Privatizaciones
Una empresa sanitaria de exaltos cargos de Osakidetza, acusada de financiación ilegal a partidos colombianos

Keralty donó 75 millones de pesos a cinco partidos políticos colombianos contrarios a la reforma de la sanidad pública impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, y que trata de reducir el poder de multinacionales extranjeras como el grupo vasco. El Consejo Nacional Electoral investiga también el posible conflicto de intereses.
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Joseba Grajales, el multimillonario español dueño de EPS Sanitas con la que factura $8 billones al año (Foto: Las Dos Orillas)

Cinco partidos políticos, a los que pertenecen los ocho senadores que firmaron una ponencia cuyo objetivo es hundir la reforma a la salud del Gobierno Petro, recibieron donaciones de Keralty para financiar sus campañas al Congreso en 2022. Así lo revelan informes del Consejo Nacional Electoral a los que ha tenido acceso Hordago-El Salto. En total, la firma vasca donó a esos partidos 75 millones de pesos (aproximadamente 19.250 dólares).

Centro Democrático, el partido político del expresidente Álvaro Uribe al que pertenecen dos senadores firmantes de la ponencia que pretende el archivo de la reforma sanitaria, Honorio Henríquez y Alirio Barrera, recibió una donación de 35 millones para la campaña al Congreso de 2022. Por otro lado, el Partido de la U, del que forma parte la senadora Norma Hurtado, recibió 15 millones de pesos bajo la denominación “Donación Keralty S.A.S.”. Además, el partido Liberal, al que pertenece Miguel Ángel Pinto, también fue destinatario de fondos de Keralty, en este caso 10 millones. 

El partido político del expresidente Álvaro Uribe al que pertenecen dos senadores firmantes de la ponencia que pretende el archivo de la reforma sanitaria recibió una donación de 35 millones para la campaña al Congreso de 2022 por parte de la firma vasca Keralty

Asimismo, el partido Colombia Justa Libres, de la senadora Lorena Ríos Cuéllar, recibió financiación de Keralty. Aunque fueron 5 millones de pesos, suponen el 15% del total recibido para su campaña. Por último, el Partido Alianza Social Independiente (ASÍ), al que pertenece Berenice Bedoya, la última firmante de la ponencia para tumbar la reforma a la salud, también recibió dinero de Keralty y la firma sanitaria privada Grupo Bolívar. La donación de la compañía vasca fue de 10 millones, y la del segundo conglomerado de otros 30 millones, por lo que estos donantes aportaron casi el 10% del total para la campaña electoral de ASI.

Cabe recordar que el millonario vasco Joseba Grajales dirige el grupo Keralty con la ayuda de dos exconsejeros de Salud del Gobierno Vasco. Como dueño de un imperio empresarial del sector sanitario colombiano (EPS Sanitas, Colsanitas y Medisanitas) el grupo vasco está desafiando al exguerrillero Gustavo Petro, primer líder de izquierdas elegido presidente del Gobierno de Colombia, que quiere reducir el peso de Keralty en el sistema público de salud, y su propuesta para reformar los servicios públicos tiene abierto un frente con el grupo privado, incluyendo graves acusaciones y severas sanciones de las que informó recientemente Hordago-El Salto.

Conflicto de intereses y financiación ilegal

Si bien esta guerra abierta ha provocado que las autoridades levanten el velo corporativo sobre la situación financiera de la firma vasca, así como sobre la identidad de sus accionistas y las cualificadas puertas giratorias en Colombia y en Euskadi, la última batalla comenzó a finales del mes pasado, con el conflicto de intereses vinculado a una presunta financiación ilegal por parte de Keralty a partidos que tratan de tumbar la propuesta de reforma del presidente Petro, un asunto que ha podido documentar esta revista.

El propio Gustavo Petro ha calificado las donaciones de Keralty como una actuación ilegal. En palabras del presidente, “la Constitución prohíbe que la política se financie con recursos extranjeros, esta prohibición fue violada, si la empresa extranjera que es dueña de una EPS es la principal financiadora de campañas políticas, han roto con la Constitución”. En opinión del senador Wilson Arias, “las multinacionales están interfiriendo en nuestra salud, sistema electoral, democracia y Estado, Nación”. 

El propio Gustavo Petro ha calificado las donaciones de Keralty como una actuación ilegal. “La Constitución prohíbe que la política se financie con recursos extranjeros”

El Gobierno colombiano está al corriente de las puertas giratorias abiertas por Keralty a la casta política vasca. En el grupo han ido recalando altos cargos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Allí llegaron dos exconsejeros de Sanidad –Jon Azua y Jon Darpón–, dos exviceconsejeros de la misma área –José Andrés Gorricho y Fátima Ansotegui– y una exdirectora de calidad de Osakidetza –María Teresa Bacigalupe–. Ansotegi también ejerce de segunda teniente alcalde del consistorio de Sondika y como portavoz del grupo municipal del PNV.

Por su lado, Xabier Losa, miembro de la Dirección General Corporativa del grupo Keralty entre 2016 y 2019, trabaja ahora en el servicio de auditoría de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco, y es hijo de Francisco Javier Losa, precisamente director de la mencionada oficina.


Pero al Gobierno de Petro le interesan especialmente las puertas giratorias del grupo vasco abiertas para personalidades de la política colombiana. Keralty publicitaba ya en 2019 que en su junta directiva figuraba Mónica de Greiff, en su momento ministra de Justicia en el gobierno de Virgilio Barco y expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá. En la actualidad ocupa un cargo en Ecopetrol, antiguamente Empresa Colombiana de Petróleos SA. Por otro lado, María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo en el Gobierno de Juan Manuel Santos, y ahora preside la Cámara de Comercio Colombo Americana, figuraba en la junta directiva de Keralty en 2019.

A su vez, la subdirección del área de Contabilidad de EPS Sanitas estuvo encabezada por Raúl Cardona, alcalde del municipio de Envigado por el Partido Liberal Colombiano, acusado de protagonizar un affaire de corrupción política. 

En 2022, la web de Colsanitas, propiedad del grupo vasco Keralty, recogía que en la junta directiva estaba presente, como suplente, Luis Guillermo Vélez Cabrera, secretario general de la Presidencia de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, exDirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y exGobernador del departamento del Huila, investigado en su momento en el marco del “caso Interbolsa”.

Además, como candidato a ingresar en la junta directiva figuraba Camilo Gómez Alzate, quien fuera Secretario privado del ya expresidente del Gobierno Andrés Pastrana, exDirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y exSecretario general del Ministerio de Desarrollo Económico. También fue el representante en Colombia de la firma de abogados Mossack Fonseca & Co, bufete protagonista de los Papeles de Panamá. Estas dos personalidades de la política colombiana se muestran como firmes opositores al nuevo Gobierno de izquierda en Colombia.

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Sanidad pública Keralty, la empresa que abandera el desmantelamiento de la sanidad pública a nivel internacional
Es la empresa en la que recaló el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, tras el “escándalo de las OPE” en Osakidetza. Joseba Grajales, una de las 100 personas más ricas de España, y el exvicelehendakari Jon Azua, fundador de consultoras alineadas con el PNV, completan la lista.
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