País Vasco
El borrador ya segrega

Steilas, Comisiones Obreras, LAB, la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro, Euskalgintzaren Kontseilua, Elkarrekin Podemos-IU y PSE han mostrado sus críticas o reticencias hacia el documento 'Bases para una educación del siglo XXI'.
Ikoitz Arrese EHBIldu
El responsable de educación de la coalición EH Bildu, Ikoitz Arrese, en una de sus intervenciones parlamentarias. Foto: EHBildu

“El consenso previo tiene que darse dentro del Gobierno y, por eso, hay que pulir determinados aspectos que no nos acaban de convencer”, expresó el parlamentario socialista Josean Pastor en la tribuna del Parlamento Vasco en el pleno del jueves. Por primera vez, el PSE enunció en voz alta su malestar tras conocer, dos días antes, el documento elaborado por el nacionalista Gorka Álvarez Bases para una educación del siglo XXI. Dicho texto relega la red pública a una posición “subsidiaria” de la privada, tal y como apunta el sindicato Comisiones Obreras, no contempla “medida alguna” para evitar la segregación, añade Steilas, e incluye “elementos preocupantes” sobre el abordaje del euskera, a juicio de Euskalgintzaren Kontseilua. 

Bases para una educación del siglo XXI nace supuestamente de un proceso participativo en la comunidad educativa. Casi cien agentes expresaron en la ponencia abierta en el Parlamento sus puntos de vista. Las inquietudes y malestares de la red pública vasca, que atiende al 51% del alumnado, han sido ignoradas con escaso disimulo. Las aspiraciones de los dos principales agentes de la red privada, Kristau Eskola y la red de ikastolas, han sido atendidas. Tanto las más polémicas, como evitar un proceso de publificación similar al de 1993, hasta las más caras, como absorber las cuotas ilegales que cobran a las familias —unos 300 millones de euros anuales según el informe del Departamento de Educación al que tuvo acceso el diario El Correo—. 

Las inquietudes y malestares de la red pública vasca, que atiende al 51% del alumnado, han sido ignoradas con escaso disimulo por el documento que pretende recoger las bases para la futura ley educativa

Josean Pastor expresó su malestar con su socio de Gobierno en el pleno del jueves durante la sesión en la que se aprobó renovar el concierto económico de la red privada para los próximos seis años. El partido socialista vasco votó a favor, junto con PNV y EH Bildu, al entender que el Gobierno vasco debe actuar en el plazo que marca la normativa estatal Lomloe, impulsada por la exministra socialista Isabel Celaá. No salió adelante la enmienda de la coalición Elkarrekin Podemos-IU, que instó a prorrogar el concierto durante solo dos cursos para “no hipotecar” un futuro que dependerá de la próxima ley educativa. EH Bildu consideró que los criterios de dicha ley pueden condicionar el concierto, un concierto que se realiza “sistemáticamente de forma opaca”, recuerda el sindicato Steilas.

“Este planteamiento profundizará en la brecha de clase y la segregación escolar, y en absoluto contribuirá a que las generaciones futuras, que serán mayoritariamente urbanas y diversas, conozcan, valoren y adquieran como propias nuestra lengua y nuestra cultura vasca”, Julen Llanos (CC OO)
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El parlamentario del PNV Gorka Álvarez entregó ayer el documento 'Bases para una educación del siglo XXI', que pretende asentar las líneas estratégicas de la próxima ley educativa. El texto equipara los centros concertados con los públicos en función de su compromiso social y cimienta el futuro de la educación en la innovación pedagógica, un camino que ya ha recorrido Catalunya.

Decisiones políticas frente a necesidades sociales

Las decisiones políticas que sustentan el documento base no se corresponden a las necesidades sociales detalladas en la ponencia: la red privada desatiende reiteradamente al alumnado migrante, tanto en los procesos de matriculación ordinarios como en la matriculación viva y, demográficamente, la natalidad ha caído drásticamente, creando una sobreoferta financiada públicamente de plazas en la red privada. Comisiones Obreras alerta de que “este planteamiento profundizará en la brecha de clase y la segregación escolar, y en absoluto contribuirá a que las generaciones futuras, que serán mayoritariamente urbanas y diversas, conozcan, valoren y adquieran como propias nuestra lengua y nuestra cultura vasca”. 

Su secretario general de educación, Julen Llanos, exalumno de ikastola, padre de hijos mayores que estudiaron en ikastola, profesor en un centro religioso y marido de una maestra de la pública, entiende que “la clave” para un futuro sin segregación y con igualdad de oportunidades “son los recursos”. “Que se ponga más cantidad donde más se necesita, y no tanto donde tienes el éxito asegurado”, solicita. Para este “conocedor” del sistema educativo dual vasco, “todo es un eufemismo”. “La red privada concertada no puede ser la protagonista del sistema educativo vasco, porque produce una educación a dos velocidades que perpetúa la segregación”, sostiene. 

“Al igual que en otros ámbitos, en este caso la forma de garantizar la igualdad también es dar más a quien menos tiene”, Paul Bilbao (Euskalgintzaren Kontseilua)

Sobre el euskera y los recursos se ha expresado en un sentido similar Euskalgintzaren Kontseilua, que reúne a más de 30 asociaciones para la normalización del euskera. Su portavoz, Paul Bilbao, ha expresado que, “al igual que en otros ámbitos, en este caso, la forma de garantizar la igualdad también es dar más a quien menos tiene”. Para ello, Kontseilua considera que se debe superar el sistema actual de modelos lingüísticos —A, B y D— para pasar a un modelo generalizado inclusivo. A excepción del PP, Ciudadanos y Vox, que tienen siete de los 75 escaños del Parlamento, Kontseilua recuerda que este punto podría ser el que genere más consenso político y social y, aún así, no queda recogido en Bases para una educación del siglo XXI.

El sindicato LAB, favorable a una “escuela pública comunitaria”, también ha criticado el documento: “Hace una lectura superficial, plantea dudas en la redacción y no aborda el meollo de las carencias del sistema educativo”, y advierte de que “hay que tener mucho cuidado con los contratos-programa”, sobre los que “se deberá establecer mecanismos para evitar que fomenten la competencia entre centros y se conviertan en un motivo de segregación”. 

El documento se asienta en un cambio de paradigma pedagógico, que aboca a los centros a competir entre sí mismos, tal y como ocurrió en Catalunya tras la ley educativa aprobada en 2009, que ha creado una tercera vía de segregación: los centros de élite pedagógica, con independencia de sus resultados académicos.

LAB recuerda que el documento  “ni siquiera se menciona en el borrador, dentro del sistema educativo y en los mapas escolares”
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LAB, que cuenta con una amplia representación en los centros públicos de educación infantil 0-2 años, también insiste en que este tramo “ni siquiera se menciona en el borrador, dentro del sistema educativo y en los mapas escolares”, entre los cuales los centros privados han encontrado un camino para asegurarse qué tipo de alumnado desean mediante pactos con guarderías privadas. “La Administración tendría que acabar con la política de cheques de subvenciones, porque en caso de no hacerlo, perpetuará la competencia de matriculación del alumnado en las escuelas. Por ello es imprescindible garantizar la gratuidad del Consorcio Haurreskolak”.

Euskal Eskola Publikoaz Harro lamenta que el borrador “no incluya ningún compromiso para que la red pública sea prioritaria”

La plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro también ha lamentado que el borrador “no incluya ningún compromiso para que la red pública sea prioritaria” y que, por el contrario, “se equiparan las dos redes, la privada y la pública, tratando igual a lo que es diferente y manteniendo así el actual sistema dual y discriminatorio”. En este aspecto, la portavoz del sindicato Steilas, Nagore Iturrioz, advierte de que “el término clave es la titularidad del centro, que condiciona, por ejemplo, el acceso a la financiación tanto de festejos como de subvenciones de organizaciones sin ánimo de lucro, vías a las que no puede acceder la red pública”. Dichas subvenciones marcan grandes diferencias entre escuelas públicas y cooperativas privadas. Estas últimas disponen de mejores instalaciones, como piscinas y pistas deportivas, gracias a estas inyecciones de ingresos extraordinarios. Por otra parte, Iturrioz recuerda que “ahora tenemos la oportunidad de continuar con el proceso de publificación que se realizó parcialmente en 1993, sino todas esas palabras grandilocuentes del borrador quedarán en nada, porque seguirá perpetuando una estructura segregadora”.

Elkarrekin Podemos-IU y PP-Ciudadanos han respondido a la pregunta de qué red de escuelas han escogido para sus hijos; PNV, EH Bildu y PSE la han considerado impertinente o han optado por el silencio 

Apoyos políticos

Sobre el resto de apoyos políticos del borrador, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, resaltó ayer que, “si finalmente estamos en ese pacto, significará que PNV y EH Bildu se han movido de su posición inicial, en la que ningunean absolutamente a la escuela pública”. “Nos gustaría que Elkarrekin Podemos-IU fuera una palanca con la comunidad educativa para condicionar políticamente lo que es una demanda social, que es poner a la escuela pública en el centro del sistema y evitar la segregación en este país”, añadió a El Salto. Esta es la única formación política que ha respondido a la pregunta de este medio de qué red han escogido sus parlamentarios para educar a sus hijos. Todos en la pública. Cuatro parlamentarios tienen criaturas; dos no tienen hijos. 

Los responsables de prensa de las formaciones PNV, EH Bildu, PSE y PP-Ciudadanos no han querido responder. Unos han considerado impertinente la pregunta, otros han optado por el silencio. [Actualización: de los seis parlamentarios del PP-Ciudadanos, tres tienen hijos. Dos los escolarizaron en la red concertada y uno les lleva, actualmente, a la red pública].

En el caso de EH Bildu, la coalición se encuentra inmersa en un debate interno donde existen dos posiciones irreconciliables: la oficialista, que asegura que la titularidad del centro no es importante, y la crítica, que defiende la red pública como eje del sistema educativo y garante de la diversidad. “El eje de cualquier modelo educativo solo puede construirse desde lo público, y la escuela pública solo puede ser aquella gestionada y organizada por la administración pública, que ha de ser forzosamente titular de la misma”, publica hoy en El Salto Joxemari Carrere, en nombre de la Mesa de Educación de Alternatiba, una de las tres formaciones que componen la coalición soberanista —Sortu, EA y Alternatiba—.

Por su parte, el portavoz educativo de PP-Ciudadanos, José Manuel Gil, se mostró en el Parlamento como firme defensor de la educación privada y su supuesta función pública: “La educación concertada es también pública y está infrafinanciada”. Pero consideró en el pleno del jueves que la red privada es la única que permite escapar de la “imposición del euskera” y del ideario nacionalista, y que tiene una “calidad por encima de la media”.

PNV y EH Bildu solo recaban el respaldo de la escuela cristiana y de las ikastolas en su blindaje a la red privada
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En cuanto a las federaciones de la red privada, Kristau Eskola valoró “muy positivamente” el cambio a un modelo educativo único —sin importar la titularidad jurídica— y apoyó que el servicio educativo “sea 100% gratuito para el conjunto del alumnado”, una medida que calificó de “consecuente y necesaria”. Como era de esperar, a la asociación de escuelas cristianas también le agrada el planteamiento de un sistema plurilingüe con el euskera como eje, pero adaptado a la realidad social de cada centro, el cual abre la puerta a arropar casuísticas diversas, justificadas o no. 

La red de ikastolas, Ikasle Elkartea, también valora positivamente poder acceder a una financiación ampliada con independencia de su titularidad privada, pero echa en falta que ello se condicione “al esfuerzo de euskaldunización del alumnado” que realiza el centro. Solicitan que la futura ley incluya “expresamente un modelo lingüístico generalizado y único”, dado que “no queda clara la diferencia del sistema que se propone con respecto al vigente”.

El nacionalista Gorka Álvarez dio un plazo de ocho días laborales para presentar alegaciones al borrador. Termina el viernes 18 de febrero. El 28 de febrero presentará una segunda versión del documento, que dará pie a la próxima ley de educación. El PNV espera aprobarla el próximo mes de octubre. 

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leandro.gagojuarez
12/2/2022 21:20

No entiendo esta postura de eh bildu . Debe haber una contrapartida (monetaria) porque lo público debe ser la razón de ser incluso en el tema ikastolas . Espero que este devenir responsable de la izquierda abertzale no sea una vendida al cristianismo carlista .

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