma defensa, su compromiso con la observancia del derecho internacional, incluida la Convención sobre el Genocidio y el derecho internacional humanitario, y aseguró que se está aplicando, “como han demostrado con palabras y hechos, en relación con la conducta de las hostilidades actuales en Gaza”.

Al margen de que en un futuro los altos tribunales internacionales consideren o no que se ha cometido un genocidio, el cúmulo de pruebas apuntan a una condena inevitable por ese u otros de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. “Crimen de guerra, crimen de lesa humanidad o genocidio son igualmente graves, solo que integran categorías distintas, pero no hay una jerarquía”, explica Jorge Rodríguez. 

Este experto en protección internacional de los derechos humanos afirma que las penas son igual de graves en todos estos delitos y que el que no se clasifique como genocidio lo que está sucediendo en Gaza no significaría en ningún caso impunidad para los responsables.

Los posibles cómplices

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por 153 estados, entre ellos Israel, obliga a todos sus firmantes a evitar este crimen. El tratado no incluye a Palestina, ya que pertenece al ordenamiento jurídico de la ONU, y esta institución aún no reconoce plenos derechos al Estado árabe. Este reconocimiento sí lo tiene Palestina en el otro acuerdo internacional que obliga a la prevención del genocidio y otros crímenes graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto: el Estatuto de Roma, mediante el cual se creó la Corte Penal Internacional. Israel, sin embargo, no forma parte de este último, pero los crímenes cometidos por sus representantes sí pueden ser juzgados por este tribunal penal, según ha determinado el mismo el pasado febrero.

Para varios actores de la comunidad jurídica internacional, estas obligaciones se están incumpliendo al permitir que siga la escalada de violencia contra Gaza. Es por esto que han comenzado a tomar medidas, tanto ante tribunales internacionales como en acciones legales en el ámbito nacional contra algunos representantes de estados que están apoyando a Israel con ayuda económica, militar y política. 

La decisión de la CIJ “impone una obligación vinculante a terceros Estados para prevenir el genocidio, lo que debe hacerse mediante todo tipo de medidas, incluida la suspensión del comercio de armas”, explica la abogada Abdel Razek

Estas acciones legales ya están arrojando los primeros resultados, por lo menos desde el punto de vista legal. Por ejemplo, la decisión tomada por la CIJ para imponer medidas preventivas a Israel, en respuesta a la solicitud de Sudáfrica, tiene también carácter vinculante para el resto de Estados de las Naciones Unidas, según explica Abdel Razek.

“Impone una obligación legalmente vinculante a terceros Estados para prevenir el genocidio, lo que debe hacerse mediante todo tipo de medidas, incluida la suspensión del comercio de armas, la cancelación de acuerdos bilaterales y sanciones económicas contra el Estado de Israel, sospechoso de genocidio. En cambio, la mayoría ha intensificado su agresión incluso al decidir retirar la financiación a la UNRWA”, critica la politóloga.

Cabe recordar que la retirada de fondos a la UNRWA por parte de 17 países se produjo por la denuncia de Israel de que supuestamente 12 de los empleados de la agencia de la ONU habían participado en la planificación y ejecución de los atentados del 7 de octubre, acusación para la cual no aportó pruebas concluyentes, por lo que varios países terminaron restituyendo la ayuda. 

“La guerra total de Israel contra la UNRWA no es nueva y es clave para la agenda genocida en sí misma: desmantelar una institución clave que protege a los refugiados palestinos, incluido su derecho al retorno a su tierra natal”, denuncia Abdel Razek. “El hecho de que tantos de estos países occidentales se hayan sumado automáticamente a la difamación israelí y al castigo colectivo sin ver ninguna evidencia de las acusaciones es un testimonio de la impunidad de Israel y del hecho de que estos gobiernos están apoyando la agenda violenta y los crímenes de Israel”.

Más allá de la retirada de fondos a la agencia de la ONU, otros Estados están siendo señalados por su apoyo a Israel con recursos económicos, diplomáticos y políticos.

Alemania, por ejemplo, en 2023 multiplicó la exportación de armas a Israel por diez, respecto a 2022, sumando así un tercio del total de armamento militar que recibe Tel Aviv.

Este es uno de los factores clave en los que se basan un grupo de abogados alemanes que, con el apoyo de los activistas de la Iniciativa Justicia y Rendición de Cuentas para Palestina, han representado a dos familias gazatíes en la denuncia por complicidad en genocidio a representantes del Gobierno alemán, que realizaron ante la Fiscalía Federal de Karlsruhe.  

Alemania en 2023 multiplicó la exportación de armas a Israel por diez. Esta es la base de una denuncia de dos familias de Gaza contra el Gobierno alemán 

Nicaragua también solicitó la apertura de un procedimiento en la CIJ contra el Estado alemán, sosteniendo que al proporcionar apoyo político, financiero y militar a Israel, y retirar la financiación a la UNRWA, Alemania podría estar facilitando la comisión de un genocidio y, en cualquier caso, está incumpliendo su obligación de hacer todo lo posible para impedir la comisión de este crimen.

Hechos similares llevaron al bufete de abogados australiano Birchgrove Legal a pedir, con el aval de al menos 100 abogados y procuradores locales, a la Corte Penal Internacional que investigue la posible implicación en crímenes relacionados con su jurisdicción que puedan haber cometido el primer ministro Anthony Albanese, otros miembros del Gobierno australiano, de su parlamento y el líder de la oposición. Basan su denuncia, además de en la retirada de fondos a la UNRWA y las exportaciones de armamento, en el despliegue ambiguo de un contingente militar australiano en la región, del cual no se ha revelado su ubicación ni su función exacta, así como en permitir a australianos viajar para unirse a las Fuerzas de Defensa de Israel. 

En el caso del Gobierno estadounidense, los denunciantes del caso Defense for Children - Palestine v. Biden señalan además el agravante de que la Administración Biden haya vetado varias resoluciones de la ONU para exigir el alto el fuego.

“También continúan mandando armas y apoyando de otras maneras el asalto de Israel a Gaza, pese a todo lo que estamos escuchando por todos los supervisores relevantes, y la cobertura mediática, sobre la situación tan grave que hay en Gaza. Más que eso, están interfiriendo en la ayuda que otros proporcionan en Gaza —donde hay una hambruna—, en lugar de ser parte, y me refiero a cortar los fondos a la UNRWA”, denuncia Shamas.

En un caso parecido, en Italia, el abogado gazatí Salahaldin M. A. Abdalaty, con apoyo de colegas italianos, presentó a principios de abril, ante el Tribunal de Roma, un recurso urgente en el que pide a esta corte que prohíba al Gobierno italiano ser cómplice de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades israelíes en Gaza, mediante cualquier vía, incluidos la venta de armas o permitir el uso de su espacio aéreo para objetivos relacionados. El letrado palestino también exige al Estado italiano la restitución de la financiación de la UNRWA. 

Una demanda lanzada en abril por un abogado palestino pide prohibir al Gobierno italiano cualquier acción que implique colaborar con la violación de derechos humanos en Gaza, incluida la venta de armas

Retirar el apoyo a Israel no solo podría proteger a estos países y sus representantes de las potenciales consecuencias legales, sino que también supondría seguir las recomendaciones de los expertos en derecho humanitario de la ONU, quienes en febrero advirtieron de que cualquier transferencia de armas o municiones a Israel para su uso en Gaza es susceptible de violar el derecho internacional humanitario y debe cesar de inmediato. Algo que también indicaron que se podría producir en el caso de entregar armas a Hamás.

De hecho, hay autoridades que sí han apostado por la prohibición de exportaciones de carácter militar a Israel. Es el caso de un tribunal de apelaciones holandés, que el pasado febrero ordenó a los Países Bajos detener la exportación de piezas de aviones de combate F-35 a Israel, algo similar a lo ocurrido en Valonia, donde se prohibieron las exportaciones de municiones al Estado israelí, y a restricciones a las exportaciones establecidas por países como España, Italia, Japón o Canadá.  

¿Habrá consecuencias para Israel, sus representantes y sus aliados?

El Gobierno israelí justifica su ataque a Gaza en el derecho a la legítima defensa tras los atentados del 7 de octubre, pero este derecho ha sido cuestionado por varios expertos, entre ellos la relatora de la ONU Francesca Albanese, ya que la Franja de Gaza es un territorio ocupado por Israel.

“Israel tendría el derecho, con sus servicios de inteligencia, a identificar a los autores y hacer una operación para detener y juzgar a esas personas. Fin. Como cualquier Estado que sufre un atentado terrorista”, explica Jorge Rodríguez.

La validez de los argumentos de Israel y las consecuencias de sus acciones están siendo evaluados a través de las iniciativas legales en curso,  y sus representantes podrán ser juzgados y sentenciados en los tribunales. Sin embargo, es difícil que esto tenga consecuencias relevantes o inmediatas, ya que los instrumentos para hacer cumplir las sentencias contra los estados, en el caso de la Corte Internacional de Justicia, o contra los individuos, en la Corte Penal Internacional, son limitados.

Las decisiones que toma la CIJ son vinculantes para todos los Estados que han aceptado su jurisdicción, pero si un país decide no obedecerlas, la corte no tiene instrumentos para obligarlo a cumplir. La opción que tendría sería llevar el asunto ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

La Corte Penal Internacional sí puede condenar a individuos y dictar órdenes internacionales de detención, pero Israel no reconoce la jurisdicción de esta corte

“La única forma de forzar a un Estado a hacer algo contra su voluntad sería activar el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas y entonces Naciones Unidas tomaría una decisión colectiva, una resolución que incluyera el uso de medios coactivos, es decir de la fuerza, para parar los pies a ese Estado. Es lo que pasó en Libia, pero para eso, que es realmente excepcional, no tiene que haber vetos en el Consejo de Seguridad. En la historia de la ONU se ha dado muy pocas veces”, concluye Barreñada.

La Corte Penal Internacional, en cambio, sí puede condenar a individuos y dictar órdenes internacionales de detención, pero Israel no reconoce la jurisdicción de esta corte, así que sería poco probable que accediera a detener a personas juzgadas por este tribunal. 

Y, en cuanto a las causas legales impulsadas contra los posibles cómplices de Israel a nivel nacional, las consecuencias dependen de las leyes de cada país. Por ejemplo, en el caso estadounidense el juez Jeffrey White desestimó la denuncia contra el presidente Biden y sus secretarios de Defensa y Estado al considerar que los asuntos de política exterior exceden a las competencias de una corte federal.

En cualquier caso, esta escalada de violencia pone en evidencia la necesidad del reconocimiento pleno del Estado palestino, en opinión de Barreñada, lo cual reforzaría la protección jurídica de esta nación.

“Es un estado reconocido por 140 países, pero todavía no es miembro de Naciones Unidas, por lo tanto, como Estado, Palestina por ejemplo no puede presentar una demanda en la Corte Internacional de Justicia para defender los intereses de los palestinos, lo tienen que hacer otros. En otras estructuras como la Corte Penal Internacional, que no es Naciones Unidas, sí han admitido a Palestina como Estado miembro del Estatuto de Roma, y ahí el Estado de Palestina sí que puede activar una demanda contra el ministro de Defensa o contra el primer ministro israelí”. 

La masacre está poniendo en evidencia que es necesaria una modificación de la arquitectura internacional de defensa de los derechos humanos, porque la actual no está siendo efectiva

De hecho, actualmente hay abierta una investigación en la Corte Penal Internacional, motivada por el propio Estado de Palestina, por presuntos crímenes cometidos “en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, desde el 13 de junio de 2014”, y en la cual el fiscal Karim Khan ha  incluidos los sucesos posteriores a los atentados del 7 de octubre.

Todas estas iniciativas legales evidencian que hay un sólido compromiso de defensores del derecho humanitario por recurrir a la justicia para frenar la ofensiva en Gaza, sin embargo se trata de procesos muy lentos y con efectos limitados, que no sirven para detener la masacre contra los palestinos. Y, como explica el profesor Barreñada, está poniendo en evidencia que es necesaria una modificación de la arquitectura internacional de defensa de los derechos humanos, porque la actual no está siendo efectiva en la defensa de los pueblos.