Pobreza
La criminalización de las vecinas con carrito avanza en Donostia

Dos mujeres bajo la lluvia, con sus carros de la compra cargados de comida, sonríen frente a un joven migrante, probablemente sin hogar. Otro parece haberse dado cuenta de que hay alguien grabando la escena y se separa. El primero pasa su teléfono móvil a una de estas vecinas, que sonríe y se lo lleva a la oreja. “Hola, hola”, se oye. “Venga, vale”. Le devuelve el móvil al joven. Por detrás, la gente se resguarda bajo los paraguas. Hace un cameo un anuncio de Chanel n.º 5. Es la cristalera del centro comercial La Bretxa, en una plaza céntrica de Donostia. Es una jornada más pasada por agua en la ciudad. Para uno de los principales canales de difusión de odio de la ciudad, sin embargo, las imágenes muestran algo muy distinto: una actividad que debe ser perseguida y cuyos responsables deben ser identificados.

'Lo que no te cuentan de Donosti' (LQNTCDD), que nació como agrupación de vecinos de la ciudad y rápidamente escaló a ser un instrumento de difusión de mensajes racistas y, en muchos casos, llamamientos a la violencia, mandaba ese mensaje a sus seguidores: explicaban que el vídeo había sido tomado unos minutos antes, recogía el lugar exacto y aseguraban tener constancia de otras ubicaciones. Al mismo tiempo, llamaban a las autoridades a “identificar a los responsables”, como viene siendo habitual desde la prohibición de las cenas de Kaleko Afari Solidarioak (KAS). Esta vez pedían actuar “con mayor contundencia”. “Pero que sean de jamón”, les comentan. “Buena idea”, responden.

El vídeo muestra las caras de las mujeres. El texto del señalamiento habla de infracciones, desobediencia, multirreincidencia, armas blancas, drogas, robos, inseguridad e impunidad. “No afirmamos que todas las personas que reciben alimentos sean delincuentes”, matizan antes de argumentar que es “intolerable” que mediante esos repartos “también se esté dando de comer a individuos multirreincidentes”.

No es la primera vez que LQNTCDD desempeña estas labores de vigilancia. A principios de 2025, Hordago se introdujo en el grupo abierto de Telegram que entonces reunía a unas 2.700 personas. Allí, persecución, alerta, nostalgia, criminalización, clasismo y desinformación se mezclaban entre llamadas a salir a “cazar” magrebíes, enlaces para comprar sprays de pimienta y porras extensibles, fotografías de personas migrantes y mensajes en los que se pedía organizar patrullas. SOS Racismo Gipuzkoa advertía entonces de un “salto cualitativo”: al discurso duro contra la inmigración comenzaba a acompañarlo una invitación directa a la conducta violenta.

El grupo de Telegram terminó desapareciendo, pero no la marca ni su actividad en otras redes. Tampoco su fijación con quienes prestan ayuda a las jóvenes migrantes. Kaleko Afari Solidarioak (KAS) llevaba tiempo en su punto de mira. LQNTCDD ha mostrado en sus perfiles vídeos arrancando carteles sobre las cenas solidarias y ha señalado de forma reiterada a las vecinas y organizaciones implicadas.

El objetivo del señalamiento de estos grupos ultras se ha desplazado a las decenas de personas voluntarias, organizaciones y asociaciones populares y ya no solo se centra en los jóvenes migrantes

Desde esta agrupación ultra, que no ha tardado en convocar concentraciones españolistas “para defender Ceuta”, se han aplaudido las decisiones del alcalde Jon Insausti, quien anunció la prohibición de las cenas solidarias y luego maquilló su decisión añadiendo 100 menús para personas sin hogar en los recursos de Acción Social municipales. También han reconocido la labor de los tres concejales del PP de la ciudad. Junto a esos tres concejales ya consiguieron, tras insultos y amenazas, detener temporalmente la iniciativa social.

Pero, como ha ocurrido recientemente en Ceuta, el objetivo de su criminalización y señalamiento se ha desplazado a las decenas de personas voluntarias, organizaciones y asociaciones populares y ya no solo se centra en los jóvenes migrantes, de quienes dicen conocer sus “antecedentes penales”.

Prohibido cenar

Kaleko Afari Solidarioak nació en noviembre de 2020 y durante cerca de seis años llegó a proporcionar más de 300 cenas calientes diarias en tres puntos de Donostia. Las personas voluntarias cocinaban en sus casas y financiaban de sus bolsillos buena parte de los alimentos. En 2024 la tensión casi acaba con la iniciativa, que siguió resistiendo en el centro de la ciudad.

Todo cambió el pasado 27 de julio. Esa noche, agentes de la Guardia Municipal acudieron a los lugares de reparto para comunicar que, a partir del día siguiente, la actividad quedaba prohibida en toda la ciudad. La resolución de Alcaldía se apoyaba, explicaban, en informes de Uso del Espacio Público, Salud Pública y Guardia Municipal (el Ayuntamiento ha hablado también de un cuarto informe de Acción Social). Desde entonces, KAS ha denunciado el hostigamiento policial en varias ocasiones. 

El alcalde Insausti y la Guardia Municipal sostienen que las cenas solidarias habían generado un “efecto llamada” y un incremento de la criminalidad en sus inmediaciones.

Un documento municipal incorporaba una idea que Eneko Goia, que ya había cedido a las presiones, predecesor de Insausti –ambos del PNV–, no había utilizado. Aludía a “personas extranjeras, de procedencia mayoritariamente norteafricana” y vinculaba los puntos de reparto con diferentes problemas de seguridad. El alcalde Insausti y la Guardia Municipal sostuvieron que las cenas habían generado un “efecto llamada” y un incremento de la criminalidad en sus inmediaciones. Insausti es el joven alcalde que ha tratado de desplegar su Donostia “para los donostiarras” con “más seguridad”, como decía en su discurso de investidura sin mediación de elecciones.

La prioridad de la “seguridad” no quedó en una declaración genérica y, apenas unos días después de convertirse en alcalde, no dudó en reclamar cambios legales para que los multirreincidentes terminasen “con cárcel o expulsión”. “Creo que tenemos que hablar claro. No puede salirle gratis al que delinque su acción”, afirmó. También defendió completar el “mapa de seguridad” de la ciudad con una nueva comisaría conjunta de Ertzaintza y Guardia Municipal en Egia y otra sede policial en el Distrito Este.

En febrero dio otro paso. Donostia comenzó a hacer pública la procedencia geográfica de las personas detenidas por la Guardia Municipal, siguiendo el nuevo criterio de la Ertzaintza. La decisión de Insausti desmarcó a la capital guipuzcoana de Bilbao, Gasteiz y otras ciudades vascas y provocó el rechazo incluso del PSE, socio de gobierno del PNV. El Ararteko también había cuestionado este tipo de práctica.

El Ayuntamiento contrapone a la iniciativa vecinal un modelo institucional. El 12 de agosto anunció medio millón de euros adicionales para elevar a 416 las comidas diarias financiadas por Acción Social. “El modelo de Donostia es el del humanismo y la exigencia” repitió Insausti. Frente a los repartos en la calle, el alcalde defiende una presunta “alternativa ordenada“.

Señalamientos como los de LQNTCDD y una presión policial cada vez más pegajosa ha obligado a las vecinas que reparten bocadillos a convertir su iniciativa solidaria en una misión con fintas, señuelos y mucha audacia.

Así trataba de acallar las preguntas de la oposición de EH Bildu y la gran movilización vecinal, pero el hambre no había desaparecido y, tras el veto, algunas personas comenzaron a salir al atardecer con carros y bolsas cargados de bocadillos para entregarlos directamente a quienes los necesitaran, de forma ambulante. Ya no había mesas ni puntos fijos de reparto. Aunque esta fue una opción resolutiva en un primer momento, señalamientos como los de LQNTCDD y una presión policial cada vez más pegajosa ha obligado a las vecinas que reparten bocadillos a convertir su iniciativa solidaria en una misión con fintas, señuelos y mucha audacia, pues cada “inspección” de carrito suele ir de la mano de una identificación.

Tirar de un carrito se vuelve sospechoso

Pablo Ordaz relató hace una semana en El País cómo la Guardia Municipal identificaba a mujeres que caminaban por Donostia repartiendo bocadillos. Hasta entonces, la criminalización de la solidaridad no había concitado tanto apoyo social. A una de ellas, según la escena que presenció el periodista, un agente le comunicó que recibiría una sanción por “ocupación ilegal del espacio público”. Cuando preguntó si regalar un bocadillo constituía un delito, la respuesta fue: “Uno, no; pero sí a determinados colectivos”.

La resolución municipal, sin embargo, no dice que esté prohibido que una persona entregue comida a otra. Mucho menos que esté prohibido regalar un bocadillo a una persona por el colectivo al que pertenece.

Elkarrekin Podemos, que estudia recurrir la resolución ante los tribunales, explicó que la Resolución de Alcaldía 122/2026 prohíbe la actividad organizada de reparto de cenas de KAS y ordena a la Guardia Municipal impedirla, pero no establece una prohibición general de entregar alimentos en la calle. Extenderla a “una ciudadana que camina por la calle y entrega a título personal comida a otra persona” es, para la formación, jurídicamente mucho más discutible.

No solo son labocadillos

Donostia Harrera Sarea ha comparecido públicamente debido a un aumento durante el verano de los desalojos de lugares donde duermen personas sin hogar y asegura que las identificaciones y amenazas de sanción están alcanzando también a voluntarios de otras organizaciones. “Estamos completamente impactadas por el extremo al que está llegando la criminalización de la solidaridad”, subraya la red. Según su denuncia, la presión policial ya afecta incluso a actividades educativas y de acompañamiento.

Donostia Harrera Sarea insiste en que una ciudad en la que han muerto siete personas sin hogar desde noviembre de 2025 (una de ellas ocultada por el Ayuntamiento) no debe destinar sus recursos públicos a perseguir las iniciativas solidarias y a sus voluntarias. Cuentan que las personas sin hogar “han tenido que sufrir todo tipo de actuaciones por parte de la Policía Municipal y de la Ertzaintza. Amenazas para que abandonen los lugares en los que duermen, rotura y destrucción de sus pertenencias, tiendas de campaña rajadas, retirada y desecho de sus objetos personales, y un largo etcétera”.

La red ha desvelado que recientemente se ha identificado a varias voluntarias a las que también se ha amenazado de sanción dentro de la biblioteca de Tabakalera por compartir merienda con jóvenes sin hogar. “Hemos vivido situaciones tan violentas como la identificación de voluntarias mientras desarrollaban una actividad tan básica como impartir clases de castellano y euskara a estos mismos jóvenes”, han informado al tiempo que recordaban que mientras se exige su “integración” por medio de los “idiomas” y la “formación” se están poniendo “trabas y obstáculos” que lo impiden.